La tarjeta del banquero desaparecido fue utilizada de forma fraudulenta en nueve ocasiones, con ella se intentaban encajar las piezas de un puzle que apuntaba a un episodio violento y a una posterior ocultación del cadáver que sigue sin aparecer
ALMERÍA HOY / 21·01·2026
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado la nulidad de una prueba importante de la denominada Operación Lingüa, la investigación judicial sobre la misteriosa desaparición y presunto asesinato del banquero francés Antoine Cortez en la localidad de Vera. En un auto con fecha de 19 de enero de 2026, la Sala de lo Civil y Penal ha declarado la nulidad radical del registro practicado por la Guardia Civil en la vivienda del único sospechoso, A.E.M., una decisión que obliga a expulsar del procedimiento la que hasta ahora se consideraba la prueba reina del caso: la tarjeta bancaria de la víctima.
Los hechos que originaron este complejo laberinto judicial se remontan a la noche del 23 de agosto de 2023. Esa fue la última vez que se tuvo noticia de Antoine Cortez, cuyo rastro se perdió tras acudir, según los indicios policiales, al domicilio del ahora acusado. A partir de esa madrugada, la tarjeta del banquero fue utilizada de forma fraudulenta en nueve ocasiones para retirar efectivo, mientras los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) intentaban encajar las piezas de un puzle que apuntaba a un episodio violento y a una posterior ocultación del cadáver, el cual sigue sin aparecer pese a las intensas búsquedas de los buzos del GEAS.
Sin embargo, el reciente dictamen del magistrado ponente Miguel Pasquau Liaño sostiene que el pilar central de la acusación se construyó sobre una base jurídicamente contaminada. El tribunal ha dado la razón al letrado de la defensa, Nabil El Meknassi Barnosi, al considerar que se vulneró el derecho fundamental a la defensa de A.E.M. durante los primeros compases de la investigación. En septiembre de 2023, la Guardia Civil tomó declaración al sospechoso en calidad de testigo, una figura que obliga a decir la verdad y carece de asistencia letrada, a pesar de que los agentes ya manejaban indicios suficientes para tratarlo como investigado.
Fue precisamente en ese interrogatorio, realizado bajo una evidente presión ambiental y sin la presencia de un abogado, donde se obtuvo el consentimiento para entrar en la vivienda. El TSJA es contundente al afirmar que dicho permiso no fue válido, pues el sospechoso, ciudadano extranjero, no fue informado con claridad de su derecho a negarse y pudo acceder simplemente para no levantar más sospechas sobre su persona. Al invalidarse el registro por esta indefensión material, la tarjeta de crédito hallada en el domicilio —que vinculaba físicamente al detenido con el robo y la desaparición— queda fuera del tablero de juego y no podrá ser mencionada ante el futuro jurado popular.
Este vuelco procesal deja la tesis de la Guardia Civil en una posición extremadamente delicada. Aunque el tribunal matiza que esta nulidad no tiene por qué invalidar otras pruebas independientes, como el posicionamiento de los teléfonos móviles o posibles hallazgos biológicos fuera del inmueble, lo cierto es que la desaparición del nexo físico más sólido entre la víctima y el presunto homicida debilita la estructura de un caso que ya de por sí se presentaba complejo ante la ausencia de un cuerpo.
Los hechos que originaron este complejo laberinto judicial se remontan a la noche del 23 de agosto de 2023. Esa fue la última vez que se tuvo noticia de Antoine Cortez, cuyo rastro se perdió tras acudir, según los indicios policiales, al domicilio del ahora acusado. A partir de esa madrugada, la tarjeta del banquero fue utilizada de forma fraudulenta en nueve ocasiones para retirar efectivo, mientras los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) intentaban encajar las piezas de un puzle que apuntaba a un episodio violento y a una posterior ocultación del cadáver, el cual sigue sin aparecer pese a las intensas búsquedas de los buzos del GEAS.
Sin embargo, el reciente dictamen del magistrado ponente Miguel Pasquau Liaño sostiene que el pilar central de la acusación se construyó sobre una base jurídicamente contaminada. El tribunal ha dado la razón al letrado de la defensa, Nabil El Meknassi Barnosi, al considerar que se vulneró el derecho fundamental a la defensa de A.E.M. durante los primeros compases de la investigación. En septiembre de 2023, la Guardia Civil tomó declaración al sospechoso en calidad de testigo, una figura que obliga a decir la verdad y carece de asistencia letrada, a pesar de que los agentes ya manejaban indicios suficientes para tratarlo como investigado.
Fue precisamente en ese interrogatorio, realizado bajo una evidente presión ambiental y sin la presencia de un abogado, donde se obtuvo el consentimiento para entrar en la vivienda. El TSJA es contundente al afirmar que dicho permiso no fue válido, pues el sospechoso, ciudadano extranjero, no fue informado con claridad de su derecho a negarse y pudo acceder simplemente para no levantar más sospechas sobre su persona. Al invalidarse el registro por esta indefensión material, la tarjeta de crédito hallada en el domicilio —que vinculaba físicamente al detenido con el robo y la desaparición— queda fuera del tablero de juego y no podrá ser mencionada ante el futuro jurado popular.
Este vuelco procesal deja la tesis de la Guardia Civil en una posición extremadamente delicada. Aunque el tribunal matiza que esta nulidad no tiene por qué invalidar otras pruebas independientes, como el posicionamiento de los teléfonos móviles o posibles hallazgos biológicos fuera del inmueble, lo cierto es que la desaparición del nexo físico más sólido entre la víctima y el presunto homicida debilita la estructura de un caso que ya de por sí se presentaba complejo ante la ausencia de un cuerpo.
