Rodrigo Sánchez, que estaba acusado de una presunta prevaricación urbanística denunciada por los socialistas, muestra su «satisfacción» por la decisión judicial
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| Rodrigo Sánchez, alcalde de Fines. |
EUROPA PRESS / 09·09·2015
El alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez (PP), ha manifestado su «satisfacción» después de que el Juzgado de Instrucción Único de Purchena haya decretado el sobreseimiento provisional de la causa por presunta prevaricación urbanística. Dicha causa la enjuiciaba a él y a parte de su actual equipo de Gobierno, además de cuatro exconcejales, por la aprobación de la construcción de una plaza en un solar clasificado en la normativa municipal como zona verde.
Sánchez ha recordado que el procedimiento se originó a raíz de una denuncia de la oposición. «Espero que quienes durante todos estos años se han dedicado a difamarme, cuando esto acabe, pidan disculpas por todo el daño que han hecho a mi familia y a mi persona», ha manifestado el primer edil, quien también ha expresado su alegría por los compañeros que fueron imputados.
Con esto, ha destacado que «la justicia es justa y esa licencia se aprobó en pleno con todos los informes favorables», ya que «eran unas obras de los planes provinciales aprobadas por la Diputación, en aquel entonces gobernada por el PSOE», pese a lo que tuvieron que «parar las obras» por la denuncia interpuesta por el mismo partido en el municipio.
El magistrado Luis Casero concluye en su auto que no puede afirmarse que ninguno de los ocho ediles que votaron a favor del proyecto «tuviera conocimiento de la ilegalidad del acuerdo», por lo que no puede acreditarse, según remarca, que concurra en este caso el «dolo necesario» para calificar la actuación de cada uno de ellos como prevaricación.
La resolución, notificada el lunes, remite al informe evacuado por el fiscal de junio de 2015 en el que señala que, con independencia de la «legalidad» del proyecto sobre la que debe pronunciarse la jurisdicción contencioso-administrativa, no consta que Sánchez y los ediles «tuvieran conocimiento de la injusticia de lo que estaban aprobando» con «la obra nº 35 denominada Urbanizaciones» en el pleno celebrado el 3 de junio de 2009.
El juez dispone, al no quedar acreditada la comisión del delito de prevaricación urbanística, el sobreseimiento provisional para Sánchez, los concejales José Carmona, Francisca Trinidad y José Manuel López, así como para los exediles Francisco Sorroche, Marina Perales, Javier Díaz y Juan Antonio Ramos, así como el archivo del procedimiento.
La causa, en la que la defensa se ha desarrollado bajo la dirección letrada del abogado Miguel Ángel Campos, se abrió tras denuncia de la Fiscalía que, en su momento, apreció que podría existir un presunto delito de prevaricación en la construcción de una plaza en un espacio destinado a zona verde y equipamientos, y utilizada presuntamente por un restaurante colindante, propiedad de la hermana del regidor, como terraza.
Según constaba en la denuncia del PSOE que dio lugar a la judicialización del caso, el solar corresponde —según las Normas Subsidiarias del municipio— a una zona verde de 900 metros cuadrados y otra para equipamiento social de 200 metros cuadrados.
En su escrito, los denunciantes aseguraban que la técnico municipal «refirió verbalmente que no existía ningún informe de supervisión ni de aprobación que diera lugar a la modificación del uso del suelo» u hacían alusión a que un documento interno de la Diputación Provincial «reconocía que las obras contempladas no se ajustaban a las determinaciones del planeamiento vigente».
Con esta última resolución se cierran todos los procedimientos penales que se mantenían contra el alcalde de Fines por el ejercicio de su cargo, aunque aún queda por resolver el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 5, que le condenó a 21 meses de prisión junto a su hermano por realizar en una finca de su propiedad obras de desmonte y roturado «sin autorización», y desobedeciendo una «orden expresa de paralización», así como por construir «sin licencia» en la citada finca de la que ambos eran propietarios, un edificio anexo a una vivienda y una piscina sobre suelo no urbanizable.
