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J. A. SÁEZ CALVO
La deuda pública condiciona lo que pagamos en impuestos, la calidad de los servicios y las oportunidades de futuro del país y sus habitantes. En esencia, es el conjunto de obligaciones que asumen nuestras administraciones para cubrir lo que gastan por encima de lo que ingresan. Se mide en euros y también en proporción al Producto Interior Bruto. Se usa también la ratio deuda/PIB. Que ese cociente baje no significa que debamos menos, sino que el denominador de la fracción, o sea, el PIB ha aumentado. La cuestión es si crece por más productividad real o por la inflación y la correspondiente subida de precios.
El PIB puede definirse desde tres enfoques: como la suma del valor añadido de todos los bienes y servicios producidos en el país (producción), como el consumo total, inversión, gasto público y exportaciones netas, o como la suma de las rentas generadas en la economía, es decir, salarios, beneficios e impuestos netos (renta).
España cerró 2024 con 1,62 billones de euros de deuda pública PDE (valor nominal y consolidado), equivalentes al 101,8% del PIB nominal anual (suma de los cuatro trimestres). La proporción se moderó, pero el volumen absoluto siguió aumentando. El alivio porcentual llegó por crecimiento nominal e inflación, no por un ajuste estructural del déficit. El Banco de España lo resume publicando que la ratio bajó 3,3 puntos, pero seguimos por encima de la media de la Eurozona. Se dispara la recaudación sin necesidad de subir tipos impositivos, aun así, se incrementan y crean nuevos tributos.
Tras el sobresalto de 2022, donde nos encontramos con el pico inflacionario más alto desde 1986, con una media anual del 8,4%, luego el IPC se moderó en 2024 hasta alrededor del 2,8%. A primera vista, la estabilización suena a buenas noticias para el gobierno, ya que, cuando los precios suben, el IVA recauda más y el IRPF también, porque los salarios nominales se ajustan al alza. Es el efecto arrastre. Pero para las familias y las pymes el relato es menos amable, porque la carestía erosiona el poder de compra, encarece costes y distorsiona decisiones de inversión.
En 2022 el Tesoro se financiaba a plazos largos por debajo del 1%; en 2025 el coste de emisión ronda el 2,5-3% y la vida media se mantiene alta para suavizar renovaciones.
La historia lo explicó antes que nosotros. La Escuela de Salamanca ya advirtió en el siglo XVI que la abundancia de metales preciosos provocaba carestía y desajustes; más tarde, Bodin y Hume formularon la teoría cuantitativa del dinero, Adam Smith la incorporó a su visión del mercado, y en la economía moderna se expresa con el rigor matemático de Fisher y sus sucesores.
Por otra parte, la factura de la deuda ha escalado hasta competir con políticas esenciales en 2024. Un máximo histórico de 38.986 millones del presupuesto se destina al pago de carga financiera, lo que equivale a casi el 2,5 % del PIB. Esto es dinero que no llega a hospitales, ferrocarriles, carreteras o investigación. Y el riesgo es evidente, con tipos de interés más altos, esa factura tenderá a crecer, incluso aunque el PIB nominal avance. Confiarlo todo a un crecimiento que compense, equivale a apostar a que lo coyuntural tapará lo estructural y este concepto suele salir mal.
Esto equivale, por ejemplo, a una vez y media el presupuesto 2024 de la Comunidad de Madrid (27.558 millones) y a más de tres veces la inversión sanitaria anual de Cataluña (11.652 millones). Cada euro en intereses no presta un servicio, desplaza aplicaciones en sanidad, educación e infraestructuras.
Si nos fijamos en Europa, nos deja en una posición incómoda. Irlanda bajó su ratio deuda/PIB del 119% (2012) al 44% (2024) a base de disciplina, seguridad jurídica y un marco propicio al desarrollo tecnológico y farmacéutico.
Portugal pasó del 132% (2016) al 99% (2024) tras el rescate, con un control riguroso del gasto. Grecia, desde un extremo difícil, ha logrado reducir desde el 172% (2011) hasta alrededor del 161% (2024), con reformas duras. Alemania mantiene el entorno del 60% gracias a su freno constitucional a la deuda. Las recetas no son idénticas, pero comparten una palabra: disciplina.
Sigamos el análisis, por tercer año consecutivo, España encara 2026 sin haber registrado a tiempo el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso, como exige el artículo 134 de la Constitución. Así se marca el orden real de pagos y se condiciona el resto. Prorrogar cuentas es gobernar a tientas y se perpetúan partidas ineficientes, se frenan inversiones necesarias y se envía a los mercados una señal innecesaria de improvisación. Los presupuestos no son un tecnicismo contable. No contar con ellos, es una pérdida de credibilidad que se paga en tipo de interés y en oportunidades aplazadas.
