Vox critica al Ayuntamiento de Almería por interferir en la educación de los hijos con el nuevo reglamento de menores

Indicar como riesgo la «no aceptación de la orientación sexual, identidad de género o características sexuales del menor» es una "herramienta de carácter ideológico trasladada al ámbito municipal"


Juan Francisco Rojas (VOX)

ALMERÍA HOY / 11·02·2026

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Almería ha manifestado su firme oposición al nuevo Reglamento del procedimiento para la declaración de situación de riesgo en menores. Según la formación, la normativa representa una «injerencia grave» en la autonomía educativa de las familias y en el ejercicio de la patria potestad.

El punto central del conflicto reside en que el reglamento incorpora como indicador de riesgo la «no aceptación de la orientación sexual, identidad de género o características sexuales del menor». Este criterio, basado en leyes de ámbito estatal y autonómico, es interpretado por Vox como una herramienta de carácter ideológico trasladada al ámbito municipal.

Juan Francisco Rojas, portavoz de la formación en el consistorio, ha señalado que la aplicación de estos indicadores supone un «atentado» a la libertad de los padres para educar a sus hijos según sus propias convicciones. Rojas ha criticado que el Partido Popular de Almería asuma lo que define como «ideología woke», argumentando que los derechos fundamentales no deben verse desplazados por políticas de género.

Alegaciones presentadas y rechazo del equipo de gobierno

En el proceso de elaboración de la norma, Vox presentó tres alegaciones con la intención de reforzar la seguridad jurídica y el respeto a la libertad ideológica. Sin embargo, el equipo de gobierno del Partido Popular ha rechazado la alegación principal, que advertía precisamente sobre la posible vulneración de los derechos de los progenitores.

Para el grupo municipal, esta decisión confirma un «claro sesgo ideológico» que, en su opinión, desvirtúa la función de los servicios sociales. Vox sostiene que estos organismos deben centrarse exclusivamente en la protección frente a situaciones objetivas de abandono o maltrato físico, y no actuar como fiscalizadores de las convicciones morales de las familias.

Desde la formación concluyen que el Ayuntamiento no posee la potestad para actuar como un «juez ideológico» dentro de los hogares almerienses ni para dirigir la educación que los padres deciden libremente para sus hijos.