 |
| .. |
J. A. SÁEZ CALVO
Una frontera desaparece cuando decenas de miles de personas la atraviesan y el Estado empieza a contar después. Más de 1.500 habían entrado a nado durante los días anteriores. El 30 de julio, fuentes de la Guardia Civil calcularon cerca de 40.000; Reuters ha difundido posteriormente una estimación oficial de llegadas por encima de 49.000 en veinticuatro horas, más de media población ceutí. Al menos 30 personas han muerto. Melilla ha sufrido nuevos intentos, enfrentamientos y vehículos incendiados. La Administración lo llamará crisis migratoria. Para quien ve rebasada la línea nacional y cierra su comercio, la palabra es invasión.
Las redes se han llenado de mensajes contra el supuesto “colonialismo español”. Esta consigna sirve al proyecto territorial marroquí: convierte una entrada ilegal en descolonización y al país agredido en culpable. Danny Danon, embajador israelí ante Naciones Unidas, calificó Ceuta y Melilla de “enclaves coloniales” y reprochó a España sus críticas a Israel. Es una represalia retórica oficial. El Gobierno ha recibido el golpe tras deteriorar esa relación y culpa al Tribunal Supremo por aplicar una ley redactada por el propio legislador.
¿Estamos ante un nuevo 711 o una nueva Marcha Verde? Tariq ibn Ziyad cruzó el Estrecho con un ejército, derrotó al poder visigodo y abrió una conquista territorial. Ahora faltan militares extranjeros identificados, ocupación y autoría estatal demostrada. No cabe una comparación literal pero la advertencia conserva su fuerza: un perímetro territorial desbordado, una autoridad vacilante y un adversario que aprovecha la división interna pueden cambiar la historia. Jurídicamente existe una entrada irregular masiva; si un tercer país la alentó, facilitó o toleró para desestabilizar, habría instrumentalización migratoria y presión híbrida.
Las imágenes muestran grupos rodeando a nado el espigón, puertas superadas y algunos participantes gritando consignas a favor del presidente español. Supermercados y tiendas cerraron preventivamente; los servicios de emergencia y acogida han quedado desbordados. En redes han circulado avisos sobre cajeros inutilizados o sin efectivo e intentos de acceso a viviendas. El miedo de los vecinos y su indignación son hechos humanos, no ideológicos. Cruzar por un punto no autorizado vulnera la ley; romper accesos, incendiar vehículos, asaltar tiendas o agredir añade responsabilidad penal.
Ceuta y Melilla no nacieron del Protectorado español sobre Marruecos. Melilla pertenece a la Corona desde 1497. Ceuta, portuguesa desde 1415, decidió permanecer con la Monarquía Hispánica en 1640 y Portugal reconoció la soberanía española mediante el Tratado de Lisboa de 1668. Las dos ciudades llevaban siglos unidas a España cuando el reino alauí alcanzó la independencia en 1956. Ese hecho desmonta el colonialismo sin falsificar la historia. La distancia tampoco decide la nacionalidad. Estambul se extiende a ambos lados del Bósforo; Alaska pertenece a Estados Unidos, la Guayana Francesa a Francia y Kaliningrado a Rusia. Gibraltar no refleja a Ceuta y Melilla: deriva de la ocupación anglo-neerlandesa y la cesión británica de 1713, limitada por Utrecht. Cada caso posee título propio.
El artículo 25 de la Ley Orgánica 4/2000 exige entrar por puesto habilitado y cumplir las condiciones legales. Su disposición adicional décima permite rechazar en Ceuta y Melilla a quien supera los elementos de contención. El Tribunal Constitucional exigió examen individual, control judicial y respeto a las obligaciones internacionales. La entrada irregular constituye generalmente una infracción administrativa; ayudar al tráfico ilegal puede ser delito conforme al artículo 318 bis del Código Penal.
