El consejero delegado de la sociedad admitió que las cuentas de la empresa provincial podrían ser deficitarias si Acuamed consuma una subida unilateral del precio del agua desalada y municipios como Garrucha dejan de usar sus servicios. Además considera que la última subida pactada por todos los grupos políticos, que fue inferior a la propuesta por los técnicos, tendrá consecuencias negativas
ALMERÍA HOY / 21·12·2017
Las declaraciones de Antonio Lázaro, consejero delegado de Galasa, a RADIO ACTUALIDAD, anunciando un escenario en Galasa en el que las cuentas de la sociedad podrían volver a cerrarse con déficit, nos devuelven, como en el día de la marmota, al año 2016. En aquel momento tuvo lugar una lucha entre populares y socialistas en el seno de la sociedad pública, con su correspondiente correlación en el salón de plenos de la Diputación, accionista mayoritaria de la mercantil.
El objeto de la disputa era la propuesta del gobierno provincial, a instancias de los técnicos de Galasa, de actualizar las tarifas en los domicilios del Levante y buena parte del Almanzora. Se trataba de una subida de los precios para cubrir la sangría de dinero derivada de unos costes por el servicio que no llegaban a cubrirse con las tasas vigentes.
El PSOE, pese a reconocer la necesidad de equiparar ingresos y costes, defendía un incremento del recibo en menor porcentaje que el defendido por los técnicos. El 1 de diciembre llegó el acuerdo, sellado en el marco de un Pleno en la Diputación provincial y refrendado posteriormente por el consejo de administración de Galasa gracias a la mayoría del PP, puesto que el PSOE encontró nuevos puntos de desacuerdo que se han mantenido hasta hoy.
Ayuntamientos socialistas como el de Garrucha y Arboleas han emprendido el camino para marcharse. En otros cinco municipios del Almanzora, también del PSOE –excepto Tíjola, del PP- ha sido Galasa la que ha iniciado la denuncia de los convenios que mantenía con ellos al no aprobar sus Corporaciones los nuevos estatutos de la sociedad y la actualización de las tarifas, lo que significa que no seguirá prestándoles el servicio.
Ahora, la última ‘batalla’ se ha librado en el consejo de administración celebrado el pasado 22 de noviembre.
Reunión bronca
La reunión fue «bronca», en palabras de Juan Antonio Lorenzo, alcalde de Serón y portavoz socialista en la Diputación. El punto central del orden del día era la aprobación de los presupuestos de la sociedad para 2018, así como la prórroga de los de 2016 para un 2017 que está a punto de acabar.
Para empezar, esta prórroga ya le resultaba «un tanto extraña» a Lorenzo «porque me parece raro que se trate ambos ejercicios de igual manera cuando en junio comenzaron a aplicarse los nuevos precios y, por tanto, se han debido incrementar notablemente los ingresos».
Pero más le sorprendía aún al socialista «que el consejero delegado Antonio Lázaro (PP) anunciara superávit para las cuentas del año que viene, así como haber reflotado la empresa». Y lo explica. «Si en 2016 se presentó un estudio de costes para acomodarlo a las nuevas tarifas, no tiene sentido que, ahora, el último consejo de administración haya aprobado una rebaja a los grandes consumidores del Almanzora, porque eso significa reconocer que los cálculos iban muy sobrados».
Lorenzo añade que, «si hace un año se tomaron decisiones sobre las tarifas para nivelar las cuentas, no se entiende que ahora rebajen los ingresos con esta medida de gracia a los empresarios del Almanzora y se diga que el equilibrio presupuestario no corre peligro. No me cuadra». Por otro lado, el alcalde de Serón se pregunta «por qué no se extiende esa rebaja de los precios a todos los usuarios y a los grandes consumidores del Levante».
No piensa lo mismo el consejero delegado de Galasa. Antonio Lázaro no cree que la rebaja practicada en el Almanzora «tenga una especial incidencia» en el balance de la sociedad, y admite que se ha producido «ante la demanda empresarial y de varios municipios».
Por otra parte, el dirigente de la empresa admite que la subida aplicada a los industriales del mármol había sido algo «excesiva», pues habían pasado de pagar el metro cúbico a 0,55 euros, a hacerlo a 2,20. «Ahora, con esta rebaja, ha quedado en 1,39, un precio todavía más alto que los 1,20 que pagan los grandes consumidores del Levante».
Lázaro responde a Lorenzo que «presupuestar no es lo mismo que gastar», y reconoce que las cuentas previstas para 2018 estiman un superávit de 80.000 euros, «pero ya veremos cómo termina el año».
Deuda con Acuamed
En otro orden de cosas, el portavoz socialista lamenta que se haya reconocido la deuda con Acuamed, «aunque aún no sabemos a cuánto alcanza, porque según Galasa se le deben 22 millones, mientras que la otra parte reclama 27, que suben a 34 si sumamos los intereses».
Bien diferente es el punto de vista del consejero delegado de la sociedad. Antonio Lázaro justifica la disputa con Acuamed: «Ellos incluyen en la deuda una subida del precio del agua desalada con carácter retroactivo a cuatro años, algo que nosotros no estamos dispuestos a admitir y que se dilucidará en los tribunales».
Para Lázaro, lo que sí tendrá una fuerte repercusión en las cuentas de la sociedad será, por una parte la «anunciada subida de precios del agua desalada que pretende implantar Acuamed» y, por otra, «el abandono de la empresa por parte de un municipio como Garrucha, que supone un importante porcentaje de la facturación». A lo anterior añadió su impresión negativa respecto a la nueva tarifa, rebajada del más del 30% previsto aconsejado por los técnicos, al 18% que finalmente se aprobó.
