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J. A. SÁEZ CALVO
Europa se enfrenta a una paradoja estratégica que durante décadas ha preferido no mirar de frente: exige alimentos abundantes, baratos, sostenibles y perfectamente trazables. Pero al mismo tiempo ha ido debilitando de forma constante las condiciones económicas, sociales y políticas que permiten producirlos dentro de sus propias fronteras. Las protestas de agricultores y ganaderos que recorren hoy España y buena parte del continente son la manifestación visible de una fractura estructural entre el discurso político y la realidad productiva del campo.
Las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur han actuado como catalizador de ese malestar. No porque el comercio internacional sea en sí mismo negativo, sino porque llega a un sistema agrario ya exhausto, sometido a una presión regulatoria creciente, a costes de producción al alza y a una pérdida paulatina de rentabilidad. Desde Bruselas se presenta como equilibrado, estratégico y beneficioso para ambas partes. Desde el tractor, sin embargo, se percibe como una amenaza directa a la supervivencia económica de miles de explotaciones que apenas sobreviven campaña tras campaña.
El problema es la asimetría estructural sobre la que se construye. El agricultor produce bajo uno de los marcos normativos más exigentes del mundo en materia ambiental, laboral, sanitaria y administrativa, compite en el mismo ámbito con mercancías procedentes de regiones donde esas exigencias no existen o se aplican con mucha menor intensidad.
El acuerdo UE–Mercosur no modifica directamente la exigencia legal de cumplir con los estándares comunitarios; lo que cambia es la posibilidad de que alimentos cultivados bajo reglas distintas lleguen al consumidor, sujetos a esos límites máximos. Esto genera preocupación porque, aunque los artículos deben cumplir los requisitos sanitarios del marco comunitario, muchos agricultores y organizaciones señalan que hay diferencias en los métodos de producción. Además, el volumen de llegada obligará a controles por muestreo que pueden ser insuficientes para el tráfico real.
Francia ha anunciado medidas adicionales para impedir la venta en su territorio de alimentos que contengan residuos de varios principios no permitidos en la UE, herbicidas y pesticidas como mancozeb o glufosinato, como respuesta específica a estas preocupaciones.
En países como Brasil o Argentina, se permite la utilización de numerosas sustancias activas que han sido prohibidas en la Unión por razones de salud pública, medioambientales o de precaución científica.
Algo similar ocurre con países del Norte de África, proveedores clave de frutas, hortalizas y géneros frescos para el mercado europeo. En estos entornos, las normativas sobre fitosanitarios, trazabilidad, uso de agua o condiciones laborales difieren de forma sustancial de las exigidas a los agricultores y ganaderos comunitarios. Aplica también aquí el criterio de límites máximos de residuos en destino, lo que permite la entrada de alimentos con sustancias no autorizadas en el bloque comunitario siempre que no superen determinados umbrales analíticos. Cabe preguntarse si, con una importación masiva y revisiones por muestreo insuficientes para el volumen real, no estaremos generando un potencial problema de salud pública a medio plazo.
Es cierto que están definidos unos reglamentos aplicables a las mercancías que entran en el mercado comunitario, como el R(UE) 2016/2031 en sanidad vegetal y el R(UE) 2017/625 para controles oficiales, pero hay un inconveniente importante: el porcentaje de partidas importadas que se inspecciona físicamente o en profundidad. Según datos de la Comisión, como síntoma de saturación del sistema de entradas de frontera, en 2024 se declararon en aduana aproximadamente 4.777 millones de productos, de los que solo 392.529 fueron objeto de verificaciones físicas de conformidad con las normas comunitarias. Es decir, aproximadamente el 0,0082 % del total, dicho de otra manera, 82 de cada millón de artículos. Esto alimenta la percepción de que no se compite con reglas equivalentes. Por tanto, la diferencia de costes no es accidental; es sistémica.
En España, esta tensión se ha traducido en tractoradas, cortes de carreteras, concentraciones ante delegaciones gubernamentales y un clima de hartazgo que atraviesa ideologías y generaciones. Se protesta contra una sensación de abandono acumulada. El agricultor percibe que se le exige producir más con menos, adaptarse a estándares cambiantes, asumir riesgos climáticos crecientes y competir globalmente sin ventajas. Todo ello mientras se le presenta como responsable de problemas ambientales que no creó en solitario y para los que no recibe apoyo proporcional.
