Los datos fueron informados en las jornadas de "Inteligencia Artificial y Derechos Fundamentales"
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| (Imagen de archivo) |
ALMERÍA HOY / 17·03·2026
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Almería mantiene bajo investigación un caso que afecta a 18 alumnas de un instituto de la provincia, cuyas imágenes fueron manipuladas para crear desnudos y contenido sexual explícito mediante inteligencia artificial. Los detalles de esta instrucción fueron revelados por David Calvo López, fiscal delegado de Criminalidad Informática y de Tutela Penal de la Igualdad y Delitos de Odio, durante las jornadas "Inteligencia Artificial y Derechos Fundamentales", celebradas en la Universidad de Almería (UAL).
El fiscal calificó como un desafío legal crítico la proliferación de las deepfakes o identidades sintéticas. Según los datos aportados, la herramienta utilizada en este caso, la aplicación ClothOff, facilita el desnudo virtual de manera sencilla. Calvo advirtió que esta plataforma genera aproximadamente 3.900 desnudos de mujeres al día, realizados mayoritariamente por usuarios varones, y que el 90 % de los usuarios emplea esta tecnología para crear "escenas sexuales completas".
Encuadre jurídico: Pornografía infantil virtual y dignidad moral
La respuesta del derecho penal ante estas imágenes ficticias depende del grado de realismo obtenido. Calvo López precisó que, cuando las víctimas son menores, la creación de estos contenidos se tipifica como un delito de pornografía infantil virtual, siempre que el resultado sea realista. En estos supuestos, la ley protege el bien jurídico de forma equivalente a si se tratara de imágenes reales.
En los casos donde las imágenes carecen de ese realismo visual, el Ministerio Público califica los hechos como un delito contra la integridad moral (artículo 173 del Código Penal), al considerar que se atenta gravemente contra la dignidad y el honor de las personas afectadas. Si las víctimas fueran adultas, la manipulación realista de sus imágenes podría constituir igualmente un delito de pornografía.
El debate sobre los límites éticos y la seguridad tecnológica
Las jornadas, organizadas en colaboración con la Guardia Civil, la Facultad de Derecho y la Escuela Superior de Ingeniería de la UAL, reunieron a expertos judiciales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para debatir sobre la gestión del riesgo y el consentimiento en el tratamiento de datos.
El fiscal calificó como un desafío legal crítico la proliferación de las deepfakes o identidades sintéticas. Según los datos aportados, la herramienta utilizada en este caso, la aplicación ClothOff, facilita el desnudo virtual de manera sencilla. Calvo advirtió que esta plataforma genera aproximadamente 3.900 desnudos de mujeres al día, realizados mayoritariamente por usuarios varones, y que el 90 % de los usuarios emplea esta tecnología para crear "escenas sexuales completas".
Encuadre jurídico: Pornografía infantil virtual y dignidad moral
La respuesta del derecho penal ante estas imágenes ficticias depende del grado de realismo obtenido. Calvo López precisó que, cuando las víctimas son menores, la creación de estos contenidos se tipifica como un delito de pornografía infantil virtual, siempre que el resultado sea realista. En estos supuestos, la ley protege el bien jurídico de forma equivalente a si se tratara de imágenes reales.
En los casos donde las imágenes carecen de ese realismo visual, el Ministerio Público califica los hechos como un delito contra la integridad moral (artículo 173 del Código Penal), al considerar que se atenta gravemente contra la dignidad y el honor de las personas afectadas. Si las víctimas fueran adultas, la manipulación realista de sus imágenes podría constituir igualmente un delito de pornografía.
El debate sobre los límites éticos y la seguridad tecnológica
Las jornadas, organizadas en colaboración con la Guardia Civil, la Facultad de Derecho y la Escuela Superior de Ingeniería de la UAL, reunieron a expertos judiciales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) para debatir sobre la gestión del riesgo y el consentimiento en el tratamiento de datos.
