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J. A. SÁEZ CALVO
Hay un instante en que el ciudadano se convierte en figurante y donde el verdadero interés general queda fuera de la sala. Y no coincide con el cierre de las urnas ni con la foto de un pacto. Llega cuando un acuerdo particular se vende como gesta y un reparto de recursos se celebra como justicia poética. Se cambia apoyo por ventajas, silencio por excepciones, lealtad por partidas que pasan a llevar nombre y apellido. La liturgia es conocida: la rueda de prensa que entrega palabras grandilocuentes y la memoria económica que llega tarde, si llega. Con el tiempo se aprende a dar las gracias por lo que ya se ha convertido en derecho.
El clientelismo no es un exotismo ni una tara de países “en transición”. Es una técnica de supervivencia que funciona con cualquier bandera. La ciencia política lo define con dos rasgos tan sencillos como letales: distribución particularista e intercambio contingente. Se reparte de forma particular y el intercambio depende del comportamiento de la parte beneficiada. Si se apoya, se recibe, en cambio, si se aparta, se pierde el turno. No hacen falta maletines. Basta con enmiendas introducidas al final, subvenciones que nunca caducan, concursos con aparente competencia, tramos presupuestarios que se abren para unos pocos, cláusulas a medida y normas con ventanas abiertas. Es un método que convierte el marco legal en una puerta lateral y el presupuesto en un bazar.
Este “arte” no solo deteriora la moral pública, deforma decisiones, encarece la gestión y desincentiva el mérito. Cuando el acceso al recurso depende de la proximidad, el criterio técnico pasa a una segunda fila. Entonces, la evaluación acaba siendo trámite, la innovación se retrasa y la productividad acostumbra a caminar con peso extra. Las cifras de percepción popular retratan el clima. Así, España figura en 2024 con 56 puntos sobre 100 en el índice de Transparencia Internacional y ocupa la posición 46 de 180. Además, cae cuatro puntos frente al año anterior. No es un lugar tranquilizador, es una alarma razonable sobre imparcialidad y fe en el sistema. Esa confianza se resiente, y se nota en la vida cotidiana. La OCDE registró en parámetros que solo el 37 por ciento de la población en España la declara alta o moderada en el Gobierno nacional. La misma fuente recoge que la satisfacción con los servicios administrativos usados por la ciudadanía es del 57 por ciento. Ambas cifras se sitúan por debajo de la media del Club. Cuando las normas son claras y estables, la gente cumple más, las empresas se atreven a planificar y pagar lo común pesa menos. Si aparece el favoritismo, salta el instinto de defensa y se desconfía de las Instituciones.
La comparación europea ofrece otra pista. El Eurobarómetro de primavera de 2025 midió un 52 por ciento de confianza en la Unión Europea, el valor más alto desde 2007. La cifra contrasta con el dato respecto a los gobiernos nacionales, que se mueve por debajo y con más dientes de sierra. Con esto hay que entender el mensaje de fondo, los marcos estables generan adhesión, en caso contrario, producen cansancio.
Conviene, además, ligar confianza y cumplimiento. La literatura sobre moral tributaria es clara. A mayor credibilidad en la limpieza del sistema, mayor disposición a cumplir sin necesidad de vigilancia constante. La OCDE también ha estudiado esa relación y recomienda integrar la construcción de esperanza en la estrategia de cumplimiento. Con señales de imparcialidad, la recaudación cuesta menos y la resistencia baja. No hace falta campañas continuas de presión y compromiso. Con señales de privilegio, el rechazo crece y el coste de controlar se dispara. El terreno donde el clientelismo avanza con más facilidad es en la opacidad de los procedimientos. Ahí no pesan tanto las ideologías como el diseño. Cuando la negociación es continua y los parlamentos están muy fragmentados, cada ordenamiento se presenta como un sudoku con casillas reservadas. Aparecen escaños con capacidad de determinar el resultado y se abren ventanillas. El riesgo es convertir lo general en moneda de cambio. El resultado no solo suma privilegios sino deja un aprendizaje social. Se instala la idea de que conviene más tener padrinos que mejorar procesos. Se extiende el hábito de agradecer lo que ya estaba pagado con impuestos.
