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J. A. SÁEZ CALVO
Mientras el agredido discute el nombre de lo ocurrido, el adversario mide su voluntad.
España no debe perder la guerra híbrida que se libra en torno a Ceuta. Quien sí parece estar perdiéndola es el Gobierno, y ambas realidades son muy diferentes. Un Ejecutivo puede equivocarse, llegar tarde, contradecirse y buscar enemigos lejanos para evitar mirar al vecino inmediato. La nación permanece. Conserva historia, legitimidad, instituciones, Fuerzas Armadas, aliados y recursos suficientes. Lo que falla es una dirección política que transmite la peligrosa impresión de no saber dónde está el problema ni cómo defender el interés nacional.
Marruecos, mientras tanto, va a lo suyo. Hace lo que hacen los Estados con una estrategia sostenida: define objetivos, construye un relato, prueba resistencias y reduce dependencias. La proyectada interconexión eléctrica directa con Portugal aún no es un bypass construido, sino un proyecto en estudio que busca financiación. Pero su lógica es transparente: disminuir el peso de España en el intercambio energético. Rabat aprende de sus vulnerabilidades; Madrid parece considerar de mal gusto recordar que también dispone de palancas.
La invasión del 30 y 31 de julio debió terminar con esa ingenuidad. Al menos 72.000 personas cruzaron irregularmente desde territorio marroquí. El 31 de julio el presidente del gobierno condenó entonces la “violación y el ataque a la integridad territorial” de España y prometió utilizar “todos los resortes, todos los recursos del Estado”. Pocas semanas después, el discurso cambió: negó que existieran pruebas concluyentes de una operación organizada por Rabat, aunque reconoció que las fuerzas marroquíes permitieron los pasos durante unas diez horas.
Las dos proposiciones pueden convivir jurídicamente; estratégicamente abren un abismo. Si hubo un ataque contra la integridad territorial, ¿quién lo produjo?, ¿quién lo permitió y a quién benefició? El informe policial conocido describe convocatorias digitales, movimientos escalonados, pasividad anómala y testimonios según los cuales agentes marroquíes habrían orientado los flujos. No demuestra una orden del Gobierno marroquí y sería irresponsable presentar esa autoría como sentencia. Pero tampoco permite borrar el dato elemental: la masa llegó desde Marruecos, en una frontera bajo vigilancia marroquí, durante una inacción extraordinaria de sus fuerzas. Días después, esas mismas autoridades sí desplegaron antidisturbios y nuevas concertinas para impedir otra convocatoria.
La zona gris consiste precisamente en obtener efectos hostiles sin entregar la prueba perfecta que activaría una respuesta convencional. No hacen falta tanques ni una declaración solemne. Crimea mostró militares sin insignias, Bielorrusia instrumentalizó emigrantes contra la Unión Europea y la Marcha Verde combinó población civil, presión diplomática y respaldo militar. Ceuta plantea un escenario diferente, pero con la esencia de una zona gris, y comparte una enseñanza: mientras el agredido discute el nombre de lo ocurrido, el adversario mide su voluntad. Como en la fábula de Iriarte, se discute si son galgos o podencos, mientras los perros sorprenden a los conejos.
Aquí comienza nuestra guerra de Gila. En lugar de mantener el foco sobre los hechos comprobables y exigir responsabilidades al país desde el que partió la avalancha, el Gobierno disparó diplomáticamente contra Rusia e Israel. Se les atribuyó a redes vinculadas a ambos países la difusión de desinformación, sin aportar públicamente pruebas concretas de que hubieran provocado la irrupción inicial. Moscú y Jerusalén respondieron de inmediato y devolvieron la acusación. Una cosa es que actores extranjeros amplifiquen una crisis, algo habitual cuando de fondo hay intereses y ganas de devolver la pelota, y otra demostrar que la causaron. Confundir explotación informativa con autoría operativa debilita la denuncia y regala al adversario la réplica.
