ALMERÍA HOY / 20·07·2026
El debate sobre la sostenibilidad del modelo turístico y la financiación de los espacios protegidos ha vuelto al primer plano político en la provincia de Almería. Las formaciones integradas en la coalición Por Andalucía, con el impulso del coordinador provincial de Movimiento Sumar, José Francisco Cano de la Vega, defienden la implantación de una tasa turística finalista orientada a la conservación de áreas de elevado valor ambiental, con especial foco en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.
La propuesta impulsada por los grupos de la izquierda parlamentaria plantea fijar un gravamen sobre las pernoctaciones para obtener recursos económicos directos. Según sus defensores, esta aportación económica permitiría a los ayuntamientos de la zona sufragar los sobrecostes derivados del incremento poblacional durante la temporada estival, tales como el refuerzo del transporte público, los servicios de limpieza, la gestión de residuos, el mantenimiento de senderos y la protección de la biodiversidad.
Sin embargo, la iniciativa choca de manera directa con la posición del Gobierno andaluz del Partido Popular y de Vox. Ambas formaciones rechazan la creación de este impuesto al considerar que supondría un aumento de la presión fiscal y un menoscabo para la competitividad del sector turístico en la comunidad autonómica. De hecho, el rechazo a cualquier gravamen sobre la estancia de los visitantes se ha consolidado como uno de los compromisos fijados por Vox dentro de sus acuerdos de gobernabilidad y alianzas de mandato con el Partido Popular en el ámbito autonómico.
Mientras desde la coalición Por Andalucía sostienen que esta medida es imprescindible para evitar la saturación y la degradación del paisaje sin cargar el coste exclusivamente sobre los residentes locales, los partidos del bloque de gobierno y sus socios parlamentarios descartan de plano la vía impositiva y apuestan por mantener el actual marco fiscal para incentivar la actividad económica en el sector turístico.
La propuesta impulsada por los grupos de la izquierda parlamentaria plantea fijar un gravamen sobre las pernoctaciones para obtener recursos económicos directos. Según sus defensores, esta aportación económica permitiría a los ayuntamientos de la zona sufragar los sobrecostes derivados del incremento poblacional durante la temporada estival, tales como el refuerzo del transporte público, los servicios de limpieza, la gestión de residuos, el mantenimiento de senderos y la protección de la biodiversidad.
Sin embargo, la iniciativa choca de manera directa con la posición del Gobierno andaluz del Partido Popular y de Vox. Ambas formaciones rechazan la creación de este impuesto al considerar que supondría un aumento de la presión fiscal y un menoscabo para la competitividad del sector turístico en la comunidad autonómica. De hecho, el rechazo a cualquier gravamen sobre la estancia de los visitantes se ha consolidado como uno de los compromisos fijados por Vox dentro de sus acuerdos de gobernabilidad y alianzas de mandato con el Partido Popular en el ámbito autonómico.
Mientras desde la coalición Por Andalucía sostienen que esta medida es imprescindible para evitar la saturación y la degradación del paisaje sin cargar el coste exclusivamente sobre los residentes locales, los partidos del bloque de gobierno y sus socios parlamentarios descartan de plano la vía impositiva y apuestan por mantener el actual marco fiscal para incentivar la actividad económica en el sector turístico.
