E inciden en que es una tierra 160 veces más contaminada que Chernóbil
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| Barriles que recogieron tierra contaminada |
ALMERÍA HOY / 04·06·2026
La Asociación Salvemos Mojácar y el Levante Almeriense ha formalizado su personación en el expediente sobre la contaminación radiactiva de Palomares mediante un escrito de alegaciones dirigido a la Secretaría de Estado de Energía. La organización, que desarrolla su actividad en la zona desde el año 2005, ha avanzado su intención de interponer un recurso contencioso-administrativo el próximo 4 de septiembre en caso de no obtener una respuesta satisfactoria en el plazo legal de tres meses.
En el documento presentado, el colectivo denuncia la persistencia de los terrenos sin descontaminar y sostiene que existe una estrategia de desinformación hacia la opinión pública y los habitantes de la localidad desde el año 1966. Según expone la asociación, la población ha sido expuesta a los efectos de la radiactividad sin las debidas garantías, contradiciendo los informes emitidos por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que descartan riesgos actuales.
A consecuencia de la postura de los organismos oficiales, el colectivo señala que se mantienen cultivos hortícolas junto al perímetro vallado y advierte sobre planes urbanísticos en zonas colindantes. En concreto, la asociación apunta al Ayuntamiento de Vera por el desarrollo del sector RC6, el cual, según afirman, califica como zona verde un espacio que alberga una fosa de residuos y proyecta viviendas cerca del punto de impacto de una de las bombas. Salvemos Mojácar contrasta la concentración de plutonio que atribuye a la zona con los niveles de restricción aplicados en accidentes internacionales como el de Chernóbil.
Por otra parte, las alegaciones impugnan el criterio del CSN de catalogar la situación de Palomares como "situación de exposición perdurable" en lugar de accidente nuclear. La organización argumenta que el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes (RPSRI) de 2022 requiere que una emergencia sea formalmente declarada como finalizada para adoptar dicha consideración, un supuesto que aseguran que no se cumple en este escenario dado que el material radiactivo permanece en dos fosas desde hace sesenta años.
Finalmente, el colectivo apela a la Ley de Energía Nuclear y a las competencias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para fijar un plazo de restauración de los terrenos. Ante el riesgo que, según la asociación, suponen los proyectos constructivos por la posible dispersión de partículas radiactivas a través del aire o de escorrentías de agua, la vía judicial se presenta como el siguiente paso en su calendario de actuaciones frente a la administración central.
En el documento presentado, el colectivo denuncia la persistencia de los terrenos sin descontaminar y sostiene que existe una estrategia de desinformación hacia la opinión pública y los habitantes de la localidad desde el año 1966. Según expone la asociación, la población ha sido expuesta a los efectos de la radiactividad sin las debidas garantías, contradiciendo los informes emitidos por el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que descartan riesgos actuales.
A consecuencia de la postura de los organismos oficiales, el colectivo señala que se mantienen cultivos hortícolas junto al perímetro vallado y advierte sobre planes urbanísticos en zonas colindantes. En concreto, la asociación apunta al Ayuntamiento de Vera por el desarrollo del sector RC6, el cual, según afirman, califica como zona verde un espacio que alberga una fosa de residuos y proyecta viviendas cerca del punto de impacto de una de las bombas. Salvemos Mojácar contrasta la concentración de plutonio que atribuye a la zona con los niveles de restricción aplicados en accidentes internacionales como el de Chernóbil.
Por otra parte, las alegaciones impugnan el criterio del CSN de catalogar la situación de Palomares como "situación de exposición perdurable" en lugar de accidente nuclear. La organización argumenta que el Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes (RPSRI) de 2022 requiere que una emergencia sea formalmente declarada como finalizada para adoptar dicha consideración, un supuesto que aseguran que no se cumple en este escenario dado que el material radiactivo permanece en dos fosas desde hace sesenta años.
Finalmente, el colectivo apela a la Ley de Energía Nuclear y a las competencias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para fijar un plazo de restauración de los terrenos. Ante el riesgo que, según la asociación, suponen los proyectos constructivos por la posible dispersión de partículas radiactivas a través del aire o de escorrentías de agua, la vía judicial se presenta como el siguiente paso en su calendario de actuaciones frente a la administración central.