En paralelo, la presión fiscal ha crecido con fuerza. España cerró 2023 con una ratio de ingresos tributarios sobre PIB del 37,3%, por encima de la media de la OCDE. En 2024, la Agencia Tributaria ingresó 294.734 millones, nuevo máximo. Porque las bases imponibles son mayores (más precios y más empleo), porque se aprobaron medidas adicionales y, sobre todo, porque no se deflactaron los tramos del IRPF a la inflación. Ese arrastre, la llamada ‘progresividad en frío’, hace que sueldos que solo suben en términos nominales paguen más, elevando el tipo efectivo especialmente en rentas medias y bajas.
A esto se suman las cotizaciones sociales. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sube en 2025 hasta 0,80 puntos (0,67 la empresa y 0,13 el trabajador) y volverá a aumentar en 2026. Además, se han normalizado medidas que nacieron como excepcionales: desde el 1 de enero de 2025 la electricidad volvió al 21 % de IVA, con impacto directo en la factura de hogares y pymes; y el gravamen temporal a la banca se ha convertido en impuesto estable sobre márgenes de intereses y comisiones, el primer pago fraccionado de 2025 aportó 566 millones.
También ha cambiado el país por dentro. España ha pasado de unos 47,4 millones de empadronados en 2022 a más de 49 millones en 2025. Eso son casi dos millones de vecinos más que usan centros de salud, aulas, transporte y vivienda. Es una buena noticia si se traduce en empleo y productividad; es un problema si se responde con un presupuesto ciego al incremento de población y al desplazamiento geográfico de la demanda. En 2026 habrá que reforzar capacidades donde realmente se necesitan, con plazas efectivas y proyectos con calendario, no con anuncios. Y habrá que hacerlo con una contabilidad honesta que explique el coste por persona de los servicios esenciales.
La Unión Europea exige planes plurianuales con una senda del endeudamiento neto compatible con el ajuste, y con planes fiscales a medio plazo que vinculen la senda a reformas y transformación. Ya no sirve ir tirando con objetivos anuales que se reinician cada diciembre. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) viene advirtiendo que sin medidas adicionales será difícil cumplir compromisos en 2026–2027 y que falta información homogénea para supervisar con rigor. Bruselas evaluará números y calendario, no los eslóganes, y hará falta un PGE completo con techo de gasto y evaluación.
El diseño territorial añade complejidad. Hacienda ha comunicado a las comunidades entregas a cuenta récord para 2026: 156.990 millones (o 169.560 millones si se suma la liquidación de 2024). Además, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto para que el Estado asuma 83.252 millones del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico). La deuda no desaparece, se traslada al balance del Estado y debería explicarse con detalle en el Libro Amarillo de los Presupuestos.
Por el lado de Defensa, los compromisos ya están firmados. España converge al entorno del 2% del PIB y ha activado programas plurianuales: fragatas F-110, helicópteros, sensores, ciber y capacidades espaciales. El NGWS (Next Generation Weapon System) es el núcleo del FCAS: un “sistema de sistemas” con tres piezas: NGF (caza tripulado de 6.ª generación), Remote Carriers (drones acompañantes) y Combat Cloud (nube de combate en tiempo real). En industria, el NGF lo lidera Dassault con Airbus como socio; Remote Carriers y Combat Cloud los lidera Airbus con participación de Indra (coordinador nacional en España); y el motor lo desarrolla EUMET (JV Safran–MTU) con ITP Aero como socio español.
Son contratos plurianuales con hitos y pagos y si no entran en Presupuesto, acabarán como créditos extraordinarios, justo lo contrario de la transparencia y la previsibilidad que piden los mercados, OTAN y la UE.
Con este contexto, es necesaria una metodología clara para 2026. Primero, un cuadro macro prudente, sin confundir desinflación con rebaja de niveles de precios y supuestos explícitos de salarios, tipos y energía. Segundo, una senda de gasto neto compatible con Europa, con topes por programas y seguimiento trimestral público. Tercero, un módulo específico de intereses que reconozca la sensibilidad a tipos y a vida media de los compromisos. Cuarto, evaluación independiente de políticas con efectos y resultados, contemplando lo que no funciona para que se corrija o se elimine. Quinto, coordinación real con las autonomías para que las entregas récord se traduzcan en mejores resultados, no en inercias.