La buena teoría solo sirve si se puede implementar. Por eso conviene bajar al terreno y convertir los principios en hábitos medibles. La ley protege al pequeño cuando es conocida y previsible. Ese es el punto de partida y todo se ordena. La carrera pública debe depender del mérito y no del color. Los nombramientos discrecionales han de ser pocos y con una motivación clara. Los pactos políticos que mueven dinero necesitan una memoria económica completa, un calendario y unos objetivos que se sigan en abierto.
Un buen método se reconoce porque imprime rastro y trazabilidad, desde la publicación de información, actas, hasta la motivación para la toma de decisión. Las directivas serias pasan por una evaluación antes de aprobarse y otra después, y si los resultados no llegan, se ha de corregir o derogar. Los datos abiertos no son un escaparate, son una base con identificadores únicos para contratos y subvenciones, formatos reutilizables y series históricas que permiten seguir cada euro desde el anuncio hasta el pago.
La contratación limpia se nota en la competencia real, en el descenso de adjudicaciones con una sola oferta y en la publicación de justificaciones cuando no hay rivales. La huella legislativa y el registro de grupos de interés permiten saber quién se reunió con quién y sobre qué, y cada cambio de redacción queda trazado hasta el texto final. El denunciante ha de contar con canales seguros y con protección efectiva. Las reglas fiscales se deben diseñar de forma neutral, con fecha de caducidad y revisión periódica para evitar privilegios que se vuelven eternos. La educación cívica enseña a leer un presupuesto y a valorar por qué lo general protege mejor que el favor.
Este enfoque no va contra nadie, está en línea con la igualdad ante la ley. Lo contrario de la igualdad no es solo la arbitrariedad del gobernante, también es la iniquidad del grupo que consigue imponer su turno por cansancio de los demás.
El clientelismo, cuando madura, crea minorías organizadas que obtienen ventaja frente a mayorías dispersas. El resultado es un sistema que paga mucho por cada decisión, porque obliga a añadir capas de renta para apaciguar a varios actores. Ese sobrecoste no se ve en las notas de prensa. Se observa en la demora, en la complejidad innecesaria, en la fuga de talento y en el desánimo de quien compite limpio.
Es cierto que un elemento de la política es la negociación. Negociar pertenece al corazón del parlamentarismo. Otra cosa es pagar con la ley lo que debería pagarse con argumentos. La frase de Rousseau conserva utilidad si se le quita la retórica. Obedecer la ley que uno se ha dado es libertad cuando se mantiene general y deja de serlo cuando se activa en llave de peaje. En ese punto se abre la grieta del contrato social. No hay disquisición filosófica que tape una sensación de vacío y frustración. Si la norma cambia según conveniencia, la ciudadanía renuncia a sentirse coprotagonista.
Este concepto también marca una cicatriz cultural. Introduce un discurso nuevo que pide adhesiones totales y disuelve preguntas incómodas. Cambia el sentido de las palabras y llama consenso a la suma de intereses cruzados. Nombra diálogo a la transacción opaca y pluralidad a la contabilidad creativa. Ese lenguaje crea un clima donde preguntar parece mala educación y es el espacio perfecto para que el reparto deje menos rastro.
La respuesta más eficaz es menos épica de lo que se cree. Estando los criterios claros y que se obligue al cumplimiento de datos abiertos que de verdad se puedan cruzar. Además de la colaboración de un periodismo que convierta la información en verdadero servicio. Y que se extienda la transparencia a las Universidades y organismos independientes para que publiquen evaluaciones legibles. Los partidos han de estar dispuestos a perder discrecionalidad a cambio de ganar legitimidad. Claro que, siendo realistas, esa renuncia cuesta poder, por eso podemos pensar en que es una utopía. Cuando la calidad de gobierno aumenta, el impacto de las políticas públicas se amplifica. La variación regional dentro de la Unión Europea lo muestra. Allí donde se percibe mayor imparcialidad, el cumplimiento mejora y la inversión se sostiene en el tiempo.
Hay que proponer un rumbo claro, donde las medidas globales protejan mejor que el favor. La familia, la propiedad, la iniciativa y la libertad de conciencia florecen con reglas, no con dispensas. La nación se sostiene cuando convierte a sus ciudadanos en adultos que preguntan por el criterio y no en clientes que esperan su turno. El orgullo propio se alimenta de instituciones que funcionan, no de gestos que duran lo que lo hace un ciclo de titulares.