El Tribunal Supremo ha establecido que el rechazo inmediato previsto para las vallas no se extiende automáticamente a quien es interceptado en el mar. La sentencia obliga a tramitar cada caso por la vía legal correspondiente. No convierte el espigón en paso libre, no concede residencia y no impide la devolución cuando proceda. Interior sostiene que las redes aprovecharon esa resolución. La explicación compromete al propio Ministerio: si existía un cambio operativo conocido por las mafias, el dispositivo debía haberse reforzado antes de la concentración.
El espacio Schengen mantiene protegida la frontera exterior. El Reglamento 2016/399 exige cruzarla por puestos habilitados y vigilarla frente a pasos no autorizados. El asilo, la identificación individual y la prohibición de devolver a alguien hacia el peligro siguen vigentes. La secuencia es clara: contener, identificar, proteger, tramitar y retornar a quien carece de derecho a permanecer. Pero ante la situación de nuestras fronteras, Dinamarca, Finlandia, República Checa y algunos partidos de Portugal secundan la propuesta de Italia de sacar a España del Acuerdo y posterior Convenio de Aplicación.
Los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 5/2005 encomiendan a las Fuerzas Armadas vigilar los espacios de soberanía, defender España y colaborar con otras administraciones ante riesgos para la seguridad. El Gobierno dirige su empleo. La Ley 36/2015 permite declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional cuando gravedad, urgencia y alcance requieren coordinación reforzada. Ceuta pidió una respuesta nacional y mando único; el Gobierno debe explicar qué instrumento utiliza y por qué.
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 incluye los flujos migratorios irregulares entre los desafíos y advierte de estrategias híbridas que explotan vulnerabilidades. El CESEDEN estudió en 2023 las crisis migratorias como coerción internacional. Defensa calificó Ceuta 2021 como empleo de la migración para presionar diplomáticamente a España. En julio de 2026, la Administración carece de excusa para alegar sorpresa ante un método que conoce desde hace años.
El Parlamento Europeo rechazó el uso del control fronterizo, la migración y los menores como presión política, y declaró europea la frontera de Ceuta. Frontex puede intervenir a petición de España. Si el Gobierno se negara y peligrara Schengen, el artículo 42 del Reglamento 2019/1896 permite actuar al Consejo, a propuesta de la Comisión, y exigir cooperación.
El reino alauí controla con severidad el acceso a su territorio. Su Ley 02-03 castiga la entrada irregular con multa de 2.000 a 20.000 dírhams y hasta seis meses de prisión. La UE comprometió 234 millones de euros para cooperación migratoria entre 2015 y 2021 y asignó otros 150 millones en 2022. Rabat gastó 6.300 millones de dólares en defensa en 2025, el 3,54 % de su PIB, frente a un PIB por habitante cercano a 4.673 dólares. Freedom House lo califica como “parcialmente libre” y atribuye al rey y al palacio el dominio político mediante poderes formales, influencia social y control de recursos económicos esenciales. Es una monarquía constitucional de funcionamiento personalista.
La Marcha Verde no fue una multitud espontánea. Hassan II reunió alrededor de 350.000 personas y organizó transporte, abastecimiento, propaganda y dirección política. Tomás Bárbulo documenta las redes, infiltrados y penetración militar. Raúl José Martín Palma señala que entre los marchadores viajaban soldados vestidos de paisano y guerrilleros irregulares. Las fotografías de El Sáhara y la XXX promoción de la Enseñanza Militar Superior muestran civiles y militares dentro del campamento.
Existió además una invasión paralela. Unidades de las Fuerzas Armadas Reales cruzaron días antes por Farsía, Hausa y Echdeiría, lejos de la ruta televisada. Bárbulo recoge la captura de un sargento y un cabo marroquíes enviados de paisano para reconocer Smara y una agrupación táctica de ocho compañías con misión de ocupar posiciones españolas. Las banderas y los coranes fijaron las cámaras; las tropas avanzaban por otro sector. La Resolución 380 del Consejo de Seguridad exigió la retirada.
