«Si llegan a colocar todos los contenedores que facturaron habría más que casas»
ALMERÍA HOY / 29·12·2017
Un promotor inmobiliario de Carboneras que prefiere guardar el anonimato denuncia en ACTUALIDAD ALMANZORA que CESPA le obligó a comprar contenedores de basura, que luego no llegaban a ser entregados, si quería obtener la licencia de primera ocupación. «Un día después de solicitarla al Ayuntamiento me visitaba Ramón Fernández ‘el Alcayata’, destacado socialista y representante en Carboneras de CESPA, facilitándome un número de cuenta para ingresar el dinero. Yo pagaba y de inmediato tenía la licencia».
- En Carboneras existen tres puertos y seguramente habrá algún tráfico de contenedores, ¿ha visto usted alguno?
- Yo no hablo de ese tipo de contenedores y tampoco he recibido ninguno de aquéllos por los que pagué.
- ¿De qué contenedores estamos hablando entonces?
- Hablamos de los que se ponen por las calles para recoger la basura orgánica, el vidrio, el cartón y los envases.
- ¿Y dice que usted ha pagado por ellos?
- Eso me pidieron y tuve que hacerlo para obtener las licencias de primera ocupación de las viviendas que construí en aquellos años.
- ¿Me está diciendo que era necesario comprar contenedores para obtener una licencia de primera ocupación en Carboneras?
- Para mí lo fue.
- A ver, cuénteme qué pasó.
- En 2004 construí unos apartamentos en Carboneras y, una vez terminados, solicité en el Ayuntamiento la oportuna licencia de primera ocupación para poder venderlos y escriturarlos. Un día o dos más tarde, recibí la visita de Ramón Fernández Quijano, más conocido en el pueblo como el Alcayata, destacado socialista y representante en Carboneras de la empresa CESPA (empresa que tenía encomendadas las tareas de limpieza y recogida de basura en el municipio). Ramón me facilitó un número de cuenta para ingresar un dinero y me dijo que, una vez que lo hiciera, tenía que entregarle el justificante, él me daría una factura y, al día siguiente, tendría la licencia de primera ocupación.
- ¿Siguió las instrucciones?
- Al pie de la letra. Ingresé a través del Banco Popular el dinero que me pidieron, algo más de dos mil euros, me dieron la factura y, al día siguiente, la licencia.
- ¿Quién era el titular del número de cuenta?
- CESPA.
- ¿Y el de la factura?
- También CESPA.
- ¿Recuerda el concepto?
- Ponía que era por la venta de unos contenedores para residuos urbanos. No me acuerdo bien si se trataba de siete o de ocho.
- ¿Entonces le vendieron contenedores?
- Eso me dijeron, pero no pusieron ninguno.
- ¿Pagó a cambio de nada?
- Pagué porque necesitaba vender las viviendas, y sin la licencia de primera ocupación imagínese.
- ¿Le constaba a usted que CESPA se dedicara a eso en Carboneras?
- En aquel momento no, en absoluto.
- Entonces, ¿cómo se entiende esa factura de venta de contenedores?
- No sé, ellos sabrán. Lo cierto es que me sacaron un dinero.
- Usted pagó, y hasta hoy que ha querido contarlo.
- No. El caso que acabo de contarle no fue aislado. Luego me enteré que le ocurrió lo mismo a todo promotor de fuera, pienso que eso lo hacían a unos sí y a otros no. A mí, por ejemplo, me tocó dos veces pagar.
- ¿Y eso?
- Sí. La última vez fue en 2009. Entonces me ‘vendieron’ treinta y cuatro contenedores por otras tantas viviendas. Más de cuatro mil euros me costó entonces la broma.
- ¿Y esta vez se los colocaron?
- No pusieron ni uno. Si llegan a colocar todos los contenedores que facturó CESPA durante aquellos años en Carboneras, habría más que casas.
- ¿No se le ocurrió preguntar a CESPA por los contenedores o por qué le cobraban esas cantidades?
- Un tiempo después fui a las oficinas de la compañía en Almería. Me indicaron que el responsable de eso ya no estaba en la empresa y, aunque tenían constancia de que el dinero había sido ingresado, ellos no lo podían devolver. También me dijeron que no conservan copias de las facturas ni del ingreso porque han cambiado de domicilio y sólo guardan, en sus actuales dependencias, las facturas emitidas y recibidas, y los recibos de los bancos correspondientes a los últimos cinco años.
- ¿Recuerda quién era el «responsable»?
- Sí. Es de Níjar y se llama Antonio López Soto. Era el delegado de la empresa para Andalucía Oriental. Se trataba del responsable último que controlaba el dinero recaudado de esa manera.
- ¿Las instrucciones para recaudar dinero de la forma que usted ha explicado partían de ese Antonio López Soto?
- No sé qué pensar. Ante algo que me parecía injusto esperaba que el Ayuntamiento interviniese para parar aquello, pero no. En cuanto entraba en el registro del Ayuntamiento una solicitud para la licencia de primera ocupación, aparecía por la obra Ramón Fernández el Alcayata y nos exigía que soltáramos la pasta si queríamos la licencia de primera ocupación.
