El regidor sigue aferrado al cargo pese a estar inhabilitado en firme desde el pasado mes de abril
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| Juzgado de lo Penal en la Ciudad de la Justicia de Almería. PERQ |
ALMERÍA HOY / 01·02·2018
El Juzgado de lo Penal número 2 de Almería ha solicitado informes tanto a la Guardia Civil como al secretario municipal —que no existe— para que indiquen si Antonio Peñuela continúa siendo alcalde. Los escritos fueron expedidos el pasado lunes, y son el paso previo a la destitución forzosa por parte del tribunal.
Se da la circunstancia de que el informe solicitado al Ayuntamiento está dirigido al secretario municipal, un cargo que no está ocupado por nadie en la actualidad, pues el despido de su titular fue, precisamente, el objeto del procedimiento que acabó condenando a Peñuela y a otros dos ediles a siete años de inhabilitación, una sentencia que es firme desde el pasado 21 de abril de 2017.
Con posterioridad, Peñuela ha destituido también a los dos secretarios que había solicitado a Diputación. Al primero lo cesó en cuanto tuvo noticia de la condena, y excusó no dejar el cargo para cumplir la sentencia firme en la no existencia de fedatario. El segundo fue fulminantemente destituido poco después de que el funcionario le comunicara su intención de convocar un pleno extraordinario solicitado por la oposición para que diera cuenta a la Corporación de la sentencia.
Se da la circunstancia de que el informe solicitado al Ayuntamiento está dirigido al secretario municipal, un cargo que no está ocupado por nadie en la actualidad, pues el despido de su titular fue, precisamente, el objeto del procedimiento que acabó condenando a Peñuela y a otros dos ediles a siete años de inhabilitación, una sentencia que es firme desde el pasado 21 de abril de 2017.
Con posterioridad, Peñuela ha destituido también a los dos secretarios que había solicitado a Diputación. Al primero lo cesó en cuanto tuvo noticia de la condena, y excusó no dejar el cargo para cumplir la sentencia firme en la no existencia de fedatario. El segundo fue fulminantemente destituido poco después de que el funcionario le comunicara su intención de convocar un pleno extraordinario solicitado por la oposición para que diera cuenta a la Corporación de la sentencia.
