El independiente Salvador Hernández tendrá que declarar, por la vía penal, acusado de negar información pública a la oposición
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| Salvador Hernández, alcalde de Carboneras. |
EUROPA PRESS / 18·05·2015
El Juzgado de Instrucción número 2 de Vera ha abierto juicio oral contra el alcalde de Carboneras y candidato a la reelección, el independiente Salvador Hernández (Gicar), a quien se acusa de haber impedido «constante, real y efectivamente» la labor de oposición del portavoz municipal del PSOE y también candidato a la Alcaldía, José Luis Amérigo.
El auto declara que un juzgado de lo Penal será el competente para enjuiciar a Hernández, quien ha interpuesto recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la resolución —de 18 de febrero— que acordó continuar la causa contra él al hallar «indicios razonables» de la comisión de delito.
La Fiscalía interesa para el alcalde tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que la acusación particular ejercida por el portavoz socialista solicita cuatro años y añade un presunto delito de prevaricación por el que pide otros diez años de inhabilitación para empleo o cargo público.
En un segundo auto dictado el mismo día, la juez da traslado a las partes para que, en el plazo de dos días, formulen alegaciones contra el recurso de reforma presentado por la defensa, que ejerce el letrado Miguel Ángel Campos.
El Ministerio Público considera que Hernández «habría impedido el ejercicio de la labor de fiscalización y control de la función pública encomendada a la oposición», concejal del grupo municipal del PSOE, José Luis Amérigo, no dándole «acceso» a información sobre diversos expedientes de contratación y adjudicación de servicios municipales.
El escrito de acusación concreta que a Amérigo, impulsor de la denuncia que ha dado lugar al procedimiento penal, se le han notificado las actas de las juntas de gobierno «en plazo superior a dos meses, muy superior al plazo legal de 10 días».
Subraya, en esta línea, que el regidor le habría «impedido», asimismo, «de forma sistemática» el acceso a la información en 21 ocasiones, por lo que concluye la Fiscalía que su actuación supuestamente «ha impedido la actividad fiscalizadora ejercida por la oposición».
En el escrito de acusación, el Ministerio Público desgrana las peticiones de información presuntamente denegadas, y hace alusión a documentación sobre los gastos municipales por la celebración de la fiestas de San Antonio de 2012, o el expediente completo del convenio firmado con la multinacional cementera Holcim.
Enumera, asimismo, solicitudes para consultar, examinar y obtener copia de los expedientes de adjudicación y contratación de las obras de remodelación de la Plaza de El Argamasón, del Centro de Interpretación de la Cultura de Los Molinos, de la Plaza de El Saltador, del espacio verde 'El Lometico', las obras en el entorno del Castillo de San Andrés, el bulevar de la Avenida de Almería hacía el cementerio, el parque periurbano de El Pocico y la señalización horizontal en el municipio, así como el proyecto de la Plaza del Llano de San Antonio o la construcción de una nave almacén adjudicada a la UTE Limpieza-Carboneras.
La defensa del alcalde
Por su parte, la defensa de Salvador Hernández sostiene que, desde septiembre de 2011 a abril del presente año, se han atendido «105» peticiones de los «132 escritos que ha presentado» interesando en cada uno de ellos «varios expedientes al mismo tiempo», criticando que el juzgado no haya tramitado la resolución del recurso de reforma presentado el 25 de marzo hasta la pasada semana, y no haya tenido acceso «parcial a los autos ya que han estado un mes en poder de la Fiscalía».
La defensa considera la actuación de Amérigo como «un intento de colapsar el Ayuntamiento con la intención de provocar este procedimiento» y apuntilla que obra en autos un certificado del secretario municipal que reza que, antes de iniciar una sesión plenaria en julio de 2014, «se intentó hacer entrega al portavoz del PSOE de las citaciones por él solicitadas para hacer uso del derecho a la información y consulta de los expedientes a los que Alcaldía le había concedido hace tiempo acceso, y que se negó a recoger los citados escritos en los que se indicaba, para cada uno de los departamentos afectados —Intervención, Secretaria, Urbanismo, Coordinación General y Relaciones laborales— los días y horas en los que tendrá a su disposición personal de los departamentos para acceder a la consulta de los expedientes solicitados».
