La planta no está en marcha por el maltrato continuado a nuestra tierra, siempre disfrazado con mentiras, oculto tras esa máscara cobarde bajo la desfachatez del engaño
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| Rodrigo Sánchez Haro, consejero de Agricultura y socialista almeriense. |
RODRIGO SÁNCHEZ HARO*
La desaladora del Bajo Almanzora podía estar en marcha. Debería estarlo, porque es una infraestructura primordial para la sostenibilidad de nuestra agricultura, para la disponibilidad de recursos hídricos, para la reducción del déficit con el que conviven a diario nuestros cultivos, los del campo almeriense. Y no lo está por un único motivo, por la dejadez, por la desidia y por la falta de compromiso del PP, del Ejecutivo de Mariano Rajoy. No lo está por el maltrato continuado a nuestra tierra, siempre disfrazado con mentiras, siempre oculto tras esa máscara cobarde, bajo la desfachatez del engaño permanente. Lleva en desuso desde 2012 por una supuesta intervención judicial que no existe y que demuestra, por consiguiente, que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente no ha actuado sobre una instalación que es una obra de Interés General del Estado (y por tanto de su competencia) por una simple razón: una mera y flagrante falta de voluntad.
La nueva excusa
No termina ahí el descaro y el insulto a la inteligencia de todo el campo almeriense y andaluz, de la ciudadanía. Una vez confirmado que nada evita, ni ha evitado nunca, que se acometa la inversión necesaria para la puesta en servicio de una planta fundamental, se refugian en nuevas excusas, en nuevas inventivas. En lugar de pedir perdón y asumir de una vez sus obligaciones, el PP, el Gobierno central, se enroca, huye hacia delante. Tapan una mentira con otra para mantenerse en la inacción.
Tras cinco años sin reparar los daños que dejaron inutilizada la desaladora en aquellas riadas de septiembre de 2012, ahora, en un claro ejercicio de cinismo, buscan dilatar aún más el inicio de la obra. Y lo hacen, igual que hicieron con aquella presunta intervención judicial, con un alegato falso. Otro más. No es cierto que los trabajos no puedan comenzar por la falta de un informe ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No es cierto porque, del mismo modo que actuamos con celeridad para reponer las conducciones dañadas por aquellas inundaciones, el proyecto, me consta, está redactado y dispone de la resolución ambiental favorable. Y así lo certifica el propio Ministerio en el informe que Acuamed remitió al propio Juzgado el pasado 11 de octubre: «El proyecto se encuentra actualmente redactado y dispone de resolución ambiental favorable».
No valen más excusas. El campo almeriense, con lo mucho que está en juego, y más en este contexto de escasez de precipitaciones, merece mucho más. Lo primero, respeto, mucho respeto, y, lo segundo, infraestructuras. Porque es mucho lo que aporta, en riqueza, en valor añadido, en internacionalización, en empleo y en bienestar y calidad de vida en nuestro medio rural. De ahí que sólo quede una vía, la suma de todos, la creación de un frente común, para exigir el fin de esta parálisis premeditada, para reclamar y provocar que arranquen de una vez los trabajos para que la desaladora de Palomares entre en funcionamiento cuanto antes, de inmediato. Porque están en riesgo 20.000 empleos directos e indirectos y la supervivencia de millones de árboles.
No basta con reparar
Pero voy más lejos, porque no basta con una simple reparación. Hay que ampliar su capacidad de generación de recursos hídricos para nuestros regadíos. El Gobierno central está en deuda con esta tierra y ha de hacerlo. Ha de escucharnos. Ya. Porque ya es suficiente con los 75 hectómetros cúbicos de agua que nos ha arrebatado en estos cinco años. Porque es intolerable e insoportable. Ha de atender nuestras demandas, porque son justas. No vale con arreglarla para disponer de esos 15 hectómetros cúbicos anuales, sino que hay que aumentar esa cantidad en 10 hectómetros cúbicos más. Es viable, puede hacerse, y es esencial.
