La comercializadora entra en una «situación preconcursal» aunque afirma tener viabilidad «con un equipo que trabaje en favor de la misma, y no en favor de los intereses del pool bancario»
EUROPA PRESS / 06·07·2015
El consejo de administración de la comercializadora hortofrutícola 'Agrupaejido', con sede en el municipio de La Mojonera, ha acordado emprender acciones penales contra la entidad financiera Cajamar y contra el recién destituido director general por presunta estafa y administración desleal.
La decisión llega después de que, según indica en un comunicado, se hayan constatado unos «hechos muy graves» que han llevado a 'Agrupaejido' a una «situación preconcursal», si bien señala que la facturación «previsible» puede hacer «viable y sostenible» la empresa «con un equipo que no trabaje en favor de un pool bancario».
'Agrupaejido' asegura que la situación deriva de una refinanciación llevada a cabo con Cajamar y otras entidades bancarias donde se «impusieron a la empresa y sus accionistas durísimas condiciones financieras con la contraprestación de la seguridad de trabajar en interés de la viabilidad de la compañía».
«Sobre tal base se aceptó por el consejo de administración nombrar como director general a la persona que exigió el pool bancario, dándole plenos poderes». Afirma que se asumieron «todos los sacrificios personales posibles, comprometiendo la totalidad de su patrimonio y cediendo la administración de la entidad» pero que, en 2015, se sucedieron «actitudes que evidencian que lo que se ha hecho es algo muy distinto».
«Se ha trabajado exclusivamente en beneficio del pool bancario, mejorando sus garantías, anticipando los cobros millonarios en perjuicio de la tesorería de la entidad y facilitando gastos de comisiones en operaciones bancarias innecesarias para la empresa y sobre la base de una política de desinversión en contra de todos los intereses de la compañía y en favor exclusivo de las entidades bancarias», sostiene.
El consejo de administración señala que se ha llevado a 'Agrupaejido' a una situación preconcursal, «asegurándose de hacerlo en un momento en el que no fuesen posibles acciones de rescisión de estas operaciones bancarias, y por tanto, con desprecio absoluto a los intereses de la compañía mercantil y con total bloqueo de cualquier negociación en términos mínimos de razonabilidad».
«Por la constatación de estos hechos, se ha tomado la decisión de destituir al Director General e iniciar frente al mismo y otros responsables de Cajamar acciones penales por estafa y administración desleal», indica.
Desde la empresa insisten en que tiene viabilidad «con un equipo que trabaje en favor de la misma, y no en favor de los intereses del pool bancario» y trasladan que esperan que los «responsables sean consecuentes con la realidad social y laboral de la empresa y con el plan de viabilidad de la misma, no incurriendo en actuaciones de bloqueo irresponsables para conseguir llevar a la entidad a su desaparición, con las consecuencias inherentes de pérdidas de empleo y daños a una multiplicidad de trabajadores y proveedores para cuya subsistencia es esencial la de Agrupaejido».
«La verdad es que los niveles de facturación previsibles sí pueden hacer sostenible y viable la entidad si las decisiones que se adoptan no están orientadas al lucro de dichas entidades, sino a asegurar la viabilidad real de la empresa, sin que ello sea óbice al cumplimiento de sus compromisos», concluye.
La versión de Cajamar
Por su parte, la entidad financiera Cajamar ha indicado que la decisión «unilateral» por parte de 'Agrupaejido' de «romper las negociaciones» para reestructurar la deuda y la refinanciación pone a la empresa «al borde de su desaparición», y ha avisado de que la situación «es tan mala que, sin el apoyo de los quince bancos acreedores y la reestructuración la deuda con quitas consensuadas por cada uno de ellos, conduce a la inevitable liquidación de la compañía».
En un comunicado, asegura que 'Agrupaejido' se encontraba al borde la quiebra en julio de 2010 debido a las «inversiones fallidas realizadas por su principal accionista, Cecilio Guillén, en el sector inmobiliario y en el sector del perfume». «Estas operaciones, completamente ajenas a su actividad empresarial originaria, llevaron a pérdidas a la comercializadora hortofrutícola, que no podía hacer frente al pago de las liquidaciones mensuales de sus agricultores», sostiene.
La entidad financiera señala que, ante esta situación, «por el bien del sector agrícola», lideró un acuerdo con las demás entidades bancarias «para hacer posible el rescate de Agrupaejido, mantener sus puestos de trabajo y dar servicio al campo almeriense», y que esto se llevó a cabo mediante un crédito «sindicado por importe de más 100 millones de euros, se evitó la caída de la empresa».
«Cinco años después, ante el incumplimiento de los pagos acordados, se ha puesto sobre la mesa un nuevo plan de reestructuración de la deuda que ha sido rechazado por Cecilio Guillen, lo que aboca a la empresa a su entrada en concurso de acreedores y dado el alcance de la misma, más de 70 millones de euros, la conduce a una más que probable liquidación», advierte.
Cajamar afirma que, de haberse llegado a un acuerdo, si se hubiesen aceptado las alternativas y el nuevo plan de restructuración propuesto por las entidades bancarias, «la empresa podría haber pagado a sus trabajadores y a sus agricultores y haber continuado desarrollando su actividad la próxima campaña».
