JOSÉ IGNACIO DOMÍNGUEZ*
El 17 de enero de 1966, un bombardero B-52 de la Fuerza Aérea de los EE.UU. que portaba cuatro bombas termonucleares con unos cuatro kilos y medio de plutonio cada una, colisionó con un avión cisterna en el transcurso de una operación de reabastecimiento en vuelo sobre el cielo de Palomares.
De las cuatro bombas transportadas, tres cayeron en tierra y una al mar. Dos de los artefactos que cayeron en tierra impactaron violentamente contra el suelo por no desplegarse el paracaídas y liberaron el plutonio que contenían. La nube radiactiva fue arrastrada por el viento y contaminó una gran superficie de terreno perteneciente a los municipios de Vera y Cuevas del Almanzora.
Los norteamericanos, después del accidente, establecieron la operación denominada ‘Flecha Rota’ con objeto de recuperar las cuatro bombas y de realizar una limpieza aparente, que no real, de la superficie contaminada por las dos fugas radiactivas. Se llevaron a Savannah River (Carolina del Sur) 4.810 barriles de 208 litros cada uno, en total 1.000 metros cúbicos, una exigua cantidad de material radiactivo. Según algunos autores, como José Herrera Plaza en su libro ‘Accidente Nuclear de Palomares-Consecuencias (1966-2016), Arráez Editores S.L., Almería 2016, se llevaron 270 gramos, sólo el 3% de los 9 kilos de residuos radiactivos diseminados por las bombas en Palomares y Vera.
Carlos Sancho Llerandi, ex jefe del Programa de Recuperación Radiológica Ambiental del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT, afirmó en la conferencia pronunciada el 10 de noviembre de 2016 en la Sociedad Nuclear Española que los norteamericanos se llevaron una cantidad difícil de cuantificar, que estimó inferior a 1 kg de plutonio de los 9 que se dispersaron.
Las labores de remediación realizadas en 1966 por los norteamericanos consistieron en retirar, hasta 10 centímetros de profundidad, parte de la tierra contaminada y enterrar el resto mediante un arado profundo. En total, dejaron 103,6 hectáreas contaminadas con plutonio enterrado.
Parte de las tierras retiradas las depositaron en dos fosas de 1.000 m3 y 3.000 m3 de capacidad respectivamente. Estas fosas se encuentran en las proximidades del cementerio de Palomares. Sobre la fosa de 1000 m3 se han cultivado sandías y otros productos hortícolas. Todavía se pueden observar en la actualidad restos de tuberías de riego por goteo en la superficie de la fosa.
En Sierra Almagrera y en otros lugares, los norteamericanos no adoptaron ninguna medida de ocultación. Los residuos radiactivos permanecen tal como estaban en 1966, salvo los que ha diseminado la lluvia, el viento, la fauna silvestre y doméstica y la actividad humana.
Desde 1966 hasta la fecha, la única medida adoptada para paliar los efectos radiactivos ha sido el vallado de los terrenos, que comenzó en 2007 y finalizó en 2011, aunque ha habido ampliaciones posteriores muy recientes.
Nada más conocerse el accidente, los norteamericanos enviaron a Palomares al Dr. Langham, conocido como Míster Plutonio, un científico obsesionado con investigar los efectos del plutonio en el organismo. El Dr. Langham tenía la experiencia de haber inyectado plutonio a seres humanos con resultado de muerte.
