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J. A. SÁEZ CALVO
El 26 de diciembre de 1489 Almería capituló ante los Reyes Católicos y pasó a la Corona de Castilla. La ceremonia del Pendón recuerda ese giro, pero rara vez se acompaña de una explicación clara sobre lo que ocurrió después desde el punto de vista territorial. Y no es un matiz menor: durante siglos, Almería no quedó flotando en una estructura difusa, sino integrada en una circunscripción concreta, nombrada y regulada.
Conviene decirlo sin rodeos, porque la historia institucional también pesa. Tras la conquista, el antiguo Reino nazarí desaparece como soberano, pero se mantiene el nombre de Reino de Granada para designar el territorio incorporado a la Monarquía. Este hecho es esencial y, sin embargo, suele omitirse. Desde finales del siglo XV y a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII, aparece de forma constante en la documentación oficial, en la organización judicial, en la fiscalidad y en la cartografía. Es un nombre usado por la propia administración de la Monarquía. Almería quedó dentro de ese ámbito y lo estuvo durante la Edad Moderna con continuidad administrativa.
Basta asomarse a la arquitectura del poder para comprobarlo. La creación de la Real Chancillería de Granada en 1505 es otra prueba clara. La Chancillería era el máximo tribunal para todo el ámbito territorial. Su jurisdicción abarcaba las zonas de Granada, Almería, Málaga y Jaén. A ello se suman la Capitanía General, la organización hacendística y el uso continuado del término en censos, ordenanzas y documentos reales. Todo ello confirma que aquel reino funcionó como una unidad territorial reconocida.
En el siglo XVIII, España se articulaba en provincias y antiguos reinos; no existían autonomías ni un nivel intermedio comparable al actual. Ese dato ayuda a situar el debate.
Almería, por tanto, quedó integrada durante más de tres siglos. Su pertenencia al Reino de Granada no fue circunstancial ni secundaria. Condicionó su organización territorial, su régimen fiscal y su relación con el poder central.
Ese encuadre se mantuvo hasta la gran reforma liberal del siglo XIX. La división provincial de 1833 no atiende a identidades, se limita a reorganizar el Estado liberal con criterios de eficacia, control y homogeneidad. Desde entonces Almería figura como provincia, pero lo hace después de siglos de pertenencia a un marco común con ciudades y comarcas vecinas. La ruptura, por tanto, no viene de la Edad Media; viene de la ingeniería administrativa moderna.
Aquí suele aparecer el debate contemporáneo, y es normal que aparezca. El mapa autonómico que hoy damos por sentado no existía como tal ni en la Edad Moderna ni en el XIX e inicios del XX. Andalucía, en su forma actual, es un diseño político reciente, nacido en la Transición y consolidado con el Estado de las autonomías. Para muchos fue una solución razonable; para otros, una construcción discutible, un relato ensamblado con prisas y, en parte, percibida como una entrada por la puerta de atrás, al menos en términos de legitimación simbólica. ¿Por qué las ocho provincias fueron obligadas a estar juntas con peor suerte para unas que para otras? ¿Y por qué no mantener la estructura administrativa que desde ese 26 de diciembre funcionó aunando Málaga, Granada, Jaén y Almería como algunos plantearon antes y ahora? Cuestionarlo con argumentos no es una provocación, y plantear si el encaje actual sirve o no a Almería debería ser una discusión real, sin dogmas ni complejos. ¿Por qué importa esto en el día del Pendón? Porque una provincia no vive solo de símbolos, vive de decisiones. Y Almería lleva demasiado tiempo pagando el precio de estar en el extremo, periferia dentro de la periferia. Se repite que faltan inversiones como si fuera un eslogan. La realidad es más áspera: déficits acumulados en conectividad ferroviaria, en planificación territorial a largo plazo y en infraestructuras estratégicas que determinan competitividad. No es una queja más en la idiosincrasia de un pueblo; es un condicionante que se traduce en costes y en oportunidades perdidas.
Paradójicamente, Almería sostiene sectores de primer orden. Su agricultura intensiva orientada a la exportación, su posición logística mediterránea, su relación constante con mercados exteriores y la presión permanente sobre el agua exigen una política fina y sostenida, no parches. Y aquí cabe decirlo sin tapujos: a Almería se la aplaude cuando produce, pero se la recuerda tarde cuando reclama. Esa sensación de infravaloración no nace de una condición identitaria; lo hace de años de ver cómo proyectos y calendarios se aplazan, o llegan con retraso crónico, mientras el discurso oficial pide paciencia como si la paciencia fuera un plan.