El Sáhara tuvo desde 1958 la condición interna de provincia española, desarrollada por la Ley 8/1961. Se le atribuye habitualmente el número 53, por detrás de Ifni que fue la 51 y Fernando Poo, que fue la 52. Naciones Unidas lo incluyó en 1963 entre los territorios no autónomos. Human Rights Watch documenta en la zona administrada por Marruecos hostigamiento contra defensores de la autodeterminación saharaui, prohibición de reuniones y obstáculos a organizaciones locales; Amnistía añade procesos, intimidación y vigilancia contra voces críticas. Son acusaciones publicadas por organizaciones identificadas, no una sentencia internacional. Ceuta y Melilla poseen una trayectoria jurídica ajena al Protectorado y al expediente saharaui.
El Rif añade otra contradicción. La república dirigida por Abd el-Krim existió entre 1921 y 1926; hoy el Rif forma parte de Marruecos. El Hirak surgido en 2016 reclamó empleo, servicios y reconocimiento de una marginación económica y cultural. Sus dirigentes negaron objetivos separatistas y sufrieron detenciones y condenas. Rabat reivindica territorios españoles mientras mantiene bajo estrecho control sus periferias disidentes.
La comparación actual exige prudencia; aún faltan datos y esa incertidumbre intimida. En 1975 hubo organización estatal, militares camuflados, unidades regulares y propósito territorial. Ahora se ha acreditado una penetración civil masiva y una cooperación marroquí que primero resultó insuficiente y después frenó nuevos cruces. El paralelismo reside en el procedimiento: emplear población, saturación y ambigüedad para colocar a España ante hechos consumados. Alejandro López Canorea explica en La guerra del Estrecho que la estrategia marroquí prefiere la zona gris, la diplomacia implacable y las herramientas no convencionales porque una confrontación abierta le resulta menos favorable.
Con Ceuta en 2021, unas 8.000 personas entraron tras la acogida española de Brahim Ghali. El CNI vinculó aquella presión con la crisis diplomática y con el intento de obtener un posicionamiento favorable a las tesis marroquíes sobre el Sáhara. El gobierno habló entonces de asalto a la frontera. En Perejil, durante 2002, la atribución fue directa: militares marroquíes ocuparon el islote, levantaron su bandera y España restituyó el statu quo mediante una operación limitada. El poder alauí prueba márgenes distintos; Madrid responde con firmeza cuando el desafío lleva uniforme y vacila cuando llega vestido de civil.
Diez días antes, el presidente había viajado a Argelia para recomponer la relación dañada por el giro de 2022, favorable al plan marroquí de autonomía para el Sáhara. Argel es rival de Rabat y proveedor energético esencial. La proximidad permite investigar una advertencia. El hecho comprobado es una política exterior personalista, con cambios poco explicados y una dependencia fronteriza que convierte cada desacuerdo en palanca.
La inmigración descontrolada colapsa la identificación, la tutela de menores, alojamiento, sanidad y escolarización. Favorece explotación laboral, economía sumergida y negocio criminal. Nacionalidad, irregularidad y delincuencia son categorías diferentes. La seguridad exige saber quién entra; la integración reclama idioma, trabajo legal, igualdad y aceptación constitucional. Quien llega conserva legítimamente su origen y debe respetar la tierra que lo acoge, como hacen los españoles cuando emigran.
Ceuta y Melilla necesitan efectivos estables, una presencia permanente y proporcionada de las Fuerzas Armadas en las ciudades autónomas, vigilancia, inteligencia compartida, acogida dimensionada, retornos ejecutables y apoyo europeo a tiempo. La relación con Marruecos debe fundarse en compromisos comprobables.
Una invasión armada se reconoce por los uniformes y los carros de combate. Pero una guerra híbrida combina instrumentos militares y civiles, desinformación, presión económica, instrumentalización migratoria y acciones encubiertas para alcanzar objetivos estratégicos sin declarar una guerra convencional. Se mueve en la zona gris, explota la ambigüedad, facilita la negación de responsabilidades y convierte la indecisión del adversario en una ventaja. Defender la frontera exige aplicar la ley antes de que los hechos consumados la desborden, no discutir después si son galgos o podencos. Una estrategia geopolítica eficaz requiere análisis riguroso, capacidad de anticipación y voluntad para actuar a tiempo.
