Raúl Ríos asegura que la Guardia Civil habría «manipulado» los mensajes de 'whatssapp' por los que fue detenido e imputado por presunto encubrimiento del asesinato
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| Audiencia Provincial de Almería. | Archivo. |
EUROPA PRESS / 21·07·2015
Raúl Ríos, quien estuvo imputado hasta febrero de 2015 por encubrir presuntamente el crimen de la bebé de 16 meses Míriam en Fiñana, ha recurrido ante la Audiencia Provincial para que se investigue el origen de los mensajes de 'whatsapp' que llevaron a su detención —en diciembre de 2012— por parte de la Guardia Civil ya que, según sostiene, «fueron manipulados y sesgados, no correspondiendo» lo «transcrito en las actuaciones con lo que sucedió realmente», por lo que serían «del todo falsos».
La decisión llega después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Almería, el mismo que instruyó la causa por el rapto y asesinato de la bebé, haya acordado archivar la denuncia que interpuso Ríos ante el Decanato con este fin y que, por reparto, fue a caer para su investigación en el mismo órgano que le imputó durante meses como presunto encubridor del crimen cometido presuntamente por quien era su amigo, Jonathan Moya, y decretó el sobreseimiento para él en febrero de este año.
El recurso, de reforma y subsidiario de apelación y en el que se califica lo denunciado como presuntos delitos de falsedad documental y contra la integridad moral, señala que la fundamentación que da el juez para no investigar la actuación de la Guardia Civil con respecto a Ríos es «absolutamente insuficiente», y critica que se «sustente únicamente en el oficio librado a la propia Guardia Civil solicitando información sobre los hechos denunciados, habiendo remitido este cuerpo un informe, de que no se me ha dado traslado».
«Es de todo punto ilógico —asegura el letrado de Raul Ríos— que el auto de archivo se base en un informe que emite el mismo cuerpo policial que es objeto de la denuncia, no siendo entendible cómo, sin haber practicado ninguna de las diligencias de prueba propuestas por esta parte, ni siquiera ha tenido a bien recibir la declaración en calidad de denunciante-perjudicado por unos hechos que revisten una gravedad evidente porque se denuncian irregularidades cometidas por la Guardia Civil», subraya.
En su denuncia ante el Decanato, Ríos solicitó, entre otras diligencias, que el Juzgado de Instrucción 2 de Almería entregase «los terminales móviles y todos los elementos necesarios» ya que, «a día de hoy, y tras varias peticiones al juzgado, no se nos ha dado traslado de las tarjetas de los teléfonos que fueron intervenidas a Moya para un informe pericial ni se nos ha informado de la cadena de custodia seguida para preservar los datos contenidos en las mismas».
Remarcaba en su escrito que la «transcripción que se hizo de los mensajes» fue el «motivo argumentado en su día por la Guardia Civil para 'culparme' de los hechos», así como «el mantenido por el juzgado hasta mi desimputación reciente», y calificaba de «autentico calvario» su imputación «teniendo en cuenta el tipo de delito del que fui injustamente acusado, sin que por nadie se hayan atendido mis reiteradas solicitudes de prueba a fin de acreditar la falsedad de los mensajes de 'whatsapp' que sirvieron primero para mi detención y luego para mi imputación».
«No se han atendido mis múltiples solicitudes para poder demostrar que los mensajes unidos a la causa por las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado no son ciertos y han sido manipulados de manera interesada, desconociendo quien ha podido hacer tal cosa pero estando convencido de que se ha hecho», apuntillaba para pedir «auxilio judicial» ya que, según remarcaba, no es que se le denegara lo solicitado por el juez instructor, sino que «ni siquiera existió ningún pronunciamiento, causándome todo esto un grave perjuicio».
La decisión llega después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Almería, el mismo que instruyó la causa por el rapto y asesinato de la bebé, haya acordado archivar la denuncia que interpuso Ríos ante el Decanato con este fin y que, por reparto, fue a caer para su investigación en el mismo órgano que le imputó durante meses como presunto encubridor del crimen cometido presuntamente por quien era su amigo, Jonathan Moya, y decretó el sobreseimiento para él en febrero de este año.
El recurso, de reforma y subsidiario de apelación y en el que se califica lo denunciado como presuntos delitos de falsedad documental y contra la integridad moral, señala que la fundamentación que da el juez para no investigar la actuación de la Guardia Civil con respecto a Ríos es «absolutamente insuficiente», y critica que se «sustente únicamente en el oficio librado a la propia Guardia Civil solicitando información sobre los hechos denunciados, habiendo remitido este cuerpo un informe, de que no se me ha dado traslado».
«Es de todo punto ilógico —asegura el letrado de Raul Ríos— que el auto de archivo se base en un informe que emite el mismo cuerpo policial que es objeto de la denuncia, no siendo entendible cómo, sin haber practicado ninguna de las diligencias de prueba propuestas por esta parte, ni siquiera ha tenido a bien recibir la declaración en calidad de denunciante-perjudicado por unos hechos que revisten una gravedad evidente porque se denuncian irregularidades cometidas por la Guardia Civil», subraya.
En su denuncia ante el Decanato, Ríos solicitó, entre otras diligencias, que el Juzgado de Instrucción 2 de Almería entregase «los terminales móviles y todos los elementos necesarios» ya que, «a día de hoy, y tras varias peticiones al juzgado, no se nos ha dado traslado de las tarjetas de los teléfonos que fueron intervenidas a Moya para un informe pericial ni se nos ha informado de la cadena de custodia seguida para preservar los datos contenidos en las mismas».
Remarcaba en su escrito que la «transcripción que se hizo de los mensajes» fue el «motivo argumentado en su día por la Guardia Civil para 'culparme' de los hechos», así como «el mantenido por el juzgado hasta mi desimputación reciente», y calificaba de «autentico calvario» su imputación «teniendo en cuenta el tipo de delito del que fui injustamente acusado, sin que por nadie se hayan atendido mis reiteradas solicitudes de prueba a fin de acreditar la falsedad de los mensajes de 'whatsapp' que sirvieron primero para mi detención y luego para mi imputación».
«No se han atendido mis múltiples solicitudes para poder demostrar que los mensajes unidos a la causa por las Fuerzas y Cuerpos del Seguridad del Estado no son ciertos y han sido manipulados de manera interesada, desconociendo quien ha podido hacer tal cosa pero estando convencido de que se ha hecho», apuntillaba para pedir «auxilio judicial» ya que, según remarcaba, no es que se le denegara lo solicitado por el juez instructor, sino que «ni siquiera existió ningún pronunciamiento, causándome todo esto un grave perjuicio».
