El PSOE provincial descarta «adoptar ninguna medida» respecto al alcalde de Albox y miembro de la ejecutiva regional porque «no hay motivos»
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| Rogelio Mena (a la izquierda) estrecha la mano del también imputado Gabriel Amat, presidente de Diputación |
EUROPA PRESS / 20·11·2014
El alcalde socialista de Albox, Rogelio Mena, se enfrenta a una pena de dos años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público por «impedir» de forma «constante» la labor de oposición del PP, al denegarle «sistemáticamente» diversos expedientes de contratación y facturas relativas a tres empresas incluidas en el Plan de Pago a Proveedores.
El Ministerio Público ha formulado acusación contra Mena, a quien imputa un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos del artículo 542 del Código Penal, al estimar que su actuación «impidió la actividad fiscalizadora» de la oposición 'popular', representada en el municipio por Juan Pedro Pérez Quiles.
El escrito, de 6 de noviembre, señala que el también diputado provincial y secretario de Ideas y Programas del PSOE-A habría actuado «con total conocimiento» al «denegar» los requerimientos del PP y al «impedir el acceso a dicha información una vez que Juan Pedro Pérez se personaba en el Consistorio», por lo que la Fiscalía interesa la apertura de juicio oral contra él.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Huércal-Overa ordenó procedimiento abreviado contra el regidor el pasado 24 de septiembre, al considerar que existían indicios racionales de que podría haber incurrido en un delito contra las garantías constitucionales, y desestimó el sobreseimiento de la causa —anunciado por algunos medios el pasado lunes— interesado por la defensa.
El auto del juez Fernando Ruiz Rico, recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Almería, concluía que, con su actitud, Mena podría haber «entorpecido la transparencia de la gestión pública en el Ayuntamiento de Albox».
Según relata el Ministerio Público en su escrito, Rogelio Mena, alcalde desde el 22 de febrero de 2013 —aunque estuvo en funciones de regidor accidental desde el 31 de enero de ese mismo año—, «ha impedido constantemente, con total conocimiento, la labor del oposición del concejal del grupo del PP en el Ayuntamiento, Juan Pedro Pérez» al denegarle «de forma sistemática varias peticiones de información remitidas por él».
Detalla el fiscal que la primera petición de información de los expedientes de contratación y facturas, relativas a las empresas Planta de Reciclaje Albox S.L., Demoliciones y Asfaltos La Calzada S.L. y Alcaina Estudio de Ingeniería, se efectuó el 7 de febrero de 2013.
Once días después, Pérez Quiles comunicaba al Ayuntamiento que, dado que había transcurrido el plazo de cinco días estipulado por la ley para contestar a su petición, tenía intención de personarse en las dependencias municipales para acceder a los documentos. Dicha opción le fue también vetada en una resolución de Alcaldía del día 20 de febrero, comunicándosele al día siguiente, cuando se personó en el Consistorio.
El Ministerio Público expone en su escrito que los hechos volvieron a repetirse el 17 de mayo de 2013, con una segunda petición de información relativa a los mismos documentos. Tampoco en esta ocasión fue contestada, y cuando el concejal reclamó la documentación personalmente en dependencias municipales, se encontró con que «ésta no estaba ni preparada ni disponible para su entrega».
El tercer requerimiento se realizó el 7 de junio con idéntico resultado, mientras que ya en el mes de noviembre, y tras un nuevo cruce de escritos, le fue entregada una diligencia de Secretaría en la que «se pone de manifiesto que, por parte del interventor, no se le da acceso a consultar el mencionado expediente por no contar con la autorización de la Alcaldía».
Para la Fiscalía, Mena habría «impedido» con su actuación «la actividad fiscalizadora ejercida por la oposición», por lo que solicita contra él la apertura de juicio oral ante el juzgado de lo Penal.