Las redes se han llenado de mensajes contra el supuesto “colonialismo español”. Esta consigna sirve al proyecto territorial marroquí: convierte una entrada ilegal en descolonización y al país agredido en culpable. Danny Danon, embajador israelí ante Naciones Unidas, calificó Ceuta y Melilla de “enclaves coloniales” y reprochó a España sus críticas a Israel. Es una represalia retórica oficial. El Gobierno ha recibido el golpe tras deteriorar esa relación y culpa al Tribunal Supremo por aplicar una ley redactada por el propio legislador.
¿Estamos ante un nuevo 711 o una nueva Marcha Verde? Tariq ibn Ziyad cruzó el Estrecho con un ejército, derrotó al poder visigodo y abrió una conquista territorial. Ahora faltan militares extranjeros identificados, ocupación y autoría estatal demostrada. No cabe una comparación literal pero la advertencia conserva su fuerza: un perímetro territorial desbordado, una autoridad vacilante y un adversario que aprovecha la división interna pueden cambiar la historia. Jurídicamente existe una entrada irregular masiva; si un tercer país la alentó, facilitó o toleró para desestabilizar, habría instrumentalización migratoria y presión híbrida.
Las imágenes muestran grupos rodeando a nado el espigón, puertas superadas y algunos participantes gritando consignas a favor del presidente español. Supermercados y tiendas cerraron preventivamente; los servicios de emergencia y acogida han quedado desbordados. En redes han circulado avisos sobre cajeros inutilizados o sin efectivo e intentos de acceso a viviendas. El miedo de los vecinos y su indignación son hechos humanos, no ideológicos. Cruzar por un punto no autorizado vulnera la ley; romper accesos, incendiar vehículos, asaltar tiendas o agredir añade responsabilidad penal.
Ceuta y Melilla no nacieron del Protectorado español sobre Marruecos. Melilla pertenece a la Corona desde 1497. Ceuta, portuguesa desde 1415, decidió permanecer con la Monarquía Hispánica en 1640 y Portugal reconoció la soberanía española mediante el Tratado de Lisboa de 1668. Las dos ciudades llevaban siglos unidas a España cuando el reino alauí alcanzó la independencia en 1956. Ese hecho desmonta el colonialismo sin falsificar la historia. La distancia tampoco decide la nacionalidad. Estambul se extiende a ambos lados del Bósforo; Alaska pertenece a Estados Unidos, la Guayana Francesa a Francia y Kaliningrado a Rusia. Gibraltar no refleja a Ceuta y Melilla: deriva de la ocupación anglo-neerlandesa y la cesión británica de 1713, limitada por Utrecht. Cada caso posee título propio.
El artículo 25 de la Ley Orgánica 4/2000 exige entrar por puesto habilitado y cumplir las condiciones legales. Su disposición adicional décima permite rechazar en Ceuta y Melilla a quien supera los elementos de contención. El Tribunal Constitucional exigió examen individual, control judicial y respeto a las obligaciones internacionales. La entrada irregular constituye generalmente una infracción administrativa; ayudar al tráfico ilegal puede ser delito conforme al artículo 318 bis del Código Penal.
El Tribunal Supremo ha establecido que el rechazo inmediato previsto para las vallas no se extiende automáticamente a quien es interceptado en el mar. La sentencia obliga a tramitar cada caso por la vía legal correspondiente. No convierte el espigón en paso libre, no concede residencia y no impide la devolución cuando proceda. Interior sostiene que las redes aprovecharon esa resolución. La explicación compromete al propio Ministerio: si existía un cambio operativo conocido por las mafias, el dispositivo debía haberse reforzado antes de la concentración.