La política española tiene margen para un acuerdo poco vistoso y muy necesario. Pactar que determinadas áreas queden a salvo del intercambio. Comprometer que las decisiones presupuestarias que afecten a pocos se expliquen con detalle y se sometan a medidas de impacto. Cumplir evaluaciones, también cuando duela. Reforzar órganos de control con independencia funcional y presupuestaria. Abrir de verdad los datos y evitar que las urgencias de la aritmética derriben cada día las paredes maestras del edificio.
No hay que esperar milagros. Basta con desincentivar el negocio del favor. Cuando la opacidad deja de salir rentable, cuando los acuerdos herméticos traen castigo electoral, cuando la carrera pública no depende de la solapa, el clientelismo se seca. No por iluminación moral, sino por cálculo electoral y social. Y ese cálculo, que parece frío, protege la libertad concreta de sacar adelante un proyecto vital sin pedir permiso cada lunes. Protege la confianza que hace posible invertir, educar, crear empleo o sostener un barrio.
La historia española ya conoció esta trampa. El caciquismo de la Restauración compraba obediencia municipal con prebendas y puestos. Joaquín Costa lo bautizó “oligarquía y caciquismo” y pidió “escuela y despensa” para salir de ese círculo. Tocqueville advirtió que sin “interés bien entendido” la democracia se vacía por dentro. Montesquieu dejó la receta que no caduca: “para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder”.
Esta historia no termina con un golpe de efecto, lo hace con una moraleja sencilla. Si se aplaude la ventaja que conviene hoy, mañana se normaliza la arbitrariedad que duele. Si se acepta que la excepción sustituya a la regla, el suelo se convertirá en arena. Si se confunde gobernabilidad con mercadeo, la democracia perderá tono y la economía aire. La solución es prosaica y eficaz: Luz para ver, límite para frenar y coste para disuadir. Cuando esas tres piezas se convierten en costumbre, el arte de comprar tiempo con lo de todos deja de ser negocio. Entonces el interés general entra en la sala y se sienta a la mesa. Es una labor de todos, es una implicación de cada ciudadano en la reivindicación, en la participación responsable, en la crítica constructiva, para que el país, la nación pueda respirar aire puro.
El clientelismo no es un exotismo ni una tara de países “en transición”. Es una técnica de supervivencia que funciona con cualquier bandera. La ciencia política lo define con dos rasgos tan sencillos como letales: distribución particularista e intercambio contingente. Se reparte de forma particular y el intercambio depende del comportamiento de la parte beneficiada. Si se apoya, se recibe, en cambio, si se aparta, se pierde el turno. No hacen falta maletines. Basta con enmiendas introducidas al final, subvenciones que nunca caducan, concursos con aparente competencia, tramos presupuestarios que se abren para unos pocos, cláusulas a medida y normas con ventanas abiertas. Es un método que convierte el marco legal en una puerta lateral y el presupuesto en un bazar.
Este “arte” no solo deteriora la moral pública, deforma decisiones, encarece la gestión y desincentiva el mérito. Cuando el acceso al recurso depende de la proximidad, el criterio técnico pasa a una segunda fila. Entonces, la evaluación acaba siendo trámite, la innovación se retrasa y la productividad acostumbra a caminar con peso extra. Las cifras de percepción popular retratan el clima. Así, España figura en 2024 con 56 puntos sobre 100 en el índice de Transparencia Internacional y ocupa la posición 46 de 180. Además, cae cuatro puntos frente al año anterior. No es un lugar tranquilizador, es una alarma razonable sobre imparcialidad y fe en el sistema. Esa confianza se resiente, y se nota en la vida cotidiana. La OCDE registró en parámetros que solo el 37 por ciento de la población en España la declara alta o moderada en el Gobierno nacional. La misma fuente recoge que la satisfacción con los servicios administrativos usados por la ciudadanía es del 57 por ciento. Ambas cifras se sitúan por debajo de la media del Club. Cuando las normas son claras y estables, la gente cumple más, las empresas se atreven a planificar y pagar lo común pesa menos. Si aparece el favoritismo, salta el instinto de defensa y se desconfía de las Instituciones.
