ALMERÍA HOY / 22·05·2026
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha ratificado de manera íntegra la pena de quince años y ocho meses de prisión dictada contra el varón acusado de acabar con la vida de una mujer de 74 años en la localidad almeriense de Albox durante la madrugada del 10 de septiembre de 2021. El procesado asaltó la vivienda de la víctima con el propósito de sustraer sus pertenencias y posteriormente sufrió un siniestro vial con un automóvil que también había robado esa misma noche.
A través de esta resolución, el órgano judicial desestima tanto la impugnación de la defensa como la de la acusación particular. De este modo, se refrenda el fallo original, el cual impone además el pago de una compensación económica de 90.000 euros para cada uno de los dos hijos de la fallecida.
La distribución de las penas ratificada por el alto tribunal andaluz coincide con la establecida previamente por la Audiencia Provincial de Almería, desglosada en diez años y diez meses por un delito de homicidio, a los que se suman cuatro años y diez meses por robo con violencia en casa habitada empleando un arma peligrosa.
Este veredicto definitivo surge tras la repetición del juicio, una medida que el propio órgano judicial autonómico ordenó en su momento debido a que la sentencia del primer jurado popular carecía de los argumentos obligatorios que justificaran la resolución. En esta ocasión, los magistrados descartan la vulneración de la presunción de inocencia alegada por el abogado del procesado, al entender que el nuevo jurado ha detallado minuciosamente las pruebas que vinculan de forma directa al encausado con la agresión mortal.
Entre los indicios clave citados por la justicia destaca la ausencia de signos de fuerza en los sistemas de cierre de la reja exterior de la casa, los cuales se hallaron bajo el cadáver, lo que apunta a que la moradora permitía el paso al agresor por conocerlo con anterioridad. Asimismo, los análisis científicos detectaron perfiles genéticos en las uñas de la mujer compatibles con el cromosoma Y del detenido. A esto se añade una conversación telefónica que el acusado mantuvo con su madre tras el accidente automovilístico, en la cual le instaba a adquirir prendas de vestir de recambio y a destruir mediante el fuego la ropa que guardaba en su domicilio.
Los hechos que el tribunal considera probados determinan que el agresor, vecino de la zona a escasos doscientos metros, acudió a la vivienda entre las dos y media y las cuatro de la madrugada con fines de lucro. El atacante era consciente de que la anciana vivía sin compañía y de que custodiaba dinero en metálico derivado de la venta de lotería. Tras conseguir que le abriera la puerta, el hombre le propinó unas once puñaladas en el cuello, el pecho y la mano, esta última provocada al intentar protegerse. El fallecimiento se produjo por una pérdida masiva de sangre debida a la rotura de la vena yugular.
Tras el ataque, el autor sustrajo un bolso con dinero, efectos personales, documentos y dos terminales telefónicos que no han podido ser localizados.
Respecto a la petición de la acusación particular para elevar los años de reclusión, el tribunal autonómico también ha rechazado la propuesta. Los jueces consideran que la penalización fijada por la Audiencia almeriense está correctamente argumentada y respeta la legalidad vigente, ya que se incluyó de forma adecuada la circunstancia atenuante de adicción severa a las drogas, que limitaba parcialmente la voluntad y el discernimiento del condenado en el momento de los hechos.
A través de esta resolución, el órgano judicial desestima tanto la impugnación de la defensa como la de la acusación particular. De este modo, se refrenda el fallo original, el cual impone además el pago de una compensación económica de 90.000 euros para cada uno de los dos hijos de la fallecida.
La distribución de las penas ratificada por el alto tribunal andaluz coincide con la establecida previamente por la Audiencia Provincial de Almería, desglosada en diez años y diez meses por un delito de homicidio, a los que se suman cuatro años y diez meses por robo con violencia en casa habitada empleando un arma peligrosa.
Este veredicto definitivo surge tras la repetición del juicio, una medida que el propio órgano judicial autonómico ordenó en su momento debido a que la sentencia del primer jurado popular carecía de los argumentos obligatorios que justificaran la resolución. En esta ocasión, los magistrados descartan la vulneración de la presunción de inocencia alegada por el abogado del procesado, al entender que el nuevo jurado ha detallado minuciosamente las pruebas que vinculan de forma directa al encausado con la agresión mortal.
Entre los indicios clave citados por la justicia destaca la ausencia de signos de fuerza en los sistemas de cierre de la reja exterior de la casa, los cuales se hallaron bajo el cadáver, lo que apunta a que la moradora permitía el paso al agresor por conocerlo con anterioridad. Asimismo, los análisis científicos detectaron perfiles genéticos en las uñas de la mujer compatibles con el cromosoma Y del detenido. A esto se añade una conversación telefónica que el acusado mantuvo con su madre tras el accidente automovilístico, en la cual le instaba a adquirir prendas de vestir de recambio y a destruir mediante el fuego la ropa que guardaba en su domicilio.
Los hechos que el tribunal considera probados determinan que el agresor, vecino de la zona a escasos doscientos metros, acudió a la vivienda entre las dos y media y las cuatro de la madrugada con fines de lucro. El atacante era consciente de que la anciana vivía sin compañía y de que custodiaba dinero en metálico derivado de la venta de lotería. Tras conseguir que le abriera la puerta, el hombre le propinó unas once puñaladas en el cuello, el pecho y la mano, esta última provocada al intentar protegerse. El fallecimiento se produjo por una pérdida masiva de sangre debida a la rotura de la vena yugular.
Tras el ataque, el autor sustrajo un bolso con dinero, efectos personales, documentos y dos terminales telefónicos que no han podido ser localizados.
Respecto a la petición de la acusación particular para elevar los años de reclusión, el tribunal autonómico también ha rechazado la propuesta. Los jueces consideran que la penalización fijada por la Audiencia almeriense está correctamente argumentada y respeta la legalidad vigente, ya que se incluyó de forma adecuada la circunstancia atenuante de adicción severa a las drogas, que limitaba parcialmente la voluntad y el discernimiento del condenado en el momento de los hechos.