No hay evidencia de una conspiración coordinada de Estados contra España. Hay algo más sencillo y dañino: un Gobierno que ha acumulado disputas y ofrece una crisis que cada antagonista aprovecha para su propio relato. El presidente estadounidense presenta España como un país arruinado y utiliza Ceuta en su pugna por el gasto de la OTAN. El presidente argentino acusa al jefe del Ejecutivo español de promover inmigración para perpetuarse en el poder. Italia restablece controles y convierte la emergencia española en argumento de política interior. Israel y Rusia contestan a imputaciones no acreditadas. No todos atacan a España ni actúan juntos; atacan o magnifican la debilidad del Gobierno. Una política exterior hábil habría reducido frentes, conservado crédito y evitado facilitar munición a quienes esperaban el tropiezo. Quien pierde, como siempre, es el ciudadano español.
Las contradicciones internas agravan el daño. El ministro del Interior llegó a afirmar que “Ceuta no forma parte del espacio Schengen”. La frase, formulada así, es jurídicamente engañosa. Ceuta está sometida al acervo de Schengen con un régimen especial: se mantienen controles documentales en las conexiones con la Península y otros territorios Schengen, pero la frontera con Marruecos es frontera exterior regulada por las normas europeas. Así lo recogen el Acta Final de adhesión de España y el artículo 41 del Código de fronteras Schengen. Lo contempla el Derecho de la Unión. Después, el propio ministro sostuvo que Schengen no se había visto comprometido. En una crisis, la precisión no es pedantería: es mando, credibilidad y capacidad de movilizar aliados.
Frontex ya mantenía una presencia limitada en el puerto, pero el Gobierno esperó hasta el 28 de agosto, casi un mes después del colapso fronterizo, para solicitar únicamente diez agentes adicionales destinados a identificación y triaje. Solo más tarde anunció que pediría una presencia permanente. La Comisión Europea afirma que ofreció apoyo desde el primer momento y que todavía espera respuestas españolas sobre el alcance operativo de la misión. Europa no podía sustituir por iniciativa propia al Estado, pero Madrid sí podía activar antes, con mayor dimensión y claridad, los instrumentos disponibles. Pedir diez agentes después de 72.000 entradas no transmite anticipación ni firmeza: revela una reacción tardía y desproporcionadamente pequeña. ¿Se evitó una solicitud más ambiciosa para no reconocer la emergencia? ¿Falló la coordinación entre Interior, Defensa e inteligencia? ¿O prevaleció una vez más el temor a incomodar a Rabat?
El enfrentamiento institucional posterior agrava la impresión de descontrol. Defensa sostuvo en sede parlamentaria que existieron avisos previos de los servicios de inteligencia; Interior negó haber recibido una alerta concreta capaz de anticipar una entrada de aquella magnitud. La Delegación del Gobierno en Ceuta contradijo públicamente la versión de Defensa y Presidencia respaldó la interpretación de Interior. Incluso la explicación sobre el mando único varió durante la crisis. O la información no llegó, o carecía de precisión suficiente, o llegó y no se convirtió en una decisión operativa. Son fallos diferentes, pero todos afectan a la cadena nacional de seguridad.
El CNI obtiene, analiza y traslada inteligencia; no despliega unidades en la frontera ni decide el empleo de las Fuerzas Armadas. Convertirlo en chivo expiatorio sería tan cómodo como exonerarlo sin conocer los documentos. Debe reconstruirse qué se detectó, cuándo se comunicó, qué autoridad recibió el aviso, cómo valoró el riesgo y quién decidió no reforzar el dispositivo. La transparencia es necesaria, aunque publicar informes sin proteger fuentes y métodos puede dañar capacidades futuras. Una revisión reservada y sometida a control parlamentario debe establecer si fallaron la captación, el análisis, la transmisión, la coordinación o la decisión política.