Con la finalidad de crear un laboratorio a cielo abierto con los almerienses, el 25 de febrero de 1966 se firmó el acuerdo conocido como Hall-Otero entre el representante de la Comisión de Energía Atómica para Actividades Internacionales Mr. John A. Hall y el representante de la Junta de Energía Nuclear D. José María Otero Navascués. En este acuerdo se destaca que no se llevará a cabo ninguna medida de remediación, únicamente se analizarán las consecuencias de la radiactividad. Mediante el citado acuerdo nació el proyecto conocido como Proyecto Indalo. Parte del contenido del acuerdo Hall-Otero se puede leer en este enlace: https://wikileaks.org/plusd/cables/06MADRID2853_a.html
El Proyecto Indalo consistió en investigar las consecuencias de la radiactividad en la salud y en el medio ambiente en general, sin adoptar ninguna medida paliativa y sin conocimiento de las personas investigadas. El Proyecto Indalo ha estado vigente hasta 2.009, por lo que el presunto delito aún no ha prescrito. La primera y única medida para paliar la contaminación radiactiva ha sido el vallado de gran parte de la zona contaminada, que culminó en 2011. Los hechos anteriormente expuestos se pueden leer en el artículo de D. José Herrera Plaza ‘La experimentación humana con plutonio en España. Génesis y desarrollo del "Proyecto Indalo"(1966-2009)´, publicado en la prestigiosa revista científica internacional, Dynamis, dedicada a la historia de la medicina, ciencia y salud,
También se explica esta experimentación con humanos en la revista Nova Ciencia en el artículo titulado: ‘Palomares, experimentos con una población expuesta al plutonio´. El artículo se puede leer en este enlace: https://novaciencia.es/wp-content/uploads/2023/03/Nova-Ciencia-188-marzo-2023-palomares-experimentos-con-poblacion-expuesta-al-plutonio.pdf
Prueba del engaño a la población sobre la limpieza de la radiactividad fueron las manifestaciones de D. Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, que declaró al periódico ‘Arriba’ de fecha 13 de febrero de 1966: “Puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación”. Por su parte, D. José María Otero Navascués, presidente de la Junta de Energía Nuclear, envió una carta el 13 de julio de 1968 al entonces Ministro de Industria D. Gregorio López Bravo que decía: “No se ha registrado ninguna anormalidad hasta la fecha, pese a que como Vd. sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio”. Dicha carta obra en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares.
Las autoridades españolas y de EEUU entregaron a los habitantes de Palomares certificados falsos diciendo que los terrenos estaban limpios de radiactividad para que realizaran en ellos labores agrícolas, desenterraran el plutonio y así poder estudiar las consecuencias de la radiactividad en la salud. En estos terrenos altamente radiactivos se desarrollaron tareas agrícolas y de construcción liberando el plutonio que había sido enterrado por los norteamericanos. Al liberar las partículas de plutonio, los agricultores las inhalaban o ingerían y, luego, la Junta de Energía Nuclear, y posteriormente el CIEMAT, estudiaba las consecuencias en la salud mediante los análisis periódicos a la población.
Conviene reseñar que el peligro para la salud radica fundamentalmente en injerir o inhalar alguna partícula de plutonio. El plutonio emite radiaciones alfa de escasa penetrabilidad, pero el plutonio 241 con el paso del tiempo se transforma en americio 241, que emite radiaciones gamma de gran penetrabilidad, por lo que el tiempo corre en contra de la salud de los habitantes y turistas de Palomares.
El ganado caprino también estuvo contaminado en su totalidad durante cuarenta años, así como los productos derivados: leche y queso. En fechas muy posteriores al accidente, el CIEMAT ordenó el sacrificio de dicho ganado, con cuarenta años de retraso.
En 1988, se comenzaron a remover en grandes dosis las tierras contaminadas con las actividades agrícolas a gran escala y, sobre todo, con la construcción de dos balsas. La tierra donde se ubican tiene un alto grado de contaminación, pero los agricultores, confiados en las promesas de que el terreno estaba limpio, comenzaron a remover estas tierras, liberando a la atmósfera elementos radiactivos que pusieron en peligro la vida y la salud de las personas y sus bienes. Durante la construcción de las balsas, el CIEMAT se limitó a recoger los datos que demostraban un aumento de la radiactividad, pero no advirtió del peligro a los trabajadores que siguieron removiendo las tierras contaminadas durante varios meses.
Los técnicos del CIEMAT, durante la construcción de una de las balsas, tomaron muestras del aumento de la radiactividad desde la semana comprendida entre el 2 y el 9 de enero de 1988, hasta la semana del 25 de junio al de 2 julio. Estuvieron seis meses midiendo cómo aumentaba la radiactividad cuando los trabajadores lanzaban el plutonio a la atmósfera, sin tomar ninguna medida, y sin avisarles del peligro que estaban corriendo. Con los datos obtenidos emitieron un informe concluyendo que en Palomares las labores agrícolas liberan más radiactividad proveniente del plutonio que en Chernóbil. Dice así el informe: “Las concentraciones másicas de partículas en las zonas afectadas por el accidente de Chernobyl son inferiores a las medidas en Palomares”.