- ¿Cree usted que personas del entonces gobierno del Ayuntamiento tenían alguna relación con el cobro de este ‘impuesto’ a favor de CESPA?
- Cristóbal, el alcalde, hacía lo que le daba la gana con el Ayuntamiento de Carboneras. Si no te concedían un permiso para lo que fuera, daba la impresión de que bastaba con que te afiliaras al PSOE para conseguirlo. Mucha gente lo hacía y se borraba en cuanto obtenía lo que quería, pero luego se quejaban de que llegaban las represalias.
«HACÍA LO QUE ME ORDENABAN»
Ramón Fernández, representante de CESPA en Carboneras, a preguntas de ACTUALIDAD ALMANZORA, ha querido precisar lo siguiente: «Yo era un simple empleado de CESPA. Es cierto que visitaba a los promotores para cobrarles. Y lo hacía porque me lo ordenaban mis superiores en CESPA. A partir de ahí no sé nada más».
«FACTURABAN MÁS POR 'EXTRAS' QUE POR 'ORDINARIOS'»
CESPA llegó a Carboneras el 1 de diciembre de 1998. Ese día firmó un contrato como adjudicataria de los trabajos de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y servicios afines durante ocho años a razón de 475.000 por cada anualidad. Sin embargo, en 2002 se amplió la cifra a pagar por el Ayuntamiento hasta 582.000 por ejercicio.
Cuando venció el contrato, en 2006, se prorrogó el acuerdo durante dos años más a 745.000 euros cada uno y, en 2008, se firmó un nuevo acuerdo por el que la compañía seguiría prestando sus servicios de forma «excepcional por el tiempo imprescindible».
Se da la circunstancia de que, entre octubre de 2007 y octubre de 2010, CESPA facturó anualmente por los servicios ordinarios recogidos en el contrato los ya citados 745.000 euros, mientras que por trabajos extraordinarios emitía facturaciones de otros 800.000. El hecho es realmente insólito, puesto que la prestación suponía al Consistorio un coste de más del doble de lo acordado. Es decir, la empresa giraba al Ayuntamiento cobros de más de 1,5 millones de euros al año cuando el contrato era de 745.000.
Ahora, tras la denuncia del actual equipo de gobierno (Gicar-PP), la justicia dirime si quienes dirigían el Consistorio en 2009 adquirieron a CESPA, sin mediar contrato y directamente a dedo, 153 contenedores de basura por valor de 175.000 euros, que no llegaron a servirse pero sí a facturarse. Empeoraría el asunto el hecho de que la reposición de contenedores no era una atribución municipal, puesto que estaba cedida al Consorcio de Basuras, que sí los entregó años después de forma gratuita.
Por este asunto, el exalcalde Cristóbal Fernández están siendo investigado por el juzgado nº 2 de Vera por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Antonio López Soto, exresponsable de CESPA en la zona oriental de Andalucía, es otro de los acusados.
- En Carboneras existen tres puertos y seguramente habrá algún tráfico de contenedores, ¿ha visto usted alguno?
- Yo no hablo de ese tipo de contenedores y tampoco he recibido ninguno de aquéllos por los que pagué.
- ¿De qué contenedores estamos hablando entonces?
- Hablamos de los que se ponen por las calles para recoger la basura orgánica, el vidrio, el cartón y los envases.
- ¿Y dice que usted ha pagado por ellos?
- Eso me pidieron y tuve que hacerlo para obtener las licencias de primera ocupación de las viviendas que construí en aquellos años.
- ¿Me está diciendo que era necesario comprar contenedores para obtener una licencia de primera ocupación en Carboneras?
- Para mí lo fue.
- A ver, cuénteme qué pasó.
- En 2004 construí unos apartamentos en Carboneras y, una vez terminados, solicité en el Ayuntamiento la oportuna licencia de primera ocupación para poder venderlos y escriturarlos. Un día o dos más tarde, recibí la visita de Ramón Fernández Quijano, más conocido en el pueblo como el Alcayata, destacado socialista y representante en Carboneras de la empresa CESPA (empresa que tenía encomendadas las tareas de limpieza y recogida de basura en el municipio). Ramón me facilitó un número de cuenta para ingresar un dinero y me dijo que, una vez que lo hiciera, tenía que entregarle el justificante, él me daría una factura y, al día siguiente, tendría la licencia de primera ocupación.
- ¿Siguió las instrucciones?
- Al pie de la letra. Ingresé a través del Banco Popular el dinero que me pidieron, algo más de dos mil euros, me dieron la factura y, al día siguiente, la licencia.
- ¿Quién era el titular del número de cuenta?
- CESPA.
- ¿Y el de la factura?
- También CESPA.
- ¿Recuerda el concepto?
- Ponía que era por la venta de unos contenedores para residuos urbanos. No me acuerdo bien si se trataba de siete o de ocho.
- ¿Entonces le vendieron contenedores?
- Eso me dijeron, pero no pusieron ninguno.
- ¿Pagó a cambio de nada?
- Pagué porque necesitaba vender las viviendas, y sin la licencia de primera ocupación imagínese.
- ¿Le constaba a usted que CESPA se dedicara a eso en Carboneras?
