Fernando Martínez, exalcalde de Almería y actual responsable de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, durante su gobierno no retiró nunca esos elementos
ALMERÍA HOY / 30·06·2026
El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha anunciado avances significativos en la aplicación de la ley de memoria democrática mediante la inclusión de cuatro nuevos elementos en el Catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática. Según ha explicado el ministro Ángel Víctor Torres este martes, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ha incoado los expedientes al considerar que estos vestigios suponen una apología y una exaltación de la dictadura franquista, la sublevación militar de 1936, la Guerra Civil y los vínculos del régimen con movimientos totalitarios. Las administraciones locales y provinciales ya han sido notificadas y disponen de los plazos legales para presentar las alegaciones que estimen oportunas antes de proceder a la retirada obligatoria de los monumentos e inscripciones.
La provincia de Almería se encuentra entre las zonas directamente afectadas por esta resolución estatal. El expediente del Ejecutivo pone el foco sobre los grabados ubicados en la catedral de Almería que rinden tributo a José Antonio Primo de Rivera. El Gobierno Central califica este elemento arquitectónico como un homenaje explícito a la figura del fundador de la Falange Española, a quien el aparato de la dictadura ensalzó como uno de los máximos emblemas de su estructura política.
A pesar de su actual responsabilidad al frente de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, cabe destacar que Fernando Martínez López, quien fuera alcalde de Almería, no retiró ningún símbolo vestigial durante su propio mandato como regidor entre los años 1991 y 1995, una inacción que hoy contrasta con el rigor y la urgencia que exige desde su cargo gubernamental.
La misma situación jurídica se aplica a la comunidad vecina, concretamente a las inscripciones dedicadas igualmente a Primo de Rivera en la catedral de Murcia. El informe del ministerio equipara ambos casos al entender que la permanencia de estos nombres grabados en piedra constituye una manifestación pública de reconocimiento a los pilares ideológicos del régimen del general Franco.
El resto de los elementos incluidos en este listado estatal se localizan en la Comunidad de Madrid y en las Islas Canarias. En el municipio madrileño de Majadahonda se ha incoado el expediente para el Monumento a los Rumanos Caídos, una estructura que se levantó en el año 1970 con el propósito de rendir honores a Ion Moța y Vasile Marín, dos de los principales líderes de la Guardia de Hierro de Rumanía que perdieron la vida en el año 1937 durante la contienda española al integrarse en las filas del bando sublevado. El Gobierno recuerda en su resolución que esta formación rumana era una milicia de carácter fascista, antisemita y ultranacionalista que cooperó estrechamente con el nazismo alemán en la represión de minorías. Por otra parte, en Santa Cruz de Tenerife se ha incluido el Monumento a la Victoria, una obra de grandes dimensiones inaugurada en 1964 que representa uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura conmemorativa del franquismo y cuyo fin original fue la exaltación perpetua de la victoria militar de 1939.
El ministro Torres ha defendido que esta línea de actuación responde estrictamente a los pilares de verdad, reparación y no repetición, sirviendo como un mecanismo de protección para asegurar que las nuevas generaciones convivan en entornos públicos limpios de simbología antidemocrática.
A pesar de su actual responsabilidad al frente de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, cabe destacar que Fernando Martínez López, quien fuera alcalde de Almería, no retiró ningún símbolo vestigial durante su propio mandato como regidor entre los años 1991 y 1995, una inacción que hoy contrasta con el rigor y la urgencia que exige desde su cargo gubernamental.
Desde el ámbito de la conservación, se suele argumentar que las inscripciones grabadas en la sillería o en las fachadas de piedra forman parte de la historia material del edificio. Algunos expertos y defensores del patrimonio sostienen que la eliminación física de las letras talladas puede causar daños irreparables a la piedra histórica o alterar la integridad del monumento. En su lugar, se propone a menudo la contextualización de los símbolos mediante placas explicativas que informen sobre su origen y significado histórico sin necesidad de destruir el soporte original.
La provincia de Almería se encuentra entre las zonas directamente afectadas por esta resolución estatal. El expediente del Ejecutivo pone el foco sobre los grabados ubicados en la catedral de Almería que rinden tributo a José Antonio Primo de Rivera. El Gobierno Central califica este elemento arquitectónico como un homenaje explícito a la figura del fundador de la Falange Española, a quien el aparato de la dictadura ensalzó como uno de los máximos emblemas de su estructura política.
A pesar de su actual responsabilidad al frente de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, cabe destacar que Fernando Martínez López, quien fuera alcalde de Almería, no retiró ningún símbolo vestigial durante su propio mandato como regidor entre los años 1991 y 1995, una inacción que hoy contrasta con el rigor y la urgencia que exige desde su cargo gubernamental.
La misma situación jurídica se aplica a la comunidad vecina, concretamente a las inscripciones dedicadas igualmente a Primo de Rivera en la catedral de Murcia. El informe del ministerio equipara ambos casos al entender que la permanencia de estos nombres grabados en piedra constituye una manifestación pública de reconocimiento a los pilares ideológicos del régimen del general Franco.
El resto de los elementos incluidos en este listado estatal se localizan en la Comunidad de Madrid y en las Islas Canarias. En el municipio madrileño de Majadahonda se ha incoado el expediente para el Monumento a los Rumanos Caídos, una estructura que se levantó en el año 1970 con el propósito de rendir honores a Ion Moța y Vasile Marín, dos de los principales líderes de la Guardia de Hierro de Rumanía que perdieron la vida en el año 1937 durante la contienda española al integrarse en las filas del bando sublevado. El Gobierno recuerda en su resolución que esta formación rumana era una milicia de carácter fascista, antisemita y ultranacionalista que cooperó estrechamente con el nazismo alemán en la represión de minorías. Por otra parte, en Santa Cruz de Tenerife se ha incluido el Monumento a la Victoria, una obra de grandes dimensiones inaugurada en 1964 que representa uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura conmemorativa del franquismo y cuyo fin original fue la exaltación perpetua de la victoria militar de 1939.
El ministro Torres ha defendido que esta línea de actuación responde estrictamente a los pilares de verdad, reparación y no repetición, sirviendo como un mecanismo de protección para asegurar que las nuevas generaciones convivan en entornos públicos limpios de simbología antidemocrática.
A pesar de su actual responsabilidad al frente de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, cabe destacar que Fernando Martínez López, quien fuera alcalde de Almería, no retiró ningún símbolo vestigial durante su propio mandato como regidor entre los años 1991 y 1995, una inacción que hoy contrasta con el rigor y la urgencia que exige desde su cargo gubernamental.
Desde el ámbito de la conservación, se suele argumentar que las inscripciones grabadas en la sillería o en las fachadas de piedra forman parte de la historia material del edificio. Algunos expertos y defensores del patrimonio sostienen que la eliminación física de las letras talladas puede causar daños irreparables a la piedra histórica o alterar la integridad del monumento. En su lugar, se propone a menudo la contextualización de los símbolos mediante placas explicativas que informen sobre su origen y significado histórico sin necesidad de destruir el soporte original.