En Ceuta la presión alcanzó directamente a los militares. En Benzú, un grupo de entre 30 y 40 personas emboscó de madrugada un vehículo del Grupo de Regulares que se dirigía a un puesto de vigilancia. Cuatro militares resultaron heridos y doce atacantes fueron detenidos. Dos días después, otra patrulla fue apedreada cerca de las Murallas Reales: un sargento sufrió lesiones leves y cuatro personas fueron arrestadas. Un tercer episodio incluyó el lanzamiento de botellas con líquido corrosivo, aunque no produjo heridos. Nuestros soldados actuaron dentro de las órdenes, competencias y reglas establecidas para evitar una escalada. La responsabilidad corresponde a quien define una misión que puede dejarlos expuestos sin medios y cobertura suficientes. El artículo 8 de la Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial; el artículo 97 atribuye al Gobierno la dirección de la defensa. No es el mando sobre el terreno quien decide cuándo y cómo se emplean.
La fuerza, si resulta necesaria, debe ser legal, gradual y proporcional. Proporcionalidad no significa aguantarlo todo. Permite proteger la vida, repeler agresiones actuales y asegurar instalaciones mediante el medio menos lesivo que sea eficaz. Una frontera fuerte no busca producir víctimas, sino evitarlas: impide que miles de personas sean empujadas al mar, aplastadas o convertidas en instrumentos. Las concertinas fronterizas posteriores fueron instaladas por Marruecos; algunos ceutíes, ante el miedo, colocaron alambre en sus propiedades. Esa diferencia importa, pero la imagen política permanece: ciudadanos fortificando sus casas porque dudan de que el Estado llegue a tiempo.
También importa saber a quién se pide cooperación. La Gendarmería Real marroquí no depende ordinariamente del Ministerio del Interior: es una fuerza de naturaleza militar integrada en las Fuerzas Armadas Reales y dirigida por un mando nombrado por el rey de Marruecos, jefe supremo de aquellas fuerzas. Ese máximo responsable recibió de España la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Una condecoración no convierte a su destinatario en responsable de una crisis posterior, pero sí obliga a preguntar qué resultados verificables obtuvo España de una relación institucional tan celebrada.
El patrón estratégico viene de atrás. En 2022 el presidente respaldó por carta el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, sin una votación parlamentaria que aprobara cesión alguna. Jurídicamente España no transfirió una soberanía que ya no ejercía y Naciones Unidas continúa considerando el territorio pendiente de descolonización; políticamente, sin embargo, el giro fue enorme y en principio reversible, aunque revertirlo tendría costes. Gibraltar tampoco ha desaparecido del Derecho ni de la reivindicación española, pero su gestión confirma una diplomacia que parece más cómoda administrando expedientes que afirmando una visión nacional. Cuando cada asunto se trata aisladamente, Rabat suma; España explica.
Marruecos no parece buscar una guerra abierta que dañaría comercio, turismo, inversión y su relación con Occidente. Puede aspirar a algo más rentable: condicionar a España sin disparar, erosionar su voluntad y convertir cada presión en una concesión. Tiene fortalezas, pero también dependencias: mercado europeo, financiación, remesas, cooperación energética, tránsito del Estrecho y ayudas para seguridad. Debe ponerse sobre la mesa reciprocidad, auditoría de fondos, controles rigurosos de personas y bienes, sobre todo en relación a productos de importación, usar la contrainteligencia, potenciar la presencia naval y aérea proporcionada, preparación civil y una diplomacia capaz de elevar costes de humillación sin romper la cooperación.
España debe escribir su historia con la misma constancia con la que Marruecos escribe la suya. Ceuta es española por continuidad histórica, orden constitucional y derecho internacional; no figura como territorio pendiente de descolonización. Defender esa verdad exige explicarla en Washington, Bruselas, la OTAN, universidades y centros de pensamiento, no recordarla únicamente después de cada provocación.
Lo que viene apunta mal si el Gobierno sigue disparando contra todos menos contra el problema. El pueblo español, sin embargo, no está derrotado. Resistir no significa odiar a Marruecos, ordenar fuego contra una multitud ni convertir al inmigrante en enemigo. Significa impedir la entrada ilegal, proteger a quienes custodian la frontera, salvar vidas antes de que alcancen el agua, fortaleciendo incluso físicamente las fronteras y demostrar que la amistad no compra silencio sobre la soberanía. La paz necesita diálogo; la disuasión exige consecuencias. La mala costumbre de creer lo que nos dicen desde el poder y no resistir no evita una guerra híbrida: enseña al adversario cómo ganarla.