Estos escenarios hacen temer a Antonio Lázaro que «a pesar de la estabilidad prevista en 2018, Galasa podría volver a generar pérdidas en 2019. Muy posiblemente nos veamos abocados a tener que revisar de nuevo los precios». No obstante, quiso subrayar que «hace un año, la empresa estaba en la UCI y sin luz al final del túnel. Vivimos entonces momentos convulsos, pero la reestructuración que llevamos a cabo y la actualización de la tasa ha permitido que hoy Galasa goce de buena salud».
El objeto de la disputa era la propuesta del gobierno provincial, a instancias de los técnicos de Galasa, de actualizar las tarifas en los domicilios del Levante y buena parte del Almanzora. Se trataba de una subida de los precios para cubrir la sangría de dinero derivada de unos costes por el servicio que no llegaban a cubrirse con las tasas vigentes.
El PSOE, pese a reconocer la necesidad de equiparar ingresos y costes, defendía un incremento del recibo en menor porcentaje que el defendido por los técnicos. El 1 de diciembre llegó el acuerdo, sellado en el marco de un Pleno en la Diputación provincial y refrendado posteriormente por el consejo de administración de Galasa gracias a la mayoría del PP, puesto que el PSOE encontró nuevos puntos de desacuerdo que se han mantenido hasta hoy.
Ayuntamientos socialistas como el de Garrucha y Arboleas han emprendido el camino para marcharse. En otros cinco municipios del Almanzora, también del PSOE –excepto Tíjola, del PP- ha sido Galasa la que ha iniciado la denuncia de los convenios que mantenía con ellos al no aprobar sus Corporaciones los nuevos estatutos de la sociedad y la actualización de las tarifas, lo que significa que no seguirá prestándoles el servicio.
Ahora, la última ‘batalla’ se ha librado en el consejo de administración celebrado el pasado 22 de noviembre.
Reunión bronca
La reunión fue «bronca», en palabras de Juan Antonio Lorenzo, alcalde de Serón y portavoz socialista en la Diputación. El punto central del orden del día era la aprobación de los presupuestos de la sociedad para 2018, así como la prórroga de los de 2016 para un 2017 que está a punto de acabar.
Para empezar, esta prórroga ya le resultaba «un tanto extraña» a Lorenzo «porque me parece raro que se trate ambos ejercicios de igual manera cuando en junio comenzaron a aplicarse los nuevos precios y, por tanto, se han debido incrementar notablemente los ingresos».
Pero más le sorprendía aún al socialista «que el consejero delegado Antonio Lázaro (PP) anunciara superávit para las cuentas del año que viene, así como haber reflotado la empresa». Y lo explica. «Si en 2016 se presentó un estudio de costes para acomodarlo a las nuevas tarifas, no tiene sentido que, ahora, el último consejo de administración haya aprobado una rebaja a los grandes consumidores del Almanzora, porque eso significa reconocer que los cálculos iban muy sobrados».
Lorenzo añade que, «si hace un año se tomaron decisiones sobre las tarifas para nivelar las cuentas, no se entiende que ahora rebajen los ingresos con esta medida de gracia a los empresarios del Almanzora y se diga que el equilibrio presupuestario no corre peligro. No me cuadra». Por otro lado, el alcalde de Serón se pregunta «por qué no se extiende esa rebaja de los precios a todos los usuarios y a los grandes consumidores del Levante».
No piensa lo mismo el consejero delegado de Galasa. Antonio Lázaro no cree que la rebaja practicada en el Almanzora «tenga una especial incidencia» en el balance de la sociedad, y admite que se ha producido «ante la demanda empresarial y de varios municipios».
Por otra parte, el dirigente de la empresa admite que la subida aplicada a los industriales del mármol había sido algo «excesiva», pues habían pasado de pagar el metro cúbico a 0,55 euros, a hacerlo a 2,20. «Ahora, con esta rebaja, ha quedado en 1,39, un precio todavía más alto que los 1,20 que pagan los grandes consumidores del Levante».
Lázaro responde a Lorenzo que «presupuestar no es lo mismo que gastar», y reconoce que las cuentas previstas para 2018 estiman un superávit de 80.000 euros, «pero ya veremos cómo termina el año».
Deuda con Acuamed
En otro orden de cosas, el portavoz socialista lamenta que se haya reconocido la deuda con Acuamed, «aunque aún no sabemos a cuánto alcanza, porque según Galasa se le deben 22 millones, mientras que la otra parte reclama 27, que suben a 34 si sumamos los intereses».
Bien diferente es el punto de vista del consejero delegado de la sociedad. Antonio Lázaro justifica la disputa con Acuamed: «Ellos incluyen en la deuda una subida del precio del agua desalada con carácter retroactivo a cuatro años, algo que nosotros no estamos dispuestos a admitir y que se dilucidará en los tribunales».
Para Lázaro, lo que sí tendrá una fuerte repercusión en las cuentas de la sociedad será, por una parte la «anunciada subida de precios del agua desalada que pretende implantar Acuamed» y, por otra, «el abandono de la empresa por parte de un municipio como Garrucha, que supone un importante porcentaje de la facturación». A lo anterior añadió su impresión negativa respecto a la nueva tarifa, rebajada del más del 30% previsto aconsejado por los técnicos, al 18% que finalmente se aprobó.
Estos escenarios hacen temer a Antonio Lázaro que «a pesar de la estabilidad prevista en 2018, Galasa podría volver a generar pérdidas en 2019. Muy posiblemente nos veamos abocados a tener que revisar de nuevo los precios». No obstante, quiso subrayar que «hace un año, la empresa estaba en la UCI y sin luz al final del túnel. Vivimos entonces momentos convulsos, pero la reestructuración que llevamos a cabo y la actualización de la tasa ha permitido que hoy Galasa goce de buena salud».