En esta línea, ha lamentado que la juez instructora sólo haya tomado declaración al denunciante y al alcalde en calidad de imputado «sin la presencia del fiscal», según ha destacado. «La última palabra, una vez resuelva el juzgado, la tendrá la Audiencia Provincial, a la que vamos a recurrir en apelación», concluye.
El auto declara que un juzgado de lo Penal será el competente para enjuiciar a Hernández, quien ha interpuesto recurso de reforma y subsidiario de apelación contra la resolución —de 18 de febrero— que acordó continuar la causa contra él al hallar «indicios razonables» de la comisión de delito.
La Fiscalía interesa para el alcalde tres años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, mientras que la acusación particular ejercida por el portavoz socialista solicita cuatro años y añade un presunto delito de prevaricación por el que pide otros diez años de inhabilitación para empleo o cargo público.
En un segundo auto dictado el mismo día, la juez da traslado a las partes para que, en el plazo de dos días, formulen alegaciones contra el recurso de reforma presentado por la defensa, que ejerce el letrado Miguel Ángel Campos.
El Ministerio Público considera que Hernández «habría impedido el ejercicio de la labor de fiscalización y control de la función pública encomendada a la oposición», concejal del grupo municipal del PSOE, José Luis Amérigo, no dándole «acceso» a información sobre diversos expedientes de contratación y adjudicación de servicios municipales.
El escrito de acusación concreta que a Amérigo, impulsor de la denuncia que ha dado lugar al procedimiento penal, se le han notificado las actas de las juntas de gobierno «en plazo superior a dos meses, muy superior al plazo legal de 10 días».
Subraya, en esta línea, que el regidor le habría «impedido», asimismo, «de forma sistemática» el acceso a la información en 21 ocasiones, por lo que concluye la Fiscalía que su actuación supuestamente «ha impedido la actividad fiscalizadora ejercida por la oposición».
En el escrito de acusación, el Ministerio Público desgrana las peticiones de información presuntamente denegadas, y hace alusión a documentación sobre los gastos municipales por la celebración de la fiestas de San Antonio de 2012, o el expediente completo del convenio firmado con la multinacional cementera Holcim.
Enumera, asimismo, solicitudes para consultar, examinar y obtener copia de los expedientes de adjudicación y contratación de las obras de remodelación de la Plaza de El Argamasón, del Centro de Interpretación de la Cultura de Los Molinos, de la Plaza de El Saltador, del espacio verde 'El Lometico', las obras en el entorno del Castillo de San Andrés, el bulevar de la Avenida de Almería hacía el cementerio, el parque periurbano de El Pocico y la señalización horizontal en el municipio, así como el proyecto de la Plaza del Llano de San Antonio o la construcción de una nave almacén adjudicada a la UTE Limpieza-Carboneras.
La defensa del alcalde
Por su parte, la defensa de Salvador Hernández sostiene que, desde septiembre de 2011 a abril del presente año, se han atendido «105» peticiones de los «132 escritos que ha presentado» interesando en cada uno de ellos «varios expedientes al mismo tiempo», criticando que el juzgado no haya tramitado la resolución del recurso de reforma presentado el 25 de marzo hasta la pasada semana, y no haya tenido acceso «parcial a los autos ya que han estado un mes en poder de la Fiscalía».
La defensa considera la actuación de Amérigo como «un intento de colapsar el Ayuntamiento con la intención de provocar este procedimiento» y apuntilla que obra en autos un certificado del secretario municipal que reza que, antes de iniciar una sesión plenaria en julio de 2014, «se intentó hacer entrega al portavoz del PSOE de las citaciones por él solicitadas para hacer uso del derecho a la información y consulta de los expedientes a los que Alcaldía le había concedido hace tiempo acceso, y que se negó a recoger los citados escritos en los que se indicaba, para cada uno de los departamentos afectados —Intervención, Secretaria, Urbanismo, Coordinación General y Relaciones laborales— los días y horas en los que tendrá a su disposición personal de los departamentos para acceder a la consulta de los expedientes solicitados».
En esta línea, ha lamentado que la juez instructora sólo haya tomado declaración al denunciante y al alcalde en calidad de imputado «sin la presencia del fiscal», según ha destacado. «La última palabra, una vez resuelva el juzgado, la tendrá la Audiencia Provincial, a la que vamos a recurrir en apelación», concluye.
