ALMERÍA HOY / 25·06·2026
El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, y el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat Ayllón, mantendrán mañana viernes, 26 de junio, un encuentro formal a las 10:30 horas en el consistorio roquetero. Tras esta reunión, ambos dirigentes se trasladarán al Museo Casa Anita, ubicado en la misma plaza, donde se procederá a la firma del protocolo general de actuación para la implantación de la Policía Nacional en el municipio.
Este acto administrativo representa el paso definitivo tras la aprobación por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento a principios de este mes. El acuerdo plenario validó el borrador remitido por el Ministerio del Interior el pasado 28 de mayo, un documento que establece el marco de cooperación institucional indispensable para el despliegue del cuerpo estatal en la localidad.
Antecedentes y locales provisionales
El camino administrativo para la llegada de la Policía Nacional a Roquetas de Mar se agilizó tras la reforma de la estructura orgánica de la Dirección General de la Policía en julio de 2023, que incluyó formalmente al municipio entre las poblaciones aptas para contar con este cuerpo de seguridad. Aunque la propuesta inicial contemplaba un uso compartido con la Policía Local en un inmueble de la carretera de Alicún, las exigencias presupuestarias y la urgencia de los plazos motivaron la búsqueda de una alternativa más inmediata.
En enero de este año, el consistorio ofreció una solución temporal para evitar dilaciones en la implantación del servicio. Tras la inspección técnica de los responsables de infraestructuras policiales, se determinó que la opción provisional más viable era la adaptación de tres locales municipales situados en la Plaza de Toros, en la avenida de la Aduana. Se trata de una superficie en bruto de 642 metros cuadrados cuyo plazo de cesión inicial se fija en 18 meses prorrogables.
Discrepancias sobre el número de efectivos
Pese a la unanimidad en la votación del Pleno, el debate institucional reflejó las diferencias entre el equipo de gobierno local y los grupos de la oposición respecto a la gestión del proyecto. El alcalde, Gabriel Amat, afeó al Gobierno de España la demora en la dotación presupuestaria y reiteró su exigencia de un despliegue mínimo de 320 agentes para garantizar un incremento neto de la seguridad, evitando que la llegada del nuevo cuerpo suponga el desmantelamiento de los cuarteles de la Guardia Civil en el municipio. Amat justificó su firma en el protocolo argumentando la necesidad de no reiniciar todo el proceso administrativo, aceptando un despliegue inicial menor que aumentará de forma progresiva según las necesidades del municipio.
Por su parte, desde el grupo municipal socialista se adoptó una postura constructiva, valorando el avance como un hito necesario para una gran ciudad. El PSOE detalló que, al tratarse este protocolo de una declaración de intenciones, las obras de adaptación de los locales de la Plaza de Toros —calificadas como sencillas por los técnicos de la Dirección General— podrían comenzar de inmediato tras formalizarse la cesión, permitiendo que la comisaría provisional esté operativa antes de que finalice el año.
Este acto administrativo representa el paso definitivo tras la aprobación por unanimidad en el Pleno del Ayuntamiento a principios de este mes. El acuerdo plenario validó el borrador remitido por el Ministerio del Interior el pasado 28 de mayo, un documento que establece el marco de cooperación institucional indispensable para el despliegue del cuerpo estatal en la localidad.
Antecedentes y locales provisionales
El camino administrativo para la llegada de la Policía Nacional a Roquetas de Mar se agilizó tras la reforma de la estructura orgánica de la Dirección General de la Policía en julio de 2023, que incluyó formalmente al municipio entre las poblaciones aptas para contar con este cuerpo de seguridad. Aunque la propuesta inicial contemplaba un uso compartido con la Policía Local en un inmueble de la carretera de Alicún, las exigencias presupuestarias y la urgencia de los plazos motivaron la búsqueda de una alternativa más inmediata.
En enero de este año, el consistorio ofreció una solución temporal para evitar dilaciones en la implantación del servicio. Tras la inspección técnica de los responsables de infraestructuras policiales, se determinó que la opción provisional más viable era la adaptación de tres locales municipales situados en la Plaza de Toros, en la avenida de la Aduana. Se trata de una superficie en bruto de 642 metros cuadrados cuyo plazo de cesión inicial se fija en 18 meses prorrogables.
Discrepancias sobre el número de efectivos
Pese a la unanimidad en la votación del Pleno, el debate institucional reflejó las diferencias entre el equipo de gobierno local y los grupos de la oposición respecto a la gestión del proyecto. El alcalde, Gabriel Amat, afeó al Gobierno de España la demora en la dotación presupuestaria y reiteró su exigencia de un despliegue mínimo de 320 agentes para garantizar un incremento neto de la seguridad, evitando que la llegada del nuevo cuerpo suponga el desmantelamiento de los cuarteles de la Guardia Civil en el municipio. Amat justificó su firma en el protocolo argumentando la necesidad de no reiniciar todo el proceso administrativo, aceptando un despliegue inicial menor que aumentará de forma progresiva según las necesidades del municipio.
Por su parte, desde el grupo municipal socialista se adoptó una postura constructiva, valorando el avance como un hito necesario para una gran ciudad. El PSOE detalló que, al tratarse este protocolo de una declaración de intenciones, las obras de adaptación de los locales de la Plaza de Toros —calificadas como sencillas por los técnicos de la Dirección General— podrían comenzar de inmediato tras formalizarse la cesión, permitiendo que la comisaría provisional esté operativa antes de que finalice el año.
