«La venta y suministro de agua regenerada se hizo sin autorizaciones y permisos de la Junta»
ALMERÍA HOY / 12·02·2018
Las declaraciones de las diligencias previas seguidas por presunta administración desleal contra los antiguos gestores del PP al frente de Codeur y contra el entonces gerente, aportan al caso un fuego cruzado. A los populares, entonces en el gobierno del Ayuntamiento de Vera y con mayoría en Codeur, se les acusa de dar trabajo y contratas «a amiguetes previo a las elecciones». También de encargar a la mercantil tareas propias del Ayuntamiento. Los acusados responden que las decisiones se tomaban con «el voto favorable» del consejo de administración y la bendición de los letrados de la empresa. Una juez dictará sentencia pero, en tanto, ustedes lean y juzguen.
Tras las comparecencias de los investigados por administración desleal al frente de la sociedad mixta Codeur de las que hemos dado cuenta con anterioridad, las del exalcalde José Carmelo Jorge Blanco (PP) y los que fueran ediles de su equipo de gobierno Juan de la Cruz Belmonte y Mariano Estecha, así como contra el exgerente Juan Martín, las diligencias previas emprendidas por el juzgado nº 3 de Vera continúan con más declaraciones a las que hemos tenido acceso.
Entre esas revelaciones, la juez pudo escuchar ‘bombas’ de gran calado, como que los anteriores responsables de la compañía «dividían» contratos para contratar empresas de «amiguetes» y empleaban a personas «con carácter previo a las elecciones».
Recordemos que las responsabilidades exigidas a los investigados tenían que ver con un amplio abanico de cuestiones, como la realización de trabajos que, presuntamente, no debía ejecutar Codeur, sino al Ayuntamiento; la contratación de trabajadores «con motivo de las elecciones»; el mantenimiento y limpieza de obras no recepcionadas o la venta de agua regenerada sin contar con la obligada autorización administrativa por parte de la Junta de Andalucía.
Como ya dimos cuenta en estas páginas, el pasado 8 de octubre comparecieron ante la juez los tres políticos investigados, que coincidieron en señalar al exgerente Juan Martín como el firmante de los contratos de agua regenerada «sin pasar por el consejo de administración» de la sociedad mixta de la que todos eran consejeros.
También estaba prevista la comparecencia del Martín ese mismo día, pero la juez decidió aplazarla debido a «la posible existencia de conflicto de intereses» entre los demás investigados y él mismo en relación «al grado de participación» de cada uno de los encausados en el asunto de las obras del depósito de El Hacho.
Depósito de El Hacho
Precisamente sobre este tema, Gabriel Sánchez, representante de Key Lanzarote, el socio privado del Ayuntamiento de Vera en Codeur, declaró a la juez el 3 de noviembre en calidad de demandante que la construcción de un depósito de agua en El Hacho «debía ser costeada por el Ayuntamiento o tramitarse un canon de infraestructuras con la Junta de Andalucía porque son obras nuevas». Sánchez reveló la existencia de «un informe de Juan Martín [exgerente] que justifica la realización de las obras con cargo a los beneficios no repartidos en cuatro años y que calcula los costes [de la obra] en 700.000 euros».
Esa fue una de las razones que llevó a creer a Gabriel Sánchez, y así se lo dijo a la juez, que los investigados «pretendían arruinarme para después quedarse con mis participaciones».
Además, desveló otra presunta irregularidad en relación a los trabajos, y es que «no se tramitó ningún permiso para la realización de esas obras». Para respaldar la afirmación, el socio privado explicó «que fue la Corporación posterior —la actual PA/PSOE— la que otorgó la licencia de obras en septiembre [de 2015]». La construcción se ejecutó además, según Sánchez, «sin autorización medioambiental y al margen del procedimiento legal administrativo».
Más aún, refirió que «se contrataron a tres empresas, cada una de ellas por importe de 100.000 euros, que pertenecían al mismo grupo familiar, y la razón fue que eran amiguetes». Para Sánchez, la división de la obra en esos tres contratos «fue evitar el concurso público, y los socios privados no se enteraban de lo que estaban haciendo». En términos similares declaró el mismo día como testigo el portavoz del equipo de gobierno y actual consejero de Codeur Francisco Vázquez (PA).