El sector agrario, tradicionalmente, ha sabido proteger el medio en el que se ha desarrollado, y cuestiona que las restricciones a todos los niveles que aparecen en las políticas medioambientales se apoyen casi exclusivamente sobre su espalda. Cuando algo se convierte en una actividad de alto riesgo económico y bajo reconocimiento social, el resultado no es sostenibilidad, sino retirada progresiva de la actividad. Y una explotación abandonada no reduce emisiones ni protege la biodiversidad; simplemente desaparece.
Las instituciones europeas insisten en que el acuerdo con Mercosur incluye salvaguardias para sectores sensibles y mecanismos correctores en caso de distorsiones. La experiencia demuestra que esos mecanismos son lentos, complejos y políticamente costosos de activar. Para un agricultor que vive de ciclos anuales, esperar a que Bruselas reaccione es, en la práctica, esperar demasiado. Una campaña ruinosa puede ser suficiente para salir definitivamente del sistema productivo.
El conflicto adquiere una dimensión aún más clara cuando se observa lo que ocurre dentro de las propias denominaciones de origen y figuras de calidad. En territorios como Trevélez o Serón, la resistencia a integrarse en macro-denominaciones nacionales responde a una lógica económica elemental. Cuando una denominación se diluye, pierde singularidad, rebaja exigencias y compite por precio. Y en un mercado globalizado, el precio es la batalla que el pequeño productor siempre pierde. La pérdida de personalidad no es solo cultural; es la antesala de la irrelevancia económica.
Al aumentar la presión competitiva en los lineales, se reduce el margen de maniobra en la diferenciación y empuja a una parte del sector hacia la estandarización. La incongruencia es evidente: Europa presume de su patrimonio gastronómico y territorial mientras adopta políticas comerciales que lo erosionan lentamente.
A corto plazo, los beneficios son claros para determinados actores. Las grandes cadenas de distribución, las industrias transformadoras y el consumidor urbano obtienen precios más contenidos y oferta abundante. Pero este beneficio es táctico, no estratégico. A medio término, la desaparición progresiva de productores locales reduce la competencia real, concentra la cadena alimentaria y aumenta la dependencia exterior. El ahorro de hoy puede convertirse en vulnerabilidad mañana.
La seguridad alimentaria se mide por la capacidad de respuesta ante crisis, por la diversidad productiva y por el control de suministros básicos, justo cuando confiar en un circuito global estable resulta cada vez menos razonable: conflictos prolongados, tensiones geopolíticas, crisis energéticas, alteraciones climáticas y uso político de los alimentos como herramienta de presión. Como ejemplo, la crisis del grano derivada de la guerra de Ucrania fue un aviso claro.
Ahí entra Mercosur, se puede considerar un proveedor fiable, pero también es un bloque soberano con intereses propios. En un escenario de crisis global, ningún país prioriza indefinidamente el abastecimiento externo frente a su estabilidad interna. Pensar lo contrario es confundir comercio con dependencia. Europa ya ha recorrido ese camino en sectores como la energía o la industria pesada, y ahora corre el riesgo de repetirlo con algo mucho más básico: la alimentación. Las protestas agrarias no son un simple rechazo al comercio internacional. Son una advertencia temprana de que el modelo actual no funciona para quienes sostienen el sistema desde abajo. Cuando producir alimentos deja de ser rentable, no se corrige con discursos ni con campañas de comunicación. Se corrige con políticas coherentes, con cláusulas espejo reales en los acuerdos comerciales, con una PAC orientada a la viabilidad.
Nuestro continente se enfrenta a seguir avanzando hacia un modelo de gran mercado regulado, dependiente del exterior y satisfecho con equilibrios contables, o asumir que la soberanía alimentaria es un pilar tan importante como la energética o la tecnológica. No se pueden exigir estándares elevados sin garantizar condiciones de competencia equivalentes. Ni hablar de transición mientras se asfixia económicamente al productor primario.
