También podrían comparecer los técnicos y secretarios del Ayuntamiento, así como varios promotores de urbanizaciones de la Sierra, entre los que se encontraría el exalcalde de Los Gallardos
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| Entre los habitantes de la Sierra hay importantes tensiones por la falta de servicios. Una mujer trata de contener a un hombre que previamente se había enzarzado en una pelea con otro vecino de Sierra Cabrera. |
ALMERÍA HOY / 19·12·2017
El conjunto de políticos que han sido en algún momento alcaldes o concejales de Urbanismo de la Corporación turrera durante los últimos quince años podrían desfilar ante el titular del juzgado número tres de Vera para prestar declaración en calidad de testigos en el caso abierto por la Fiscalía tras la denuncia presentada por el exalcalde Martín Morales por un delito de presunta prevaricación urbanística en Sierra Cabrera.
Junto a los mencionados, también podrían comparecer los técnicos y secretarios del Ayuntamiento de Turre desde 2002, así como varios promotores de urbanizaciones de la Sierra, entre los que se encontraría el exalcalde de Los Gallardos, Segundo Ramírez.
Por su parte, Morales ya acudió el pasado 23 de noviembre, a las 9.30 horas, en calidad de demandante. Ese día, el juez le instó a que señalara a los posibles autores de los hechos que había denunciado, pero el que fuera regidor se limitó a facilitar una lista de personas que, a su juicio, «debían conocer lo que pasaba en las urbanizaciones de la Sierra», para que fuesen llamadas como testigos y, «en función de sus declaraciones, sea la justicia la que valore el grado de responsabilidad de cada uno». Morales sugirió el testimonio de sus antecesores, pero todo hace pensar a sus abogados que, a partir de las declaraciones de los munícipes, podrían ser llamados a comparecer también los técnicos y promotores.
Los fundamentos de la denuncia
Los hechos que Martín Morales puso en conocimiento de la Fiscalía, y que el juez ha admitido a trámite, hacían referencia a la falta de infraestructuras, viviendas sin licencia de primera ocupación, tomas de luz y agua que rozan, cuando no incurren, en clara infracción, y un desigual reparto de los costes de mantenimiento que premian a los promotores y castiga a los residentes en urbanizaciones de la Sierra de Cabrera.
Todas esas supuestas irregularidades, además de la precaria situación legal en que se encontraba la Junta de Compensación que debía haber culminado el desarrollo urbanístico de la zona el 30 de noviembre de 2002, animó a Morales, además, a cambiar la figura de gestión por la de un sistema de cooperación, en el que el Ayuntamiento llevaría la batuta, si bien el coste de las obras sería sufragado, proporcionalmente, por los propietarios del suelo a urbanizar, el Polígono 1 de la Sierra (la urbanización Cabrera), donde muchos vecinos viven en suelo urbanizable, no urbano, que carece de suministros básicos como electricidad o agua corriente, accediendo a ellos mediante enganches ilegales o fraudulentos. No menos importantes son los ejemplos de residentes que viven en casas sin la preceptiva licencia de primera ocupación.
La decisión de intervenir en la Sierra hubo de tomarla Morales mediante decreto, puesto que contó con el rechazo unánime del resto de los miembros de la Corporación, incluidos los ediles socialistas —sus socios de gobierno— y su entonces todavía compañera de grupo municipal, María Luisa Cervantes.
Tensión y amenazas
La tensión vivida durante esos días se acumuló hasta el punto que dos vecinos se enzarzaron en una pelea justo antes de que comenzara una reunión auspiciada por la asociación Abusos Urbanísticos en el Almanzora No (AUAN). La cita promovida por AUAN perseguía poner paz y apaciguar unos ánimos que estaban algo más que exaltados. Segundo Ramírez llegó, incluso, a amenazar al entonces alcalde Martín Morales el 2 de noviembre de 2016: «tú serás alcalde, pero yo soy el presidente de la Junta de Compensación». A partir de ahí, y «tras todo un rosario de ofensas» que, según Morales, «decidí encajar sin responder para no tensionar el encuentro», Ramírez, exalcalde de Los Gallardos, le soltó: «te vamos a inhabilitar en cuanto salgas del Ayuntamiento, y recuerda que eso te impedirá ejercer como funcionario público y tú eres maestro».
Al escuchar estas palabras, el entonces regidor preguntó a Ramírez si le estaba amenazando, a lo que el interpelado contestó: «No es una amenaza, sólo una advertencia».
El escenario en que se produjo la escena fue el de la primera reunión de la comisión delegada celebrada tras la firma del Decreto de Alcaldía que buscaba cambiar el sistema de gestión urbanística de Cabrera de Junta de Compensación —que dirigen los promotores— a Cooperación —que dirige el Ayuntamiento—, y después de la convocatoria del abortado Pleno municipal en que Martín Morales buscaba, el 18 de octubre de 2016, aprobar que se enviara al Consejo Consultivo de Andalucía el informe de los servicios jurídicos de Diputación que dictaminaba la ilegalidad del convenio aprobado por la asamblea de la Junta de Compensación en 1993; un acuerdo en el que, en opinión de Martín Morales —entonces primera autoridad turrera— se encuentran los orígenes del conflicto urbanístico que trataba de solucionar involucrando al Ayuntamiento en contra del criterio de toda la Corporación, incluido su equipo de gobierno.