Vázquez explicó a la juez que el depósito de El Hacho se construyó «sin encargo del Ayuntamiento y con cargo a los beneficios que no se habían repartido».
El edil señaló a Mariano Estecha y Juan de la Cruz Belmonte como quienes «tomaron esa decisión», y dijo conocer que la empresa mixta «no estaba obligada a hacer obras nuevas» y, por tanto, Codeur «ha reclamado ahora al Ayuntamiento el importe de lo gastado» en el nuevo depósito.
Al igual que Sánchez, el edil andalucista declaró que «Codeur contrató la obra y partió el contrato porque superaba los 100.000 euros y tenía que salir a licitación”, así como que «las tres empresas que participaron en la obra son la misma» y que Codeur empezó los trabajos «sin licencia municipal».
Sin embargo, la versión de los hechos que aportó el exgerente Juan Martín el pasado 11 de diciembre difería bastante de la expuesta por los anteriores. Tras afirmar que la decisión de ejecutar las obras del depósito de El Hacho se adoptó en un consejo de administración al que únicamente acudieron Mariano Estecha y Juan de la Cruz Belmonte, Martín explicó que la medida se aprobó con el informe positivo de «la asesoría jurídica externa» y «al amparo de la cláusula sexta del convenio que establecía una obligación de inversión [en infraestructuras de abastecimiento] por parte de Codeur».
En cuanto a una presunta división del contrato para poder adjudicarlo de manera discrecional, el que fuera gerente de la sociedad mixta explicó que la compañía veratense “actuó como contratista principal y concertó con otras empresas determinados trabajos que ella no podía ejecutar”.
Añadió Martín que, según el procedimiento, “hasta 100.000 euros no era necesario someter esas subcontrataciones a licitación pública ni al consejo de administración, pero se sometieron al consejo”, órgano en el que fueron aprobadas por unanimidad, incluyendo el voto favorable de “Nuria Ferrer, actual consejera por la parte privada”, extremo éste que el exgerente entiende que “consolida [la legalidad de] esa actuación”. Además, afirmó que “la realización de las obras incrementa el valor de la sociedad”, pues incorpora el depósito a su inventario de bienes.
Venta de agua regenerada
Sobre un segundo asunto, el de la venta de agua regenerada a dos empresas de Vera, Francisco Vázquez manifestó a la juez que, cuando los andalucistas volvieron a controlar la compañía, tras las elecciones de 2015, «tuvieron que cortar el suministro, pese a las quejas de las empresas suministradas, porque vieron en el consejo de administración que no se habían obtenido los permisos preceptivos».
El portavoz del equipo de gobierno declaró que se enteró 'a posteriori' de la existencia de esos contratos, así como que se hicieron «careciendo de los controles administrativos preceptivos, a partir de las autorizaciones de la Junta de Andalucía, que es la propietaria del agua una vez depurada, y, después, hay que tener permiso de Sanidad para venderla».
Vázquez contradijo las declaraciones de los exconsejeros populares, que habían señalado al entonces gerente como único autor de los contratos citados «en el ejercicio de sus competencias». Así, el andalucista, tras reconocer que no sabía «si los contratos debían haberse sometido al consejo de administración», sostuvo que no creía que el gerente tuviera capacidad «para firmar ese tipo de contratos». Además, Vázquez no dudó en asegurar que «le consta» que tanto Estecha, como Juan de la Cruz Belmonte y José Carmelo Jorge Blanco conocían la existencia de esos contratos «porque han hablado conmigo».
También declaró el concejal andalucista que esos acuerdos significaron la ejecución de obras por parte de Codeur que «ascendieron a un importe de 32.000 euros para cada finca» a la que se suministraba.
Por su parte, a Gabriel Sánchez, el socio privado de Codeur, «no le consta quién llevó a cabo las contrataciones», aunque a renglón seguido, declaró creer que las firmó el exgerente «Juan Martín no teniendo poderes para hacerlo», así como que se suscribieron «sin los permisos preceptivos de la Junta». Como ya dijera Vázquez, Sánchez apuntó que Codeur tuvo «que realizar obras para el suministro de agua regenerada», y que las sufragó «sin estar obligada porque el contrato es ilegal».