«No hay motivos para tomar medidas»
Tras conocerse la petición del Ministerio fiscal, el PSOE de Almería ha anunciado que no va a «adoptar ninguna medida» con respecto al alcalde de Albox y miembro de la ejecutiva regional, Rogelio Mena, argumentando que los hechos por los que la Fiscalía ha formulado acusación contra éste son de materia «contencioso-administrativa y no penal».
«No tenemos ningún motivo para estar preocupados y no se va a tomar ninguna medida contra él, no porque no queramos sino porque no hay motivos ya que no se trata de un caso de corrupción política», ha asegurado la secretaria de Política Municipal e Institucional de los socialistas almerienses, Adela Segura.
La dirigente socialista ha trasladado que la posición de la ejecutiva «es la misma en todos los casos» y que las medidas se adoptan «por casos de corrupción política», al tiempo ha recordado que el procesamiento de Rogelio Mena está a la espera de que se resuelva el recurso de apelación elevado a la Audiencia Provincial.
«Puede quedar invalidado este procedimiento que, pienso profundamente, debería dirimirse por la vía de lo contencioso-administrativo tal y como ha ocurrido en otros casos como, me viene ahora a la memoria, Lucainena de las Torres o Fines», ha apuntado Segura, quien ha afirmado sentirse «personalmente muy sorprendida por los derroteros que está tomando el caso».
Al hilo de esto, ha insistido en que «no hay motivo» para exigir a Mena desde la dirección provincial el cese como regidor o diputado provincial, y ha circunscrito la transparencia «a la gestión política que pueda llevar aparejado un lucro indebido, un enriquecimiento personal o uso indebido del cargo para tráfico de influencias»
«En hacer posible esa transparencia estamos en todo el partido, en que se declaren todos los bienes de los cargos públicos para que se pueda ver claramente que salen como entraron en política y en hacer que no se ponga en entredicho la limpieza y la honradez. En eso está poniendo toda la carne en el asador la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz», ha apostillado.
Segura ha querido dejar «clarísimo» que, con esta posición ante la causa penal en la que está inmerso Rogelio Mena, la dirección provincial «se atiene a lo que dice el partido a nivel general», y ha insistido en que se deje «hablar a la Justicia».
«Tengo una confianza ciega en la justicia pero, aunque soy profana en la materia, me sorprende la vara de medir diferente para este caso. No es comprensible que con la misma cuestión, en Albox se dictamine una cosa y en otros casos se remita a la jurisdicción contencioso-administrativa», ha concluido.
«No se entiende esa falta de transparencia»
Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP en Albox, Juan Pedro Pérez Quiles, ha valorado positivamente que la Fiscalía haya formulado acusación contra Rogelio Mena, y ha recordado que «a día de hoy aún» no han tenido «acceso» a las facturas y expedientes solicitados «durante un año» y por los que se interpuso la denuncia que ha derivado en la causa penal.
Pérez Quiles ha asegurado que la resolución del Ministerio Público, que interesa que se abra juicio oral contra el también diputado provincial y miembro de la ejecutiva del PSOE-A, hace que «confíe plenamente» en la Justicia, y ha resaltado que los vecinos de Albox «merecen que se aclare lo que está pasando en el Ayuntamiento».
«Es primordial, y máxime cuando los ciudadanos están hastiados de la corrupción, que la Justicia actúe ante este tipo de comportamientos», ha trasladado el edil del PP, que ha denunciado que el Gobierno municipal lleva «cinco meses, desde junio» sin convocar un pleno ordinario. «Fíjate la transparencia con la que gestiona este alcalde», ha apostillado.
El edil del PP ha explicado que la causa deriva de «la labor fiscalizadora que estamos obligados a hacer como oposición» y ha señalado que, «evidentemente, cuando pides información y te la niegan por sistema, intuyes que tiene que haber algo detrás, porque, en caso contrario, no se entiende esa falta de transparencia».
