ALMERÍA HOY / 29·10·2025
La alcaldesa de Cantoria, Purificación Sánchez (PSOE), ha reaccionado al auto judicial que dispone continuar por procedimiento abreviado la causa en la que se le investiga por un presunto delito de prevaricación administrativa. Sánchez ha defendido su actuación, señalando directamente al empresario encausado junto a ella, al que acusa de haber "ocultado" al Ayuntamiento la existencia de una sentencia firme que ordenaba la demolición de 15 viviendas ilegales en el paraje 'Los García'.
La regidora afirma que el empresario utilizó su declaración jurada para esconder el fallo judicial, buscando así la regularización de las viviendas.
La causa investiga a la alcaldesa, al secretario municipal, a un técnico, al concejal de Urbanismo (que es cuñado del empresario) y al propio empresario. Además del presunto delito de prevaricación administrativa que se atribuye a todos, se investigan otros dos de tráfico de influencias en relación al concejal y el empresario, y tres delitos más de estafa que se imputan únicamente al empresario por la venta de las casas.
La defensa del ayuntamiento
En un comunicado, Purificación Sánchez ha señalado que fue el propio Ayuntamiento de Cantoria el que denunció el ocultamiento del fallo ante la Fiscalía, si bien el supuesto delito de falsedad documental ya estaría "prescrito". La alcaldesa insiste en la responsabilidad del "principal encausado" (el empresario) al iniciar el expediente administrativo con el que se pretendía regularizar y posteriormente vender las casas.
La regidora ha defendido con firmeza que "jamás hemos realizado ningún trámite administrativo conociendo que existiese una orden de esta naturaleza". Según Sánchez, la sentencia que declaraba ilegales las viviendas "no fue comunicada al Pleno, como es preceptivo" ni consta en ninguna acta, argumentando que "no hubo personación legal del Ayuntamiento en la causa y nunca formó parte de expediente urbanístico alguno".
A pesar de la defensa de la alcaldesa, el auto judicial señala que el Juzgado de lo Penal 1 de Almería remitió un oficio con testimonio de la sentencia al Ayuntamiento de Cantoria el 2 de junio de 2010 —aún bajo mandato del PP—, "a fin de que procediera a la demolición de las viviendas a costa del condenado".
Críticas al partido popular
La alcaldesa ha lamentado la interpretación de la juez, recordando que los hechos fueron "denunciados por el PP", pero que la investigación se inició en 2006, bajo el mandato del entonces alcalde Pedro Llamas (PP) y con otro secretario municipal. Sánchez ha remarcado que "ninguno de ellos elevaron a pleno tal decisión judicial" antes de que se iniciara el proceso de regularización, auspiciado por el empresario, ocho años más tarde.
Además, ha recordado que los denunciantes en esta causa "son concejales del PP, gobernantes durante la construcción de las viviendas ilegales señaladas y en el momento de dictarse sentencia".
Finalmente, la regidora ha afirmado de forma "tajante" que "Cantoria no ha legalizado ninguna vivienda sobre la que existiese una orden de demolición" y que será en el momento del juicio oral cuando las acusaciones deban ser demostradas
La regidora afirma que el empresario utilizó su declaración jurada para esconder el fallo judicial, buscando así la regularización de las viviendas.
La causa investiga a la alcaldesa, al secretario municipal, a un técnico, al concejal de Urbanismo (que es cuñado del empresario) y al propio empresario. Además del presunto delito de prevaricación administrativa que se atribuye a todos, se investigan otros dos de tráfico de influencias en relación al concejal y el empresario, y tres delitos más de estafa que se imputan únicamente al empresario por la venta de las casas.
La defensa del ayuntamiento
En un comunicado, Purificación Sánchez ha señalado que fue el propio Ayuntamiento de Cantoria el que denunció el ocultamiento del fallo ante la Fiscalía, si bien el supuesto delito de falsedad documental ya estaría "prescrito". La alcaldesa insiste en la responsabilidad del "principal encausado" (el empresario) al iniciar el expediente administrativo con el que se pretendía regularizar y posteriormente vender las casas.
La regidora ha defendido con firmeza que "jamás hemos realizado ningún trámite administrativo conociendo que existiese una orden de esta naturaleza". Según Sánchez, la sentencia que declaraba ilegales las viviendas "no fue comunicada al Pleno, como es preceptivo" ni consta en ninguna acta, argumentando que "no hubo personación legal del Ayuntamiento en la causa y nunca formó parte de expediente urbanístico alguno".
A pesar de la defensa de la alcaldesa, el auto judicial señala que el Juzgado de lo Penal 1 de Almería remitió un oficio con testimonio de la sentencia al Ayuntamiento de Cantoria el 2 de junio de 2010 —aún bajo mandato del PP—, "a fin de que procediera a la demolición de las viviendas a costa del condenado".
Críticas al partido popular
La alcaldesa ha lamentado la interpretación de la juez, recordando que los hechos fueron "denunciados por el PP", pero que la investigación se inició en 2006, bajo el mandato del entonces alcalde Pedro Llamas (PP) y con otro secretario municipal. Sánchez ha remarcado que "ninguno de ellos elevaron a pleno tal decisión judicial" antes de que se iniciara el proceso de regularización, auspiciado por el empresario, ocho años más tarde.
Además, ha recordado que los denunciantes en esta causa "son concejales del PP, gobernantes durante la construcción de las viviendas ilegales señaladas y en el momento de dictarse sentencia".
Finalmente, la regidora ha afirmado de forma "tajante" que "Cantoria no ha legalizado ninguna vivienda sobre la que existiese una orden de demolición" y que será en el momento del juicio oral cuando las acusaciones deban ser demostradas