En cuanto a los permisos administrativos pertinentes, al socio privado «no le consta que Codeur haya solicitado autorización o permisos a algún organismo público para el suministro», y que «cuando se contrató la venta y suministro de agua regenerada se carecía de las autorizaciones y permisos administrativos por parte de la Junta”, cuestión “que ahora ya sí se ha tramitado».
Al igual que en el asunto anterior, la declaración de Juan Martín apuntaba un sentido distinto al expresado por Vázquez y Sánchez. Para empezar, el exgerente comenzó asegurando que cuando él accedió a la gerencia, «ya se habían pedido permisos a la Junta de Andalucía». Sin embargo, desde la administración autonómica «se retrasaba la concesión solicitando diversos requerimientos».
«De conformidad con el letrado de Codeur, Ramón Pérez Batllés, —continuaba Martín— se decidió efectuar unos contratos provisionales con dos sociedades». Esos contratos los formularon «como respuesta al requerimiento de la Junta en el que se les pedía que se aportaran contratos y documentación relativa a las entidades que iban a recibir el suministro».
No obstante, el exgerente reconocía que esos acuerdos de venta tenían «carácter transitorio porque se estaba tramitando la autorización de la Junta y porque también tenían que debatirse en el pleno del Ayuntamiento».
Martín sostuvo que las obras necesarias para abastecer a las dos empresas clientes fueron sufragadas por una de ellas y con cargo al Plan de la Costa, aunque «la ejecución la llevó a cabo Codeur», e insistió en que «la actuación en relación con esas contrataciones la hizo en todo momento asesorado por el letrado de Codeur, y que no fue a consejo [de la empresa] porque consideraron que eran contratos transitorios cubiertos por el objeto social y elaborados a requerimiento de la Junta de Andalucía, además de que estaban dentro del ámbito de mis competencias». Para finalizar, Martín aseguró «que no se había producido ningún perjuicio a Codeur».
Contratos «electoralistas»
El tercero de los asuntos que sustancian la demanda interpuesta por los actuales regidores de Codeur contra los anteriores tiene que ver con la contratación de diez trabajadores para realizar ciertos trabajos, sobre cuya competencia existe una total disparidad de criterios entre demandantes y demandados.
Por una parte, el socio privado Gabriel Sánchez aseguró a la juez que «Codeur tenía obligación de ejecutar los sistemas generales de la costa, pero no de subsanar las deficiencias de esos sistemas una vez recepcionados por el Ayuntamiento», es decir, que «si había que mantener o arreglar algún desperfecto le correspondía» hacerlo al Consistorio.
Sánchez no se anduvo con rodeos a la hora de declarar que la decisión adoptada el 8 de mayo de 2015 para contratar a esas 10 personas «se efectuó con carácter previo a la celebración de elecciones». que tuvieron lugar a finales de ese mes. En este mismo sentido se pronunció el andalucista y portavoz del gobierno Francisco Vázquez, quién, además, añadió que las deficiencias que se pretendían subsanar con la contratación de lo diez trabajadores «se tenían que haber detectado en 2013, cuando se recibieron [las obras] y no dos años después».
Sin embargo, Juan Martín dijo a la juez no recordar si la contratación de mano de obra «fue para mantenimiento de las obras o para la corrección de deficiencias». Martín puso en entredicho el carácter «electoralista» de las contrataciones al asegurar que todas «se hicieron después de las elecciones en las que hubo un cambio de gobierno». El exgerente reforzó su argumento señalando que «con el nuevo equipo de gobierno (el actual) se hicieron más contrataciones. En concreto tres». Para Martín eso vendría «a consolidar» las diez anteriores que son discutidas en esta causa por presunta administración desleal en Codeur, y en la que se les reclama a los encausados responsabilidades por valor 1,5 millones de euros.
«El primer gerente era accionista del socio privado»
Tuvo poco que decir a la juez, pero Diego Gómez, dueño del 0,5% de las participaciones de Codeur a título particular y accionista de Key Lanzarote, el socio privado en la compañía mixta Codeur, lanzó ese dato.
Tras admitir que Javier Lamas, el primer gerente de la sociedad participada al 51% por el Ayuntamiento, ocupó el cargo varios años, desveló que «Key Lanzarote le vendió un pequeño porcentaje de participaciones de esa empresa como incentivo para trabajar con Codeur».
