Los hechos ocurrieron en el Hospital de Poniente a principios de 2013, y el informe forense apunta a que con «una mayor atención» podrían «haberse evitado»
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| Imagen de archivo del Hospital de Poniente, en El Ejido. |
EUROPA PRESS / 07·05·2015
El Juzgado de Instrucción 3 de El Ejido acoge este jueves el juicio de faltas contra tres ginecólogos por las muertes de una mujer y su bebé durante el parto en el Hospital de Poniente. Según se desprende de la instrucción, los tres acusados pudieron incurrir, presuntamente, en una imprudencia leve.
La jueza acordó enjuiciar como una falta el fallecimiento —ocurrido a principios de 2013— de J.G.R., de 46 años, y su hijo, a instancias del fiscal, después de que el informe pericial forense concluyese que, de habérsele prestado «una atención mayor a la normalmente exigida, podría haberse evitado el resultado producido».
La resolución fue confirmada en febrero por la Audiencia Provincial, que descartó que el caso reuniese «los presupuestos penales necesarios de una imprudencia grave» al no constar «hecho grave o grosero en la actuación médica desplegada por los facultativos que la atendieron» y recoger el citado informe «con claridad» que fue «con arreglo a los protocolos».
La imprudencia leve en la que podrían haber incurrido supuestamente los tres ginecólogos, dos mujeres y un hombre, derivaría de que, según los médicos-forenses, «podrían haberse planteado terminar el parto el primer día que acudió a consulta; una mayor vigilancia de la paciente debido a su edad, 46 años, y a que tenía contracciones; podrían haber practicado un TNS o haber podido optar por la cesárea».
La jueza acordó enjuiciar como una falta el fallecimiento —ocurrido a principios de 2013— de J.G.R., de 46 años, y su hijo, a instancias del fiscal, después de que el informe pericial forense concluyese que, de habérsele prestado «una atención mayor a la normalmente exigida, podría haberse evitado el resultado producido».
La resolución fue confirmada en febrero por la Audiencia Provincial, que descartó que el caso reuniese «los presupuestos penales necesarios de una imprudencia grave» al no constar «hecho grave o grosero en la actuación médica desplegada por los facultativos que la atendieron» y recoger el citado informe «con claridad» que fue «con arreglo a los protocolos».
La imprudencia leve en la que podrían haber incurrido supuestamente los tres ginecólogos, dos mujeres y un hombre, derivaría de que, según los médicos-forenses, «podrían haberse planteado terminar el parto el primer día que acudió a consulta; una mayor vigilancia de la paciente debido a su edad, 46 años, y a que tenía contracciones; podrían haber practicado un TNS o haber podido optar por la cesárea».
