ALMERÍA HOY / 14·01·2026
El juzgado de instrucción número 1 de Almería ha dado un nuevo paso en la investigación de la presunta red de corrupción que salpica a la Diputación Provincial y al Ayuntamiento de Fines. El magistrado José Manuel Rey Bellot ha autorizado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el acceso total a los teléfonos móviles de seis empresarios del sector de la construcción. El objetivo es desentrañar una trama de "mordidas" y adjudicaciones ilícitas que, bajo el pretexto de la emergencia sanitaria, habría malversado fondos públicos.
Esta decisión judicial busca consolidar las pruebas sobre delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude en la contratación. Los terminales pertenecen a empresarios que ya fueron interrogados el pasado mes de noviembre, coincidiendo con la detención de figuras de alto nivel político, como el expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y el exvicepresidente segundo, Fernando Giménez.
Una red clientelar bajo el lenguaje del "dentista"
La investigación apunta a que en la Diputación de Almería se habría instaurado una dinámica de funcionamiento fraudulenta. Según los autos judiciales, los contratos no se adjudicaban bajo los principios de legalidad y transparencia, sino siguiendo intereses personales y económicos. Aunque el caso estalló por la compra de material sanitario durante la pandemia por valor de dos millones de euros, la UCO sospecha que la estructura era mucho más profunda y afectaba también a contratos de obras y servicios convencionales.
La trama operaba supuestamente en dos niveles: un grupo de cargos públicos que facilitaban las adjudicaciones a cambio de beneficios personales, y un entramado de sociedades que se prestaban al juego para obtener los contratos. Un detalle que ha llamado poderosamente la atención de los investigadores es el uso de un lenguaje encriptado en los mensajes de los implicados. En sus conversaciones de WhatsApp, dentro de un grupo llamado "Naranjito", utilizaban términos odontológicos para referirse presuntamente a las comisiones ilegales. Expresiones como "ir al dentista", "cambiar la piñata" o "empastarme dos muelas" aparecían de forma recurrente y absurda en contextos donde se discutían licitaciones públicas.
El rastro del dinero y las conexiones familiares
El auto judicial pone el foco en el rastro del dinero en efectivo. La investigación ha detectado ingresos opacos, como los realizados por el expresidente de la Diputación para pagar hipotecas o adquirir parcelas en Rodalquilar, cuyo origen no concuerda con sus ingresos como empleado público. Asimismo, se investiga la "instrumentalización" de comunidades de bienes familiares para canalizar fondos y blanquear dinero obtenido de forma ilícita.
Las conexiones familiares son otro pilar de la instrucción. Se señala directamente a empresas vinculadas a hermanos de altos cargos, como es el caso de la mercantil Pulconal, relacionada con el hermano del exdiputado Óscar Liria. Según la justicia, esta empresa habría percibido un 5% de beneficio de los contratos adjudicados por la propia Diputación. También se investiga la verdadera titularidad de la empresa OYC Servicios Urbanos, que el juez vincula con el exalcalde de Fines y su hijo.
Con el clonado y volcado de los terminales de estos seis empresarios, la Guardia Civil espera completar el mapa de esta organización y confirmar si, como indican los indicios, la crisis del Covid-19 fue utilizada por esta red para saquear las arcas públicas mientras la población se encontraba confinada
Esta decisión judicial busca consolidar las pruebas sobre delitos de cohecho, blanqueo de capitales y fraude en la contratación. Los terminales pertenecen a empresarios que ya fueron interrogados el pasado mes de noviembre, coincidiendo con la detención de figuras de alto nivel político, como el expresidente de la Diputación, Javier Aureliano García, y el exvicepresidente segundo, Fernando Giménez.
Una red clientelar bajo el lenguaje del "dentista"
La investigación apunta a que en la Diputación de Almería se habría instaurado una dinámica de funcionamiento fraudulenta. Según los autos judiciales, los contratos no se adjudicaban bajo los principios de legalidad y transparencia, sino siguiendo intereses personales y económicos. Aunque el caso estalló por la compra de material sanitario durante la pandemia por valor de dos millones de euros, la UCO sospecha que la estructura era mucho más profunda y afectaba también a contratos de obras y servicios convencionales.
La trama operaba supuestamente en dos niveles: un grupo de cargos públicos que facilitaban las adjudicaciones a cambio de beneficios personales, y un entramado de sociedades que se prestaban al juego para obtener los contratos. Un detalle que ha llamado poderosamente la atención de los investigadores es el uso de un lenguaje encriptado en los mensajes de los implicados. En sus conversaciones de WhatsApp, dentro de un grupo llamado "Naranjito", utilizaban términos odontológicos para referirse presuntamente a las comisiones ilegales. Expresiones como "ir al dentista", "cambiar la piñata" o "empastarme dos muelas" aparecían de forma recurrente y absurda en contextos donde se discutían licitaciones públicas.
El rastro del dinero y las conexiones familiares
El auto judicial pone el foco en el rastro del dinero en efectivo. La investigación ha detectado ingresos opacos, como los realizados por el expresidente de la Diputación para pagar hipotecas o adquirir parcelas en Rodalquilar, cuyo origen no concuerda con sus ingresos como empleado público. Asimismo, se investiga la "instrumentalización" de comunidades de bienes familiares para canalizar fondos y blanquear dinero obtenido de forma ilícita.
Las conexiones familiares son otro pilar de la instrucción. Se señala directamente a empresas vinculadas a hermanos de altos cargos, como es el caso de la mercantil Pulconal, relacionada con el hermano del exdiputado Óscar Liria. Según la justicia, esta empresa habría percibido un 5% de beneficio de los contratos adjudicados por la propia Diputación. También se investiga la verdadera titularidad de la empresa OYC Servicios Urbanos, que el juez vincula con el exalcalde de Fines y su hijo.
Con el clonado y volcado de los terminales de estos seis empresarios, la Guardia Civil espera completar el mapa de esta organización y confirmar si, como indican los indicios, la crisis del Covid-19 fue utilizada por esta red para saquear las arcas públicas mientras la población se encontraba confinada