La revelación consiguió enfurecer a los antiguos responsables de la empresa, concejales del PP, que le despidieron tras negociar con él una indemnización millonaria. En ese sentido, Juan de la Cruz Belmonte declaraba a ACTUALIDAD ALMANZORA que «de haberlo sabido entonces, Javier Lamas hubiera salido con una mano delante y otra detrás, porque podría haber estado actuando en beneficio del socio privado, que era el suyo propio».
Tras las comparecencias de los investigados por administración desleal al frente de la sociedad mixta Codeur de las que hemos dado cuenta con anterioridad, las del exalcalde José Carmelo Jorge Blanco (PP) y los que fueran ediles de su equipo de gobierno Juan de la Cruz Belmonte y Mariano Estecha, así como contra el exgerente Juan Martín, las diligencias previas emprendidas por el juzgado nº 3 de Vera continúan con más declaraciones a las que hemos tenido acceso.
Entre esas revelaciones, la juez pudo escuchar ‘bombas’ de gran calado, como que los anteriores responsables de la compañía «dividían» contratos para contratar empresas de «amiguetes» y empleaban a personas «con carácter previo a las elecciones».
Recordemos que las responsabilidades exigidas a los investigados tenían que ver con un amplio abanico de cuestiones, como la realización de trabajos que, presuntamente, no debía ejecutar Codeur, sino al Ayuntamiento; la contratación de trabajadores «con motivo de las elecciones»; el mantenimiento y limpieza de obras no recepcionadas o la venta de agua regenerada sin contar con la obligada autorización administrativa por parte de la Junta de Andalucía.
Como ya dimos cuenta en estas páginas, el pasado 8 de octubre comparecieron ante la juez los tres políticos investigados, que coincidieron en señalar al exgerente Juan Martín como el firmante de los contratos de agua regenerada «sin pasar por el consejo de administración» de la sociedad mixta de la que todos eran consejeros.
También estaba prevista la comparecencia del Martín ese mismo día, pero la juez decidió aplazarla debido a «la posible existencia de conflicto de intereses» entre los demás investigados y él mismo en relación «al grado de participación» de cada uno de los encausados en el asunto de las obras del depósito de El Hacho.
Depósito de El Hacho
Precisamente sobre este tema, Gabriel Sánchez, representante de Key Lanzarote, el socio privado del Ayuntamiento de Vera en Codeur, declaró a la juez el 3 de noviembre en calidad de demandante que la construcción de un depósito de agua en El Hacho «debía ser costeada por el Ayuntamiento o tramitarse un canon de infraestructuras con la Junta de Andalucía porque son obras nuevas». Sánchez reveló la existencia de «un informe de Juan Martín [exgerente] que justifica la realización de las obras con cargo a los beneficios no repartidos en cuatro años y que calcula los costes [de la obra] en 700.000 euros».
Esa fue una de las razones que llevó a creer a Gabriel Sánchez, y así se lo dijo a la juez, que los investigados «pretendían arruinarme para después quedarse con mis participaciones».
Además, desveló otra presunta irregularidad en relación a los trabajos, y es que «no se tramitó ningún permiso para la realización de esas obras». Para respaldar la afirmación, el socio privado explicó «que fue la Corporación posterior —la actual PA/PSOE— la que otorgó la licencia de obras en septiembre [de 2015]». La construcción se ejecutó además, según Sánchez, «sin autorización medioambiental y al margen del procedimiento legal administrativo».
Más aún, refirió que «se contrataron a tres empresas, cada una de ellas por importe de 100.000 euros, que pertenecían al mismo grupo familiar, y la razón fue que eran amiguetes». Para Sánchez, la división de la obra en esos tres contratos «fue evitar el concurso público, y los socios privados no se enteraban de lo que estaban haciendo». En términos similares declaró el mismo día como testigo el portavoz del equipo de gobierno y actual consejero de Codeur Francisco Vázquez (PA).
Vázquez explicó a la juez que el depósito de El Hacho se construyó «sin encargo del Ayuntamiento y con cargo a los beneficios que no se habían repartido».
El edil señaló a Mariano Estecha y Juan de la Cruz Belmonte como quienes «tomaron esa decisión», y dijo conocer que la empresa mixta «no estaba obligada a hacer obras nuevas» y, por tanto, Codeur «ha reclamado ahora al Ayuntamiento el importe de lo gastado» en el nuevo depósito.