Al hilo de esto, ha recordado que la denuncia que interpuso hace referencia a tres empresas, entre ellas una mercantil de la que es «titular el hermano de un concejal socialista y que podría haber facturado hasta tres millones de euros, 600.000 de ellos pagados con cargo al Plan de Proveedores». «Eso es lo que queremos contrastar y por eso pedimos la información», ha concluido.
El Ministerio Público ha formulado acusación contra Mena, a quien imputa un delito contra el ejercicio de los derechos cívicos del artículo 542 del Código Penal, al estimar que su actuación «impidió la actividad fiscalizadora» de la oposición 'popular', representada en el municipio por Juan Pedro Pérez Quiles.
El escrito, de 6 de noviembre, señala que el también diputado provincial y secretario de Ideas y Programas del PSOE-A habría actuado «con total conocimiento» al «denegar» los requerimientos del PP y al «impedir el acceso a dicha información una vez que Juan Pedro Pérez se personaba en el Consistorio», por lo que la Fiscalía interesa la apertura de juicio oral contra él.
El Juzgado de Instrucción número 3 de Huércal-Overa ordenó procedimiento abreviado contra el regidor el pasado 24 de septiembre, al considerar que existían indicios racionales de que podría haber incurrido en un delito contra las garantías constitucionales, y desestimó el sobreseimiento de la causa —anunciado por algunos medios el pasado lunes— interesado por la defensa.
El auto del juez Fernando Ruiz Rico, recurrido en apelación ante la Audiencia Provincial de Almería, concluía que, con su actitud, Mena podría haber «entorpecido la transparencia de la gestión pública en el Ayuntamiento de Albox».
Según relata el Ministerio Público en su escrito, Rogelio Mena, alcalde desde el 22 de febrero de 2013 —aunque estuvo en funciones de regidor accidental desde el 31 de enero de ese mismo año—, «ha impedido constantemente, con total conocimiento, la labor del oposición del concejal del grupo del PP en el Ayuntamiento, Juan Pedro Pérez» al denegarle «de forma sistemática varias peticiones de información remitidas por él».
Detalla el fiscal que la primera petición de información de los expedientes de contratación y facturas, relativas a las empresas Planta de Reciclaje Albox S.L., Demoliciones y Asfaltos La Calzada S.L. y Alcaina Estudio de Ingeniería, se efectuó el 7 de febrero de 2013.
Once días después, Pérez Quiles comunicaba al Ayuntamiento que, dado que había transcurrido el plazo de cinco días estipulado por la ley para contestar a su petición, tenía intención de personarse en las dependencias municipales para acceder a los documentos. Dicha opción le fue también vetada en una resolución de Alcaldía del día 20 de febrero, comunicándosele al día siguiente, cuando se personó en el Consistorio.
El Ministerio Público expone en su escrito que los hechos volvieron a repetirse el 17 de mayo de 2013, con una segunda petición de información relativa a los mismos documentos. Tampoco en esta ocasión fue contestada, y cuando el concejal reclamó la documentación personalmente en dependencias municipales, se encontró con que «ésta no estaba ni preparada ni disponible para su entrega».
El tercer requerimiento se realizó el 7 de junio con idéntico resultado, mientras que ya en el mes de noviembre, y tras un nuevo cruce de escritos, le fue entregada una diligencia de Secretaría en la que «se pone de manifiesto que, por parte del interventor, no se le da acceso a consultar el mencionado expediente por no contar con la autorización de la Alcaldía».
Para la Fiscalía, Mena habría «impedido» con su actuación «la actividad fiscalizadora ejercida por la oposición», por lo que solicita contra él la apertura de juicio oral ante el juzgado de lo Penal.
«No hay motivos para tomar medidas»
Tras conocerse la petición del Ministerio fiscal, el PSOE de Almería ha anunciado que no va a «adoptar ninguna medida» con respecto al alcalde de Albox y miembro de la ejecutiva regional, Rogelio Mena, argumentando que los hechos por los que la Fiscalía ha formulado acusación contra éste son de materia «contencioso-administrativa y no penal».
