Si bien la Guardia Civil realizó varias inspecciones en las instalaciones de la empresa investigada, comprobó cómo los datos y la documentación facilitada por la empresa en relación a los lotes implicados en la alerta no coincidieron con la documentación
ALMERÍA HOY / 21·09·2017
La Guardia Civil ha investigado a siete personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública con productos alimenticios, delito de falsedad documental y un delito relativo a los consumidores. Estarían implicados, supuestamente y en diferentes grados de responsabilidad, en la intoxicación alimentaria de 105 personas por histamina, tras el consumo de atún (Thunnus albacares). Este era comprado en estado fresco-descongelado a una empresa del Levante de Almería, dedicada a la compra-venta y elaboración de este producto.
La Benemérita inició la investigación el pasado mes de mayo, tras la alerta sanitaria emitida por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). La intoxicación llegó a gran parte del territorio nacional, Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Aragón, Castilla y León, Madrid y País Vasco, así como a diferentes países de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia y Portugal.
Durante las primeras averiguaciones, se tuvo conocimiento de que las autoridades competentes de la Consejería de Salud informaron a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información inicialmente, que eran dos los lotes implicados de un mismo proveedor en la intoxicación, lotes que fueron retirados del mercado por las Autoridades Sanitarias de las CCAA, tras la comunicación de los hechos a través del sistema de red de alerta alimentaria nacional, coordinado por AECOSAN.
Si bien la Guardia Civil realizó varias inspecciones en las instalaciones de la empresa investigada, comprobó cómo los datos y la documentación facilitada por la empresa en relación a los lotes implicados en la alerta no coincidieron con la documentación, albaranes, facturas y etiquetas halladas durante las inspecciones realizadas tanto por las Autoridades Sanitarias, como por las Unidades distribuidas por el territorio nacional, constatando que, en realidad, eran hasta seis los lotes de varios proveedores implicados en la contaminación alimentaria.
Con estas averiguaciones, se comprobó la falta de control en la trazabilidad del atún comercializado, tanto es así que en las etiquetas encontradas no coincidían el número de lote con el que figuraba en su albarán o factura.
La empresa investigada cuenta desde el pasado mes de marzo con un Plan General de Higiene y Autocontrol, si bien pese a la implantación de este Plan, y según las inspecciones realizadas por las Autoridades Sanitarias, éste no se ha llevado a cabo en ninguno de sus apartados, ni en el sistema de trazabilidad, muestras de atún y material a analizar, registro de temperaturas, conservación y tiempos de espera.
Los agentes encargados de la investigación han llevado a cabo numerosas averiguaciones con el fin de poder determinar el momento exacto de la pérdida de frío del atún implicado, si bien no se han podido concretar las circunstancias debido a la falta de control documental de trazabilidad de la empresa.
Informes manipulados
De la misma forma, se comprobó que la empresa facilitaba a algunos de sus compradores copia de los resultados analíticos sobre el estado sanitario del atún, informes que habían sido manipulados de un informe analítico original.
Examinadas las etiquetas, la Guardia Civil pudo verificar que en las mismas constaba información dirigida a los consumidores que no era veraz en cuanto a la zonas de captura de los atunes (FAO), y sobre todo a los artes de pesca usados, donde indicaban que el atún procedía de palangre, sedales y anzuelos, cuando en realidad dicha pesca era de cerco.
La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vera y ha sido desarrollada por agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería con la colaboración de la SG Control de Alertas de AECOSAN, de la SG de Control y Laboratorios Agroalimentarios y SG de Economía Pesquera del MAPAMA Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y MA (MAPAMA) y los organismos homólogos de las CCAA afectadas.
La Benemérita inició la investigación el pasado mes de mayo, tras la alerta sanitaria emitida por la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN). La intoxicación llegó a gran parte del territorio nacional, Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña, Aragón, Castilla y León, Madrid y País Vasco, así como a diferentes países de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia y Portugal.
Durante las primeras averiguaciones, se tuvo conocimiento de que las autoridades competentes de la Consejería de Salud informaron a la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información inicialmente, que eran dos los lotes implicados de un mismo proveedor en la intoxicación, lotes que fueron retirados del mercado por las Autoridades Sanitarias de las CCAA, tras la comunicación de los hechos a través del sistema de red de alerta alimentaria nacional, coordinado por AECOSAN.
Si bien la Guardia Civil realizó varias inspecciones en las instalaciones de la empresa investigada, comprobó cómo los datos y la documentación facilitada por la empresa en relación a los lotes implicados en la alerta no coincidieron con la documentación, albaranes, facturas y etiquetas halladas durante las inspecciones realizadas tanto por las Autoridades Sanitarias, como por las Unidades distribuidas por el territorio nacional, constatando que, en realidad, eran hasta seis los lotes de varios proveedores implicados en la contaminación alimentaria.
Con estas averiguaciones, se comprobó la falta de control en la trazabilidad del atún comercializado, tanto es así que en las etiquetas encontradas no coincidían el número de lote con el que figuraba en su albarán o factura.
La empresa investigada cuenta desde el pasado mes de marzo con un Plan General de Higiene y Autocontrol, si bien pese a la implantación de este Plan, y según las inspecciones realizadas por las Autoridades Sanitarias, éste no se ha llevado a cabo en ninguno de sus apartados, ni en el sistema de trazabilidad, muestras de atún y material a analizar, registro de temperaturas, conservación y tiempos de espera.
Los agentes encargados de la investigación han llevado a cabo numerosas averiguaciones con el fin de poder determinar el momento exacto de la pérdida de frío del atún implicado, si bien no se han podido concretar las circunstancias debido a la falta de control documental de trazabilidad de la empresa.
Informes manipulados
De la misma forma, se comprobó que la empresa facilitaba a algunos de sus compradores copia de los resultados analíticos sobre el estado sanitario del atún, informes que habían sido manipulados de un informe analítico original.
Examinadas las etiquetas, la Guardia Civil pudo verificar que en las mismas constaba información dirigida a los consumidores que no era veraz en cuanto a la zonas de captura de los atunes (FAO), y sobre todo a los artes de pesca usados, donde indicaban que el atún procedía de palangre, sedales y anzuelos, cuando en realidad dicha pesca era de cerco.
La operación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vera y ha sido desarrollada por agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería con la colaboración de la SG Control de Alertas de AECOSAN, de la SG de Control y Laboratorios Agroalimentarios y SG de Economía Pesquera del MAPAMA Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y MA (MAPAMA) y los organismos homólogos de las CCAA afectadas.