La teoría económica liberal ofrece también tres lecciones básicas. La primera es distinguir entre gasto corriente e inversión productiva. No es lo mismo financiar con deuda una infraestructura que puede mejorar la competitividad de la economía que sostener una burocracia sobredimensionada. La segunda es aliviar la presión fiscal para que familias y empresas dispongan de más recursos para ahorrar, invertir y crear empleo. Y la tercera es garantizar estabilidad presupuestaria, no basada en improvisaciones, sino en reglas claras y predecibles que generen confianza.
El PIB puede definirse desde tres enfoques: como la suma del valor añadido de todos los bienes y servicios producidos en el país (producción), como el consumo total, inversión, gasto público y exportaciones netas, o como la suma de las rentas generadas en la economía, es decir, salarios, beneficios e impuestos netos (renta).
España cerró 2024 con 1,62 billones de euros de deuda pública PDE (valor nominal y consolidado), equivalentes al 101,8% del PIB nominal anual (suma de los cuatro trimestres). La proporción se moderó, pero el volumen absoluto siguió aumentando. El alivio porcentual llegó por crecimiento nominal e inflación, no por un ajuste estructural del déficit. El Banco de España lo resume publicando que la ratio bajó 3,3 puntos, pero seguimos por encima de la media de la Eurozona. Se dispara la recaudación sin necesidad de subir tipos impositivos, aun así, se incrementan y crean nuevos tributos.
Tras el sobresalto de 2022, donde nos encontramos con el pico inflacionario más alto desde 1986, con una media anual del 8,4%, luego el IPC se moderó en 2024 hasta alrededor del 2,8%. A primera vista, la estabilización suena a buenas noticias para el gobierno, ya que, cuando los precios suben, el IVA recauda más y el IRPF también, porque los salarios nominales se ajustan al alza. Es el efecto arrastre. Pero para las familias y las pymes el relato es menos amable, porque la carestía erosiona el poder de compra, encarece costes y distorsiona decisiones de inversión.
En 2022 el Tesoro se financiaba a plazos largos por debajo del 1%; en 2025 el coste de emisión ronda el 2,5-3% y la vida media se mantiene alta para suavizar renovaciones.
La historia lo explicó antes que nosotros. La Escuela de Salamanca ya advirtió en el siglo XVI que la abundancia de metales preciosos provocaba carestía y desajustes; más tarde, Bodin y Hume formularon la teoría cuantitativa del dinero, Adam Smith la incorporó a su visión del mercado, y en la economía moderna se expresa con el rigor matemático de Fisher y sus sucesores.
Por otra parte, la factura de la deuda ha escalado hasta competir con políticas esenciales en 2024. Un máximo histórico de 38.986 millones del presupuesto se destina al pago de carga financiera, lo que equivale a casi el 2,5 % del PIB. Esto es dinero que no llega a hospitales, ferrocarriles, carreteras o investigación. Y el riesgo es evidente, con tipos de interés más altos, esa factura tenderá a crecer, incluso aunque el PIB nominal avance. Confiarlo todo a un crecimiento que compense, equivale a apostar a que lo coyuntural tapará lo estructural y este concepto suele salir mal.
Esto equivale, por ejemplo, a una vez y media el presupuesto 2024 de la Comunidad de Madrid (27.558 millones) y a más de tres veces la inversión sanitaria anual de Cataluña (11.652 millones). Cada euro en intereses no presta un servicio, desplaza aplicaciones en sanidad, educación e infraestructuras.
Si nos fijamos en Europa, nos deja en una posición incómoda. Irlanda bajó su ratio deuda/PIB del 119% (2012) al 44% (2024) a base de disciplina, seguridad jurídica y un marco propicio al desarrollo tecnológico y farmacéutico.
Portugal pasó del 132% (2016) al 99% (2024) tras el rescate, con un control riguroso del gasto. Grecia, desde un extremo difícil, ha logrado reducir desde el 172% (2011) hasta alrededor del 161% (2024), con reformas duras. Alemania mantiene el entorno del 60% gracias a su freno constitucional a la deuda. Las recetas no son idénticas, pero comparten una palabra: disciplina.
Sigamos el análisis, por tercer año consecutivo, España encara 2026 sin haber registrado a tiempo el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) en el Congreso, como exige el artículo 134 de la Constitución. Así se marca el orden real de pagos y se condiciona el resto. Prorrogar cuentas es gobernar a tientas y se perpetúan partidas ineficientes, se frenan inversiones necesarias y se envía a los mercados una señal innecesaria de improvisación. Los presupuestos no son un tecnicismo contable. No contar con ellos, es una pérdida de credibilidad que se paga en tipo de interés y en oportunidades aplazadas.
