Desde la Delegación Territorial de Cultura se ha reiterado a petición del departamento que dirige Jesús Maetzu que la actuación llevada a cabo en El Chuche en febrero «no ha sido autorizada»
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| Manifestación en el yacimiento de El Chuche, Benahadux (archivo). |
EUROPA PRESS / 02·06·2017
La Dirección General de Carreteras prepara un proyecto de intervención arqueológica en el área afectada por el movimiento de tierras para el acondicionamiento de una vía a su paso por El Chuche (Benahadux) ante la posibilidad de que los trabajos pudieran haber afectado al yacimiento con declaración de BIC que hay en la zona; una cuestión que ha sido denunciada ante la Fiscalía Provincial.
Así lo recoge el informe remitido por el Gobierno andaluz al Defensor del Pueblo Andaluz, que abrió una queja de oficio al respecto, en el que se apunta que el pasado 30 de marzo, un funcionario y un arqueólogo dependientes de los órganos de Subdelegación se personaron en la Delegación Territorial de Cultura «mostrando su intención de presentar un proyecto de intervención arqueológica».
«El arqueólogo ha venido varias veces para consultar cuestiones del proyecto con nuestra arqueóloga», añade el informe recogido por el Defensor en relación a la actuación iniciada una semana después de que el subdelegado de Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, ofreciera una rueda de prensa en la que defendió la actuación en El Chuche, donde «ni se ha excavado, ni se ha alterado» el yacimiento arqueológico, y apuntó que las afirmaciones vertidas al respecto respondían a «elucubraciones» por algún tipo de «interés» por parte de los detractores de la obra.
Desde la Delegación Territorial de Cultura se ha reiterado a petición del departamento que dirige Jesús Maetzu que la actuación llevada a cabo en El Chuche en febrero «no ha sido autorizada, puesto que el Ministerio de Fomento la ha realizado sin presentar proyecto previamente para su autorización».
«Analizando la normativa aplicable, resulta difícil imaginar la elaboración de un proyecto que no haya advertido la localización previa, formal y publicitada de este yacimiento arqueológico», han añadido desde la oficina del Defensor, donde se mantienen expectantes al resultado de los estudios para evaluar la afectación al BIC, por lo que «procede aguardar sus resultados y disponer todas la actividad para impulsar los procedimientos incoados desde el punto de vista de la disciplina patrimonial y cultural, así como en el ámbito judicial».
El informe realizado por Cultura daba cuenta de que el aporte realizado en la obra viaria pública al terreno «ha ocultado tanto un tramo del antiguo trazado de la carretera como los taludes por ella generados», de modo que en el antiguo talud situado frente a la rotonda actual «se podía observar hasta la fecha los restos de una estructura arqueológica seccionada por la antigua carretera que correspondían a una tumba en fosa».
No obstante, el texto apuntaba que «no es posible establecer si la estructura arqueológica que se veía en el antiguo talud ha sido destruida o sólo ha quedado sepultada bajo el terreno», por lo que «para determinar el grado de afección concreto debería realizarse una excavación arqueológica de la zona».
A la espera de los nuevos informes, el Defensor explica que en su momento se podrán analizar las circunstancias por las que el yacimiento «ha permanecido ignorado en relación con las obras invadiendo los terrenos afectos al BIC», al igual que «analizar el funcionamiento concreto de las medidas de detección, y denuncia de los hechos junto al esclarecimientos de las responsabilidades y reparación de los daños evaluados».
Así lo recoge el informe remitido por el Gobierno andaluz al Defensor del Pueblo Andaluz, que abrió una queja de oficio al respecto, en el que se apunta que el pasado 30 de marzo, un funcionario y un arqueólogo dependientes de los órganos de Subdelegación se personaron en la Delegación Territorial de Cultura «mostrando su intención de presentar un proyecto de intervención arqueológica».
«El arqueólogo ha venido varias veces para consultar cuestiones del proyecto con nuestra arqueóloga», añade el informe recogido por el Defensor en relación a la actuación iniciada una semana después de que el subdelegado de Gobierno en Almería, Andrés García Lorca, ofreciera una rueda de prensa en la que defendió la actuación en El Chuche, donde «ni se ha excavado, ni se ha alterado» el yacimiento arqueológico, y apuntó que las afirmaciones vertidas al respecto respondían a «elucubraciones» por algún tipo de «interés» por parte de los detractores de la obra.
Desde la Delegación Territorial de Cultura se ha reiterado a petición del departamento que dirige Jesús Maetzu que la actuación llevada a cabo en El Chuche en febrero «no ha sido autorizada, puesto que el Ministerio de Fomento la ha realizado sin presentar proyecto previamente para su autorización».
«Analizando la normativa aplicable, resulta difícil imaginar la elaboración de un proyecto que no haya advertido la localización previa, formal y publicitada de este yacimiento arqueológico», han añadido desde la oficina del Defensor, donde se mantienen expectantes al resultado de los estudios para evaluar la afectación al BIC, por lo que «procede aguardar sus resultados y disponer todas la actividad para impulsar los procedimientos incoados desde el punto de vista de la disciplina patrimonial y cultural, así como en el ámbito judicial».
El informe realizado por Cultura daba cuenta de que el aporte realizado en la obra viaria pública al terreno «ha ocultado tanto un tramo del antiguo trazado de la carretera como los taludes por ella generados», de modo que en el antiguo talud situado frente a la rotonda actual «se podía observar hasta la fecha los restos de una estructura arqueológica seccionada por la antigua carretera que correspondían a una tumba en fosa».
No obstante, el texto apuntaba que «no es posible establecer si la estructura arqueológica que se veía en el antiguo talud ha sido destruida o sólo ha quedado sepultada bajo el terreno», por lo que «para determinar el grado de afección concreto debería realizarse una excavación arqueológica de la zona».
A la espera de los nuevos informes, el Defensor explica que en su momento se podrán analizar las circunstancias por las que el yacimiento «ha permanecido ignorado en relación con las obras invadiendo los terrenos afectos al BIC», al igual que «analizar el funcionamiento concreto de las medidas de detección, y denuncia de los hechos junto al esclarecimientos de las responsabilidades y reparación de los daños evaluados».
