Los acusados, tres de ellos técnicos en activo del Ayuntamiento almeriense, prestaron declaración en mayo a raíz de las denuncias presentadas por UPyD y el Colegio de Arquitectos
 |
| Obras del Mesón Gitano junto a la Alcazaba de Almería. |
EUROPA PRESS / 24·09·2015
La juez que investiga presuntas irregularidades en la adjudicación de las obras de rehabilitación del entorno del Mesón Gitano, en la capital, ha solicitado a la Delegación de la Agencia Tributaria en Almería que remita las «declaraciones tributarias» de los ocho imputados en la causa, al tiempo que ha acordado ordenar que se proceda a una «averiguación» sobre su patrimonio.
La providencia resuelve, asimismo, enviar oficio al Consejo de Administración de la empresa municipal 'Almería Urban' para que justifique, «con documentación anexa en su caso», si se ha efectuado «alguna disposición económica proveniente de los fondos subvencionados a favor de la empresa adjudicataria del procedimiento de licitación» que está en cuestión.
La magistrada Ana Belén Vico solicita también al secretario de este órgano que «especifique el método y los criterios de selección empleados para la constitución de la mesa de contratación» y para escoger «a los técnicos» que debían emitir los informes.
La práctica de nueva prueba ordenada por el Juzgado de Instrucción 3 de la capital deriva de lo informado por la Fiscalía, que interesó que se analizasen las declaraciones tributarias de los imputados correspondientes a «los ejercicios 2012, 2013 y 2014», y que se realizase una «averiguación patrimonial» que, en su providencia, la juez dispone se haga «mediante la conexión informática con la Agencia Tributaria».
Los ocho imputados, tres de ellos técnicos en activo del Ayuntamiento capitalino, prestaron en mayo declaración en sede judicial en unas diligencias previas que se incoaron a raíz de las denuncias presentadas ante la Fiscalía por UPyD y el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería.
El Ministerio Público, a su vez, resolvió que se judicializara la investigación al apreciar que la actuación en el seno de 'Almería Urban' podría haber incurrido en delito. Otros cuatro imputados tendrían supuestamente relación con algunas de las empresas constructoras que se presentaron al concurso mientras que un quinto habría ejercido en su día una asistencia técnica municipal.
Las obras de rehabilitación del entorno del Mesón Gitano se encuentran ejecutadas en la actualidad en torno a un 70% y avanzan conforme a lo previsto con el cronograma establecido. Con una inversión de algo más de 5,3 millones de euros, la actuación persigue el acondicionamiento de las cuevas, la urbanización de la explanada de las mismas, así como la construcción de un edificio destinado a equipamiento para albergar varias escuelas-taller y restos arqueológicos.
Denuncia de la Fiscalía
En el decreto remitido al Decanato de los Juzgados recogía que se tenía «constancia» de la existencia de dos propuestas presentadas por dos «contratistas distintos», que contenían «idéntica propuesta de proyecto», si bien precios de licitación «muy dispares». En concreto, señalaba que el de 'Facto SA' era de 4,4 millones de euros mientras que el de 'Salcoa SA' era de 5,4 millones.
Indicaba que, a ese extremo, había que añadir que UPyD en su denuncia hacía referencia a una supuesta «estrecha relación entre ambas empresas» y subrayaba que la puntuación concedida a Facto SA, «la misma que a Salcoa SA», había sido «muy superior» a las demás. Esto habría derivado, según ahondaba, en que, «a pesar de ser su oferta una de las más caras», había conseguido la adjudicación «gracias a la puntuación técnica».
«Del examen de ambas denuncias y documentación se deduce, sin perjuicio de que necesitan de una depurada investigación para su correcta comprobación, que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y de tráfico de influencias», concluía el Ministerio Público.
.
La providencia resuelve, asimismo, enviar oficio al Consejo de Administración de la empresa municipal 'Almería Urban' para que justifique, «con documentación anexa en su caso», si se ha efectuado «alguna disposición económica proveniente de los fondos subvencionados a favor de la empresa adjudicataria del procedimiento de licitación» que está en cuestión.
La magistrada Ana Belén Vico solicita también al secretario de este órgano que «especifique el método y los criterios de selección empleados para la constitución de la mesa de contratación» y para escoger «a los técnicos» que debían emitir los informes.
La práctica de nueva prueba ordenada por el Juzgado de Instrucción 3 de la capital deriva de lo informado por la Fiscalía, que interesó que se analizasen las declaraciones tributarias de los imputados correspondientes a «los ejercicios 2012, 2013 y 2014», y que se realizase una «averiguación patrimonial» que, en su providencia, la juez dispone se haga «mediante la conexión informática con la Agencia Tributaria».
Los ocho imputados, tres de ellos técnicos en activo del Ayuntamiento capitalino, prestaron en mayo declaración en sede judicial en unas diligencias previas que se incoaron a raíz de las denuncias presentadas ante la Fiscalía por UPyD y el Colegio Oficial de Arquitectos de Almería.
El Ministerio Público, a su vez, resolvió que se judicializara la investigación al apreciar que la actuación en el seno de 'Almería Urban' podría haber incurrido en delito. Otros cuatro imputados tendrían supuestamente relación con algunas de las empresas constructoras que se presentaron al concurso mientras que un quinto habría ejercido en su día una asistencia técnica municipal.
Las obras de rehabilitación del entorno del Mesón Gitano se encuentran ejecutadas en la actualidad en torno a un 70% y avanzan conforme a lo previsto con el cronograma establecido. Con una inversión de algo más de 5,3 millones de euros, la actuación persigue el acondicionamiento de las cuevas, la urbanización de la explanada de las mismas, así como la construcción de un edificio destinado a equipamiento para albergar varias escuelas-taller y restos arqueológicos.
Denuncia de la Fiscalía
En el decreto remitido al Decanato de los Juzgados recogía que se tenía «constancia» de la existencia de dos propuestas presentadas por dos «contratistas distintos», que contenían «idéntica propuesta de proyecto», si bien precios de licitación «muy dispares». En concreto, señalaba que el de 'Facto SA' era de 4,4 millones de euros mientras que el de 'Salcoa SA' era de 5,4 millones.
Indicaba que, a ese extremo, había que añadir que UPyD en su denuncia hacía referencia a una supuesta «estrecha relación entre ambas empresas» y subrayaba que la puntuación concedida a Facto SA, «la misma que a Salcoa SA», había sido «muy superior» a las demás. Esto habría derivado, según ahondaba, en que, «a pesar de ser su oferta una de las más caras», había conseguido la adjudicación «gracias a la puntuación técnica».
«Del examen de ambas denuncias y documentación se deduce, sin perjuicio de que necesitan de una depurada investigación para su correcta comprobación, que los hechos podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y de tráfico de influencias», concluía el Ministerio Público.
.
