El fiscal pide penas individuales que ascienden a los 25 años de prisión y expulsión del territorio nacional
ALMERÍA HOY / 09·02·2026
Cuatro personas se sientan desde este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Almería acusadas de gestionar un entramado de prostitución y cultivo de estupefacientes en la localidad de Roquetas de Mar. Según el escrito de la Fiscalía, la organización estaba liderada por una madre y su hija, quienes presuntamente coordinaron entre 2015 y 2023 una estructura delictiva con base en un inmueble de la carretera de La Mojonera que operaba bajo la apariencia de un establecimiento de hostelería.
Las investigaciones apuntan a que las dos principales encausadas obtenían su sustento económico mediante la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad. La actividad ilícita se interrumpió el 23 de febrero de 2023, cuando la Guardia Civil efectuó un registro en el local y detuvo a las sospechosas, que permanecen en prisión provisional desde entonces. En el operativo, los agentes hallaron contabilidad manuscrita, justificantes de transferencias monetarias y documentación perteneciente a diversas víctimas potenciales.
La Fiscalía solicita una pena de 25 años de cárcel para cada una de las dos procesadas, a quienes también exige el pago de 30.000 euros en indemnizaciones por daños morales. Las cuatro víctimas del entramado comparecerán en el juicio bajo la condición de testigos protegidas.
Además de la supuesta red de explotación, las autoridades desmantelaron una plantación de marihuana en el mismo recinto. En total, se incautaron más de 200 plantas y centenares de esquejes que habrían alcanzado un valor de mercado cercano a los 35.000 euros. Junto al estupefaciente, se intervinieron casi 5.000 euros en efectivo, divisas extranjeras, terminales móviles y sistemas industriales de iluminación y ventilación.
El Ministerio Público solicita para los otros dos implicados, identificados como L.L. y M.A., penas de entre dos y tres años de cárcel por delitos contra la salud pública, junto a sanciones económicas que ascienden a 135.000 euros.
Para estos últimos, el fiscal propone que la condena se conmute por la expulsión de España durante una década una vez cumplida la parte inicial de la pena. Por su parte, se reclama que las dos cabecillas de la red indemnicen con 30.000 euros por daños morales a cuatro de las mujeres afectadas, quienes comparecerán en la vista oral como testigos protegidas.
Las investigaciones apuntan a que las dos principales encausadas obtenían su sustento económico mediante la explotación de mujeres en situación de vulnerabilidad. La actividad ilícita se interrumpió el 23 de febrero de 2023, cuando la Guardia Civil efectuó un registro en el local y detuvo a las sospechosas, que permanecen en prisión provisional desde entonces. En el operativo, los agentes hallaron contabilidad manuscrita, justificantes de transferencias monetarias y documentación perteneciente a diversas víctimas potenciales.
La Fiscalía solicita una pena de 25 años de cárcel para cada una de las dos procesadas, a quienes también exige el pago de 30.000 euros en indemnizaciones por daños morales. Las cuatro víctimas del entramado comparecerán en el juicio bajo la condición de testigos protegidas.
Además de la supuesta red de explotación, las autoridades desmantelaron una plantación de marihuana en el mismo recinto. En total, se incautaron más de 200 plantas y centenares de esquejes que habrían alcanzado un valor de mercado cercano a los 35.000 euros. Junto al estupefaciente, se intervinieron casi 5.000 euros en efectivo, divisas extranjeras, terminales móviles y sistemas industriales de iluminación y ventilación.
El Ministerio Público solicita para los otros dos implicados, identificados como L.L. y M.A., penas de entre dos y tres años de cárcel por delitos contra la salud pública, junto a sanciones económicas que ascienden a 135.000 euros.
Para estos últimos, el fiscal propone que la condena se conmute por la expulsión de España durante una década una vez cumplida la parte inicial de la pena. Por su parte, se reclama que las dos cabecillas de la red indemnicen con 30.000 euros por daños morales a cuatro de las mujeres afectadas, quienes comparecerán en la vista oral como testigos protegidas.