Ya en 2009, se conocían perfectamente las consecuencias de la radiactividad y los EEUU dejaron de financiar el Proyecto Indalo. En la actualidad, la zona está acotada, aunque siguen existiendo terrenos contaminados fuera del vallado, por donde transitan libremente las personas y el ganado sin que el Consejo de Seguridad Nuclear ni el CIEMAT hayan adoptado medida alguna. La existencia de contaminación fuera del vallado la reconoce el CIEMAT en la página 5960/11 del BOJA número 71 de 13 de abril de 2022.
Ecologistas en Acción ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que ordene la limpieza de la radiactividad de Palomares, pero la Sra. ministra del MITECO, Dña. Sara Aagesen se niega. Aduce que en España no hay un almacén apto para guardar ese tipo de residuos radiactivos y que han de ser los EEUU los que se los lleven, algo que obviamente no va a suceder. La solución que propone Ecologistas en Acción y los técnicos del CSN es que se construya un Almacén Temporal Individualizado en Palomares, como ya tienen las centrales nucleares, y se guarden allí los residuos a la espera de encontrarles un almacén definitivo. Otra solución es modificar la normativa de El Cabril y guardarlos allí provisionalmente.
Como mantener residuos radiactivos al aire libre en el centro de una población aparte de ser una salvajada, es ilegal, la señora Aagesen ha recurrido a varios trucos ‘legales’ para no ordenar la limpieza de Palomares.
La señora ministra niega que Palomares haya sido un accidente nuclear porque esos accidentes sólo se pueden producir en las instalaciones nucleares entre las que están los almacenes donde se guardan residuos radiactivos. En Palomares se almacenan ese tipo de residuos en las dos fosas, en dos contenedores para verduras, en una caseta en el centro del pueblo y en los terrenos vallados, pero como todo eso es ilegal no tiene la calificación de instalación nuclear y no se le puede aplicar el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas que obligaría al desmantelamiento inmediato de la instalación.
Todo el mundo, excepto la Sr. Aagesen, considera a Palomares como el accidente nuclear más grave del planeta hasta que sucedió el accidente de Chernóbil. En la actualidad ocupa el tercer lugar en el orden de gravedad de accidentes nucleares, tras Fukushima y Chernóbil, pero, al contrario de lo sucedido en esos dos accidentes en Palomares, no se ha concluido la última fase, la remediación. Al no ser considerado Palomares como un accidente nuclear no se le puede aplicar la Ley 17/2015 sobre accidentes, ni por tanto su artículo 20 que prevé la recuperación del entorno.
Se preguntará el lector si Palomares no es un accidente nuclear, ¿qué es lo que es? La Sra. Aagesen ha encontrado una triquiñuela para no gastarse 11 millones de euros en limpiar Palomares, porque ella no vive allí. La Sra. ministra califica a Palomares como una situación de “exposición existente” en aplicación del anexo V del Reglamento sobre Protección de la Salud contra los riesgos derivados de la Exposición a las Radiaciones Ionizantes (RPSRI). El RPSRI clasifica como “exposición existente” a los terrenos que han sufrido una emergencia que “ya ha sido declarada finalizada, tal y como se prevé en el sistema de gestión de emergencias.” Es decir, la Sra. Aagesen tiene el atrevimiento de dar por buenos los certificados falsos que los EEUU y la Junta de Energía Nuclear repartieron a los palomareños en 1966 diciendo que los terrenos estaban limpios y que ya había finalizado la emergencia.
Considerar Palomares como una “exposición existente”, además de un disparate, supone un problema muy grave para los habitantes de Palomares, porque de acuerdo con el artículo 71 del RPSRI, los lugareños y visitantes pueden recibir legalmente una radiación equivalente a 200 radiografías de tórax al año, cuatro por semana. Si se les aplicase el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, y la Instrucción IS-13 del CSN, de 21 de marzo de 2007, sólo podrían recibir la equivalente a una radiografía de tórax al año.
Hay otro asunto que la Sra. Aagesen y las autoridades competentes no están teniendo en cuenta, y es que no se puede tener material radiactivo al fresco, sin vigilancia alguna, porque cualquier desaprensivo puede llevárselo para fabricar esas bombas sucias que tanto teme Israel.
Todos estos problemas se solucionarían si la Sra. Aagesen diese instrucciones al Abogado del Estado para que se allane a la demanda que ha presentado Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional pidiendo la limpieza de Palomares.
*JOSÉ IGNACIO DOMÍNGUEZ es teniente coronel del Ejército del Aire en la reserva y abogado de Ecologistas en Acción.