Al igual que Sánchez, el edil andalucista declaró que «Codeur contrató la obra y partió el contrato porque superaba los 100.000 euros y tenía que salir a licitación”, así como que «las tres empresas que participaron en la obra son la misma» y que Codeur empezó los trabajos «sin licencia municipal».
Sin embargo, la versión de los hechos que aportó el exgerente Juan Martín el pasado 11 de diciembre difería bastante de la expuesta por los anteriores. Tras afirmar que la decisión de ejecutar las obras del depósito de El Hacho se adoptó en un consejo de administración al que únicamente acudieron Mariano Estecha y Juan de la Cruz Belmonte, Martín explicó que la medida se aprobó con el informe positivo de «la asesoría jurídica externa» y «al amparo de la cláusula sexta del convenio que establecía una obligación de inversión [en infraestructuras de abastecimiento] por parte de Codeur».
En cuanto a una presunta división del contrato para poder adjudicarlo de manera discrecional, el que fuera gerente de la sociedad mixta explicó que la compañía veratense “actuó como contratista principal y concertó con otras empresas determinados trabajos que ella no podía ejecutar”.
Añadió Martín que, según el procedimiento, “hasta 100.000 euros no era necesario someter esas subcontrataciones a licitación pública ni al consejo de administración, pero se sometieron al consejo”, órgano en el que fueron aprobadas por unanimidad, incluyendo el voto favorable de “Nuria Ferrer, actual consejera por la parte privada”, extremo éste que el exgerente entiende que “consolida [la legalidad de] esa actuación”. Además, afirmó que “la realización de las obras incrementa el valor de la sociedad”, pues incorpora el depósito a su inventario de bienes.
Venta de agua regenerada
Sobre un segundo asunto, el de la venta de agua regenerada a dos empresas de Vera, Francisco Vázquez manifestó a la juez que, cuando los andalucistas volvieron a controlar la compañía, tras las elecciones de 2015, «tuvieron que cortar el suministro, pese a las quejas de las empresas suministradas, porque vieron en el consejo de administración que no se habían obtenido los permisos preceptivos».
El portavoz del equipo de gobierno declaró que se enteró 'a posteriori' de la existencia de esos contratos, así como que se hicieron «careciendo de los controles administrativos preceptivos, a partir de las autorizaciones de la Junta de Andalucía, que es la propietaria del agua una vez depurada, y, después, hay que tener permiso de Sanidad para venderla».
Vázquez contradijo las declaraciones de los exconsejeros populares, que habían señalado al entonces gerente como único autor de los contratos citados «en el ejercicio de sus competencias». Así, el andalucista, tras reconocer que no sabía «si los contratos debían haberse sometido al consejo de administración», sostuvo que no creía que el gerente tuviera capacidad «para firmar ese tipo de contratos». Además, Vázquez no dudó en asegurar que «le consta» que tanto Estecha, como Juan de la Cruz Belmonte y José Carmelo Jorge Blanco conocían la existencia de esos contratos «porque han hablado conmigo».
También declaró el concejal andalucista que esos acuerdos significaron la ejecución de obras por parte de Codeur que «ascendieron a un importe de 32.000 euros para cada finca» a la que se suministraba.
Por su parte, a Gabriel Sánchez, el socio privado de Codeur, «no le consta quién llevó a cabo las contrataciones», aunque a renglón seguido, declaró creer que las firmó el exgerente «Juan Martín no teniendo poderes para hacerlo», así como que se suscribieron «sin los permisos preceptivos de la Junta». Como ya dijera Vázquez, Sánchez apuntó que Codeur tuvo «que realizar obras para el suministro de agua regenerada», y que las sufragó «sin estar obligada porque el contrato es ilegal».
En cuanto a los permisos administrativos pertinentes, al socio privado «no le consta que Codeur haya solicitado autorización o permisos a algún organismo público para el suministro», y que «cuando se contrató la venta y suministro de agua regenerada se carecía de las autorizaciones y permisos administrativos por parte de la Junta”, cuestión “que ahora ya sí se ha tramitado».
