En el proceso de tramitación de la orden judicial, la familia afectada no ha interpuesto en ningún momento recurso alguno contra dicho expediente
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| Barrio de El Puche. Imagen: Pablo Requena. |
ALMERÍA HOY / 18·12·2017
Una familia residente en la barriada almeriense de El Puche ha sido desalojada este lunes por orden judicial de una casa propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), dependiente de la Junta de Andalucía. Según ha informado la Delegación de Fomento y Vivienda, ha sido ejecutada sin incidentes la orden de desalojo de la familia «que ocupaba ilegalmente» la vivienda de Antonio Mairena nº 6, en el citado barrio de Almería.
Así, desde el Gobierno andaluz trasladan que se ha actuado «cumpliendo la legalidad al proceder a recuperar la vivienda que mantenía ocupada ilegalmente una familia a la que se abrió expediente de desahucio». La vivienda forma parte del parque público residencial en alquiler de la Junta y, según Fomento, fue «vendida ilegalmente» en septiembre de 2015 por quien era su legítimo adjudicatario a la familia que ahora ha sido desalojada, pese a que ambas partes conocían la prohibición expresa de transmitir el inmueble, que es propiedad de la Administración andaluza, circunstancia ésta que también conocían cuando hicieron el negocio entre ambas partes. Por eso, el titular adjudicatario ha sido denuncia por AVRA en el Juzgado y ante la Fiscalía.
Pese a disponer de esa información, la familia afectada no acudió en ningún momento a AVRA para solicitar información previa a la «compra» de la vivienda. La agencia, nada más conocer tal circunstancia en el proceso de verificación de las viviendas de su parque residencial, puso en marcha el correspondiente expediente para la recuperación del inmueble.
En el proceso de tramitación, la familia afectada no ha interpuesto en ningún momento recurso alguno contra dicho expediente, que se inició y se ha desarrollado, hasta finalizar con el desalojo de la familia, desde el convencimiento de que la Junta de Andalucía tiene que cumplir y hacer cumplir la legislación vigente, que obliga a actuar contra quienes ocupan de forma ilícita una vivienda.
«Pero además, y sobre todo —remarcan desde la Junta— con esta acción la Consejería de Fomento y Vivienda ha querido, como siempre que impulsa expedientes de este tipo, velar por los intereses de las familias que, teniendo necesidad de vivienda, respetan la normativa vigente en tal materia. De hecho, la vivienda recuperada será entregada a una familia cuyo perfil se adapte a las características del inmueble y que tras haber sido baremada, se encuentre en situación de vulnerabilidad y necesidad extrema de vivienda».
La familia que ha sido desalojada en El Puche no es usuaria de los Servicios Sociales municipales, pese a que desde AVRA se le ha instado reiteradamente a que recurriera a dichas dependencias para que fuera baremada y analizada su situación. Tampoco ha participado en la convocatoria que realizó el pasado verano la Agencia en El Puche, para crear la bolsa de solicitantes de viviendas en el barrio, aunque ha estado informada de dicha convocatoria por parte de las trabajadoras so-ciales de AVRA. Y ha rechazado las alternativas de alojamiento que se han puesto a su alcance en los últimos meses, prefiriendo en todo momento mantenerse en la vivienda que finalmente han tenido que abandonar este lunes por decisión judicial.
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación tiene en marcha decenas de expedientes por ocupación irregular de viviendas en El Puche, abiertos a partir del trabajo de verificación que se realiza en el barrio, y que permite detectar los inmuebles que están ocupados por familias no adjudicatarias. De esos expedientes, una veintena están ya resueltos y por lo tanto, habrán de ser ejecutados en las próximas semanas. La mayoría de esos expedientes afectan a familias inmigrantes que han ocupado las viviendas sin ningún tipo de autorización por parte de AVRA, titular de dichos inmuebles.
Así, desde el Gobierno andaluz trasladan que se ha actuado «cumpliendo la legalidad al proceder a recuperar la vivienda que mantenía ocupada ilegalmente una familia a la que se abrió expediente de desahucio». La vivienda forma parte del parque público residencial en alquiler de la Junta y, según Fomento, fue «vendida ilegalmente» en septiembre de 2015 por quien era su legítimo adjudicatario a la familia que ahora ha sido desalojada, pese a que ambas partes conocían la prohibición expresa de transmitir el inmueble, que es propiedad de la Administración andaluza, circunstancia ésta que también conocían cuando hicieron el negocio entre ambas partes. Por eso, el titular adjudicatario ha sido denuncia por AVRA en el Juzgado y ante la Fiscalía.
Pese a disponer de esa información, la familia afectada no acudió en ningún momento a AVRA para solicitar información previa a la «compra» de la vivienda. La agencia, nada más conocer tal circunstancia en el proceso de verificación de las viviendas de su parque residencial, puso en marcha el correspondiente expediente para la recuperación del inmueble.
En el proceso de tramitación, la familia afectada no ha interpuesto en ningún momento recurso alguno contra dicho expediente, que se inició y se ha desarrollado, hasta finalizar con el desalojo de la familia, desde el convencimiento de que la Junta de Andalucía tiene que cumplir y hacer cumplir la legislación vigente, que obliga a actuar contra quienes ocupan de forma ilícita una vivienda.
«Pero además, y sobre todo —remarcan desde la Junta— con esta acción la Consejería de Fomento y Vivienda ha querido, como siempre que impulsa expedientes de este tipo, velar por los intereses de las familias que, teniendo necesidad de vivienda, respetan la normativa vigente en tal materia. De hecho, la vivienda recuperada será entregada a una familia cuyo perfil se adapte a las características del inmueble y que tras haber sido baremada, se encuentre en situación de vulnerabilidad y necesidad extrema de vivienda».
La familia que ha sido desalojada en El Puche no es usuaria de los Servicios Sociales municipales, pese a que desde AVRA se le ha instado reiteradamente a que recurriera a dichas dependencias para que fuera baremada y analizada su situación. Tampoco ha participado en la convocatoria que realizó el pasado verano la Agencia en El Puche, para crear la bolsa de solicitantes de viviendas en el barrio, aunque ha estado informada de dicha convocatoria por parte de las trabajadoras so-ciales de AVRA. Y ha rechazado las alternativas de alojamiento que se han puesto a su alcance en los últimos meses, prefiriendo en todo momento mantenerse en la vivienda que finalmente han tenido que abandonar este lunes por decisión judicial.
La Agencia de Vivienda y Rehabilitación tiene en marcha decenas de expedientes por ocupación irregular de viviendas en El Puche, abiertos a partir del trabajo de verificación que se realiza en el barrio, y que permite detectar los inmuebles que están ocupados por familias no adjudicatarias. De esos expedientes, una veintena están ya resueltos y por lo tanto, habrán de ser ejecutados en las próximas semanas. La mayoría de esos expedientes afectan a familias inmigrantes que han ocupado las viviendas sin ningún tipo de autorización por parte de AVRA, titular de dichos inmuebles.
