Amnistía Internacional afirma que el Gobierno «está incumpliendo sus obligaciones en materia del derecho a la vivienda» y recuerda las 600.000 ejecuciones hipotecarias en España desde 2008
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| Imagen de archivo de miembros de la PAH en la Ciudad de la Justicia de Almería. |
EUROPA PRESS / 29·09·2015
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha conseguido desde su creación en Almería el realojo de unos 1.200 afectados por los desahucios «sin subvenciones ni ayudas», según ha explicado el portavoz de la plataforma, José del Águila, en un comunicado emitido por Amnistía Internacional.
La organización ha presentado la campaña 'Detrás de cada puerta hay una historia', en la que pide la paralización de los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de los derechos humanos.
Amnistía Internacional en su informe 'Derechos desalojados, derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios' ha denunciado que «cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda por los desalojos hipotecarios, desde 2008 se han producido en España casi 600.000 ejecuciones hipotecarias».
Según la abogada y miembro de Amnistía Internacional, Francisca Medrán Cabrera, el Gobierno «está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda, y es necesario que se considere como un derecho humano, no como un bien de consumo o inversión».
Amnistía ha señalado que las medidas adoptadas por las autoridades son «insuficientes» y además «regresivas, injustificadas y contrarias al derecho internacional, como la reducción en más del 50 por ciento del gasto público en vivienda entre 2008 y 2015».
Por ello, ha solicitado a las administraciones, entre otras medidas, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que los jueces puedan evaluar la proporcionalidad de cada desalojo, así como la creación de un mecanismo obligatorio para supervisar la negociación con los bancos, y la utilización de todos los recursos disponibles para que el derecho a la vivienda sea una realidad.
La organización ha presentado la campaña 'Detrás de cada puerta hay una historia', en la que pide la paralización de los desalojos hipotecarios hasta que no se adopten garantías de protección de los derechos humanos.
Amnistía Internacional en su informe 'Derechos desalojados, derecho a la vivienda y desalojos hipotecarios' ha denunciado que «cientos de miles de personas han perdido o están en riesgo de perder su vivienda por los desalojos hipotecarios, desde 2008 se han producido en España casi 600.000 ejecuciones hipotecarias».
Según la abogada y miembro de Amnistía Internacional, Francisca Medrán Cabrera, el Gobierno «está incumpliendo sus obligaciones internacionales en materia del derecho a la vivienda, y es necesario que se considere como un derecho humano, no como un bien de consumo o inversión».
Amnistía ha señalado que las medidas adoptadas por las autoridades son «insuficientes» y además «regresivas, injustificadas y contrarias al derecho internacional, como la reducción en más del 50 por ciento del gasto público en vivienda entre 2008 y 2015».
Por ello, ha solicitado a las administraciones, entre otras medidas, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para garantizar que los jueces puedan evaluar la proporcionalidad de cada desalojo, así como la creación de un mecanismo obligatorio para supervisar la negociación con los bancos, y la utilización de todos los recursos disponibles para que el derecho a la vivienda sea una realidad.
