ALMERÍA HOY / 25·09·2025
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha puesto en marcha, a través de la Agencia de Medio Ambiente (Amaya), la planificación urgente de la primera fase para la restauración de suelos contaminados en la zona de Las Palmerillas en Roquetas de Mar. Esta acción responde a un requerimiento judicial derivado de un grave caso de delito medioambiental que ha resultado en la acumulación de ingentes cantidades de residuos a lo largo de, al menos, nueve años.
El foco de la intervención son varias parcelas que sumadas alcanzan cerca de dos hectáreas, utilizadas de forma ilícita como vertedero por un empresario. Dicho individuo está siendo actualmente procesado, y la Fiscalía solicita para él una pena de tres años de prisión por un delito contra el medio ambiente.
RIESGO AMBIENTAL Y ACTUACIÓN INMEDIATA
La Administración autonómica ha destinado una partida inicial de 45.286 euros a este proyecto de emergencia, reconociendo el "evidente riesgo medioambiental" que supone la existencia de residuos acumulados de manera "descontrolada y no autorizada" durante años. La resolución de la Junta establece un plazo de tres meses para completar la planificación de la primera etapa de los trabajos, que tendrá como máxima prioridad la retirada de los desechos antes de abordar la recuperación del suelo en sí mismo.
Según la información recopilada, las prácticas en estos terrenos eran totalmente irregulares y carecían de cualquier tipo de permiso o control exigible. Las investigaciones revelaron que los residuos eran arrojados en zanjas sin impermeabilizar, quemados o, simplemente, apilados a la intemperie. La Junta subraya que la complejidad y las características del vertedero exigen contratar una entidad "de alta cualificación" con los medios técnicos y humanos más especializados para garantizar el éxito de la limpieza.
LOS DAÑOS Y LA ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA
La Fiscalía acusa al empresario de 62 años y a su entidad mercantil de haber acopiado de forma "incontrolada" diversos tipos de basura, incluyendo desechos plásticos y orgánicos provenientes de invernaderos, así como otros residuos de carácter "peligroso", en el periodo comprendido entre 2013 y 2022. En esta última fecha, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar intervino precintando las instalaciones como "medida provisional".
La empresa mercantil, originalmente dedicada a la gestión y tratamiento de toda clase de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, incumplió su cometido. Las parcelas se convirtieron en basureros ilegales con un "acopio incontrolado" de plásticos agrícolas y restos de cosechas en estado de putrefacción. Además, aunque en menor medida, se hallaron residuos de construcción, maderas de enseres, neumáticos, carrocerías de vehículos, aceites industriales usados y aparatos eléctricos y electrónicos. Todo esto se llevó a cabo sin cumplir las prescripciones necesarias para evitar la contaminación del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas.
La investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil documentó estos hechos, tomando muestras de lixiviados y aguas residuales. La fiscal señala que el Seprona encontró zanjas con "aguas residuales urbanas e industriales" y "lixiviados procedentes de residuos agrícolas en putrefacción" sin ninguna recogida eficaz garantizada, ya que el terreno no estaba impermeabilizado.
En sus inspecciones, los agentes del Seprona de Almería constataron la magnitud del problema, llegando a encontrar pilas de residuos de hasta cuatro metros de altura. Estas pilas contenían desde plásticos de invernadero y productos agrícolas podridos (tomates, melones) hasta neveras, neumáticos y restos de obras.
El informe pericial, basado en las muestras analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, determinó que los líquidos vertidos, dada su "potencial tóxico" y disposición en zanjas sin protección, podían "dañar sustancialmente las características del suelo" y comprometer las aguas subterráneas.
La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil de junio de 2024 confirmó que la actividad constante de vertido pudo causar "daños sustanciales en la calidad del aire y las aguas" y afectar a los ecosistemas cercanos. Los perjuicios medioambientales han sido tasados en un impacto económico de aproximadamente 3.597.457,35 euros.
CONSECUENCIAS LEGALES
Además de la pena de tres años de prisión solicitada, la Fiscalía pide para el empresario una multa económica y tres años de inhabilitación para cualquier puesto directivo o empresarial relacionado con la gestión de residuos. La mercantil, que operó de forma "clandestina" sin acreditar el origen o destino final de los desechos y sin contar con la preceptiva autorización ambiental, se enfrenta a una multa de 50 euros diarios durante tres años y la inactividad por el mismo periodo.
