Se habrían servido de contactos comunes para la puesta en marcha de locales en Roquetas, Vícar y El Ejido, especialmente en el núcleo de Santa María del Águila
 |
| Imagen de archivo de una redada en un club de alterne del Poniente almeriense. |
EUROPA PRESS / 06·02·2017
La Audiencia Provincial de Almería va a acoger desde este martes un juicio contra 28 personas de diferentes nacionalidades acusadas de integrar un red de explotación sexual a través de 13 clubes de alterne diseminados en el Poniente almeriense, en los que se identificaron a 165 mujeres de nacionalidad rusa, la gran parte de ellas en situación irregular en España tras haber sido captadas mediante terceros no identificados en su país de origen.
Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, los miembros de la supuesta red se habrían servido de contactos comunes para la puesta en marcha de locales ubicados en Roquetas de Mar, Vícar y El Ejido, especialmente en el núcleo de Santa María del Águila, donde además, en varios casos, también mantenían viviendas en las que albergaban a las mujeres «en condiciones de hacinamiento».
El Ministerio Público atribuye a los investigados delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, relativos a la prostitución y coacciones en distinto grado, de forma que llega a solicitar hasta 33 años y medio de prisión para J.M., la gerente de uno de los locales al considerar que obligó a prostituirse a nueve mujeres, quienes, como el resto, debían abonar una «deuda» por los gastos derivados del viaje y la estancia que oscilaba entre los 750 y los 1.800 euros.
La investigación identifica distintos estratos entre los supuestos miembros de la trama, que van desde los dueños de los clubes, a los encargados, colaboradores y contactadores. Así, señala el papel de A.F., para el que pide 22 años y nueve meses de prisión, dado que «mantenía de forma estable numerosos contactos» en Rusia que le permitía captar a las chicas tanto para un club propio como para terceros. El Ministerio Público le atribuye haber propiciado, al menos, la llegada de once mujeres.
El fiscal señala que las víctimas «no tuvieron otra salida que acceder a lo establecido» por los propietarios de los clubes una vez que llegaban a España, «dada su situación económica difícil», el «desconocimiento del idioma» y la «ausencia de personas conocidas o amigas que pudieran ayudarlas», lo que se unía a su situación «ilegal» que les impedía aspirar a otros empleos para abonar la «deuda». En este sentido, sus captores se quedaban con sus pasaportes y el dinero que ganaban en el club.
Los prostíbulos fueron intervenidos y desmantelados entre febrero de 2.007 y julio de 2.008 por agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) bajo mandamiento del Juzgado de Instrucción número 5 de El Ejido, si bien algunos de ellos operaban desde 2.004, según se desprende de la fecha de captación de las mujeres.
La mayoría de ellas entraron en el país con un visado de turista y billetes de avión para desembarcar en los aeropuertos de Madrid o Alicante, principalmente, gracias la colaboración directa entre personas vinculadas a los clubes y otras no identificadas en Rusia, cuya misión era la de localizar mujeres y «ofrecerles trabajo en España con promesas de mejorar su condiciones económicas».
No obstante, al llegar y ser conducidas hasta Almería, eran conocedoras de que debían alternar con clientes en los locales para que tomaran copas y «en su caso, mantener relaciones sexuales con estos» sin poder «elegir libremente». Eran los encargados de los locales —«en muchos casos los titulares del negocio»— los que se quedaban con el dinero pagado por el cliente por las consumiciones y el servicio sexual.
Según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, los miembros de la supuesta red se habrían servido de contactos comunes para la puesta en marcha de locales ubicados en Roquetas de Mar, Vícar y El Ejido, especialmente en el núcleo de Santa María del Águila, donde además, en varios casos, también mantenían viviendas en las que albergaban a las mujeres «en condiciones de hacinamiento».
El Ministerio Público atribuye a los investigados delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, relativos a la prostitución y coacciones en distinto grado, de forma que llega a solicitar hasta 33 años y medio de prisión para J.M., la gerente de uno de los locales al considerar que obligó a prostituirse a nueve mujeres, quienes, como el resto, debían abonar una «deuda» por los gastos derivados del viaje y la estancia que oscilaba entre los 750 y los 1.800 euros.
La investigación identifica distintos estratos entre los supuestos miembros de la trama, que van desde los dueños de los clubes, a los encargados, colaboradores y contactadores. Así, señala el papel de A.F., para el que pide 22 años y nueve meses de prisión, dado que «mantenía de forma estable numerosos contactos» en Rusia que le permitía captar a las chicas tanto para un club propio como para terceros. El Ministerio Público le atribuye haber propiciado, al menos, la llegada de once mujeres.
El fiscal señala que las víctimas «no tuvieron otra salida que acceder a lo establecido» por los propietarios de los clubes una vez que llegaban a España, «dada su situación económica difícil», el «desconocimiento del idioma» y la «ausencia de personas conocidas o amigas que pudieran ayudarlas», lo que se unía a su situación «ilegal» que les impedía aspirar a otros empleos para abonar la «deuda». En este sentido, sus captores se quedaban con sus pasaportes y el dinero que ganaban en el club.
Los prostíbulos fueron intervenidos y desmantelados entre febrero de 2.007 y julio de 2.008 por agentes de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) bajo mandamiento del Juzgado de Instrucción número 5 de El Ejido, si bien algunos de ellos operaban desde 2.004, según se desprende de la fecha de captación de las mujeres.
La mayoría de ellas entraron en el país con un visado de turista y billetes de avión para desembarcar en los aeropuertos de Madrid o Alicante, principalmente, gracias la colaboración directa entre personas vinculadas a los clubes y otras no identificadas en Rusia, cuya misión era la de localizar mujeres y «ofrecerles trabajo en España con promesas de mejorar su condiciones económicas».
No obstante, al llegar y ser conducidas hasta Almería, eran conocedoras de que debían alternar con clientes en los locales para que tomaran copas y «en su caso, mantener relaciones sexuales con estos» sin poder «elegir libremente». Eran los encargados de los locales —«en muchos casos los titulares del negocio»— los que se quedaban con el dinero pagado por el cliente por las consumiciones y el servicio sexual.
