 |
ALMERÍA HOY / 23·06·2026
La asociación Salvemos Mojácar ha presentado un recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de trasladar de Granada a Almería el pleito judicial contra la Autorización Ambiental Unificada (AAU) de la variante de Mojácar. El colectivo considera que este cambio de sede, adoptado justo antes de la votación y el fallo definitivo, es una actuación arbitraria que busca retrasar el proceso y que podría provocar daños ambientales irreversibles.
El traslado se ha ordenado tras cuatro años de tramitación judicial y sin que ninguna de las partes implicadas lo hubiera solicitado. Salvemos Mojácar vincula esta medida a la reciente petición de recusación que presentaron contra la magistrada Jiménez Morera en un proceso distinto, relacionado con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio. Aunque en el caso de la variante esta jueza no es la ponente, sí forma parte del tribunal de tres magistrados que debe decidir. La asociación sospecha que el TSJA intenta apartar los pleitos del colectivo en los que participe dicha juez para evitar conflictos internos.
Por su parte, el tribunal justifica el traslado argumentando que la autorización ambiental fue firmada por la delegación territorial de Almería, lo que otorgaría la competencia a los juzgados almerienses. Sin embargo, Salvemos Mojácar sostiene en su recurso que este tipo de autorizaciones son competencia de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por lo que el caso puede resolverse en Granada sin inconvenientes.
El colectivo califica de insólito que el cambio se produzca en la fase final del procedimiento, especialmente después de haber aportado un informe pericial de cien páginas que califica el proyecto de la variante como un perjuicio ambiental grave y exige su desmantelamiento. Ante el riesgo de que el traslado suponga reiniciar trámites y demorar la resolución, la asociación exige que el caso permanezca en Granada y se dicte una sentencia inmediata que anule de forma definitiva la autorización de las obras.
El traslado se ha ordenado tras cuatro años de tramitación judicial y sin que ninguna de las partes implicadas lo hubiera solicitado. Salvemos Mojácar vincula esta medida a la reciente petición de recusación que presentaron contra la magistrada Jiménez Morera en un proceso distinto, relacionado con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio. Aunque en el caso de la variante esta jueza no es la ponente, sí forma parte del tribunal de tres magistrados que debe decidir. La asociación sospecha que el TSJA intenta apartar los pleitos del colectivo en los que participe dicha juez para evitar conflictos internos.
Por su parte, el tribunal justifica el traslado argumentando que la autorización ambiental fue firmada por la delegación territorial de Almería, lo que otorgaría la competencia a los juzgados almerienses. Sin embargo, Salvemos Mojácar sostiene en su recurso que este tipo de autorizaciones son competencia de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por lo que el caso puede resolverse en Granada sin inconvenientes.
El colectivo califica de insólito que el cambio se produzca en la fase final del procedimiento, especialmente después de haber aportado un informe pericial de cien páginas que califica el proyecto de la variante como un perjuicio ambiental grave y exige su desmantelamiento. Ante el riesgo de que el traslado suponga reiniciar trámites y demorar la resolución, la asociación exige que el caso permanezca en Granada y se dicte una sentencia inmediata que anule de forma definitiva la autorización de las obras.