Ya no vale desviar la atención por más tiempo. Porque ya no pueden hacerlo. Porque se les ha caído la careta, y es que hasta hace unos días el Gobierno y el PP insistían en que no se podía reparar porque lo impedía la intervención judicial. Cuando se ha sabido que esto era mentira, han seguido enredando reclamando un informe a la Junta que ya tenían. Por ello ahora toca que, por fin, por primera vez, miren a la cara a los regantes del Almanzora y pongan el grano de arena que les corresponde para la resolución del gran problema que les azota, por ejemplo, por las restricciones en el trasvase del Negratín. Toca que el PP, desde las instituciones, trabaje, como lo hacemos desde el Gobierno andaluz, para que puedan ponerse en marcha algunas de las soluciones planteadas por los 10.000 regantes afectados para garantizar el riego de las más de 24.000 hectáreas de cultivo de la zona. Hemos perdido ya demasiado tiempo y dinero. Y esto, en términos sociales y económicos, tiene unas consecuencias devastadoras. No puede pasar ni un minuto más. Ése es el mejor Pacto Nacional del Agua posible, el que queremos, que cada Administración lleve a cabo las actuaciones que le corresponden. Con ello basta. Y no vamos a dejar de reivindicarlo.
No es baladí, es vital que el Estado cumpla su parte, sin más dilación. Porque suyas, de su competencia, son la mayoría de las infraestructuras pendientes en Almería. Porque suyas son unas intervenciones que, en su conjunto, sumarían 100 hectómetros cúbicos que se incrementarían hasta los 150 si, además, se ponen al 100% de su capacidad todas las desaladoras de la provincia. Porque en su mano está, en definitiva, la posibilidad de paliar, casi en su totalidad, el déficit hídrico que padece el campo almeriense.
Hablamos también, por ejemplo, de la ampliación de la desaladora de Carboneras o las conducciones con el Campo de Tabernas, que se tienen que ver acompañadas, además, de una rebaja en el coste del agua desalada como el que aplica el Gobierno central a otros territorios con los mismos problemas que Almería, como Alicante o Murcia, a los que les bonifica. Es necesaria una ley estatal que lo regule. No puede haber más discriminación, porque no es positiva, porque no es solidaridad, sino privilegios.
Tienen que hacerlo. Porque no basta con la acción del Gobierno andaluz. Porque no basta con que desde la comunidad llevemos a cabo las obras de las depuradoras de Huércal-Overa, Níjar y Uleila del Campo o la licitación de la de Antas. Porque no es suficiente. Porque no basta con esos 18,4 millones de euros dirigidos a la depuración de aguas que se podrán tratar para su uso en el regadío ni con concesiones como las que acabamos de entregar en El Ejido. Porque no basta con los más de 40 millones de euros que hemos invertido en infraestructuras de riego y caminos en Almería entre 2007 y 2015, ni con los 66 millones de euros que acabamos de convocar para la mejora de regadíos en la región o los 8 más que inyectaremos en los caminos de la provincia. Porque no basta, tampoco, con presupuestar para 2018, como hemos hecho a petición de los regantes, el estudio de viabilidad de una nueva desaladora en el Levante… No basta, porque todo ello ha de venir acompañado, necesariamente, en lugar de por mentiras y engaños, por el compromiso del Estado, por la ejecución material, real, de las obras que son de su competencia.
* Rodrigo Sánchez Haro es consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
La nueva excusa
No termina ahí el descaro y el insulto a la inteligencia de todo el campo almeriense y andaluz, de la ciudadanía. Una vez confirmado que nada evita, ni ha evitado nunca, que se acometa la inversión necesaria para la puesta en servicio de una planta fundamental, se refugian en nuevas excusas, en nuevas inventivas. En lugar de pedir perdón y asumir de una vez sus obligaciones, el PP, el Gobierno central, se enroca, huye hacia delante. Tapan una mentira con otra para mantenerse en la inacción.
Tras cinco años sin reparar los daños que dejaron inutilizada la desaladora en aquellas riadas de septiembre de 2012, ahora, en un claro ejercicio de cinismo, buscan dilatar aún más el inicio de la obra. Y lo hacen, igual que hicieron con aquella presunta intervención judicial, con un alegato falso. Otro más. No es cierto que los trabajos no puedan comenzar por la falta de un informe ambiental de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No es cierto porque, del mismo modo que actuamos con celeridad para reponer las conducciones dañadas por aquellas inundaciones, el proyecto, me consta, está redactado y dispone de la resolución ambiental favorable. Y así lo certifica el propio Ministerio en el informe que Acuamed remitió al propio Juzgado el pasado 11 de octubre: «El proyecto se encuentra actualmente redactado y dispone de resolución ambiental favorable».