De las cuatro bombas transportadas, tres cayeron en tierra y una al mar. Dos de los artefactos que cayeron en tierra impactaron violentamente contra el suelo por no desplegarse el paracaídas y liberaron el plutonio que contenían. La nube radiactiva fue arrastrada por el viento y contaminó una gran superficie de terreno perteneciente a los municipios de Vera y Cuevas del Almanzora.
Los norteamericanos, después del accidente, establecieron la operación denominada ‘Flecha Rota’ con objeto de recuperar las cuatro bombas y de realizar una limpieza aparente, que no real, de la superficie contaminada por las dos fugas radiactivas. Se llevaron a Savannah River (Carolina del Sur) 4.810 barriles de 208 litros cada uno, en total 1.000 metros cúbicos, una exigua cantidad de material radiactivo. Según algunos autores, como José Herrera Plaza en su libro ‘Accidente Nuclear de Palomares-Consecuencias (1966-2016), Arráez Editores S.L., Almería 2016, se llevaron 270 gramos, sólo el 3% de los 9 kilos de residuos radiactivos diseminados por las bombas en Palomares y Vera.
Carlos Sancho Llerandi, ex jefe del Programa de Recuperación Radiológica Ambiental del Departamento de Medio Ambiente del CIEMAT, afirmó en la conferencia pronunciada el 10 de noviembre de 2016 en la Sociedad Nuclear Española que los norteamericanos se llevaron una cantidad difícil de cuantificar, que estimó inferior a 1 kg de plutonio de los 9 que se dispersaron.
Las labores de remediación realizadas en 1966 por los norteamericanos consistieron en retirar, hasta 10 centímetros de profundidad, parte de la tierra contaminada y enterrar el resto mediante un arado profundo. En total, dejaron 103,6 hectáreas contaminadas con plutonio enterrado.
Parte de las tierras retiradas las depositaron en dos fosas de 1.000 m3 y 3.000 m3 de capacidad respectivamente. Estas fosas se encuentran en las proximidades del cementerio de Palomares. Sobre la fosa de 1000 m3 se han cultivado sandías y otros productos hortícolas. Todavía se pueden observar en la actualidad restos de tuberías de riego por goteo en la superficie de la fosa.
En Sierra Almagrera y en otros lugares, los norteamericanos no adoptaron ninguna medida de ocultación. Los residuos radiactivos permanecen tal como estaban en 1966, salvo los que ha diseminado la lluvia, el viento, la fauna silvestre y doméstica y la actividad humana.
Desde 1966 hasta la fecha, la única medida adoptada para paliar los efectos radiactivos ha sido el vallado de los terrenos, que comenzó en 2007 y finalizó en 2011, aunque ha habido ampliaciones posteriores muy recientes.
Nada más conocerse el accidente, los norteamericanos enviaron a Palomares al Dr. Langham, conocido como Míster Plutonio, un científico obsesionado con investigar los efectos del plutonio en el organismo. El Dr. Langham tenía la experiencia de haber inyectado plutonio a seres humanos con resultado de muerte.