La comparación europea ofrece otra pista. El Eurobarómetro de primavera de 2025 midió un 52 por ciento de confianza en la Unión Europea, el valor más alto desde 2007. La cifra contrasta con el dato respecto a los gobiernos nacionales, que se mueve por debajo y con más dientes de sierra. Con esto hay que entender el mensaje de fondo, los marcos estables generan adhesión, en caso contrario, producen cansancio.
Conviene, además, ligar confianza y cumplimiento. La literatura sobre moral tributaria es clara. A mayor credibilidad en la limpieza del sistema, mayor disposición a cumplir sin necesidad de vigilancia constante. La OCDE también ha estudiado esa relación y recomienda integrar la construcción de esperanza en la estrategia de cumplimiento. Con señales de imparcialidad, la recaudación cuesta menos y la resistencia baja. No hace falta campañas continuas de presión y compromiso. Con señales de privilegio, el rechazo crece y el coste de controlar se dispara. El terreno donde el clientelismo avanza con más facilidad es en la opacidad de los procedimientos. Ahí no pesan tanto las ideologías como el diseño. Cuando la negociación es continua y los parlamentos están muy fragmentados, cada ordenamiento se presenta como un sudoku con casillas reservadas. Aparecen escaños con capacidad de determinar el resultado y se abren ventanillas. El riesgo es convertir lo general en moneda de cambio. El resultado no solo suma privilegios sino deja un aprendizaje social. Se instala la idea de que conviene más tener padrinos que mejorar procesos. Se extiende el hábito de agradecer lo que ya estaba pagado con impuestos.
La buena teoría solo sirve si se puede implementar. Por eso conviene bajar al terreno y convertir los principios en hábitos medibles. La ley protege al pequeño cuando es conocida y previsible. Ese es el punto de partida y todo se ordena. La carrera pública debe depender del mérito y no del color. Los nombramientos discrecionales han de ser pocos y con una motivación clara. Los pactos políticos que mueven dinero necesitan una memoria económica completa, un calendario y unos objetivos que se sigan en abierto.
Un buen método se reconoce porque imprime rastro y trazabilidad, desde la publicación de información, actas, hasta la motivación para la toma de decisión. Las directivas serias pasan por una evaluación antes de aprobarse y otra después, y si los resultados no llegan, se ha de corregir o derogar. Los datos abiertos no son un escaparate, son una base con identificadores únicos para contratos y subvenciones, formatos reutilizables y series históricas que permiten seguir cada euro desde el anuncio hasta el pago.
La contratación limpia se nota en la competencia real, en el descenso de adjudicaciones con una sola oferta y en la publicación de justificaciones cuando no hay rivales. La huella legislativa y el registro de grupos de interés permiten saber quién se reunió con quién y sobre qué, y cada cambio de redacción queda trazado hasta el texto final. El denunciante ha de contar con canales seguros y con protección efectiva. Las reglas fiscales se deben diseñar de forma neutral, con fecha de caducidad y revisión periódica para evitar privilegios que se vuelven eternos. La educación cívica enseña a leer un presupuesto y a valorar por qué lo general protege mejor que el favor.
Este enfoque no va contra nadie, está en línea con la igualdad ante la ley. Lo contrario de la igualdad no es solo la arbitrariedad del gobernante, también es la iniquidad del grupo que consigue imponer su turno por cansancio de los demás.
El clientelismo, cuando madura, crea minorías organizadas que obtienen ventaja frente a mayorías dispersas. El resultado es un sistema que paga mucho por cada decisión, porque obliga a añadir capas de renta para apaciguar a varios actores. Ese sobrecoste no se ve en las notas de prensa. Se observa en la demora, en la complejidad innecesaria, en la fuga de talento y en el desánimo de quien compite limpio.
Es cierto que un elemento de la política es la negociación. Negociar pertenece al corazón del parlamentarismo. Otra cosa es pagar con la ley lo que debería pagarse con argumentos. La frase de Rousseau conserva utilidad si se le quita la retórica. Obedecer la ley que uno se ha dado es libertad cuando se mantiene general y deja de serlo cuando se activa en llave de peaje. En ese punto se abre la grieta del contrato social. No hay disquisición filosófica que tape una sensación de vacío y frustración. Si la norma cambia según conveniencia, la ciudadanía renuncia a sentirse coprotagonista.
