ALMERÍA HOY / 13·04·2026
La magistrada del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha dictado el auto de apertura de juicio oral contra el individuo arrestado por el asalto a la parroquia de San Roque, ubicada en el barrio de Pescadería. Los hechos, que tuvieron lugar la noche del pasado 29 de octubre, incluyen acusaciones por robo con fuerza y actos de vandalismo en el interior del templo.
La decisión judicial respalda la solicitud del Ministerio Fiscal y de la Asociación de Abogados Cristianos, que ejerce la acusación particular. El procesado se enfrenta a una posible condena de hasta cuatro años y seis meses de cárcel, al tratarse presuntamente de un robo en un establecimiento público fuera de su horario de funcionamiento. Además, el tribunal ha impuesto una fianza de 2.218 euros para cubrir las posibles indemnizaciones por los daños materiales y los objetos sustraídos.
Según las investigaciones, el implicado habría forzado la entrada principal del edificio entre la noche del 29 y la mañana del 30 de octubre. Una vez dentro, tras desordenar diversas estancias y provocar desperfectos valorados en más de 1.600 euros, se habría apoderado de un teléfono móvil y de 30 euros procedentes del lampadario.
Más allá del perjuicio económico, la acusación popular ha puesto el foco en la naturaleza de los daños. El escrito subraya que el detenido no solo destrozó mobiliario y puertas, sino que también realizó deposiciones en el recinto. Este comportamiento ha sido calificado por los denunciantes como una acción vejatoria y profanatoria que buscaba despreciar el valor sagrado del lugar, provocando un notable malestar entre los residentes y los feligreses de la zona.
La decisión judicial respalda la solicitud del Ministerio Fiscal y de la Asociación de Abogados Cristianos, que ejerce la acusación particular. El procesado se enfrenta a una posible condena de hasta cuatro años y seis meses de cárcel, al tratarse presuntamente de un robo en un establecimiento público fuera de su horario de funcionamiento. Además, el tribunal ha impuesto una fianza de 2.218 euros para cubrir las posibles indemnizaciones por los daños materiales y los objetos sustraídos.
Según las investigaciones, el implicado habría forzado la entrada principal del edificio entre la noche del 29 y la mañana del 30 de octubre. Una vez dentro, tras desordenar diversas estancias y provocar desperfectos valorados en más de 1.600 euros, se habría apoderado de un teléfono móvil y de 30 euros procedentes del lampadario.
Más allá del perjuicio económico, la acusación popular ha puesto el foco en la naturaleza de los daños. El escrito subraya que el detenido no solo destrozó mobiliario y puertas, sino que también realizó deposiciones en el recinto. Este comportamiento ha sido calificado por los denunciantes como una acción vejatoria y profanatoria que buscaba despreciar el valor sagrado del lugar, provocando un notable malestar entre los residentes y los feligreses de la zona.