Tanto el acusado como la empresa deberán afrontar la responsabilidad civil, cubriendo no solo la cantidad en la que se han valorado los daños medioambientales, sino también los costes totales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para la retirada de los residuos y la completa recuperación de los terrenos
El foco de la intervención son varias parcelas que sumadas alcanzan cerca de dos hectáreas, utilizadas de forma ilícita como vertedero por un empresario. Dicho individuo está siendo actualmente procesado, y la Fiscalía solicita para él una pena de tres años de prisión por un delito contra el medio ambiente.
RIESGO AMBIENTAL Y ACTUACIÓN INMEDIATA
La Administración autonómica ha destinado una partida inicial de 45.286 euros a este proyecto de emergencia, reconociendo el "evidente riesgo medioambiental" que supone la existencia de residuos acumulados de manera "descontrolada y no autorizada" durante años. La resolución de la Junta establece un plazo de tres meses para completar la planificación de la primera etapa de los trabajos, que tendrá como máxima prioridad la retirada de los desechos antes de abordar la recuperación del suelo en sí mismo.
Según la información recopilada, las prácticas en estos terrenos eran totalmente irregulares y carecían de cualquier tipo de permiso o control exigible. Las investigaciones revelaron que los residuos eran arrojados en zanjas sin impermeabilizar, quemados o, simplemente, apilados a la intemperie. La Junta subraya que la complejidad y las características del vertedero exigen contratar una entidad "de alta cualificación" con los medios técnicos y humanos más especializados para garantizar el éxito de la limpieza.
LOS DAÑOS Y LA ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA
La Fiscalía acusa al empresario de 62 años y a su entidad mercantil de haber acopiado de forma "incontrolada" diversos tipos de basura, incluyendo desechos plásticos y orgánicos provenientes de invernaderos, así como otros residuos de carácter "peligroso", en el periodo comprendido entre 2013 y 2022. En esta última fecha, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar intervino precintando las instalaciones como "medida provisional".
La empresa mercantil, originalmente dedicada a la gestión y tratamiento de toda clase de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, incumplió su cometido. Las parcelas se convirtieron en basureros ilegales con un "acopio incontrolado" de plásticos agrícolas y restos de cosechas en estado de putrefacción. Además, aunque en menor medida, se hallaron residuos de construcción, maderas de enseres, neumáticos, carrocerías de vehículos, aceites industriales usados y aparatos eléctricos y electrónicos. Todo esto se llevó a cabo sin cumplir las prescripciones necesarias para evitar la contaminación del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas.
La investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil documentó estos hechos, tomando muestras de lixiviados y aguas residuales. La fiscal señala que el Seprona encontró zanjas con "aguas residuales urbanas e industriales" y "lixiviados procedentes de residuos agrícolas en putrefacción" sin ninguna recogida eficaz garantizada, ya que el terreno no estaba impermeabilizado.
En sus inspecciones, los agentes del Seprona de Almería constataron la magnitud del problema, llegando a encontrar pilas de residuos de hasta cuatro metros de altura. Estas pilas contenían desde plásticos de invernadero y productos agrícolas podridos (tomates, melones) hasta neveras, neumáticos y restos de obras.
El informe pericial, basado en las muestras analizadas por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, determinó que los líquidos vertidos, dada su "potencial tóxico" y disposición en zanjas sin protección, podían "dañar sustancialmente las características del suelo" y comprometer las aguas subterráneas.
La Unidad Central Operativa de Medio Ambiente de la Guardia Civil de junio de 2024 confirmó que la actividad constante de vertido pudo causar "daños sustanciales en la calidad del aire y las aguas" y afectar a los ecosistemas cercanos. Los perjuicios medioambientales han sido tasados en un impacto económico de aproximadamente 3.597.457,35 euros.
CONSECUENCIAS LEGALES
Además de la pena de tres años de prisión solicitada, la Fiscalía pide para el empresario una multa económica y tres años de inhabilitación para cualquier puesto directivo o empresarial relacionado con la gestión de residuos. La mercantil, que operó de forma "clandestina" sin acreditar el origen o destino final de los desechos y sin contar con la preceptiva autorización ambiental, se enfrenta a una multa de 50 euros diarios durante tres años y la inactividad por el mismo periodo.
Tanto el acusado como la empresa deberán afrontar la responsabilidad civil, cubriendo no solo la cantidad en la que se han valorado los daños medioambientales, sino también los costes totales de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Roquetas de Mar para la retirada de los residuos y la completa recuperación de los terrenos