España no debe perder la guerra híbrida que se libra en torno a Ceuta. Quien sí parece estar perdiéndola es el Gobierno, y ambas realidades son muy diferentes. Un Ejecutivo puede equivocarse, llegar tarde, contradecirse y buscar enemigos lejanos para evitar mirar al vecino inmediato. La nación permanece. Conserva historia, legitimidad, instituciones, Fuerzas Armadas, aliados y recursos suficientes. Lo que falla es una dirección política que transmite la peligrosa impresión de no saber dónde está el problema ni cómo defender el interés nacional.
Marruecos, mientras tanto, va a lo suyo. Hace lo que hacen los Estados con una estrategia sostenida: define objetivos, construye un relato, prueba resistencias y reduce dependencias. La proyectada interconexión eléctrica directa con Portugal aún no es un bypass construido, sino un proyecto en estudio que busca financiación. Pero su lógica es transparente: disminuir el peso de España en el intercambio energético. Rabat aprende de sus vulnerabilidades; Madrid parece considerar de mal gusto recordar que también dispone de palancas.
La invasión del 30 y 31 de julio debió terminar con esa ingenuidad. Al menos 72.000 personas cruzaron irregularmente desde territorio marroquí. El 31 de julio el presidente del gobierno condenó entonces la “violación y el ataque a la integridad territorial” de España y prometió utilizar “todos los resortes, todos los recursos del Estado”. Pocas semanas después, el discurso cambió: negó que existieran pruebas concluyentes de una operación organizada por Rabat, aunque reconoció que las fuerzas marroquíes permitieron los pasos durante unas diez horas.
Las dos proposiciones pueden convivir jurídicamente; estratégicamente abren un abismo. Si hubo un ataque contra la integridad territorial, ¿quién lo produjo?, ¿quién lo permitió y a quién benefició? El informe policial conocido describe convocatorias digitales, movimientos escalonados, pasividad anómala y testimonios según los cuales agentes marroquíes habrían orientado los flujos. No demuestra una orden del Gobierno marroquí y sería irresponsable presentar esa autoría como sentencia. Pero tampoco permite borrar el dato elemental: la masa llegó desde Marruecos, en una frontera bajo vigilancia marroquí, durante una inacción extraordinaria de sus fuerzas. Días después, esas mismas autoridades sí desplegaron antidisturbios y nuevas concertinas para impedir otra convocatoria.
La zona gris consiste precisamente en obtener efectos hostiles sin entregar la prueba perfecta que activaría una respuesta convencional. No hacen falta tanques ni una declaración solemne. Crimea mostró militares sin insignias, Bielorrusia instrumentalizó emigrantes contra la Unión Europea y la Marcha Verde combinó población civil, presión diplomática y respaldo militar. Ceuta plantea un escenario diferente, pero con la esencia de una zona gris, y comparte una enseñanza: mientras el agredido discute el nombre de lo ocurrido, el adversario mide su voluntad. Como en la fábula de Iriarte, se discute si son galgos o podencos, mientras los perros sorprenden a los conejos.
Aquí comienza nuestra guerra de Gila. En lugar de mantener el foco sobre los hechos comprobables y exigir responsabilidades al país desde el que partió la avalancha, el Gobierno disparó diplomáticamente contra Rusia e Israel. Se les atribuyó a redes vinculadas a ambos países la difusión de desinformación, sin aportar públicamente pruebas concretas de que hubieran provocado la irrupción inicial. Moscú y Jerusalén respondieron de inmediato y devolvieron la acusación. Una cosa es que actores extranjeros amplifiquen una crisis, algo habitual cuando de fondo hay intereses y ganas de devolver la pelota, y otra demostrar que la causaron. Confundir explotación informativa con autoría operativa debilita la denuncia y regala al adversario la réplica.