El espacio Schengen mantiene protegida la frontera exterior. El Reglamento 2016/399 exige cruzarla por puestos habilitados y vigilarla frente a pasos no autorizados. El asilo, la identificación individual y la prohibición de devolver a alguien hacia el peligro siguen vigentes. La secuencia es clara: contener, identificar, proteger, tramitar y retornar a quien carece de derecho a permanecer. Pero ante la situación de nuestras fronteras, Dinamarca, Finlandia, República Checa y algunos partidos de Portugal secundan la propuesta de Italia de sacar a España del Acuerdo y posterior Convenio de Aplicación.
Los artículos 15 y 16 de la Ley Orgánica 5/2005 encomiendan a las Fuerzas Armadas vigilar los espacios de soberanía, defender España y colaborar con otras administraciones ante riesgos para la seguridad. El Gobierno dirige su empleo. La Ley 36/2015 permite declarar una situación de interés para la Seguridad Nacional cuando gravedad, urgencia y alcance requieren coordinación reforzada. Ceuta pidió una respuesta nacional y mando único; el Gobierno debe explicar qué instrumento utiliza y por qué.
La Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 incluye los flujos migratorios irregulares entre los desafíos y advierte de estrategias híbridas que explotan vulnerabilidades. El CESEDEN estudió en 2023 las crisis migratorias como coerción internacional. Defensa calificó Ceuta 2021 como empleo de la migración para presionar diplomáticamente a España. En julio de 2026, la Administración carece de excusa para alegar sorpresa ante un método que conoce desde hace años.
El Parlamento Europeo rechazó el uso del control fronterizo, la migración y los menores como presión política, y declaró europea la frontera de Ceuta. Frontex puede intervenir a petición de España. Si el Gobierno se negara y peligrara Schengen, el artículo 42 del Reglamento 2019/1896 permite actuar al Consejo, a propuesta de la Comisión, y exigir cooperación.
El reino alauí controla con severidad el acceso a su territorio. Su Ley 02-03 castiga la entrada irregular con multa de 2.000 a 20.000 dírhams y hasta seis meses de prisión. La UE comprometió 234 millones de euros para cooperación migratoria entre 2015 y 2021 y asignó otros 150 millones en 2022. Rabat gastó 6.300 millones de dólares en defensa en 2025, el 3,54 % de su PIB, frente a un PIB por habitante cercano a 4.673 dólares. Freedom House lo califica como “parcialmente libre” y atribuye al rey y al palacio el dominio político mediante poderes formales, influencia social y control de recursos económicos esenciales. Es una monarquía constitucional de funcionamiento personalista.
La Marcha Verde no fue una multitud espontánea. Hassan II reunió alrededor de 350.000 personas y organizó transporte, abastecimiento, propaganda y dirección política. Tomás Bárbulo documenta las redes, infiltrados y penetración militar. Raúl José Martín Palma señala que entre los marchadores viajaban soldados vestidos de paisano y guerrilleros irregulares. Las fotografías de El Sáhara y la XXX promoción de la Enseñanza Militar Superior muestran civiles y militares dentro del campamento.
Existió además una invasión paralela. Unidades de las Fuerzas Armadas Reales cruzaron días antes por Farsía, Hausa y Echdeiría, lejos de la ruta televisada. Bárbulo recoge la captura de un sargento y un cabo marroquíes enviados de paisano para reconocer Smara y una agrupación táctica de ocho compañías con misión de ocupar posiciones españolas. Las banderas y los coranes fijaron las cámaras; las tropas avanzaban por otro sector. La Resolución 380 del Consejo de Seguridad exigió la retirada.
