"Ni el 'papeles para todos' de la izquierda ni la criminalización del extranjero por serlo" son la solución al colapso de las fronteras"
ALMERÍA HOY / 27·02·2026
La diputada nacional del Partido Popular de Almería, Maribel S. Torregrosa, ha protagonizado una dura intervención en el Congreso de los Diputados para denunciar la gestión migratoria del Ejecutivo central. Durante su discurso, la parlamentaria almeriense ha calificado la política de Pedro Sánchez como la más "cruel e inhumana" de la historia reciente de España. Torregrosa ha sustentado su crítica en las cifras de mortalidad en el mar, señalando que más de 13.500 personas han perdido la vida en los últimos dos años intentando alcanzar las costas españolas, basándose en los registros de la organización Caminando Fronteras.
La representante popular ha hecho especial hincapié en la situación de vulnerabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según Torregrosa, los agentes se encuentran "abandonados y sin medios" frente a las mafias que trafican con seres humanos. Asimismo, ha lamentado que el Gobierno apenas ejecute entre un 5% y un 8% de los expedientes de expulsión, lo que a su juicio supone un incumplimiento flagrante de la Ley de Extranjería y un síntoma de la "improvisación" y la "ideología" que imperan en el Ministerio.
Almería, centro de la presión migratoria en la Península
En clave local, la diputada ha alertado sobre el papel que juega Almería en el actual escenario internacional. Citando datos de FRONTEX, ha recordado que España es hoy la principal puerta de entrada de inmigración irregular a la Unión Europea. Esta presión se ha intensificado notablemente en la ruta del Mediterráneo Occidental, que conecta Argelia con el sur peninsular y Baleares. En este contexto, Almería destaca como el territorio de toda la península donde más se ha incrementado la llegada de pateras durante el año 2025, con un aumento general de la ruta del 57%.
Para la diputada almeriense, la propuesta de "regularización masiva" del Gobierno no solo enfrenta a España con sus socios europeos y el Pacto Europeo de Migración y Asilo, sino que proyecta una imagen de "debilidad" que las organizaciones criminales aprovechan. Torregrosa ha defendido que esta política convierte al país en un "coladero" y fomenta un efecto llamada que desborda las oficinas de extranjería locales.
Un modelo basado en la legalidad y el mercado laboral
Frente a la gestión actual, Torregrosa ha reivindicado el modelo de Alberto Núñez Feijóo, que apuesta por una política de Estado fundamentada en el control y el orden. En este sentido, ha marcado distancias tanto con el Gobierno como con VOX, rechazando planteamientos que considera "simplistas o jurídicamente inviables". La propuesta del Partido Popular pasa por vincular la migración a las necesidades del mercado laboral y garantizar que la residencia legal sea un requisito indispensable para el acceso a ayudas públicas.
Entre las medidas concretas planteadas por la diputada destacan:
- La repatriación efectiva de aquellos inmigrantes que cometan delitos graves o hagan del delito leve su modo de vida habitual.
- La exigencia de que no baste un mero empadronamiento para recibir prestaciones, reforzando el carácter excepcional del arraigo.
- La revisión de los acuerdos bilaterales con los países de origen para asegurar una colaboración real en el control de fronteras.
Un endurecimiento de los requisitos para obtener la nacionalidad española, exigiendo el cumplimiento de deberes y el respeto explícito a la Constitución y las leyes vigentes.
La representante popular ha hecho especial hincapié en la situación de vulnerabilidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según Torregrosa, los agentes se encuentran "abandonados y sin medios" frente a las mafias que trafican con seres humanos. Asimismo, ha lamentado que el Gobierno apenas ejecute entre un 5% y un 8% de los expedientes de expulsión, lo que a su juicio supone un incumplimiento flagrante de la Ley de Extranjería y un síntoma de la "improvisación" y la "ideología" que imperan en el Ministerio.
Almería, centro de la presión migratoria en la Península
En clave local, la diputada ha alertado sobre el papel que juega Almería en el actual escenario internacional. Citando datos de FRONTEX, ha recordado que España es hoy la principal puerta de entrada de inmigración irregular a la Unión Europea. Esta presión se ha intensificado notablemente en la ruta del Mediterráneo Occidental, que conecta Argelia con el sur peninsular y Baleares. En este contexto, Almería destaca como el territorio de toda la península donde más se ha incrementado la llegada de pateras durante el año 2025, con un aumento general de la ruta del 57%.
Para la diputada almeriense, la propuesta de "regularización masiva" del Gobierno no solo enfrenta a España con sus socios europeos y el Pacto Europeo de Migración y Asilo, sino que proyecta una imagen de "debilidad" que las organizaciones criminales aprovechan. Torregrosa ha defendido que esta política convierte al país en un "coladero" y fomenta un efecto llamada que desborda las oficinas de extranjería locales.
Un modelo basado en la legalidad y el mercado laboral
Frente a la gestión actual, Torregrosa ha reivindicado el modelo de Alberto Núñez Feijóo, que apuesta por una política de Estado fundamentada en el control y el orden. En este sentido, ha marcado distancias tanto con el Gobierno como con VOX, rechazando planteamientos que considera "simplistas o jurídicamente inviables". La propuesta del Partido Popular pasa por vincular la migración a las necesidades del mercado laboral y garantizar que la residencia legal sea un requisito indispensable para el acceso a ayudas públicas.
Entre las medidas concretas planteadas por la diputada destacan:
- La repatriación efectiva de aquellos inmigrantes que cometan delitos graves o hagan del delito leve su modo de vida habitual.
- La exigencia de que no baste un mero empadronamiento para recibir prestaciones, reforzando el carácter excepcional del arraigo.
- La revisión de los acuerdos bilaterales con los países de origen para asegurar una colaboración real en el control de fronteras.
Un endurecimiento de los requisitos para obtener la nacionalidad española, exigiendo el cumplimiento de deberes y el respeto explícito a la Constitución y las leyes vigentes.
