El PP en Almería exige castigar el fraude eléctrico como crimen organizado tras un aumento del 90% en 2023

Instan al PSOE de Almería a respaldar la modificación del Código Penal para castigar este delito


Julia Ibáñez, parlamentaria PP en la Junta de Andalucía

ALMERÍA HOY / 08·10·2025

El fraude eléctrico vinculado al cultivo ilegal de cannabis se ha disparado en la provincia de Almería, con un aumento del 90% solo en 2023. Ante esta grave situación, el Partido Popular ha instado al PSOE de Almería a respaldar la modificación del Código Penal para castigar este delito cuando sea cometido por una organización criminal.

La iniciativa, que ya fue aprobada por el Parlamento Andaluz a pesar del voto en contra de los socialistas y que también ha llegado al Congreso de los Diputados, busca endurecer las penas ante lo que se considera un problema creciente de seguridad y orden público.

MAFIAS

Según el PP, casi el 50% de la energía defraudada está en manos de grupos criminales que no solo roban enormes volúmenes de electricidad, sino que provocan cortes de luz e incendios en los edificios, además de generar focos de violencia en los barrios.

Se advierte que, mientras la mayoría de los almerienses paga religiosamente su recibo, estas mafias roban miles de euros en electricidad, poniendo en riesgo la seguridad de todos. Por ello, se exige al Gobierno central más medios para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y una reforma legal urgente.

EQUIPAR LA LEY CON EUROPA

Julia Ibáñez, parlamentaria andaluza del PP, subraya la necesidad de que España adapte su legislación para equipararse a otros países europeos. Se considera que el actual marco regulatorio, con penas "irrisorias", está atrayendo a mafias europeas que buscan la benevolencia del tipo penal español.

Países como Italia, Francia, Portugal y Alemania establecen penas de prisión de hasta cinco años por este tipo de delitos. Por tanto, se considera que una reforma legal es vital para disuadir, reducir y eliminar el problema de las plantaciones ilegales de cannabis y la manipulación ilegal de contadores asociada, tal y como recogen las memorias de la Fiscalía de Andalucía.