Con la finalidad de crear un laboratorio a cielo abierto con los almerienses, el 25 de febrero de 1966 se firmó el acuerdo conocido como Hall-Otero entre el representante de la Comisión de Energía Atómica para Actividades Internacionales Mr. John A. Hall y el representante de la Junta de Energía Nuclear D. José María Otero Navascués. En este acuerdo se destaca que no se llevará a cabo ninguna medida de remediación, únicamente se analizarán las consecuencias de la radiactividad. Mediante el citado acuerdo nació el proyecto conocido como Proyecto Indalo. Parte del contenido del acuerdo Hall-Otero se puede leer en este enlace: https://wikileaks.org/plusd/cables/06MADRID2853_a.html
El Proyecto Indalo consistió en investigar las consecuencias de la radiactividad en la salud y en el medio ambiente en general, sin adoptar ninguna medida paliativa y sin conocimiento de las personas investigadas. El Proyecto Indalo ha estado vigente hasta 2.009, por lo que el presunto delito aún no ha prescrito. La primera y única medida para paliar la contaminación radiactiva ha sido el vallado de gran parte de la zona contaminada, que culminó en 2011. Los hechos anteriormente expuestos se pueden leer en el artículo de D. José Herrera Plaza ‘La experimentación humana con plutonio en España. Génesis y desarrollo del "Proyecto Indalo"(1966-2009)´, publicado en la prestigiosa revista científica internacional, Dynamis, dedicada a la historia de la medicina, ciencia y salud,
También se explica esta experimentación con humanos en la revista Nova Ciencia en el artículo titulado: ‘Palomares, experimentos con una población expuesta al plutonio´. El artículo se puede leer en este enlace: https://novaciencia.es/wp-content/uploads/2023/03/Nova-Ciencia-188-marzo-2023-palomares-experimentos-con-poblacion-expuesta-al-plutonio.pdf
Prueba del engaño a la población sobre la limpieza de la radiactividad fueron las manifestaciones de D. Manuel Fraga Iribarne, entonces ministro de Información y Turismo, que declaró al periódico ‘Arriba’ de fecha 13 de febrero de 1966: “Puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación”. Por su parte, D. José María Otero Navascués, presidente de la Junta de Energía Nuclear, envió una carta el 13 de julio de 1968 al entonces Ministro de Industria D. Gregorio López Bravo que decía: “No se ha registrado ninguna anormalidad hasta la fecha, pese a que como Vd. sabe, se quedaron en el terreno unos cuantos kilos de óxido de plutonio”. Dicha carta obra en el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares.
Las autoridades españolas y de EEUU entregaron a los habitantes de Palomares certificados falsos diciendo que los terrenos estaban limpios de radiactividad para que realizaran en ellos labores agrícolas, desenterraran el plutonio y así poder estudiar las consecuencias de la radiactividad en la salud. En estos terrenos altamente radiactivos se desarrollaron tareas agrícolas y de construcción liberando el plutonio que había sido enterrado por los norteamericanos. Al liberar las partículas de plutonio, los agricultores las inhalaban o ingerían y, luego, la Junta de Energía Nuclear, y posteriormente el CIEMAT, estudiaba las consecuencias en la salud mediante los análisis periódicos a la población.
Conviene reseñar que el peligro para la salud radica fundamentalmente en injerir o inhalar alguna partícula de plutonio. El plutonio emite radiaciones alfa de escasa penetrabilidad, pero el plutonio 241 con el paso del tiempo se transforma en americio 241, que emite radiaciones gamma de gran penetrabilidad, por lo que el tiempo corre en contra de la salud de los habitantes y turistas de Palomares.
El ganado caprino también estuvo contaminado en su totalidad durante cuarenta años, así como los productos derivados: leche y queso. En fechas muy posteriores al accidente, el CIEMAT ordenó el sacrificio de dicho ganado, con cuarenta años de retraso.
En 1988, se comenzaron a remover en grandes dosis las tierras contaminadas con las actividades agrícolas a gran escala y, sobre todo, con la construcción de dos balsas. La tierra donde se ubican tiene un alto grado de contaminación, pero los agricultores, confiados en las promesas de que el terreno estaba limpio, comenzaron a remover estas tierras, liberando a la atmósfera elementos radiactivos que pusieron en peligro la vida y la salud de las personas y sus bienes. Durante la construcción de las balsas, el CIEMAT se limitó a recoger los datos que demostraban un aumento de la radiactividad, pero no advirtió del peligro a los trabajadores que siguieron removiendo las tierras contaminadas durante varios meses.
Los técnicos del CIEMAT, durante la construcción de una de las balsas, tomaron muestras del aumento de la radiactividad desde la semana comprendida entre el 2 y el 9 de enero de 1988, hasta la semana del 25 de junio al de 2 julio. Estuvieron seis meses midiendo cómo aumentaba la radiactividad cuando los trabajadores lanzaban el plutonio a la atmósfera, sin tomar ninguna medida, y sin avisarles del peligro que estaban corriendo. Con los datos obtenidos emitieron un informe concluyendo que en Palomares las labores agrícolas liberan más radiactividad proveniente del plutonio que en Chernóbil. Dice así el informe: “Las concentraciones másicas de partículas en las zonas afectadas por el accidente de Chernobyl son inferiores a las medidas en Palomares”.
Ya en 2009, se conocían perfectamente las consecuencias de la radiactividad y los EEUU dejaron de financiar el Proyecto Indalo. En la actualidad, la zona está acotada, aunque siguen existiendo terrenos contaminados fuera del vallado, por donde transitan libremente las personas y el ganado sin que el Consejo de Seguridad Nuclear ni el CIEMAT hayan adoptado medida alguna. La existencia de contaminación fuera del vallado la reconoce el CIEMAT en la página 5960/11 del BOJA número 71 de 13 de abril de 2022.