Ahora que los vientos parecían haberse calmado en la Sierra, tras la anulación del decreto de Martín y la vuelta al sistema de compensación decretado por la actual alcaldesa, María Isabel López, el inicio de la instrucción de las presuntas irregularidades denunciadas por Martín Morales vuelve a poner el urbanismo de Turre en primera línea informativa
«Lío absurdo»
El exalcalde popular es uno de los ‘testigos’ propuestos por Morales al Juzgado de Instrucción número 3 de Vera. Al veterano político le parece «absurdo el lío que ha montado Martín» y está convencido de que «algún día le saldrá muy caro». Grima asegura estar «tranquilo», porque «nunca he otorgado una licencia sin los correspondientes informes técnicos y de la secretaria». «Que cada palo aguante su vela», concluye.
Junto a los mencionados, también podrían comparecer los técnicos y secretarios del Ayuntamiento de Turre desde 2002, así como varios promotores de urbanizaciones de la Sierra, entre los que se encontraría el exalcalde de Los Gallardos, Segundo Ramírez.
Por su parte, Morales ya acudió el pasado 23 de noviembre, a las 9.30 horas, en calidad de demandante. Ese día, el juez le instó a que señalara a los posibles autores de los hechos que había denunciado, pero el que fuera regidor se limitó a facilitar una lista de personas que, a su juicio, «debían conocer lo que pasaba en las urbanizaciones de la Sierra», para que fuesen llamadas como testigos y, «en función de sus declaraciones, sea la justicia la que valore el grado de responsabilidad de cada uno». Morales sugirió el testimonio de sus antecesores, pero todo hace pensar a sus abogados que, a partir de las declaraciones de los munícipes, podrían ser llamados a comparecer también los técnicos y promotores.
Los fundamentos de la denuncia
Los hechos que Martín Morales puso en conocimiento de la Fiscalía, y que el juez ha admitido a trámite, hacían referencia a la falta de infraestructuras, viviendas sin licencia de primera ocupación, tomas de luz y agua que rozan, cuando no incurren, en clara infracción, y un desigual reparto de los costes de mantenimiento que premian a los promotores y castiga a los residentes en urbanizaciones de la Sierra de Cabrera.
Todas esas supuestas irregularidades, además de la precaria situación legal en que se encontraba la Junta de Compensación que debía haber culminado el desarrollo urbanístico de la zona el 30 de noviembre de 2002, animó a Morales, además, a cambiar la figura de gestión por la de un sistema de cooperación, en el que el Ayuntamiento llevaría la batuta, si bien el coste de las obras sería sufragado, proporcionalmente, por los propietarios del suelo a urbanizar, el Polígono 1 de la Sierra (la urbanización Cabrera), donde muchos vecinos viven en suelo urbanizable, no urbano, que carece de suministros básicos como electricidad o agua corriente, accediendo a ellos mediante enganches ilegales o fraudulentos. No menos importantes son los ejemplos de residentes que viven en casas sin la preceptiva licencia de primera ocupación.
La decisión de intervenir en la Sierra hubo de tomarla Morales mediante decreto, puesto que contó con el rechazo unánime del resto de los miembros de la Corporación, incluidos los ediles socialistas —sus socios de gobierno— y su entonces todavía compañera de grupo municipal, María Luisa Cervantes.
Tensión y amenazas
La tensión vivida durante esos días se acumuló hasta el punto que dos vecinos se enzarzaron en una pelea justo antes de que comenzara una reunión auspiciada por la asociación Abusos Urbanísticos en el Almanzora No (AUAN). La cita promovida por AUAN perseguía poner paz y apaciguar unos ánimos que estaban algo más que exaltados. Segundo Ramírez llegó, incluso, a amenazar al entonces alcalde Martín Morales el 2 de noviembre de 2016: «tú serás alcalde, pero yo soy el presidente de la Junta de Compensación». A partir de ahí, y «tras todo un rosario de ofensas» que, según Morales, «decidí encajar sin responder para no tensionar el encuentro», Ramírez, exalcalde de Los Gallardos, le soltó: «te vamos a inhabilitar en cuanto salgas del Ayuntamiento, y recuerda que eso te impedirá ejercer como funcionario público y tú eres maestro».
Al escuchar estas palabras, el entonces regidor preguntó a Ramírez si le estaba amenazando, a lo que el interpelado contestó: «No es una amenaza, sólo una advertencia».
El escenario en que se produjo la escena fue el de la primera reunión de la comisión delegada celebrada tras la firma del Decreto de Alcaldía que buscaba cambiar el sistema de gestión urbanística de Cabrera de Junta de Compensación —que dirigen los promotores— a Cooperación —que dirige el Ayuntamiento—, y después de la convocatoria del abortado Pleno municipal en que Martín Morales buscaba, el 18 de octubre de 2016, aprobar que se enviara al Consejo Consultivo de Andalucía el informe de los servicios jurídicos de Diputación que dictaminaba la ilegalidad del convenio aprobado por la asamblea de la Junta de Compensación en 1993; un acuerdo en el que, en opinión de Martín Morales —entonces primera autoridad turrera— se encuentran los orígenes del conflicto urbanístico que trataba de solucionar involucrando al Ayuntamiento en contra del criterio de toda la Corporación, incluido su equipo de gobierno.
Ahora que los vientos parecían haberse calmado en la Sierra, tras la anulación del decreto de Martín y la vuelta al sistema de compensación decretado por la actual alcaldesa, María Isabel López, el inicio de la instrucción de las presuntas irregularidades denunciadas por Martín Morales vuelve a poner el urbanismo de Turre en primera línea informativa
«Lío absurdo»
El exalcalde popular es uno de los ‘testigos’ propuestos por Morales al Juzgado de Instrucción número 3 de Vera. Al veterano político le parece «absurdo el lío que ha montado Martín» y está convencido de que «algún día le saldrá muy caro». Grima asegura estar «tranquilo», porque «nunca he otorgado una licencia sin los correspondientes informes técnicos y de la secretaria». «Que cada palo aguante su vela», concluye.