No hay evidencia de una conspiración coordinada de Estados contra España. Hay algo más sencillo y dañino: un Gobierno que ha acumulado disputas y ofrece una crisis que cada antagonista aprovecha para su propio relato. El presidente estadounidense presenta España como un país arruinado y utiliza Ceuta en su pugna por el gasto de la OTAN. El presidente argentino acusa al jefe del Ejecutivo español de promover inmigración para perpetuarse en el poder. Italia restablece controles y convierte la emergencia española en argumento de política interior. Israel y Rusia contestan a imputaciones no acreditadas. No todos atacan a España ni actúan juntos; atacan o magnifican la debilidad del Gobierno. Una política exterior hábil habría reducido frentes, conservado crédito y evitado facilitar munición a quienes esperaban el tropiezo. Quien pierde, como siempre, es el ciudadano español.
Las contradicciones internas agravan el daño. El ministro del Interior llegó a afirmar que “Ceuta no forma parte del espacio Schengen”. La frase, formulada así, es jurídicamente engañosa. Ceuta está sometida al acervo de Schengen con un régimen especial: se mantienen controles documentales en las conexiones con la Península y otros territorios Schengen, pero la frontera con Marruecos es frontera exterior regulada por las normas europeas. Así lo recogen el Acta Final de adhesión de España y el artículo 41 del Código de fronteras Schengen. Lo contempla el Derecho de la Unión. Después, el propio ministro sostuvo que Schengen no se había visto comprometido. En una crisis, la precisión no es pedantería: es mando, credibilidad y capacidad de movilizar aliados.
Frontex ya mantenía una presencia limitada en el puerto, pero el Gobierno esperó hasta el 28 de agosto, casi un mes después del colapso fronterizo, para solicitar únicamente diez agentes adicionales destinados a identificación y triaje. Solo más tarde anunció que pediría una presencia permanente. La Comisión Europea afirma que ofreció apoyo desde el primer momento y que todavía espera respuestas españolas sobre el alcance operativo de la misión. Europa no podía sustituir por iniciativa propia al Estado, pero Madrid sí podía activar antes, con mayor dimensión y claridad, los instrumentos disponibles. Pedir diez agentes después de 72.000 entradas no transmite anticipación ni firmeza: revela una reacción tardía y desproporcionadamente pequeña. ¿Se evitó una solicitud más ambiciosa para no reconocer la emergencia? ¿Falló la coordinación entre Interior, Defensa e inteligencia? ¿O prevaleció una vez más el temor a incomodar a Rabat?
El enfrentamiento institucional posterior agrava la impresión de descontrol. Defensa sostuvo en sede parlamentaria que existieron avisos previos de los servicios de inteligencia; Interior negó haber recibido una alerta concreta capaz de anticipar una entrada de aquella magnitud. La Delegación del Gobierno en Ceuta contradijo públicamente la versión de Defensa y Presidencia respaldó la interpretación de Interior. Incluso la explicación sobre el mando único varió durante la crisis. O la información no llegó, o carecía de precisión suficiente, o llegó y no se convirtió en una decisión operativa. Son fallos diferentes, pero todos afectan a la cadena nacional de seguridad.
El CNI obtiene, analiza y traslada inteligencia; no despliega unidades en la frontera ni decide el empleo de las Fuerzas Armadas. Convertirlo en chivo expiatorio sería tan cómodo como exonerarlo sin conocer los documentos. Debe reconstruirse qué se detectó, cuándo se comunicó, qué autoridad recibió el aviso, cómo valoró el riesgo y quién decidió no reforzar el dispositivo. La transparencia es necesaria, aunque publicar informes sin proteger fuentes y métodos puede dañar capacidades futuras. Una revisión reservada y sometida a control parlamentario debe establecer si fallaron la captación, el análisis, la transmisión, la coordinación o la decisión política.
En Ceuta la presión alcanzó directamente a los militares. En Benzú, un grupo de entre 30 y 40 personas emboscó de madrugada un vehículo del Grupo de Regulares que se dirigía a un puesto de vigilancia. Cuatro militares resultaron heridos y doce atacantes fueron detenidos. Dos días después, otra patrulla fue apedreada cerca de las Murallas Reales: un sargento sufrió lesiones leves y cuatro personas fueron arrestadas. Un tercer episodio incluyó el lanzamiento de botellas con líquido corrosivo, aunque no produjo heridos. Nuestros soldados actuaron dentro de las órdenes, competencias y reglas establecidas para evitar una escalada. La responsabilidad corresponde a quien define una misión que puede dejarlos expuestos sin medios y cobertura suficientes. El artículo 8 de la Constitución encomienda a las Fuerzas Armadas defender la soberanía, la independencia y la integridad territorial; el artículo 97 atribuye al Gobierno la dirección de la defensa. No es el mando sobre el terreno quien decide cuándo y cómo se emplean.