El Sáhara tuvo desde 1958 la condición interna de provincia española, desarrollada por la Ley 8/1961. Se le atribuye habitualmente el número 53, por detrás de Ifni que fue la 51 y Fernando Poo, que fue la 52. Naciones Unidas lo incluyó en 1963 entre los territorios no autónomos. Human Rights Watch documenta en la zona administrada por Marruecos hostigamiento contra defensores de la autodeterminación saharaui, prohibición de reuniones y obstáculos a organizaciones locales; Amnistía añade procesos, intimidación y vigilancia contra voces críticas. Son acusaciones publicadas por organizaciones identificadas, no una sentencia internacional. Ceuta y Melilla poseen una trayectoria jurídica ajena al Protectorado y al expediente saharaui.
El Rif añade otra contradicción. La república dirigida por Abd el-Krim existió entre 1921 y 1926; hoy el Rif forma parte de Marruecos. El Hirak surgido en 2016 reclamó empleo, servicios y reconocimiento de una marginación económica y cultural. Sus dirigentes negaron objetivos separatistas y sufrieron detenciones y condenas. Rabat reivindica territorios españoles mientras mantiene bajo estrecho control sus periferias disidentes.
La comparación actual exige prudencia; aún faltan datos y esa incertidumbre intimida. En 1975 hubo organización estatal, militares camuflados, unidades regulares y propósito territorial. Ahora se ha acreditado una penetración civil masiva y una cooperación marroquí que primero resultó insuficiente y después frenó nuevos cruces. El paralelismo reside en el procedimiento: emplear población, saturación y ambigüedad para colocar a España ante hechos consumados. Alejandro López Canorea explica en La guerra del Estrecho que la estrategia marroquí prefiere la zona gris, la diplomacia implacable y las herramientas no convencionales porque una confrontación abierta le resulta menos favorable.
Con Ceuta en 2021, unas 8.000 personas entraron tras la acogida española de Brahim Ghali. El CNI vinculó aquella presión con la crisis diplomática y con el intento de obtener un posicionamiento favorable a las tesis marroquíes sobre el Sáhara. El gobierno habló entonces de asalto a la frontera. En Perejil, durante 2002, la atribución fue directa: militares marroquíes ocuparon el islote, levantaron su bandera y España restituyó el statu quo mediante una operación limitada. El poder alauí prueba márgenes distintos; Madrid responde con firmeza cuando el desafío lleva uniforme y vacila cuando llega vestido de civil.
Diez días antes, el presidente había viajado a Argelia para recomponer la relación dañada por el giro de 2022, favorable al plan marroquí de autonomía para el Sáhara. Argel es rival de Rabat y proveedor energético esencial. La proximidad permite investigar una advertencia. El hecho comprobado es una política exterior personalista, con cambios poco explicados y una dependencia fronteriza que convierte cada desacuerdo en palanca.
La inmigración descontrolada colapsa la identificación, la tutela de menores, alojamiento, sanidad y escolarización. Favorece explotación laboral, economía sumergida y negocio criminal. Nacionalidad, irregularidad y delincuencia son categorías diferentes. La seguridad exige saber quién entra; la integración reclama idioma, trabajo legal, igualdad y aceptación constitucional. Quien llega conserva legítimamente su origen y debe respetar la tierra que lo acoge, como hacen los españoles cuando emigran.
Ceuta y Melilla necesitan efectivos estables, una presencia permanente y proporcionada de las Fuerzas Armadas en las ciudades autónomas, vigilancia, inteligencia compartida, acogida dimensionada, retornos ejecutables y apoyo europeo a tiempo. La relación con Marruecos debe fundarse en compromisos comprobables.
Una invasión armada se reconoce por los uniformes y los carros de combate. Pero una guerra híbrida combina instrumentos militares y civiles, desinformación, presión económica, instrumentalización migratoria y acciones encubiertas para alcanzar objetivos estratégicos sin declarar una guerra convencional. Se mueve en la zona gris, explota la ambigüedad, facilita la negación de responsabilidades y convierte la indecisión del adversario en una ventaja. Defender la frontera exige aplicar la ley antes de que los hechos consumados la desborden, no discutir después si son galgos o podencos. Una estrategia geopolítica eficaz requiere análisis riguroso, capacidad de anticipación y voluntad para actuar a tiempo.
