Según los ecologistas, el hotel ya es ilegal porque incumple la Ley de Costas al encontrarse dentro de los 100 metros de playa establecidos como no construibles
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| El letrado José Ignacio Domínguez. Imagen: EuropaPress. |
EUROPA PRESS / 01·09·2015
Greenpeace ha pedido a las administraciones que derriben el hotel El Algarrobico sea cuál sea el fallo del Tribunal Supremo (TS) sobre si los terrenos son o no urbanizables, que está previsto que se conozca durante el mes de septiembre. Así lo han explicado la responsable de la campaña de Costas de la organización, Pilar Marcos, y el abogado José ignacio Domínguez durante la presentación del estudio 'El Algarrobico: Un informe sobre el despropósito empresarial y judicial del hotel'.
El Alto Tribunal tiene que resolver sobre el recurso interpuesto por Greenpeace contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, en marzo de 2014, calificó los terrenos —ubicados en Carboneras— como urbanizables.
De este modo, el TS resolverá si los terrenos donde está ubicado el hotel de El Algarrobico son urbanizables o no, así como si son propiedad de la Junta de Andalucía. No obstante, independientemente de cuál sea el fallo, Greenpeace manifiesta que el hotel ya es ilegal porque incumple la Ley de Costas, puesto que está dentro de los 100 metros de playa que la ley establece como no construibles. A ello, la ONG añade que el hotel está situado en la zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Domínguez recuerda que ya existen cuatro sentencias del Tribunal Supremo que avalan el incumplimiento de la Ley de Costas y que, de hecho, en 2012 este tribunal denegó a la promotora Azata del Sol ser indemnizada ante la decisión de demoler la construcción, puesto que la empresa solicitaba 70 millones de euros.
El Tribunal Supremo también debe resolver sobre el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras y la promotora Azata del Sol contra el derecho de retracto de la Junta de Andalucía para apropiarse de estos terrenos, según ha explicado el abogado de Greenpeace. Domínguez considera que el Consistorio actúa como «parte interesada en el proyecto» y va «de la mano» de Azata, a la que también acusa de estar detrás de «otros casos de vulnerabilidad ambiental y urbanística».
Sólo en el caso de que el Supremo acordara que los terrenos son urbanizables y que no son propiedad de la Junta de Andalucía la promotora podría continuar construyendo el hotel, según ha explicado Domínguez. En cualquier caso, Marcos ha manifestado que la organización se muestra positiva ante el fallo del Supremo y tiene la esperanza de que se derribe «porque existen leyes ambientales que están por encima de las urbanísticas». Además, ha señalado que la Administración «tiene argumentos suficientes» para ello.
«Doble comportamiento» de la Junta
Sin embargo, Domínguez ha precisado que, aunque la Junta se comprometió a demolerlo en 2014, «no ha dejado de mostrar un doble comportamiento» en este caso, ya que hasta hace poco ha apoyado en los juzgados la legalidad del hotel mientras que en público manifestaba su intención de demolerlo.
Además, ha recordado que Greenpeace también ha recurrido al Tribunal Constitucional el hecho de que la licencia de obras haya sido considerada por el TSJA como legal, sosteniendo que es conforme al planteamiento urbanístico de Carboneras.
El Alto Tribunal tiene que resolver sobre el recurso interpuesto por Greenpeace contra la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, en marzo de 2014, calificó los terrenos —ubicados en Carboneras— como urbanizables.
De este modo, el TS resolverá si los terrenos donde está ubicado el hotel de El Algarrobico son urbanizables o no, así como si son propiedad de la Junta de Andalucía. No obstante, independientemente de cuál sea el fallo, Greenpeace manifiesta que el hotel ya es ilegal porque incumple la Ley de Costas, puesto que está dentro de los 100 metros de playa que la ley establece como no construibles. A ello, la ONG añade que el hotel está situado en la zona protegida del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.
Domínguez recuerda que ya existen cuatro sentencias del Tribunal Supremo que avalan el incumplimiento de la Ley de Costas y que, de hecho, en 2012 este tribunal denegó a la promotora Azata del Sol ser indemnizada ante la decisión de demoler la construcción, puesto que la empresa solicitaba 70 millones de euros.
El Tribunal Supremo también debe resolver sobre el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras y la promotora Azata del Sol contra el derecho de retracto de la Junta de Andalucía para apropiarse de estos terrenos, según ha explicado el abogado de Greenpeace. Domínguez considera que el Consistorio actúa como «parte interesada en el proyecto» y va «de la mano» de Azata, a la que también acusa de estar detrás de «otros casos de vulnerabilidad ambiental y urbanística».
Sólo en el caso de que el Supremo acordara que los terrenos son urbanizables y que no son propiedad de la Junta de Andalucía la promotora podría continuar construyendo el hotel, según ha explicado Domínguez. En cualquier caso, Marcos ha manifestado que la organización se muestra positiva ante el fallo del Supremo y tiene la esperanza de que se derribe «porque existen leyes ambientales que están por encima de las urbanísticas». Además, ha señalado que la Administración «tiene argumentos suficientes» para ello.
«Doble comportamiento» de la Junta
Sin embargo, Domínguez ha precisado que, aunque la Junta se comprometió a demolerlo en 2014, «no ha dejado de mostrar un doble comportamiento» en este caso, ya que hasta hace poco ha apoyado en los juzgados la legalidad del hotel mientras que en público manifestaba su intención de demolerlo.
Además, ha recordado que Greenpeace también ha recurrido al Tribunal Constitucional el hecho de que la licencia de obras haya sido considerada por el TSJA como legal, sosteniendo que es conforme al planteamiento urbanístico de Carboneras.
