La mujer fue obligada a ejercer la prostitución en su domicilio amedrentada por sistemáticas palizas con un cinturón
ALMERÍA HOY / 25·09·2026
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado íntegramente la condena de 19 años y cuatro meses de prisión impuesta a Andrés F. R. por someter a su pareja sentimental a un continuado infierno de agresiones sexuales, maltrato habitual, amenazas y prostitución coactiva en el domicilio familiar que ambos compartían en Almería junto a su hijo menor.
La Sala de lo Civil y Penal de Granada ha desestimado el recurso presentado por la defensa del procesado frente a la resolución emitida el pasado mes de enero por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería. La sentencia de apelación avala la veracidad del testimonio de la víctima y descarta que sus manifestaciones estuvieran guiadas por fines espurios o económicos.
Un clima de humillación y control
Los hechos probados describen un deterioro progresivo de la convivencia a partir del fallecimiento de la madre del agresor. Desde entonces, el acusado comenzó a dirigir a la mujer insultos vejatorios, a controlar de forma obsesiva su vestimenta, su teléfono móvil y sus mensajes de WhatsApp, y a reaccionar de manera violenta ante situaciones cotidianas como discusiones por la comida, llegando a tirar platos al suelo y a golpear el mobiliario.
La espiral de violencia culminó a mediados de julio de 2024, cuando Andrés F. R., tras instar a la mujer a abandonar el inmueble, la amenazó expresamente con prender fuego a la vivienda con ella y el menor en el interior. Apenas unas horas después de dicha amenaza, el agresor la abordó en el dormitorio principal, le sujetó las muñecas por la fuerza para inmovilizarla y la agredió sexualmente pese a su rotunda negativa.
Explotación y coacción en el ámbito doméstico
El fallo detalla que la víctima fue sometida durante meses a continuados abusos sexuales sin su consentimiento y obligada a ejercer la prostitución con terceros en el propio domicilio familiar entre febrero y julio de 2024. Para doblegar su voluntad y vencer su rechazo, el condenado recurría de forma sistemática a palizas con un cinturón, cobrando él mismo las cantidades económicas derivadas de estos encuentros.
La veracidad de estos episodios se vio respaldada durante el procedimiento por el testimonio de un testigo al que el acusado debía dinero, a quien llegó a proponerle saldar la deuda económica a cambio de mantener relaciones sexuales con su pareja.
Ratificación del fallo y penas impuestas
El tribunal ha respaldado la valoración de la prueba realizada por la Audiencia Provincial, subrayando la coherencia del relato de la agredida y la concordancia de los análisis genéticos practicados por la Guardia Civil, que hallaron restos del perfil de Andrés F. R. tras los hechos denunciados. Asimismo, los informes periciales ratificaron la presencia de un cuadro severo de ansiedad, sintomatología depresiva y estrés postraumático compatible con un contexto continuo de violencia de género.
Por todo ello, se confirma la condena a Andrés F. R. como autor de un delito de agresión sexual (13 años y 8 meses de cárcel), un delito de malos tratos habituales (un año y 10 meses), un delito de amenazas (10 meses) y un delito relativo a la prostitución (3 años de prisión y multa). La resolución impone además 10 años de libertad vigilada, órdenes de alejamiento respecto a la víctima por diversos periodos, la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante una década y el pago de una indemnización de 12.000 euros en concepto de daños morales.
La Sala de lo Civil y Penal de Granada ha desestimado el recurso presentado por la defensa del procesado frente a la resolución emitida el pasado mes de enero por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería. La sentencia de apelación avala la veracidad del testimonio de la víctima y descarta que sus manifestaciones estuvieran guiadas por fines espurios o económicos.
Un clima de humillación y control
Los hechos probados describen un deterioro progresivo de la convivencia a partir del fallecimiento de la madre del agresor. Desde entonces, el acusado comenzó a dirigir a la mujer insultos vejatorios, a controlar de forma obsesiva su vestimenta, su teléfono móvil y sus mensajes de WhatsApp, y a reaccionar de manera violenta ante situaciones cotidianas como discusiones por la comida, llegando a tirar platos al suelo y a golpear el mobiliario.
La espiral de violencia culminó a mediados de julio de 2024, cuando Andrés F. R., tras instar a la mujer a abandonar el inmueble, la amenazó expresamente con prender fuego a la vivienda con ella y el menor en el interior. Apenas unas horas después de dicha amenaza, el agresor la abordó en el dormitorio principal, le sujetó las muñecas por la fuerza para inmovilizarla y la agredió sexualmente pese a su rotunda negativa.
Explotación y coacción en el ámbito doméstico
El fallo detalla que la víctima fue sometida durante meses a continuados abusos sexuales sin su consentimiento y obligada a ejercer la prostitución con terceros en el propio domicilio familiar entre febrero y julio de 2024. Para doblegar su voluntad y vencer su rechazo, el condenado recurría de forma sistemática a palizas con un cinturón, cobrando él mismo las cantidades económicas derivadas de estos encuentros.
La veracidad de estos episodios se vio respaldada durante el procedimiento por el testimonio de un testigo al que el acusado debía dinero, a quien llegó a proponerle saldar la deuda económica a cambio de mantener relaciones sexuales con su pareja.
Ratificación del fallo y penas impuestas
El tribunal ha respaldado la valoración de la prueba realizada por la Audiencia Provincial, subrayando la coherencia del relato de la agredida y la concordancia de los análisis genéticos practicados por la Guardia Civil, que hallaron restos del perfil de Andrés F. R. tras los hechos denunciados. Asimismo, los informes periciales ratificaron la presencia de un cuadro severo de ansiedad, sintomatología depresiva y estrés postraumático compatible con un contexto continuo de violencia de género.
Por todo ello, se confirma la condena a Andrés F. R. como autor de un delito de agresión sexual (13 años y 8 meses de cárcel), un delito de malos tratos habituales (un año y 10 meses), un delito de amenazas (10 meses) y un delito relativo a la prostitución (3 años de prisión y multa). La resolución impone además 10 años de libertad vigilada, órdenes de alejamiento respecto a la víctima por diversos periodos, la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante una década y el pago de una indemnización de 12.000 euros en concepto de daños morales.
