ALMERÍA HOY / 11·12·2025
El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha declarado que, hasta el momento, no se ha detectado "ningún mal funcionamiento" en la respuesta de las instituciones públicas con respecto a la trágica muerte del niño de cuatro años en Garrucha. Fernández enfatizó que no existe "ninguna denuncia formal de ningún familiar" que señale deficiencias en el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El representante de la Administración central en la comunidad autónoma indicó que toda actuación que involucre a un menor debe examinarse "pormenorizadamente". Añadió que, si se descubriera "algún tipo de actuación por parte de las instituciones intervinientes que hubiera generado cualquier disfunción, se pondría de manifiesto de forma inmediata".
Fernández recalcó que la investigación de lo ocurrido es competencia exclusiva de la autoridad judicial. "Es un tema que está judicializado, sub iudice, y cualquier cuestión que afecte al caso está en manos de quien lo instruye", afirmó, remitiendo todos los detalles esenciales al Juzgado de Instrucción número 4 de Vera, que mantiene el caso bajo secreto de sumario.
Estas afirmaciones contrastan con informaciones difundidas anteriormente. El abogado de la familia del menor, José Luis Martínez, había explicado que la tía abuela del niño supuestamente acudió a la Guardia Civil de Garrucha para informar sobre un hematoma en el pequeño, aunque no llegó a presentar una denuncia escrita. El letrado, que representa al abuelo materno (constituido como acusación particular), extendió sus críticas más allá del ámbito institucional, aseverando que "aquí ha fallado todo". También señaló a vecinos que grabaron supuestos maltratos sin denunciarlos, al centro educativo y a la sociedad en general.
El delegado del Gobierno no abordó estas críticas sociales ni el incidente reportado en sus declaraciones, centrándose exclusivamente en la falta de denuncias formales que confirmen un fallo por parte de las instituciones. La investigación judicial, que ha resultado en el encarcelamiento provisional de la madre del menor y su pareja, deberá ahora esclarecer la cadena completa de los hechos, incluyendo la posible existencia de alertas previas y la respuesta que se les dio.
El representante de la Administración central en la comunidad autónoma indicó que toda actuación que involucre a un menor debe examinarse "pormenorizadamente". Añadió que, si se descubriera "algún tipo de actuación por parte de las instituciones intervinientes que hubiera generado cualquier disfunción, se pondría de manifiesto de forma inmediata".
Fernández recalcó que la investigación de lo ocurrido es competencia exclusiva de la autoridad judicial. "Es un tema que está judicializado, sub iudice, y cualquier cuestión que afecte al caso está en manos de quien lo instruye", afirmó, remitiendo todos los detalles esenciales al Juzgado de Instrucción número 4 de Vera, que mantiene el caso bajo secreto de sumario.
Estas afirmaciones contrastan con informaciones difundidas anteriormente. El abogado de la familia del menor, José Luis Martínez, había explicado que la tía abuela del niño supuestamente acudió a la Guardia Civil de Garrucha para informar sobre un hematoma en el pequeño, aunque no llegó a presentar una denuncia escrita. El letrado, que representa al abuelo materno (constituido como acusación particular), extendió sus críticas más allá del ámbito institucional, aseverando que "aquí ha fallado todo". También señaló a vecinos que grabaron supuestos maltratos sin denunciarlos, al centro educativo y a la sociedad en general.
El delegado del Gobierno no abordó estas críticas sociales ni el incidente reportado en sus declaraciones, centrándose exclusivamente en la falta de denuncias formales que confirmen un fallo por parte de las instituciones. La investigación judicial, que ha resultado en el encarcelamiento provisional de la madre del menor y su pareja, deberá ahora esclarecer la cadena completa de los hechos, incluyendo la posible existencia de alertas previas y la respuesta que se les dio.