No valen más excusas. El campo almeriense, con lo mucho que está en juego, y más en este contexto de escasez de precipitaciones, merece mucho más. Lo primero, respeto, mucho respeto, y, lo segundo, infraestructuras. Porque es mucho lo que aporta, en riqueza, en valor añadido, en internacionalización, en empleo y en bienestar y calidad de vida en nuestro medio rural. De ahí que sólo quede una vía, la suma de todos, la creación de un frente común, para exigir el fin de esta parálisis premeditada, para reclamar y provocar que arranquen de una vez los trabajos para que la desaladora de Palomares entre en funcionamiento cuanto antes, de inmediato. Porque están en riesgo 20.000 empleos directos e indirectos y la supervivencia de millones de árboles.
No basta con reparar
Pero voy más lejos, porque no basta con una simple reparación. Hay que ampliar su capacidad de generación de recursos hídricos para nuestros regadíos. El Gobierno central está en deuda con esta tierra y ha de hacerlo. Ha de escucharnos. Ya. Porque ya es suficiente con los 75 hectómetros cúbicos de agua que nos ha arrebatado en estos cinco años. Porque es intolerable e insoportable. Ha de atender nuestras demandas, porque son justas. No vale con arreglarla para disponer de esos 15 hectómetros cúbicos anuales, sino que hay que aumentar esa cantidad en 10 hectómetros cúbicos más. Es viable, puede hacerse, y es esencial.
Ya no vale desviar la atención por más tiempo. Porque ya no pueden hacerlo. Porque se les ha caído la careta, y es que hasta hace unos días el Gobierno y el PP insistían en que no se podía reparar porque lo impedía la intervención judicial. Cuando se ha sabido que esto era mentira, han seguido enredando reclamando un informe a la Junta que ya tenían. Por ello ahora toca que, por fin, por primera vez, miren a la cara a los regantes del Almanzora y pongan el grano de arena que les corresponde para la resolución del gran problema que les azota, por ejemplo, por las restricciones en el trasvase del Negratín. Toca que el PP, desde las instituciones, trabaje, como lo hacemos desde el Gobierno andaluz, para que puedan ponerse en marcha algunas de las soluciones planteadas por los 10.000 regantes afectados para garantizar el riego de las más de 24.000 hectáreas de cultivo de la zona. Hemos perdido ya demasiado tiempo y dinero. Y esto, en términos sociales y económicos, tiene unas consecuencias devastadoras. No puede pasar ni un minuto más. Ése es el mejor Pacto Nacional del Agua posible, el que queremos, que cada Administración lleve a cabo las actuaciones que le corresponden. Con ello basta. Y no vamos a dejar de reivindicarlo.
No es baladí, es vital que el Estado cumpla su parte, sin más dilación. Porque suyas, de su competencia, son la mayoría de las infraestructuras pendientes en Almería. Porque suyas son unas intervenciones que, en su conjunto, sumarían 100 hectómetros cúbicos que se incrementarían hasta los 150 si, además, se ponen al 100% de su capacidad todas las desaladoras de la provincia. Porque en su mano está, en definitiva, la posibilidad de paliar, casi en su totalidad, el déficit hídrico que padece el campo almeriense.
Hablamos también, por ejemplo, de la ampliación de la desaladora de Carboneras o las conducciones con el Campo de Tabernas, que se tienen que ver acompañadas, además, de una rebaja en el coste del agua desalada como el que aplica el Gobierno central a otros territorios con los mismos problemas que Almería, como Alicante o Murcia, a los que les bonifica. Es necesaria una ley estatal que lo regule. No puede haber más discriminación, porque no es positiva, porque no es solidaridad, sino privilegios.
Tienen que hacerlo. Porque no basta con la acción del Gobierno andaluz. Porque no basta con que desde la comunidad llevemos a cabo las obras de las depuradoras de Huércal-Overa, Níjar y Uleila del Campo o la licitación de la de Antas. Porque no es suficiente. Porque no basta con esos 18,4 millones de euros dirigidos a la depuración de aguas que se podrán tratar para su uso en el regadío ni con concesiones como las que acabamos de entregar en El Ejido. Porque no basta con los más de 40 millones de euros que hemos invertido en infraestructuras de riego y caminos en Almería entre 2007 y 2015, ni con los 66 millones de euros que acabamos de convocar para la mejora de regadíos en la región o los 8 más que inyectaremos en los caminos de la provincia. Porque no basta, tampoco, con presupuestar para 2018, como hemos hecho a petición de los regantes, el estudio de viabilidad de una nueva desaladora en el Levante… No basta, porque todo ello ha de venir acompañado, necesariamente, en lugar de por mentiras y engaños, por el compromiso del Estado, por la ejecución material, real, de las obras que son de su competencia.
* Rodrigo Sánchez Haro es consejero de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía.