Ecologistas en Acción ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) que ordene la limpieza de la radiactividad de Palomares, pero la Sra. ministra del MITECO, Dña. Sara Aagesen se niega. Aduce que en España no hay un almacén apto para guardar ese tipo de residuos radiactivos y que han de ser los EEUU los que se los lleven, algo que obviamente no va a suceder. La solución que propone Ecologistas en Acción y los técnicos del CSN es que se construya un Almacén Temporal Individualizado en Palomares, como ya tienen las centrales nucleares, y se guarden allí los residuos a la espera de encontrarles un almacén definitivo. Otra solución es modificar la normativa de El Cabril y guardarlos allí provisionalmente.
Como mantener residuos radiactivos al aire libre en el centro de una población aparte de ser una salvajada, es ilegal, la señora Aagesen ha recurrido a varios trucos ‘legales’ para no ordenar la limpieza de Palomares.
La señora ministra niega que Palomares haya sido un accidente nuclear porque esos accidentes sólo se pueden producir en las instalaciones nucleares entre las que están los almacenes donde se guardan residuos radiactivos. En Palomares se almacenan ese tipo de residuos en las dos fosas, en dos contenedores para verduras, en una caseta en el centro del pueblo y en los terrenos vallados, pero como todo eso es ilegal no tiene la calificación de instalación nuclear y no se le puede aplicar el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas que obligaría al desmantelamiento inmediato de la instalación.
Todo el mundo, excepto la Sr. Aagesen, considera a Palomares como el accidente nuclear más grave del planeta hasta que sucedió el accidente de Chernóbil. En la actualidad ocupa el tercer lugar en el orden de gravedad de accidentes nucleares, tras Fukushima y Chernóbil, pero, al contrario de lo sucedido en esos dos accidentes en Palomares, no se ha concluido la última fase, la remediación. Al no ser considerado Palomares como un accidente nuclear no se le puede aplicar la Ley 17/2015 sobre accidentes, ni por tanto su artículo 20 que prevé la recuperación del entorno.
Se preguntará el lector si Palomares no es un accidente nuclear, ¿qué es lo que es? La Sra. Aagesen ha encontrado una triquiñuela para no gastarse 11 millones de euros en limpiar Palomares, porque ella no vive allí. La Sra. ministra califica a Palomares como una situación de “exposición existente” en aplicación del anexo V del Reglamento sobre Protección de la Salud contra los riesgos derivados de la Exposición a las Radiaciones Ionizantes (RPSRI). El RPSRI clasifica como “exposición existente” a los terrenos que han sufrido una emergencia que “ya ha sido declarada finalizada, tal y como se prevé en el sistema de gestión de emergencias.” Es decir, la Sra. Aagesen tiene el atrevimiento de dar por buenos los certificados falsos que los EEUU y la Junta de Energía Nuclear repartieron a los palomareños en 1966 diciendo que los terrenos estaban limpios y que ya había finalizado la emergencia.
Considerar Palomares como una “exposición existente”, además de un disparate, supone un problema muy grave para los habitantes de Palomares, porque de acuerdo con el artículo 71 del RPSRI, los lugareños y visitantes pueden recibir legalmente una radiación equivalente a 200 radiografías de tórax al año, cuatro por semana. Si se les aplicase el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, y la Instrucción IS-13 del CSN, de 21 de marzo de 2007, sólo podrían recibir la equivalente a una radiografía de tórax al año.
Hay otro asunto que la Sra. Aagesen y las autoridades competentes no están teniendo en cuenta, y es que no se puede tener material radiactivo al fresco, sin vigilancia alguna, porque cualquier desaprensivo puede llevárselo para fabricar esas bombas sucias que tanto teme Israel.
Todos estos problemas se solucionarían si la Sra. Aagesen diese instrucciones al Abogado del Estado para que se allane a la demanda que ha presentado Ecologistas en Acción ante la Audiencia Nacional pidiendo la limpieza de Palomares.
*JOSÉ IGNACIO DOMÍNGUEZ es teniente coronel del Ejército del Aire en la reserva y abogado de Ecologistas en Acción.