Al igual que en el asunto anterior, la declaración de Juan Martín apuntaba un sentido distinto al expresado por Vázquez y Sánchez. Para empezar, el exgerente comenzó asegurando que cuando él accedió a la gerencia, «ya se habían pedido permisos a la Junta de Andalucía». Sin embargo, desde la administración autonómica «se retrasaba la concesión solicitando diversos requerimientos».
«De conformidad con el letrado de Codeur, Ramón Pérez Batllés, —continuaba Martín— se decidió efectuar unos contratos provisionales con dos sociedades». Esos contratos los formularon «como respuesta al requerimiento de la Junta en el que se les pedía que se aportaran contratos y documentación relativa a las entidades que iban a recibir el suministro».
No obstante, el exgerente reconocía que esos acuerdos de venta tenían «carácter transitorio porque se estaba tramitando la autorización de la Junta y porque también tenían que debatirse en el pleno del Ayuntamiento».
Martín sostuvo que las obras necesarias para abastecer a las dos empresas clientes fueron sufragadas por una de ellas y con cargo al Plan de la Costa, aunque «la ejecución la llevó a cabo Codeur», e insistió en que «la actuación en relación con esas contrataciones la hizo en todo momento asesorado por el letrado de Codeur, y que no fue a consejo [de la empresa] porque consideraron que eran contratos transitorios cubiertos por el objeto social y elaborados a requerimiento de la Junta de Andalucía, además de que estaban dentro del ámbito de mis competencias». Para finalizar, Martín aseguró «que no se había producido ningún perjuicio a Codeur».
Contratos «electoralistas»
El tercero de los asuntos que sustancian la demanda interpuesta por los actuales regidores de Codeur contra los anteriores tiene que ver con la contratación de diez trabajadores para realizar ciertos trabajos, sobre cuya competencia existe una total disparidad de criterios entre demandantes y demandados.
Por una parte, el socio privado Gabriel Sánchez aseguró a la juez que «Codeur tenía obligación de ejecutar los sistemas generales de la costa, pero no de subsanar las deficiencias de esos sistemas una vez recepcionados por el Ayuntamiento», es decir, que «si había que mantener o arreglar algún desperfecto le correspondía» hacerlo al Consistorio.
Sánchez no se anduvo con rodeos a la hora de declarar que la decisión adoptada el 8 de mayo de 2015 para contratar a esas 10 personas «se efectuó con carácter previo a la celebración de elecciones». que tuvieron lugar a finales de ese mes. En este mismo sentido se pronunció el andalucista y portavoz del gobierno Francisco Vázquez, quién, además, añadió que las deficiencias que se pretendían subsanar con la contratación de lo diez trabajadores «se tenían que haber detectado en 2013, cuando se recibieron [las obras] y no dos años después».
Sin embargo, Juan Martín dijo a la juez no recordar si la contratación de mano de obra «fue para mantenimiento de las obras o para la corrección de deficiencias». Martín puso en entredicho el carácter «electoralista» de las contrataciones al asegurar que todas «se hicieron después de las elecciones en las que hubo un cambio de gobierno». El exgerente reforzó su argumento señalando que «con el nuevo equipo de gobierno (el actual) se hicieron más contrataciones. En concreto tres». Para Martín eso vendría «a consolidar» las diez anteriores que son discutidas en esta causa por presunta administración desleal en Codeur, y en la que se les reclama a los encausados responsabilidades por valor 1,5 millones de euros.
«El primer gerente era accionista del socio privado»
Tuvo poco que decir a la juez, pero Diego Gómez, dueño del 0,5% de las participaciones de Codeur a título particular y accionista de Key Lanzarote, el socio privado en la compañía mixta Codeur, lanzó ese dato.
Tras admitir que Javier Lamas, el primer gerente de la sociedad participada al 51% por el Ayuntamiento, ocupó el cargo varios años, desveló que «Key Lanzarote le vendió un pequeño porcentaje de participaciones de esa empresa como incentivo para trabajar con Codeur».
La revelación consiguió enfurecer a los antiguos responsables de la empresa, concejales del PP, que le despidieron tras negociar con él una indemnización millonaria. En ese sentido, Juan de la Cruz Belmonte declaraba a ACTUALIDAD ALMANZORA que «de haberlo sabido entonces, Javier Lamas hubiera salido con una mano delante y otra detrás, porque podría haber estado actuando en beneficio del socio privado, que era el suyo propio».
