Indican que cinco de cada cien viviendas en venta están ocupadas ilegalmente, una tasa que se sitúa por encima de la media nacional
ALMERÍA HOY / 23·01·2026
Representantes del Partido Popular de Almería en las Cortes Generales han mantenido un encuentro de trabajo con la Asociación de Promotores de la provincia para analizar la situación del sector. Durante la reunión, se han expuesto los datos de demanda residencial en Almería, que estima un déficit actual de unas 9.530 viviendas en todo el territorio provincial.
Previsiones y necesidades habitacionales
La diputada nacional Ana Martínez Labella ha señalado que, aunque la capital parte de una situación más favorable gracias a la gestión de la empresa municipal de vivienda y la Junta de Andalucía —con un millar de inmuebles ya creados—, la proyección de crecimiento sigue siendo exigente. Según los datos manejados en el encuentro, solo la ciudad de Almería necesitará la construcción de aproximadamente 5.000 nuevas viviendas hasta el año 2030 para cubrir la demanda.
El análisis del mercado local también destaca una caída continuada de la oferta en venta, lo que está contribuyendo a un aumento de los precios y dificultando el acceso a la vivienda para jóvenes y familias con rentas ajustadas.
Seguridad jurídica y lucha contra la okupación
Uno de los puntos clave de la reunión ha sido la preocupación por la inseguridad jurídica en el mercado del alquiler. Según los datos facilitados por los representantes populares, en la provincia de Almería alrededor de cinco de cada cien viviendas en venta están ocupadas ilegalmente, una tasa que se sitúa por encima de la media nacional.
Para revertir esta tendencia y movilizar más inmuebles hacia el mercado, se han propuesto medidas integradas en el plan nacional de la formación tales como agilización de desalojos en un plazo máximo de 24 horas; control del padrón ilegal en estas propiedades y medidas par facilitar la movilización de suelo público y agilización de licencias de construcción y rehabilitación.
Incentivos al sector y fiscalidad
El plan presentado a los promotores contempla un total de 30 medidas técnicas que buscan transformar el mercado inmobiliario mediante la bajada de impuestos y la reducción de trabas administrativas. El objetivo final es transitar de un modelo de alquiler precario hacia uno que facilite de nuevo el acceso a la propiedad privada, garantizando que el sector promotor cuente con las herramientas necesarias para aumentar la oferta residencial en la provincia.
Previsiones y necesidades habitacionales
La diputada nacional Ana Martínez Labella ha señalado que, aunque la capital parte de una situación más favorable gracias a la gestión de la empresa municipal de vivienda y la Junta de Andalucía —con un millar de inmuebles ya creados—, la proyección de crecimiento sigue siendo exigente. Según los datos manejados en el encuentro, solo la ciudad de Almería necesitará la construcción de aproximadamente 5.000 nuevas viviendas hasta el año 2030 para cubrir la demanda.
El análisis del mercado local también destaca una caída continuada de la oferta en venta, lo que está contribuyendo a un aumento de los precios y dificultando el acceso a la vivienda para jóvenes y familias con rentas ajustadas.
Seguridad jurídica y lucha contra la okupación
Uno de los puntos clave de la reunión ha sido la preocupación por la inseguridad jurídica en el mercado del alquiler. Según los datos facilitados por los representantes populares, en la provincia de Almería alrededor de cinco de cada cien viviendas en venta están ocupadas ilegalmente, una tasa que se sitúa por encima de la media nacional.
Para revertir esta tendencia y movilizar más inmuebles hacia el mercado, se han propuesto medidas integradas en el plan nacional de la formación tales como agilización de desalojos en un plazo máximo de 24 horas; control del padrón ilegal en estas propiedades y medidas par facilitar la movilización de suelo público y agilización de licencias de construcción y rehabilitación.
Incentivos al sector y fiscalidad
El plan presentado a los promotores contempla un total de 30 medidas técnicas que buscan transformar el mercado inmobiliario mediante la bajada de impuestos y la reducción de trabas administrativas. El objetivo final es transitar de un modelo de alquiler precario hacia uno que facilite de nuevo el acceso a la propiedad privada, garantizando que el sector promotor cuente con las herramientas necesarias para aumentar la oferta residencial en la provincia.
