El PSOE registra una pregunta en la Cámara Baja sobre un proyecto de actuación que tiene en vilo a varios propietarios de chiringuitos de playa
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| Paella en un chiringuito de Mojácar. |
ALMERÍA HOY / 12·06·2017
Mientras sigue activa la recogida de firmas para «salvar» los chiringuitos de Mojácar, la polémica surgida a raíz del proyecto de ampliación del paseo marítimo de la localidad ha llegado esta semana hasta el Congreso de los Diputados después de que el Grupo Parlamentario Socialista haya registrado una pregunta a la Mesa del Congreso sobre este asunto.
Según apuntan desde el PSOE, dado que la primera edil «ha desoído las peticiones» de su partido «y la de los propios hosteleros de la zona», y «puesto que el Ministerio de Medio Ambiente es la administración implicada en este proyecto, el Grupo Parlamentario Socialista, a iniciativa de los diputados almerienses Sonia Ferrer y Juan Jiménez, ha planteado al Ejecutivo varias cuestiones sobre la segunda fase del paseo marítimo».
Los socialistas apuntan que «la práctica totalidad de las alegaciones presentadas por los afectados —en su mayoría empresarios que ejercen su actividad en la playa desde hace décadas— pide un trazado alternativo al que se pretende ejecutar que mantenga el carril bici junto a la avenida Mediterráneo y que, de este modo, reduzca la anchura del paseo a su paso por las distintas propiedades y, más aún, en el caso de los chiringuitos».
En este sentido, los socialistas preguntan al Gobierno «si tiene conocimiento de la situación planteada socialmente y de las consecuencias económicas que se derivarán para el erario público y las de índole social y cultural, de mantenerse el actual precitado proyecto». Asimismo, los diputados socialistas cuestionan sobre la negociación que se ha llevado a cabo con la parte afectada. «¿Tiene previsto que, con objeto de limitar todos los efectos del proyecto, se inicie un diálogo con todas las partes afectadas con objeto de lograr un trazado negociado y aceptado por todos para el precitado paseo?», preguntan.
Afectados y grupos municipales de la oposición han planteado alternativas al actual trazado de ampliación del paseo marítimo. Los parlamentarios socialistas preguntan al Ejecutivo si se tendrán en cuenta a la hora de ejecutar dicho proyecto. «Nos parece interesante contar, para un proyecto de esta envergadura, con las personas afectadas, puesto que sus negocios y sus vidas se verán alterados», ha subrayado la diputada socialista, Sonia Ferrer.
Según apuntan desde el PSOE, dado que la primera edil «ha desoído las peticiones» de su partido «y la de los propios hosteleros de la zona», y «puesto que el Ministerio de Medio Ambiente es la administración implicada en este proyecto, el Grupo Parlamentario Socialista, a iniciativa de los diputados almerienses Sonia Ferrer y Juan Jiménez, ha planteado al Ejecutivo varias cuestiones sobre la segunda fase del paseo marítimo».
Los socialistas apuntan que «la práctica totalidad de las alegaciones presentadas por los afectados —en su mayoría empresarios que ejercen su actividad en la playa desde hace décadas— pide un trazado alternativo al que se pretende ejecutar que mantenga el carril bici junto a la avenida Mediterráneo y que, de este modo, reduzca la anchura del paseo a su paso por las distintas propiedades y, más aún, en el caso de los chiringuitos».
En este sentido, los socialistas preguntan al Gobierno «si tiene conocimiento de la situación planteada socialmente y de las consecuencias económicas que se derivarán para el erario público y las de índole social y cultural, de mantenerse el actual precitado proyecto». Asimismo, los diputados socialistas cuestionan sobre la negociación que se ha llevado a cabo con la parte afectada. «¿Tiene previsto que, con objeto de limitar todos los efectos del proyecto, se inicie un diálogo con todas las partes afectadas con objeto de lograr un trazado negociado y aceptado por todos para el precitado paseo?», preguntan.
Afectados y grupos municipales de la oposición han planteado alternativas al actual trazado de ampliación del paseo marítimo. Los parlamentarios socialistas preguntan al Ejecutivo si se tendrán en cuenta a la hora de ejecutar dicho proyecto. «Nos parece interesante contar, para un proyecto de esta envergadura, con las personas afectadas, puesto que sus negocios y sus vidas se verán alterados», ha subrayado la diputada socialista, Sonia Ferrer.