Almería pide un trato proporcionado a su esfuerzo, y una planificación que no llegue cuando el ciclo ya ha cambiado. Ese deseo de desarrollo, tan antiguo como la propia ciudad, merece ser escuchado con hechos.
El Pendón, en este contexto, deja de ser un ritual ornamental y se convierte en una ocasión para pensar con precisión. Las fronteras administrativas cambian, pero los desequilibrios territoriales, si se dejan a su suerte, se vuelven estructurales. Si un sistema político no corrige los desajustes, termina por normalizarlos. Y entonces aparece lo más peligroso, que es la resignación: aceptar como natural que una provincia con aportación económica notable llegue siempre después, conecte peor o tenga menos voz en las decisiones estratégicas que le afectan. La memoria histórica, bien entendida, no es solo un regreso al pasado ni un culto a nombres antiguos. Es una herramienta para mirar el presente sin niebla. Recordar la pertenencia histórica a un reino administrativo concreto no obliga a vivir mirando atrás, pero sí exige corregir un olvido: el de la trayectoria institucional del sureste y el de su posición real, vertebrada por costa, montaña y desierto, con problemas propios y oportunidades claras.
Desde ahí se puede cuestionar si la estructura autonómica actual, tal como opera y como está constituido, responde de verdad a las necesidades del sureste.
El sureste no necesita relatos del político de turno ni consignas de salón. Es prioritaria una agenda de desarrollo con objetivos medibles y una exigencia política clara: mejor conexión ferroviaria y viaria, planificación hídrica seria, infraestructuras que acompañen a su economía exportadora y un reconocimiento proporcional a lo que aporta. Y también recuperar su propia historia sin pedir permiso, porque una comunidad que olvida su trayectoria se vuelve más vulnerable si no corrige lo que se ha torcido.
La referencia a un carácter propio y a un fondo histórico rico, a menudo ignorado, debería ayudarnos a replantear debates identitarios y a mirar con más espíritu crítico los marcos legales vigentes. Hay que reconocer que el Reino de Granada existió, que mantuvo su nombre y su estructura durante siglos y que articuló un espacio coherente no es una opinión: es un hecho documentado.
El Pendón no debería ser un objeto decorativo ni una tradición inocua. Es, o podría ser, el recordatorio anual de que la historia institucional de Almería es más rica de lo que se cuenta y de que el futuro no se improvisa. Si la ceremonia sirve para algo, debería servir para esto: para exigir claridad, para medir resultados y para sostener el derecho de Almería a dejar de estar siempre al final del mapa y acercarse, por fin, al desarrollo que tantos desean y que, honestamente, ya va siendo hora de tomar en serio.
Basta asomarse a la arquitectura del poder para comprobarlo. La creación de la Real Chancillería de Granada en 1505 es otra prueba clara. La Chancillería era el máximo tribunal para todo el ámbito territorial. Su jurisdicción abarcaba las zonas de Granada, Almería, Málaga y Jaén. A ello se suman la Capitanía General, la organización hacendística y el uso continuado del término en censos, ordenanzas y documentos reales. Todo ello confirma que aquel reino funcionó como una unidad territorial reconocida.
En el siglo XVIII, España se articulaba en provincias y antiguos reinos; no existían autonomías ni un nivel intermedio comparable al actual. Ese dato ayuda a situar el debate.
Almería, por tanto, quedó integrada durante más de tres siglos. Su pertenencia al Reino de Granada no fue circunstancial ni secundaria. Condicionó su organización territorial, su régimen fiscal y su relación con el poder central.
Ese encuadre se mantuvo hasta la gran reforma liberal del siglo XIX. La división provincial de 1833 no atiende a identidades, se limita a reorganizar el Estado liberal con criterios de eficacia, control y homogeneidad. Desde entonces Almería figura como provincia, pero lo hace después de siglos de pertenencia a un marco común con ciudades y comarcas vecinas. La ruptura, por tanto, no viene de la Edad Media; viene de la ingeniería administrativa moderna.
