Los principales motivos de las sanciones son no respetar espacios reservados exclusivamente para bañistas y la conducción temeraria
ALMERÍA HOY / 03·06·2026
El control sobre el uso de motos náuticas en el litoral de Almería se mantuvo firme durante el ejercicio de 2025. La Capitanía Marítima de la provincia puso en marcha un total de 45 procedimientos de sanción debido a diversas irregularidades cometidas con este tipo de embarcaciones.
Según la información facilitada por este organismo, adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, hasta el momento se han cerrado nueve de estos casos, concluyendo todos ellos en penalización económica. Los 36 expedientes restantes todavía se encuentran en fase de tramitación.
Los castigos financieros aplicados en los casos ya concluidos suman un desembolso global de 42.500 euros. Las multas individuales oscilaron entre los 2.000 y los 7.000 euros, aunque la entidad marítima señala que la penalización media habitual en estas infracciones ronda los 5.000 euros.
Conductas de riesgo y falta de documentación
Las razones principales que motivaron las denuncias se concentran en el incumplimiento de las normas de seguridad en las playas. Destacan especialmente la navegación por espacios reservados exclusivamente para bañistas, existiera o no un peligro directo para las personas, además de la conducción temeraria y el exceso de velocidad.
El catálogo de conductas punibles detectadas por las autoridades también incluye la falta de la licencia necesaria para pilotar estas motos, carecer de la póliza de seguro de responsabilidad civil obligatoria o navegar en horario nocturno.
Continuidad en las cifras e historial de zonas conflictivas
El volumen de infracciones registrado en 2025 muestra una tendencia estable respecto a campañas previas. Por ejemplo, en el año 2023 se tramitaron 47 expedientes en la provincia de Almería. De aquella cifra, únicamente seis casos terminaron archivados, mientras que el resto derivó en multas que sumaron un valor conjunto de 150.700 euros.
En dicho periodo, el punto crítico de las sanciones se localizó en el entorno portuario de Aguadulce, en el municipio de Roquetas de Mar, donde se concentraron 20 de las denuncias. El resto de las actuaciones estatales se distribuyó por aguas de Almería capital, Adra, Balanegra y el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
Precisamente, la regulación de estos vehículos acuáticos ha generado un intenso debate en la costa almeriense. Esta situación culminó a finales de 2025 con la decisión de la Junta de Andalucía de vetar de forma indefinida el uso de motos de agua en toda la zona marítima protegida de Cabo de Gata-Níjar. La prohibición, recogida en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 9 de diciembre de ese mismo año, se justificó técnicamente por la necesidad urgente de proteger los ecosistemas marinos vulnerables y las áreas de reserva integral del parque.
Según la información facilitada por este organismo, adscrito al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, hasta el momento se han cerrado nueve de estos casos, concluyendo todos ellos en penalización económica. Los 36 expedientes restantes todavía se encuentran en fase de tramitación.
Los castigos financieros aplicados en los casos ya concluidos suman un desembolso global de 42.500 euros. Las multas individuales oscilaron entre los 2.000 y los 7.000 euros, aunque la entidad marítima señala que la penalización media habitual en estas infracciones ronda los 5.000 euros.
Conductas de riesgo y falta de documentación
Las razones principales que motivaron las denuncias se concentran en el incumplimiento de las normas de seguridad en las playas. Destacan especialmente la navegación por espacios reservados exclusivamente para bañistas, existiera o no un peligro directo para las personas, además de la conducción temeraria y el exceso de velocidad.
El catálogo de conductas punibles detectadas por las autoridades también incluye la falta de la licencia necesaria para pilotar estas motos, carecer de la póliza de seguro de responsabilidad civil obligatoria o navegar en horario nocturno.
Continuidad en las cifras e historial de zonas conflictivas
El volumen de infracciones registrado en 2025 muestra una tendencia estable respecto a campañas previas. Por ejemplo, en el año 2023 se tramitaron 47 expedientes en la provincia de Almería. De aquella cifra, únicamente seis casos terminaron archivados, mientras que el resto derivó en multas que sumaron un valor conjunto de 150.700 euros.
En dicho periodo, el punto crítico de las sanciones se localizó en el entorno portuario de Aguadulce, en el municipio de Roquetas de Mar, donde se concentraron 20 de las denuncias. El resto de las actuaciones estatales se distribuyó por aguas de Almería capital, Adra, Balanegra y el parque natural de Cabo de Gata-Níjar.
Precisamente, la regulación de estos vehículos acuáticos ha generado un intenso debate en la costa almeriense. Esta situación culminó a finales de 2025 con la decisión de la Junta de Andalucía de vetar de forma indefinida el uso de motos de agua en toda la zona marítima protegida de Cabo de Gata-Níjar. La prohibición, recogida en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía el 9 de diciembre de ese mismo año, se justificó técnicamente por la necesidad urgente de proteger los ecosistemas marinos vulnerables y las áreas de reserva integral del parque.
