Antonio Álamo, edil de UPyD y responsable de la denuncia interpuesta contra el primer edil, recuerda los informes técnicos que señalan la «ilegalidad» de las obras en La Tomillera
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| Antonio Torres (PP), alcalde de Berja. |
ALMERÍA HOY / 23·10·2015
El concejal de UPyD en el Ayuntamiento de Berja, Antonio Álamo, ha explicado a ALMERÍA HOY que tanto PP como PSOE «guardan silencio» sobre la denuncia interpuesta la pasada semana por la formación magenta contra el primer edil, Antonio Torres (PP). En dicha denuncia, UPyD acusa a Torres de un presunto delito de prevaricación por no actuar ante el expediente municipal que tacha de «ilegales» las obras realizadas en el sector I3, en el polígono industrial de La Tomillera.
«En el debate plenario donde se discutió el asunto, ninguno hizo uso de la palabra en su turno, así que el silencio ha sido la respuesta de PP y PSOE. Y el alcalde, que también es concejal de Urbanismo, argumentó que no quería discutir conmigo de urbanismo conmigo porque entiende menos que yo —Antonio Álamo es arquitecto—. El único que habló en ese pleno fui yo», según ha contado.
El edil de UPyD continúa afirmando que «todo está parado en mesa del alcalde». «Primero decían desconocer que había expedientes contrarios a esa actuación, lo que es llamativo y refleja su dejadez y su falta de interés», argumenta. «Son sus técnicos y juristas lo que dicen que esas obras —valoradas aproximadamente en un millón de euros— son ilegales; el expediente está a disposición del público y cualquiera puede verlo», sentencia.
«En el debate plenario donde se discutió el asunto, ninguno hizo uso de la palabra en su turno, así que el silencio ha sido la respuesta de PP y PSOE. Y el alcalde, que también es concejal de Urbanismo, argumentó que no quería discutir conmigo de urbanismo conmigo porque entiende menos que yo —Antonio Álamo es arquitecto—. El único que habló en ese pleno fui yo», según ha contado.
El edil de UPyD continúa afirmando que «todo está parado en mesa del alcalde». «Primero decían desconocer que había expedientes contrarios a esa actuación, lo que es llamativo y refleja su dejadez y su falta de interés», argumenta. «Son sus técnicos y juristas lo que dicen que esas obras —valoradas aproximadamente en un millón de euros— son ilegales; el expediente está a disposición del público y cualquiera puede verlo», sentencia.