La Unión Europea aún está a tiempo de corregir el rumbo. Pero el margen se estrecha. Cada explotación que cierra, cada joven que rompe la continuidad generacional, cada territorio que se vacía es una pérdida difícilmente reversible. La seguridad alimentaria no se improvisa. O se construye con previsión y coherencia, o se paga con crisis. Y hoy, se camina peligrosamente cerca de esa frontera.
Las negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur han actuado como catalizador de ese malestar. No porque el comercio internacional sea en sí mismo negativo, sino porque llega a un sistema agrario ya exhausto, sometido a una presión regulatoria creciente, a costes de producción al alza y a una pérdida paulatina de rentabilidad. Desde Bruselas se presenta como equilibrado, estratégico y beneficioso para ambas partes. Desde el tractor, sin embargo, se percibe como una amenaza directa a la supervivencia económica de miles de explotaciones que apenas sobreviven campaña tras campaña.
El problema es la asimetría estructural sobre la que se construye. El agricultor produce bajo uno de los marcos normativos más exigentes del mundo en materia ambiental, laboral, sanitaria y administrativa, compite en el mismo ámbito con mercancías procedentes de regiones donde esas exigencias no existen o se aplican con mucha menor intensidad.
El acuerdo UE–Mercosur no modifica directamente la exigencia legal de cumplir con los estándares comunitarios; lo que cambia es la posibilidad de que alimentos cultivados bajo reglas distintas lleguen al consumidor, sujetos a esos límites máximos. Esto genera preocupación porque, aunque los artículos deben cumplir los requisitos sanitarios del marco comunitario, muchos agricultores y organizaciones señalan que hay diferencias en los métodos de producción. Además, el volumen de llegada obligará a controles por muestreo que pueden ser insuficientes para el tráfico real.
Francia ha anunciado medidas adicionales para impedir la venta en su territorio de alimentos que contengan residuos de varios principios no permitidos en la UE, herbicidas y pesticidas como mancozeb o glufosinato, como respuesta específica a estas preocupaciones.
En países como Brasil o Argentina, se permite la utilización de numerosas sustancias activas que han sido prohibidas en la Unión por razones de salud pública, medioambientales o de precaución científica.
Algo similar ocurre con países del Norte de África, proveedores clave de frutas, hortalizas y géneros frescos para el mercado europeo. En estos entornos, las normativas sobre fitosanitarios, trazabilidad, uso de agua o condiciones laborales difieren de forma sustancial de las exigidas a los agricultores y ganaderos comunitarios. Aplica también aquí el criterio de límites máximos de residuos en destino, lo que permite la entrada de alimentos con sustancias no autorizadas en el bloque comunitario siempre que no superen determinados umbrales analíticos. Cabe preguntarse si, con una importación masiva y revisiones por muestreo insuficientes para el volumen real, no estaremos generando un potencial problema de salud pública a medio plazo.
Es cierto que están definidos unos reglamentos aplicables a las mercancías que entran en el mercado comunitario, como el R(UE) 2016/2031 en sanidad vegetal y el R(UE) 2017/625 para controles oficiales, pero hay un inconveniente importante: el porcentaje de partidas importadas que se inspecciona físicamente o en profundidad. Según datos de la Comisión, como síntoma de saturación del sistema de entradas de frontera, en 2024 se declararon en aduana aproximadamente 4.777 millones de productos, de los que solo 392.529 fueron objeto de verificaciones físicas de conformidad con las normas comunitarias. Es decir, aproximadamente el 0,0082 % del total, dicho de otra manera, 82 de cada millón de artículos. Esto alimenta la percepción de que no se compite con reglas equivalentes. Por tanto, la diferencia de costes no es accidental; es sistémica.
En España, esta tensión se ha traducido en tractoradas, cortes de carreteras, concentraciones ante delegaciones gubernamentales y un clima de hartazgo que atraviesa ideologías y generaciones. Se protesta contra una sensación de abandono acumulada. El agricultor percibe que se le exige producir más con menos, adaptarse a estándares cambiantes, asumir riesgos climáticos crecientes y competir globalmente sin ventajas. Todo ello mientras se le presenta como responsable de problemas ambientales que no creó en solitario y para los que no recibe apoyo proporcional.