- En aquel momento no, en absoluto.
- Entonces, ¿cómo se entiende esa factura de venta de contenedores?
- No sé, ellos sabrán. Lo cierto es que me sacaron un dinero.
- Usted pagó, y hasta hoy que ha querido contarlo.
- No. El caso que acabo de contarle no fue aislado. Luego me enteré que le ocurrió lo mismo a todo promotor de fuera, pienso que eso lo hacían a unos sí y a otros no. A mí, por ejemplo, me tocó dos veces pagar.
- ¿Y eso?
- Sí. La última vez fue en 2009. Entonces me ‘vendieron’ treinta y cuatro contenedores por otras tantas viviendas. Más de cuatro mil euros me costó entonces la broma.
- ¿Y esta vez se los colocaron?
- No pusieron ni uno. Si llegan a colocar todos los contenedores que facturó CESPA durante aquellos años en Carboneras, habría más que casas.
- ¿No se le ocurrió preguntar a CESPA por los contenedores o por qué le cobraban esas cantidades?
- Un tiempo después fui a las oficinas de la compañía en Almería. Me indicaron que el responsable de eso ya no estaba en la empresa y, aunque tenían constancia de que el dinero había sido ingresado, ellos no lo podían devolver. También me dijeron que no conservan copias de las facturas ni del ingreso porque han cambiado de domicilio y sólo guardan, en sus actuales dependencias, las facturas emitidas y recibidas, y los recibos de los bancos correspondientes a los últimos cinco años.
- ¿Recuerda quién era el «responsable»?
- Sí. Es de Níjar y se llama Antonio López Soto. Era el delegado de la empresa para Andalucía Oriental. Se trataba del responsable último que controlaba el dinero recaudado de esa manera.
- ¿Las instrucciones para recaudar dinero de la forma que usted ha explicado partían de ese Antonio López Soto?
- No sé qué pensar. Ante algo que me parecía injusto esperaba que el Ayuntamiento interviniese para parar aquello, pero no. En cuanto entraba en el registro del Ayuntamiento una solicitud para la licencia de primera ocupación, aparecía por la obra Ramón Fernández el Alcayata y nos exigía que soltáramos la pasta si queríamos la licencia de primera ocupación.
- ¿Cree usted que personas del entonces gobierno del Ayuntamiento tenían alguna relación con el cobro de este ‘impuesto’ a favor de CESPA?
- Cristóbal, el alcalde, hacía lo que le daba la gana con el Ayuntamiento de Carboneras. Si no te concedían un permiso para lo que fuera, daba la impresión de que bastaba con que te afiliaras al PSOE para conseguirlo. Mucha gente lo hacía y se borraba en cuanto obtenía lo que quería, pero luego se quejaban de que llegaban las represalias.
«HACÍA LO QUE ME ORDENABAN»
Ramón Fernández, representante de CESPA en Carboneras, a preguntas de ACTUALIDAD ALMANZORA, ha querido precisar lo siguiente: «Yo era un simple empleado de CESPA. Es cierto que visitaba a los promotores para cobrarles. Y lo hacía porque me lo ordenaban mis superiores en CESPA. A partir de ahí no sé nada más».
«FACTURABAN MÁS POR 'EXTRAS' QUE POR 'ORDINARIOS'»
CESPA llegó a Carboneras el 1 de diciembre de 1998. Ese día firmó un contrato como adjudicataria de los trabajos de recogida y transporte de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y servicios afines durante ocho años a razón de 475.000 por cada anualidad. Sin embargo, en 2002 se amplió la cifra a pagar por el Ayuntamiento hasta 582.000 por ejercicio.
Cuando venció el contrato, en 2006, se prorrogó el acuerdo durante dos años más a 745.000 euros cada uno y, en 2008, se firmó un nuevo acuerdo por el que la compañía seguiría prestando sus servicios de forma «excepcional por el tiempo imprescindible».
Se da la circunstancia de que, entre octubre de 2007 y octubre de 2010, CESPA facturó anualmente por los servicios ordinarios recogidos en el contrato los ya citados 745.000 euros, mientras que por trabajos extraordinarios emitía facturaciones de otros 800.000. El hecho es realmente insólito, puesto que la prestación suponía al Consistorio un coste de más del doble de lo acordado. Es decir, la empresa giraba al Ayuntamiento cobros de más de 1,5 millones de euros al año cuando el contrato era de 745.000.
Ahora, tras la denuncia del actual equipo de gobierno (Gicar-PP), la justicia dirime si quienes dirigían el Consistorio en 2009 adquirieron a CESPA, sin mediar contrato y directamente a dedo, 153 contenedores de basura por valor de 175.000 euros, que no llegaron a servirse pero sí a facturarse. Empeoraría el asunto el hecho de que la reposición de contenedores no era una atribución municipal, puesto que estaba cedida al Consorcio de Basuras, que sí los entregó años después de forma gratuita.
Por este asunto, el exalcalde Cristóbal Fernández están siendo investigado por el juzgado nº 2 de Vera por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Antonio López Soto, exresponsable de CESPA en la zona oriental de Andalucía, es otro de los acusados.