La fuerza, si resulta necesaria, debe ser legal, gradual y proporcional. Proporcionalidad no significa aguantarlo todo. Permite proteger la vida, repeler agresiones actuales y asegurar instalaciones mediante el medio menos lesivo que sea eficaz. Una frontera fuerte no busca producir víctimas, sino evitarlas: impide que miles de personas sean empujadas al mar, aplastadas o convertidas en instrumentos. Las concertinas fronterizas posteriores fueron instaladas por Marruecos; algunos ceutíes, ante el miedo, colocaron alambre en sus propiedades. Esa diferencia importa, pero la imagen política permanece: ciudadanos fortificando sus casas porque dudan de que el Estado llegue a tiempo.
También importa saber a quién se pide cooperación. La Gendarmería Real marroquí no depende ordinariamente del Ministerio del Interior: es una fuerza de naturaleza militar integrada en las Fuerzas Armadas Reales y dirigida por un mando nombrado por el rey de Marruecos, jefe supremo de aquellas fuerzas. Ese máximo responsable recibió de España la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Una condecoración no convierte a su destinatario en responsable de una crisis posterior, pero sí obliga a preguntar qué resultados verificables obtuvo España de una relación institucional tan celebrada.
El patrón estratégico viene de atrás. En 2022 el presidente respaldó por carta el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental, sin una votación parlamentaria que aprobara cesión alguna. Jurídicamente España no transfirió una soberanía que ya no ejercía y Naciones Unidas continúa considerando el territorio pendiente de descolonización; políticamente, sin embargo, el giro fue enorme y en principio reversible, aunque revertirlo tendría costes. Gibraltar tampoco ha desaparecido del Derecho ni de la reivindicación española, pero su gestión confirma una diplomacia que parece más cómoda administrando expedientes que afirmando una visión nacional. Cuando cada asunto se trata aisladamente, Rabat suma; España explica.
Marruecos no parece buscar una guerra abierta que dañaría comercio, turismo, inversión y su relación con Occidente. Puede aspirar a algo más rentable: condicionar a España sin disparar, erosionar su voluntad y convertir cada presión en una concesión. Tiene fortalezas, pero también dependencias: mercado europeo, financiación, remesas, cooperación energética, tránsito del Estrecho y ayudas para seguridad. Debe ponerse sobre la mesa reciprocidad, auditoría de fondos, controles rigurosos de personas y bienes, sobre todo en relación a productos de importación, usar la contrainteligencia, potenciar la presencia naval y aérea proporcionada, preparación civil y una diplomacia capaz de elevar costes de humillación sin romper la cooperación.
España debe escribir su historia con la misma constancia con la que Marruecos escribe la suya. Ceuta es española por continuidad histórica, orden constitucional y derecho internacional; no figura como territorio pendiente de descolonización. Defender esa verdad exige explicarla en Washington, Bruselas, la OTAN, universidades y centros de pensamiento, no recordarla únicamente después de cada provocación.
Lo que viene apunta mal si el Gobierno sigue disparando contra todos menos contra el problema. El pueblo español, sin embargo, no está derrotado. Resistir no significa odiar a Marruecos, ordenar fuego contra una multitud ni convertir al inmigrante en enemigo. Significa impedir la entrada ilegal, proteger a quienes custodian la frontera, salvar vidas antes de que alcancen el agua, fortaleciendo incluso físicamente las fronteras y demostrar que la amistad no compra silencio sobre la soberanía. La paz necesita diálogo; la disuasión exige consecuencias. La mala costumbre de creer lo que nos dicen desde el poder y no resistir no evita una guerra híbrida: enseña al adversario cómo ganarla.