El Juzgado de Instrucción Único de Purchena también archivó el pasado mes de febrero otra causa por presunta prevaricación incoada tras la denuncia del grupo municipal del PSOE por la adquisición por parte del Ayuntamiento de una vivienda para incorporarla a la ampliación de la Casa Consistorial y propiedad de una mercantil en la que figuraba como administrador su hermano.
Sánchez ha recordado que el procedimiento se originó a raíz de una denuncia de la oposición. «Espero que quienes durante todos estos años se han dedicado a difamarme, cuando esto acabe, pidan disculpas por todo el daño que han hecho a mi familia y a mi persona», ha manifestado el primer edil, quien también ha expresado su alegría por los compañeros que fueron imputados.
Con esto, ha destacado que «la justicia es justa y esa licencia se aprobó en pleno con todos los informes favorables», ya que «eran unas obras de los planes provinciales aprobadas por la Diputación, en aquel entonces gobernada por el PSOE», pese a lo que tuvieron que «parar las obras» por la denuncia interpuesta por el mismo partido en el municipio.
El magistrado Luis Casero concluye en su auto que no puede afirmarse que ninguno de los ocho ediles que votaron a favor del proyecto «tuviera conocimiento de la ilegalidad del acuerdo», por lo que no puede acreditarse, según remarca, que concurra en este caso el «dolo necesario» para calificar la actuación de cada uno de ellos como prevaricación.
La resolución, notificada el lunes, remite al informe evacuado por el fiscal de junio de 2015 en el que señala que, con independencia de la «legalidad» del proyecto sobre la que debe pronunciarse la jurisdicción contencioso-administrativa, no consta que Sánchez y los ediles «tuvieran conocimiento de la injusticia de lo que estaban aprobando» con «la obra nº 35 denominada Urbanizaciones» en el pleno celebrado el 3 de junio de 2009.
El juez dispone, al no quedar acreditada la comisión del delito de prevaricación urbanística, el sobreseimiento provisional para Sánchez, los concejales José Carmona, Francisca Trinidad y José Manuel López, así como para los exediles Francisco Sorroche, Marina Perales, Javier Díaz y Juan Antonio Ramos, así como el archivo del procedimiento.
La causa, en la que la defensa se ha desarrollado bajo la dirección letrada del abogado Miguel Ángel Campos, se abrió tras denuncia de la Fiscalía que, en su momento, apreció que podría existir un presunto delito de prevaricación en la construcción de una plaza en un espacio destinado a zona verde y equipamientos, y utilizada presuntamente por un restaurante colindante, propiedad de la hermana del regidor, como terraza.
Según constaba en la denuncia del PSOE que dio lugar a la judicialización del caso, el solar corresponde —según las Normas Subsidiarias del municipio— a una zona verde de 900 metros cuadrados y otra para equipamiento social de 200 metros cuadrados.
En su escrito, los denunciantes aseguraban que la técnico municipal «refirió verbalmente que no existía ningún informe de supervisión ni de aprobación que diera lugar a la modificación del uso del suelo» u hacían alusión a que un documento interno de la Diputación Provincial «reconocía que las obras contempladas no se ajustaban a las determinaciones del planeamiento vigente».
Con esta última resolución se cierran todos los procedimientos penales que se mantenían contra el alcalde de Fines por el ejercicio de su cargo, aunque aún queda por resolver el recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra la sentencia del Juzgado de lo Penal 5, que le condenó a 21 meses de prisión junto a su hermano por realizar en una finca de su propiedad obras de desmonte y roturado «sin autorización», y desobedeciendo una «orden expresa de paralización», así como por construir «sin licencia» en la citada finca de la que ambos eran propietarios, un edificio anexo a una vivienda y una piscina sobre suelo no urbanizable.
El Juzgado de Instrucción Único de Purchena también archivó el pasado mes de febrero otra causa por presunta prevaricación incoada tras la denuncia del grupo municipal del PSOE por la adquisición por parte del Ayuntamiento de una vivienda para incorporarla a la ampliación de la Casa Consistorial y propiedad de una mercantil en la que figuraba como administrador su hermano.