«No tenemos ningún motivo para estar preocupados y no se va a tomar ninguna medida contra él, no porque no queramos sino porque no hay motivos ya que no se trata de un caso de corrupción política», ha asegurado la secretaria de Política Municipal e Institucional de los socialistas almerienses, Adela Segura.
La dirigente socialista ha trasladado que la posición de la ejecutiva «es la misma en todos los casos» y que las medidas se adoptan «por casos de corrupción política», al tiempo ha recordado que el procesamiento de Rogelio Mena está a la espera de que se resuelva el recurso de apelación elevado a la Audiencia Provincial.
«Puede quedar invalidado este procedimiento que, pienso profundamente, debería dirimirse por la vía de lo contencioso-administrativo tal y como ha ocurrido en otros casos como, me viene ahora a la memoria, Lucainena de las Torres o Fines», ha apuntado Segura, quien ha afirmado sentirse «personalmente muy sorprendida por los derroteros que está tomando el caso».
Al hilo de esto, ha insistido en que «no hay motivo» para exigir a Mena desde la dirección provincial el cese como regidor o diputado provincial, y ha circunscrito la transparencia «a la gestión política que pueda llevar aparejado un lucro indebido, un enriquecimiento personal o uso indebido del cargo para tráfico de influencias»
«En hacer posible esa transparencia estamos en todo el partido, en que se declaren todos los bienes de los cargos públicos para que se pueda ver claramente que salen como entraron en política y en hacer que no se ponga en entredicho la limpieza y la honradez. En eso está poniendo toda la carne en el asador la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz», ha apostillado.
Segura ha querido dejar «clarísimo» que, con esta posición ante la causa penal en la que está inmerso Rogelio Mena, la dirección provincial «se atiene a lo que dice el partido a nivel general», y ha insistido en que se deje «hablar a la Justicia».
«Tengo una confianza ciega en la justicia pero, aunque soy profana en la materia, me sorprende la vara de medir diferente para este caso. No es comprensible que con la misma cuestión, en Albox se dictamine una cosa y en otros casos se remita a la jurisdicción contencioso-administrativa», ha concluido.
«No se entiende esa falta de transparencia»
Por su parte, el portavoz del grupo municipal del PP en Albox, Juan Pedro Pérez Quiles, ha valorado positivamente que la Fiscalía haya formulado acusación contra Rogelio Mena, y ha recordado que «a día de hoy aún» no han tenido «acceso» a las facturas y expedientes solicitados «durante un año» y por los que se interpuso la denuncia que ha derivado en la causa penal.
Pérez Quiles ha asegurado que la resolución del Ministerio Público, que interesa que se abra juicio oral contra el también diputado provincial y miembro de la ejecutiva del PSOE-A, hace que «confíe plenamente» en la Justicia, y ha resaltado que los vecinos de Albox «merecen que se aclare lo que está pasando en el Ayuntamiento».
«Es primordial, y máxime cuando los ciudadanos están hastiados de la corrupción, que la Justicia actúe ante este tipo de comportamientos», ha trasladado el edil del PP, que ha denunciado que el Gobierno municipal lleva «cinco meses, desde junio» sin convocar un pleno ordinario. «Fíjate la transparencia con la que gestiona este alcalde», ha apostillado.
El edil del PP ha explicado que la causa deriva de «la labor fiscalizadora que estamos obligados a hacer como oposición» y ha señalado que, «evidentemente, cuando pides información y te la niegan por sistema, intuyes que tiene que haber algo detrás, porque, en caso contrario, no se entiende esa falta de transparencia».
Al hilo de esto, ha recordado que la denuncia que interpuso hace referencia a tres empresas, entre ellas una mercantil de la que es «titular el hermano de un concejal socialista y que podría haber facturado hasta tres millones de euros, 600.000 de ellos pagados con cargo al Plan de Proveedores». «Eso es lo que queremos contrastar y por eso pedimos la información», ha concluido.