En paralelo, la presión fiscal ha crecido con fuerza. España cerró 2023 con una ratio de ingresos tributarios sobre PIB del 37,3%, por encima de la media de la OCDE. En 2024, la Agencia Tributaria ingresó 294.734 millones, nuevo máximo. Porque las bases imponibles son mayores (más precios y más empleo), porque se aprobaron medidas adicionales y, sobre todo, porque no se deflactaron los tramos del IRPF a la inflación. Ese arrastre, la llamada ‘progresividad en frío’, hace que sueldos que solo suben en términos nominales paguen más, elevando el tipo efectivo especialmente en rentas medias y bajas.
A esto se suman las cotizaciones sociales. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sube en 2025 hasta 0,80 puntos (0,67 la empresa y 0,13 el trabajador) y volverá a aumentar en 2026. Además, se han normalizado medidas que nacieron como excepcionales: desde el 1 de enero de 2025 la electricidad volvió al 21 % de IVA, con impacto directo en la factura de hogares y pymes; y el gravamen temporal a la banca se ha convertido en impuesto estable sobre márgenes de intereses y comisiones, el primer pago fraccionado de 2025 aportó 566 millones.
También ha cambiado el país por dentro. España ha pasado de unos 47,4 millones de empadronados en 2022 a más de 49 millones en 2025. Eso son casi dos millones de vecinos más que usan centros de salud, aulas, transporte y vivienda. Es una buena noticia si se traduce en empleo y productividad; es un problema si se responde con un presupuesto ciego al incremento de población y al desplazamiento geográfico de la demanda. En 2026 habrá que reforzar capacidades donde realmente se necesitan, con plazas efectivas y proyectos con calendario, no con anuncios. Y habrá que hacerlo con una contabilidad honesta que explique el coste por persona de los servicios esenciales.
La Unión Europea exige planes plurianuales con una senda del endeudamiento neto compatible con el ajuste, y con planes fiscales a medio plazo que vinculen la senda a reformas y transformación. Ya no sirve ir tirando con objetivos anuales que se reinician cada diciembre. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) viene advirtiendo que sin medidas adicionales será difícil cumplir compromisos en 2026–2027 y que falta información homogénea para supervisar con rigor. Bruselas evaluará números y calendario, no los eslóganes, y hará falta un PGE completo con techo de gasto y evaluación.
El diseño territorial añade complejidad. Hacienda ha comunicado a las comunidades entregas a cuenta récord para 2026: 156.990 millones (o 169.560 millones si se suma la liquidación de 2024). Además, el Gobierno ha aprobado el anteproyecto para que el Estado asuma 83.252 millones del FLA (Fondo de Liquidez Autonómico). La deuda no desaparece, se traslada al balance del Estado y debería explicarse con detalle en el Libro Amarillo de los Presupuestos.
Por el lado de Defensa, los compromisos ya están firmados. España converge al entorno del 2% del PIB y ha activado programas plurianuales: fragatas F-110, helicópteros, sensores, ciber y capacidades espaciales. El NGWS (Next Generation Weapon System) es el núcleo del FCAS: un “sistema de sistemas” con tres piezas: NGF (caza tripulado de 6.ª generación), Remote Carriers (drones acompañantes) y Combat Cloud (nube de combate en tiempo real). En industria, el NGF lo lidera Dassault con Airbus como socio; Remote Carriers y Combat Cloud los lidera Airbus con participación de Indra (coordinador nacional en España); y el motor lo desarrolla EUMET (JV Safran–MTU) con ITP Aero como socio español.
Son contratos plurianuales con hitos y pagos y si no entran en Presupuesto, acabarán como créditos extraordinarios, justo lo contrario de la transparencia y la previsibilidad que piden los mercados, OTAN y la UE.
Con este contexto, es necesaria una metodología clara para 2026. Primero, un cuadro macro prudente, sin confundir desinflación con rebaja de niveles de precios y supuestos explícitos de salarios, tipos y energía. Segundo, una senda de gasto neto compatible con Europa, con topes por programas y seguimiento trimestral público. Tercero, un módulo específico de intereses que reconozca la sensibilidad a tipos y a vida media de los compromisos. Cuarto, evaluación independiente de políticas con efectos y resultados, contemplando lo que no funciona para que se corrija o se elimine. Quinto, coordinación real con las autonomías para que las entregas récord se traduzcan en mejores resultados, no en inercias.
La teoría económica liberal ofrece también tres lecciones básicas. La primera es distinguir entre gasto corriente e inversión productiva. No es lo mismo financiar con deuda una infraestructura que puede mejorar la competitividad de la economía que sostener una burocracia sobredimensionada. La segunda es aliviar la presión fiscal para que familias y empresas dispongan de más recursos para ahorrar, invertir y crear empleo. Y la tercera es garantizar estabilidad presupuestaria, no basada en improvisaciones, sino en reglas claras y predecibles que generen confianza.