Este concepto también marca una cicatriz cultural. Introduce un discurso nuevo que pide adhesiones totales y disuelve preguntas incómodas. Cambia el sentido de las palabras y llama consenso a la suma de intereses cruzados. Nombra diálogo a la transacción opaca y pluralidad a la contabilidad creativa. Ese lenguaje crea un clima donde preguntar parece mala educación y es el espacio perfecto para que el reparto deje menos rastro.
La respuesta más eficaz es menos épica de lo que se cree. Estando los criterios claros y que se obligue al cumplimiento de datos abiertos que de verdad se puedan cruzar. Además de la colaboración de un periodismo que convierta la información en verdadero servicio. Y que se extienda la transparencia a las Universidades y organismos independientes para que publiquen evaluaciones legibles. Los partidos han de estar dispuestos a perder discrecionalidad a cambio de ganar legitimidad. Claro que, siendo realistas, esa renuncia cuesta poder, por eso podemos pensar en que es una utopía. Cuando la calidad de gobierno aumenta, el impacto de las políticas públicas se amplifica. La variación regional dentro de la Unión Europea lo muestra. Allí donde se percibe mayor imparcialidad, el cumplimiento mejora y la inversión se sostiene en el tiempo.
Hay que proponer un rumbo claro, donde las medidas globales protejan mejor que el favor. La familia, la propiedad, la iniciativa y la libertad de conciencia florecen con reglas, no con dispensas. La nación se sostiene cuando convierte a sus ciudadanos en adultos que preguntan por el criterio y no en clientes que esperan su turno. El orgullo propio se alimenta de instituciones que funcionan, no de gestos que duran lo que lo hace un ciclo de titulares.
La política española tiene margen para un acuerdo poco vistoso y muy necesario. Pactar que determinadas áreas queden a salvo del intercambio. Comprometer que las decisiones presupuestarias que afecten a pocos se expliquen con detalle y se sometan a medidas de impacto. Cumplir evaluaciones, también cuando duela. Reforzar órganos de control con independencia funcional y presupuestaria. Abrir de verdad los datos y evitar que las urgencias de la aritmética derriben cada día las paredes maestras del edificio.
No hay que esperar milagros. Basta con desincentivar el negocio del favor. Cuando la opacidad deja de salir rentable, cuando los acuerdos herméticos traen castigo electoral, cuando la carrera pública no depende de la solapa, el clientelismo se seca. No por iluminación moral, sino por cálculo electoral y social. Y ese cálculo, que parece frío, protege la libertad concreta de sacar adelante un proyecto vital sin pedir permiso cada lunes. Protege la confianza que hace posible invertir, educar, crear empleo o sostener un barrio.
La historia española ya conoció esta trampa. El caciquismo de la Restauración compraba obediencia municipal con prebendas y puestos. Joaquín Costa lo bautizó “oligarquía y caciquismo” y pidió “escuela y despensa” para salir de ese círculo. Tocqueville advirtió que sin “interés bien entendido” la democracia se vacía por dentro. Montesquieu dejó la receta que no caduca: “para que no se pueda abusar del poder, es preciso que el poder frene al poder”.
Esta historia no termina con un golpe de efecto, lo hace con una moraleja sencilla. Si se aplaude la ventaja que conviene hoy, mañana se normaliza la arbitrariedad que duele. Si se acepta que la excepción sustituya a la regla, el suelo se convertirá en arena. Si se confunde gobernabilidad con mercadeo, la democracia perderá tono y la economía aire. La solución es prosaica y eficaz: Luz para ver, límite para frenar y coste para disuadir. Cuando esas tres piezas se convierten en costumbre, el arte de comprar tiempo con lo de todos deja de ser negocio. Entonces el interés general entra en la sala y se sienta a la mesa. Es una labor de todos, es una implicación de cada ciudadano en la reivindicación, en la participación responsable, en la crítica constructiva, para que el país, la nación pueda respirar aire puro.