Aquí suele aparecer el debate contemporáneo, y es normal que aparezca. El mapa autonómico que hoy damos por sentado no existía como tal ni en la Edad Moderna ni en el XIX e inicios del XX. Andalucía, en su forma actual, es un diseño político reciente, nacido en la Transición y consolidado con el Estado de las autonomías. Para muchos fue una solución razonable; para otros, una construcción discutible, un relato ensamblado con prisas y, en parte, percibida como una entrada por la puerta de atrás, al menos en términos de legitimación simbólica. ¿Por qué las ocho provincias fueron obligadas a estar juntas con peor suerte para unas que para otras? ¿Y por qué no mantener la estructura administrativa que desde ese 26 de diciembre funcionó aunando Málaga, Granada, Jaén y Almería como algunos plantearon antes y ahora? Cuestionarlo con argumentos no es una provocación, y plantear si el encaje actual sirve o no a Almería debería ser una discusión real, sin dogmas ni complejos. ¿Por qué importa esto en el día del Pendón? Porque una provincia no vive solo de símbolos, vive de decisiones. Y Almería lleva demasiado tiempo pagando el precio de estar en el extremo, periferia dentro de la periferia. Se repite que faltan inversiones como si fuera un eslogan. La realidad es más áspera: déficits acumulados en conectividad ferroviaria, en planificación territorial a largo plazo y en infraestructuras estratégicas que determinan competitividad. No es una queja más en la idiosincrasia de un pueblo; es un condicionante que se traduce en costes y en oportunidades perdidas.
Paradójicamente, Almería sostiene sectores de primer orden. Su agricultura intensiva orientada a la exportación, su posición logística mediterránea, su relación constante con mercados exteriores y la presión permanente sobre el agua exigen una política fina y sostenida, no parches. Y aquí cabe decirlo sin tapujos: a Almería se la aplaude cuando produce, pero se la recuerda tarde cuando reclama. Esa sensación de infravaloración no nace de una condición identitaria; lo hace de años de ver cómo proyectos y calendarios se aplazan, o llegan con retraso crónico, mientras el discurso oficial pide paciencia como si la paciencia fuera un plan.
Almería pide un trato proporcionado a su esfuerzo, y una planificación que no llegue cuando el ciclo ya ha cambiado. Ese deseo de desarrollo, tan antiguo como la propia ciudad, merece ser escuchado con hechos.
El Pendón, en este contexto, deja de ser un ritual ornamental y se convierte en una ocasión para pensar con precisión. Las fronteras administrativas cambian, pero los desequilibrios territoriales, si se dejan a su suerte, se vuelven estructurales. Si un sistema político no corrige los desajustes, termina por normalizarlos. Y entonces aparece lo más peligroso, que es la resignación: aceptar como natural que una provincia con aportación económica notable llegue siempre después, conecte peor o tenga menos voz en las decisiones estratégicas que le afectan. La memoria histórica, bien entendida, no es solo un regreso al pasado ni un culto a nombres antiguos. Es una herramienta para mirar el presente sin niebla. Recordar la pertenencia histórica a un reino administrativo concreto no obliga a vivir mirando atrás, pero sí exige corregir un olvido: el de la trayectoria institucional del sureste y el de su posición real, vertebrada por costa, montaña y desierto, con problemas propios y oportunidades claras.
Desde ahí se puede cuestionar si la estructura autonómica actual, tal como opera y como está constituido, responde de verdad a las necesidades del sureste.
El sureste no necesita relatos del político de turno ni consignas de salón. Es prioritaria una agenda de desarrollo con objetivos medibles y una exigencia política clara: mejor conexión ferroviaria y viaria, planificación hídrica seria, infraestructuras que acompañen a su economía exportadora y un reconocimiento proporcional a lo que aporta. Y también recuperar su propia historia sin pedir permiso, porque una comunidad que olvida su trayectoria se vuelve más vulnerable si no corrige lo que se ha torcido.
La referencia a un carácter propio y a un fondo histórico rico, a menudo ignorado, debería ayudarnos a replantear debates identitarios y a mirar con más espíritu crítico los marcos legales vigentes. Hay que reconocer que el Reino de Granada existió, que mantuvo su nombre y su estructura durante siglos y que articuló un espacio coherente no es una opinión: es un hecho documentado.
El Pendón no debería ser un objeto decorativo ni una tradición inocua. Es, o podría ser, el recordatorio anual de que la historia institucional de Almería es más rica de lo que se cuenta y de que el futuro no se improvisa. Si la ceremonia sirve para algo, debería servir para esto: para exigir claridad, para medir resultados y para sostener el derecho de Almería a dejar de estar siempre al final del mapa y acercarse, por fin, al desarrollo que tantos desean y que, honestamente, ya va siendo hora de tomar en serio.