El sector agrario, tradicionalmente, ha sabido proteger el medio en el que se ha desarrollado, y cuestiona que las restricciones a todos los niveles que aparecen en las políticas medioambientales se apoyen casi exclusivamente sobre su espalda. Cuando algo se convierte en una actividad de alto riesgo económico y bajo reconocimiento social, el resultado no es sostenibilidad, sino retirada progresiva de la actividad. Y una explotación abandonada no reduce emisiones ni protege la biodiversidad; simplemente desaparece.
Las instituciones europeas insisten en que el acuerdo con Mercosur incluye salvaguardias para sectores sensibles y mecanismos correctores en caso de distorsiones. La experiencia demuestra que esos mecanismos son lentos, complejos y políticamente costosos de activar. Para un agricultor que vive de ciclos anuales, esperar a que Bruselas reaccione es, en la práctica, esperar demasiado. Una campaña ruinosa puede ser suficiente para salir definitivamente del sistema productivo.
El conflicto adquiere una dimensión aún más clara cuando se observa lo que ocurre dentro de las propias denominaciones de origen y figuras de calidad. En territorios como Trevélez o Serón, la resistencia a integrarse en macro-denominaciones nacionales responde a una lógica económica elemental. Cuando una denominación se diluye, pierde singularidad, rebaja exigencias y compite por precio. Y en un mercado globalizado, el precio es la batalla que el pequeño productor siempre pierde. La pérdida de personalidad no es solo cultural; es la antesala de la irrelevancia económica.
Al aumentar la presión competitiva en los lineales, se reduce el margen de maniobra en la diferenciación y empuja a una parte del sector hacia la estandarización. La incongruencia es evidente: Europa presume de su patrimonio gastronómico y territorial mientras adopta políticas comerciales que lo erosionan lentamente.
A corto plazo, los beneficios son claros para determinados actores. Las grandes cadenas de distribución, las industrias transformadoras y el consumidor urbano obtienen precios más contenidos y oferta abundante. Pero este beneficio es táctico, no estratégico. A medio término, la desaparición progresiva de productores locales reduce la competencia real, concentra la cadena alimentaria y aumenta la dependencia exterior. El ahorro de hoy puede convertirse en vulnerabilidad mañana.
La seguridad alimentaria se mide por la capacidad de respuesta ante crisis, por la diversidad productiva y por el control de suministros básicos, justo cuando confiar en un circuito global estable resulta cada vez menos razonable: conflictos prolongados, tensiones geopolíticas, crisis energéticas, alteraciones climáticas y uso político de los alimentos como herramienta de presión. Como ejemplo, la crisis del grano derivada de la guerra de Ucrania fue un aviso claro.
Ahí entra Mercosur, se puede considerar un proveedor fiable, pero también es un bloque soberano con intereses propios. En un escenario de crisis global, ningún país prioriza indefinidamente el abastecimiento externo frente a su estabilidad interna. Pensar lo contrario es confundir comercio con dependencia. Europa ya ha recorrido ese camino en sectores como la energía o la industria pesada, y ahora corre el riesgo de repetirlo con algo mucho más básico: la alimentación. Las protestas agrarias no son un simple rechazo al comercio internacional. Son una advertencia temprana de que el modelo actual no funciona para quienes sostienen el sistema desde abajo. Cuando producir alimentos deja de ser rentable, no se corrige con discursos ni con campañas de comunicación. Se corrige con políticas coherentes, con cláusulas espejo reales en los acuerdos comerciales, con una PAC orientada a la viabilidad.
Nuestro continente se enfrenta a seguir avanzando hacia un modelo de gran mercado regulado, dependiente del exterior y satisfecho con equilibrios contables, o asumir que la soberanía alimentaria es un pilar tan importante como la energética o la tecnológica. No se pueden exigir estándares elevados sin garantizar condiciones de competencia equivalentes. Ni hablar de transición mientras se asfixia económicamente al productor primario.
La Unión Europea aún está a tiempo de corregir el rumbo. Pero el margen se estrecha. Cada explotación que cierra, cada joven que rompe la continuidad generacional, cada territorio que se vacía es una pérdida difícilmente reversible. La seguridad alimentaria no se improvisa. O se construye con previsión y coherencia, o se paga con crisis. Y hoy, se camina peligrosamente cerca de esa frontera.
