El concejal no adscrito Felipe Cayuela se abstuvo, y tres ediles socialistas también lo hicieron al no votar
ALMERÍA HOY / 31·07·2025
El Ayuntamiento de Carboneras ha aprobado la modificación de su Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) para cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que exige clasificar como suelo no urbanizable de especial protección el terreno donde se encuentra el hotel de Azata del Sol en El Algarrobico.
La aprobación se ha logrado, en el Pleno de hoy jueves, con los votos a favor del alcalde, Salvador Hernández (Cs), los concejales del Partido Popular, y tres concejales del PSOE. El concejal no adscrito Felipe Cayuela se abstuvo, y otros tres ediles socialistas también lo hicieron al no votar.
Durante la sesión, la secretaria municipal leyó la propuesta que adapta el planeamiento a la decisión judicial, corrigiendo cartográficamente las zonas ST-1 y ST-2, que es donde se ubica el controvertido hotel. Una vez aprobado, la nueva normativa se registrará y publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en la web del Ayuntamiento, antes de ser remitida oficialmente al TSJA y a la Junta de Andalucía.
Esta medida obedece a un mandato del TSJA, ratificado por el Tribunal Supremo en abril de 2018, que anuló la clasificación urbanística previa que permitía la construcción del hotel en un espacio natural protegido dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. La decisión judicial instaba al Ayuntamiento de Carboneras a formalizar este cambio para cerrar el contencioso iniciado en 2006.
El concejal socialista Francisco Capel ha calificado el proceso de "maniobra fraudulenta", acusando al alcalde de ignorar las resoluciones judiciales. Capel leyó partes del informe de la secretaria municipal, que advertía sobre irregularidades administrativas, falta de documentación esencial y la "absoluta indefensión" debido a la acumulación de funciones y la escasez de personal técnico y jurídico en el Ayuntamiento. Según Capel, el informe técnico no confirma que se esté acatando la orden del TSJA y se ocultaron documentos clave.
Por su parte, el alcalde Salvador Hernández ha defendido la legalidad del procedimiento, señalando que la votación en pleno era un requisito del tribunal. Hernández añadió que el consistorio está comprometido con el "cumplimiento total de las sentencias" y reiteró su propuesta de expropiar y demoler el hotel con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Gobierno central.
Este avance en el proceso judicial ocurre mientras Greenpeace anuncia su personación en la revisión de oficio de la licencia del hotel, también ordenada por el TSJA. La organización ecologista asegura que el Ayuntamiento ha añadido documentación "engañosa" al expediente, con la intención de facilitar la legalización de la construcción.
La aprobación se ha logrado, en el Pleno de hoy jueves, con los votos a favor del alcalde, Salvador Hernández (Cs), los concejales del Partido Popular, y tres concejales del PSOE. El concejal no adscrito Felipe Cayuela se abstuvo, y otros tres ediles socialistas también lo hicieron al no votar.
Durante la sesión, la secretaria municipal leyó la propuesta que adapta el planeamiento a la decisión judicial, corrigiendo cartográficamente las zonas ST-1 y ST-2, que es donde se ubica el controvertido hotel. Una vez aprobado, la nueva normativa se registrará y publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en la web del Ayuntamiento, antes de ser remitida oficialmente al TSJA y a la Junta de Andalucía.
Esta medida obedece a un mandato del TSJA, ratificado por el Tribunal Supremo en abril de 2018, que anuló la clasificación urbanística previa que permitía la construcción del hotel en un espacio natural protegido dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar. La decisión judicial instaba al Ayuntamiento de Carboneras a formalizar este cambio para cerrar el contencioso iniciado en 2006.
El concejal socialista Francisco Capel ha calificado el proceso de "maniobra fraudulenta", acusando al alcalde de ignorar las resoluciones judiciales. Capel leyó partes del informe de la secretaria municipal, que advertía sobre irregularidades administrativas, falta de documentación esencial y la "absoluta indefensión" debido a la acumulación de funciones y la escasez de personal técnico y jurídico en el Ayuntamiento. Según Capel, el informe técnico no confirma que se esté acatando la orden del TSJA y se ocultaron documentos clave.
Por su parte, el alcalde Salvador Hernández ha defendido la legalidad del procedimiento, señalando que la votación en pleno era un requisito del tribunal. Hernández añadió que el consistorio está comprometido con el "cumplimiento total de las sentencias" y reiteró su propuesta de expropiar y demoler el hotel con la colaboración de la Junta de Andalucía y el Gobierno central.
Este avance en el proceso judicial ocurre mientras Greenpeace anuncia su personación en la revisión de oficio de la licencia del hotel, también ordenada por el TSJA. La organización ecologista asegura que el Ayuntamiento ha añadido documentación "engañosa" al expediente, con la intención de facilitar la legalización de la construcción.