«Ahora, como consecuencia de la ruptura de la negociación y la entrada en concurso de acreedores, los bancos no pueden hacer nada más y junto a los trabajadores, agricultores y demás proveedores, se convierten en otros afectados por la deuda de esta empresa comercializadora», concluye.
La decisión llega después de que, según indica en un comunicado, se hayan constatado unos «hechos muy graves» que han llevado a 'Agrupaejido' a una «situación preconcursal», si bien señala que la facturación «previsible» puede hacer «viable y sostenible» la empresa «con un equipo que no trabaje en favor de un pool bancario».
'Agrupaejido' asegura que la situación deriva de una refinanciación llevada a cabo con Cajamar y otras entidades bancarias donde se «impusieron a la empresa y sus accionistas durísimas condiciones financieras con la contraprestación de la seguridad de trabajar en interés de la viabilidad de la compañía».
«Sobre tal base se aceptó por el consejo de administración nombrar como director general a la persona que exigió el pool bancario, dándole plenos poderes». Afirma que se asumieron «todos los sacrificios personales posibles, comprometiendo la totalidad de su patrimonio y cediendo la administración de la entidad» pero que, en 2015, se sucedieron «actitudes que evidencian que lo que se ha hecho es algo muy distinto».
«Se ha trabajado exclusivamente en beneficio del pool bancario, mejorando sus garantías, anticipando los cobros millonarios en perjuicio de la tesorería de la entidad y facilitando gastos de comisiones en operaciones bancarias innecesarias para la empresa y sobre la base de una política de desinversión en contra de todos los intereses de la compañía y en favor exclusivo de las entidades bancarias», sostiene.
El consejo de administración señala que se ha llevado a 'Agrupaejido' a una situación preconcursal, «asegurándose de hacerlo en un momento en el que no fuesen posibles acciones de rescisión de estas operaciones bancarias, y por tanto, con desprecio absoluto a los intereses de la compañía mercantil y con total bloqueo de cualquier negociación en términos mínimos de razonabilidad».
«Por la constatación de estos hechos, se ha tomado la decisión de destituir al Director General e iniciar frente al mismo y otros responsables de Cajamar acciones penales por estafa y administración desleal», indica.
Desde la empresa insisten en que tiene viabilidad «con un equipo que trabaje en favor de la misma, y no en favor de los intereses del pool bancario» y trasladan que esperan que los «responsables sean consecuentes con la realidad social y laboral de la empresa y con el plan de viabilidad de la misma, no incurriendo en actuaciones de bloqueo irresponsables para conseguir llevar a la entidad a su desaparición, con las consecuencias inherentes de pérdidas de empleo y daños a una multiplicidad de trabajadores y proveedores para cuya subsistencia es esencial la de Agrupaejido».
«La verdad es que los niveles de facturación previsibles sí pueden hacer sostenible y viable la entidad si las decisiones que se adoptan no están orientadas al lucro de dichas entidades, sino a asegurar la viabilidad real de la empresa, sin que ello sea óbice al cumplimiento de sus compromisos», concluye.
La versión de Cajamar
Por su parte, la entidad financiera Cajamar ha indicado que la decisión «unilateral» por parte de 'Agrupaejido' de «romper las negociaciones» para reestructurar la deuda y la refinanciación pone a la empresa «al borde de su desaparición», y ha avisado de que la situación «es tan mala que, sin el apoyo de los quince bancos acreedores y la reestructuración la deuda con quitas consensuadas por cada uno de ellos, conduce a la inevitable liquidación de la compañía».
En un comunicado, asegura que 'Agrupaejido' se encontraba al borde la quiebra en julio de 2010 debido a las «inversiones fallidas realizadas por su principal accionista, Cecilio Guillén, en el sector inmobiliario y en el sector del perfume». «Estas operaciones, completamente ajenas a su actividad empresarial originaria, llevaron a pérdidas a la comercializadora hortofrutícola, que no podía hacer frente al pago de las liquidaciones mensuales de sus agricultores», sostiene.
La entidad financiera señala que, ante esta situación, «por el bien del sector agrícola», lideró un acuerdo con las demás entidades bancarias «para hacer posible el rescate de Agrupaejido, mantener sus puestos de trabajo y dar servicio al campo almeriense», y que esto se llevó a cabo mediante un crédito «sindicado por importe de más 100 millones de euros, se evitó la caída de la empresa».
«Cinco años después, ante el incumplimiento de los pagos acordados, se ha puesto sobre la mesa un nuevo plan de reestructuración de la deuda que ha sido rechazado por Cecilio Guillen, lo que aboca a la empresa a su entrada en concurso de acreedores y dado el alcance de la misma, más de 70 millones de euros, la conduce a una más que probable liquidación», advierte.
Cajamar afirma que, de haberse llegado a un acuerdo, si se hubiesen aceptado las alternativas y el nuevo plan de restructuración propuesto por las entidades bancarias, «la empresa podría haber pagado a sus trabajadores y a sus agricultores y haber continuado desarrollando su actividad la próxima campaña».
«Ahora, como consecuencia de la ruptura de la negociación y la entrada en concurso de acreedores, los bancos no pueden hacer nada más y junto a los trabajadores, agricultores y demás proveedores, se convierten en otros afectados por la deuda de esta empresa comercializadora», concluye.
