A este paso le seguirá la adopción del acuerdo de urgente ocupación e hitos administrativos hasta la expropiación y la demolición
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| Ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen |
ALMERÍA HOY / 11·02·2025
El Consejo de Ministros de este martes ha acordado la declaración de utilidad pública de los terrenos en los que se asienta El Algarrobico. A este paso seguirá, en su tramitación, la adopción del acuerdo de urgente ocupación e hitos administrativos hasta la expropiación y la demolición, tal y como ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.
“El Algarrobico es un símbolo de un urbanismo acelerado y sin condicionantes ambientales, pero también podría ser el símbolo de algo que no acaba de tener solución. Para nosotros es fundamental dar respuesta a la ciudadanía y el Gobierno viene hoy con soluciones”, ha señalado Aagesen.
El edificio está fuera de dominio público, en terrenos privados parcialmente afectados por la servidumbre de protección, pero como ha explicado la vicepresidenta en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, la otra parte es competencia de la Junta de Andalucía al adentrarse más allá de este límite.
En el protocolo de protección de la playa firmado en 2011 entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía se acordó que el Estado financiaría la demolición de la edificación y la comunidad autónoma, la gestión de los residuos y la restauración de los terrenos. “El Gobierno se hace responsable de la demolición. Estimamos que el coste puede ascender hasta los 7 millones de euros. Queremos contar con todas las administraciones, con el sector privado concernido para avanzar; que ese símbolo de lo que no se debe hacer acabe siendo el símbolo de lo que se resuelve”, ha afirmado la vicepresidenta.
“El Algarrobico es un símbolo de un urbanismo acelerado y sin condicionantes ambientales, pero también podría ser el símbolo de algo que no acaba de tener solución. Para nosotros es fundamental dar respuesta a la ciudadanía y el Gobierno viene hoy con soluciones”, ha señalado Aagesen.
El edificio está fuera de dominio público, en terrenos privados parcialmente afectados por la servidumbre de protección, pero como ha explicado la vicepresidenta en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, la otra parte es competencia de la Junta de Andalucía al adentrarse más allá de este límite.
En el protocolo de protección de la playa firmado en 2011 entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía se acordó que el Estado financiaría la demolición de la edificación y la comunidad autónoma, la gestión de los residuos y la restauración de los terrenos. “El Gobierno se hace responsable de la demolición. Estimamos que el coste puede ascender hasta los 7 millones de euros. Queremos contar con todas las administraciones, con el sector privado concernido para avanzar; que ese símbolo de lo que no se debe hacer acabe siendo el símbolo de lo que se resuelve”, ha afirmado la vicepresidenta.
